2013: Un balance de la devaluación salarial

Por José Ignacio Pérez Infante, Economista. Miembro de la Asociación Española de Economía del Trabajo y de Economistas Frente a la Crisis

Por cuarto trimestre consecutivo, es decir, a lo largo de un año, los salarios, más concretamente los salarios brutos percibidos por trabajador, han bajado. Ello se confirma, si se utilizan para estimar los salarios brutos el coste salarial por trabajador obtenido de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que incluye a todos los asalariados, excepto los empleados del hogar, los trabajadores del sector agrario y los funcionarios no adscritos al régimen general de la seguridad social. En efecto, según esa encuesta, elaborada por el INE, el coste salarial por trabajador en el cuarto trimestre de 2012 se redujo en tasa interanual, en relación con igual trimestre del año precedente, el 3,6%. Lo mismo ocurrió en los tres trimestres transcurridos de 2013, al disminuir el 1,8% en el primero, el 0,6% en el segundo y el 0,2% en el tercero. En el conjunto de 2012 el coste salarial por trabajador se aminoró el 0,6% y en el promedio de los tres primeros trimestres de 2013 la reducción ascendió al 0,9%.

Esta evolución negativa de los salarios brutos por trabajador refleja la importante moderación de los salarios pactados en los convenios colectivos que en 2012, incluyendo la aplicación de las cláusulas de garantía salarial, crecieron el 1,2%, 1,1 puntos porcentuales menos que en 2011, y en 2013, con los convenios registrados hasta el 30 de noviembre, y, sin obviamente, la aplicación de esas cláusulas de garantía por no haber finalizado el año, aumentaron el 0,6%. Además, este crecimiento salarial puede estar ligeramente sobrevalorado porque las inaplicaciones de los convenios colectivos, que a lo largo de 2013 han afectado al 151.034 trabajadores (el 3,3% de los trabajadores con convenio con efectos económicos en ese año), repercute, en muchos casos, a la baja el crecimiento salarial pactado inicialmente sin que, posteriormente, se corrija la estadística de los convenios colectivos. En cualquier caso, en el 41,9% del total de los convenios colectivos con efectos económicos en 2013, que cubren al 29,4% de los trabajadores con convenio colectivo, los salarios pactados no aumentan, si no que, incluso, en algún caso disminuyen.

De todos modos, el que en los convenios colectivos se produzca un ligero aumento del salario pactado, mientras que los salarios brutos percibidos por trabajador disminuyen, se justifica porque los salarios percibidos no se explican en su totalidad por la negociación colectiva, si no que existen otras razones adicionales, como los complementos salariales, la jornada efectivamente trabajada, las horas extraordinarias realizadas, los acuerdos salariales al margen de los convenios o las inaplicaciones de los convenios colectivos, que pueden explicar esas diferencias. En concreto, en una situación de crisis económica como la actual se producen una serie de hechos que pueden hacer que los crecimientos de los salarios brutos sean inferiores a los de los salarios pactados y hasta, como ocurre en la actualidad, aquellos sean negativos, como el descenso o desaparición de determinados complementos salariales, como los vinculados a los beneficios o las ventas de las empresas, la reducción o eliminación de las horas extraordinarias, la disminución de la jornada laboral por debajo de la pactada o las inaplicaciones de lo acordado en materia salarial en el convenio colectivo correspondiente.

Por otra parte, si se compara el coste salarial por trabajador con el IPC medio del periodo correspondiente, el salario bruto real percibido por trabajador disminuyó en 2012 el 2,9% y en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2013 el 2,7%, lo que supone una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en menos de dos años de 5,6 puntos porcentuales. Si a este retroceso del poder adquisitivo de los trabajadores se añade el que se originó en 2010 (dos puntos) y en 2011 (1,4 puntos), desde 2010 se ha producido una pérdida total del poder adquisitivo de los trabajadores de nueve puntos porcentuales, es decir, el salario bruto real por trabajador ha disminuido el 9%.

Pero el salario bruto percibido por los trabajadores no representa el coste laboral total por trabajador del empresario, puesto que al primero hay que sumar, para obtener el segundo, los otros costes laborales no salariales, que incluyen, entre otros, las cotizaciones empresariales a la seguridad social y las indemnizaciones por despido. Estos otros costes por trabajador descendieron en 2012 el 0,8%, pero aumentaron en el promedio de los tres primeros trimestres de 2013 el 0,5%. Este diferente comportamiento en 2013 entre el coste salarial por trabajador, que se redujo, y los otros costes por trabajador, que crecieron, se debe, principalmente, al aumento de la base máxima de cotización a la seguridad social del 5% y al descenso de las bonificaciones de la seguridad social por la desaparición en 2012 y 2013 de muchos de los incentivos a la contratación que, en cambio, existían anteriormente. Por otra parte, las indemnizaciones por despido, que habían disminuido a raíz del abaratamiento del despido que supuso la reforma laboral de 2012, aprobada en febrero de ese  año, han aumentado en el último trimestre, el tercero de 2013, como consecuencia de que, al persistir y acentuarse la crisis económica, los trabajadores despedidos cada vez tienen más antigüedad en las empresas, tienen un mayor nivel de cualificación o sus salarios son cada vez más elevados.

Como resultas de la evolución del coste salarial y de la de los otros costes, el coste laboral por trabajador se redujo en 2012 el 0,6% (lo mismo que el coste salarial por trabajador) y en la media de los tres primeros trimestres de 2013 (en relación con igual periodo de 2012) disminuyó el 0,5% (descenso inferior al 0,9% del coste salarial por trabajador).

Ahora bien, también la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), cuyo objetivo principal es la estimación de la producción interior bruta (PIB), proporciona información sobre la   masa salarial o la remuneración de los asalariados que intervienen en esa producción. El cociente entre la remuneración de los asalariados y el número de estos es la remuneración por asalariado, concepto que es equivalente al del coste laboral por trabajador (no al coste salarial por trabajador) y que en 2012 creció el 0,2% y en los tres primeros trimestre de 2013 descendió el 0,2%. Las diferencias entre la evolución de la remuneración por asalariado de la CNTR y de la del coste laboral por trabajador de la ETCL se pueden explicar por las distintas metodologías de ambas estadísticas (encuesta la segunda y estadística de síntesis, que incluye a todas las estadísticas existentes, la primera) y por la diferente cobertura, ya que la contabilidad abarca a todas las actividades económicas y la encuesta excluye a los empleados del hogar, los trabajadores agrarios y los empleados públicos no adscritos al régimen general de la seguridad social. Pero estas diferencias se deben también a otras discrepancias importantes entre las dos estadísticas, entre las que sobresalen que la CNTR considera como asalariados a los autónomos que son propietarios de sociedades y que trabajan en ellas (incluidos los cooperativistas) y que en la remuneración de los asalariados se consideren las pensiones de los trabajadores públicos.

Pero ni el coste laboral por trabajador ni la remuneración por asalariado mide el coste efectivo del empresario por cada trabajador. Para ello, las magnitudes anteriores hay que compararlas con lo que produce cada trabajador, la productividad por ocupado (PIB real o en volumen / población ocupada), con lo que se obtiene el coste laboral unitario (CLU) o coste laboral por unidad de producción. Como la única estadística que estima la productividad por ocupado es la Contabilidad Nacional, el CLU se obtendrá dividiendo la remuneración por asalariado por la productividad por ocupado. Según este cálculo, el CLU, que ya venía descendiendo desde 2010 (el 1,7% en 2010 y el 1% en 2011), se redujo el 3% en 2012 y el 2,5% en el conjunto del periodo enero-septiembre de 2013.

El retroceso del CLU nominal es consecuencia tanto del freno o incluso retroceso del coste laboral por trabajador (que figura en el numerador del cociente que calcula la magnitud) como del mayor aumento de la productividad por ocupado (que figura en el denominador del cociente) en las situaciones de crisis que en las de expansión económica, ya que la evolución de esta variable tiene un comportamiento claramente anticíclico porque, a diferencia de otros países, en España el ajuste de las empresas ante los cambios de la situación económica es preferentemente vía el empleo, que en nuestro país es muy fluctuante, en vez, como en otros países, como Alemania, vía la jornada laboral, por lo que en estos países el empleo es más estable.

A su vez, el coste laboral unitario real, que es igual al coste laboral unitario nominal dividido por el deflactor del PIB (indicador de los precios de la producción interior), que venía disminuyendo desde 2001 con las únicas excepciones de 2007, 2008 y 2009, se redujo en 2012 el 3% (igual que el CLU monetario) y en el período transcurrido de 2013 el 3,3% (descenso superior en ocho décimas porcentuales al del CLU nominal), debido a que el deflactor del PIB se mantiene en 2012 y aumenta en 2013, lo que supone que el descenso del CLU monetario no se ha trasladado a los precios de la producción interior.

La devaluación salarial, que, independientemente de la información relativa a los salarios o los costes laborales que se utilice, se está produciendo en España y que se refleja en el descenso de los salarios reales y del coste laboral unitario desde 2010 y en el retroceso de los salarios monetarios que perciben los trabajadores desde 2012, es la consecuencia del deterioro y debilitación de la capacidad negociadora de los trabajadores, relacionado, primero, con el efecto de la crisis económica  en el derrumbe del empleo y en el fortísimo aumento del paro que se produce en nuestro país, y, después, con la incidencia en el agravamiento de la crisis y en la destrucción del empleo de las estrategias de política económica seguidas por los distintos gobiernos desde la primavera de 2010. En este sentido, destaca, por un lado, la política de austeridad y de ajuste fiscal que afecta negativamente a la demanda interna y, por otro lado, la contrarreforma laboral de 2012, aprobada apenas dos meses después de constituido el gobierno del partido popular, y que ha provocado un enorme desequilibrio en el marco de las relaciones laborales, en beneficio de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores, como consecuencia, entre otros cambios, de la mayor facilidad y abaratamiento del despido, de las mayores posibilidades de los empresarios para modificar las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, y de la degradación y empeoramiento para los trabajadores y sus representantes de las condiciones y posibilidades de la negociación colectiva.

Pero, a pesar de lo que defienden los economistas y los organismos económicos nacionales e internacionales (como el Banco de España, el FMI, la OCDE, el BCE, la Comisión europea y el Consejo europeo) que propugnan la devaluación salarial, esta no ha tenido efectos positivos sobre la producción y el empleo sino que, al contrario, el impacto negativo del descenso de los salarios sobre el consumo privado ha sido el efecto predominante. Y ello por dos razones principales. La primera razón porque el salario tiene dos dimensiones, como coste laboral de las empresas (que suele ser la que preferentemente, por no decir únicamente, se considera por parte de los defensores de la devaluación salarial), pero también como ingreso de los trabajadores (los asalariados representan el 85% de la población ocupada) y, por lo tanto, como determinante de una parte muy relevante del consumo privado (que supone casi el 60% del PIB corriente o nominal). Esta influencia en el consumo privado del retroceso del salario real e incluso del monetario supone un importante freno y limitación a la producción (el PIB real o en volumen), que ha disminuido en términos intertrimestrales desde el segundo trimestre de 2011 hasta el mismo trimestre de 2013, con el consiguiente efecto en la destrucción del empleo y en el aumento, hasta niveles difícilmente soportables, del paro. Esta situación es consecuencia del incumplimiento de la Ley de Say tanto a corto como a largo plazo, que toda oferta genera su propia demanda, porque las empresas no aumentarán su producción, aunque se reduzcan sus costes laborales, si no se crea la demanda suficiente.

Y la segunda razón para explicar que la devaluación no está influyendo positivamente en la actividad económica es que el retroceso del coste laboral unitario que acompaña a dicha devaluación no implica necesariamente (como se propugna continuamente por los defensores de la devaluación salarial) la mejora de la competitividad de la economía española y ello porque ese retroceso no se traslada a una reducción paralela y proporcional de los precios de la producción interior (deflactor del  PIB) sino que, como ya se ha señalado, se mantienen e incluso aumentan. Y no se traslada a los precios por varios motivos, como la apreciación o sobrevaloración del euro respecto de otras monedas, como el dólar, la posible compensación, al menos parcial, por el aumento de otros costes (principalmente energéticos por las subidas de las tarifas eléctricas y financieros por las dificultades para conseguir créditos bancarios y el aumento del tipo se interés sobre todo para las pequeñas y medianas empresas) y porque la falta de competencia en muchos mercados de bienes y servicios (en particular, en los sectores más estratégicos de la economía española) y el control monopolista que imponen en muchos de esos mercados las grandes empresas provoca el aumento del margen de ganancia empresarial lo que impide que se refleje  el descenso de los costes laborales en menores precios.

Esa dificultad de la economía española para mejorar su competitividad se constata en la evolución de los precios reales relativos de producción (que son los verdaderamente significativos para medir la competitividad potencial de una economía) respecto de otras economías, lo que se conoce como tipo de cambio efectivo real, que se obtiene multiplicando, cuando la moneda del país extranjero es diferente a la nacional, el cociente entre los precios de producción nacionales y los precios de producción extranjeros por el tipo de cambio nominal. Este indicador de la posición competitiva de la la economía muestra que empeora esa posición si aumenta (crecimiento de los precios relativos nacionales y/o apreciación del tipo de cambio) o que mejora si disminuye (descenso de los precios relativos nacionales y/o depreciación del tipo de cambio). Pues bien, esos precios reales relativos han crecido en 2012 y en 2013 en relación con el conjunto de los países de la zona del euro y con el de los países de la UE (destino de casi las dos terceras partes de las exportaciones españolas), lo que supone un empeoramiento de la competitividad de la economía española respecto de esos dos grupos de países. Por otra parte, los precios reales relativos han crecido también respecto del conjunto de los países desarrollados en 2013, aunque han disminuido en 2012, pero en este caso el descenso se debe a la depreciación del euro respecto de otras monedas, principalmente el dólar, algo que no ha ocurrido en 2013, y no a la disminución de los precios relativos de producción nacionales que siguieron aumentando en ese año.

Por todo ello, la devaluación salarial, que se intensifica en 2012 y se produce principalmente por la pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores como consecuencia, por un lado, del efecto en la destrucción del empleo y el aumento del paro de la crisis y de las políticas de austeridad desarrolladas desde la primavera de 2010, y, por otro lado, del desequilibrante efecto sobre las relaciones laborales que supone la reforma laboral de 2012, al contrario de lo que propugnan el gobierno y los defensores de esa estrategia de devaluación salarial, ni ha mejorado la competitividad de la economía española ni ha alterado significativamente la evolución del PIB ni del empleo, si no que, incluso, la ha podido agravar y deteriorar aún más.