Algunas reflexiones sobre la orientación y el contenido de una política económica de progreso

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 Antonio González, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC, fue Secretario General de Empleo en el periodo 2006 – 2008

Las deficiencias del modelo económico actual

Una forma sencilla de constatar los problemas de la economía española consiste en contemplarnos ante el espejo de nuestros vecinos.

La imagen que nos devuelve el espejo no es satisfactoria, no puede dar lugar a complacencias. Muestra dónde y cuánto nos diferenciamos. Pone de manifiesto con total nitidez cuáles son nuestros problemas y, en suma, señala que en materia económica y social no hemos seguido el camino correcto y como desde hace muchísimos años no caminamos hacia un modelo basado en eficiencia, en igualdad y en progreso social.

Tomemos una selección de los indicadores estructurales del Banco de España y los diferenciales con el promedio de la Unión Económica y Monetaria.

Nuestro stock de capital tecnológico es casi cuarenta puntos inferior (al nivel cien de la UEM), y el gasto en I+D no llega en proporción al PIB al 60% del suyo, y en el sector privado es incluso diez puntos más bajo. El diferencial tecnológico es, en consecuencia, abrumador y no está en vías de cerrarse.

El gasto público en educación es treinta puntos más bajo. Y el gasto social por habitante, veinticinco puntos menor.

La productividad total de los factores no solo no crece, sino que a lo largo de los últimos treinta años ha menguado diez puntos respecto al promedio de la zona euro, lo que revela la pérdida de eficiencia de los sistemas públicos y privados que actúan en la economía.

La productividad del trabajo es aparentemente similar al promedio UEM, pero eso es porque nuestra tasa de empleo es diez puntos inferior.

En suma, menos capital tecnológico y humano, y menor inversión. Menor empleo y productividad. Y el corolario de todo ello es un nivel de PIB por habitante, nuestro nivel de vida como país, que no se ha aproximado a la media de la UEM a lo largo de los últimos cuarenta años.

Lo reflejado por los indicadores no es sino una parte de nuestra imagen. Habría que añadir muchas cosas más: un sistema educativo ineficaz y dual, la calamidad en el sistema científico y tecnológico, o en la formación profesional, los retrasos en el sistema organizativo de las empresas, la carencia de una política industrial moderna y útil, la raquítica dimensión medioambiental, por supuesto, y un largo etcétera.

E, incluso sin ánimo de exhaustividad, quedan cosas importantes. Hemos de hablar de unas relaciones laborales cuyos mejores indicadores son la devaluación de los salarios nominales, una de las inestabilidades en el empleo más altas de la Unión Europea, y unos sistemas de ajuste que han hecho que se registren más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido desde el inicio de la crisis. No hay otro mercado laboral tan deficiente y destructivo en nuestro entorno. Su incapacidad para mantener el empleo en las crisis, para distribuir equilibradamente renta y para articular armónicamente trabajo y actividad gerencial en la producción son proverbiales.

Finalmente, la redistribución. Uno de los menores niveles de ingresos públicos de los Veintiocho Estado Miembros y una de las progresividades fiscales más bajas. Ocultamiento y elusión de las bases imponibles, ruptura de la equidad horizontal y vertical, y una bajísima recaudación que mantiene bajo mínimos las políticas públicas, tanto las destinadas al sistema productivo como a los servicios públicos y la protección social.

No se trata de pintar artificialmente un panorama negro. Y menos aún de pretender aumentar la relevancia de un discurso construyéndolo sobre un análisis exagerado. En absoluto.

Pero, lo que profundamente hay que rechazar es ese planteamiento autocomplaciente que se niega a mirar los problemas insinuando que el discurso político ha de realizarse ‘en positivo’ y con principios muy generales. Es decir, cerrando los ojos. Tal vez porque eso permite evitar la comprometida labor de proponer respuestas y plantear alternativas. No es seguro, además, que esa actitud facilite el apoyo de los ciudadanos, pero desde luego es algo muy parecido a una estafa política.

Conseguir la eficiencia aumentando la igualdad

Por otro lado, lo que se debería pretender es encarnar un proyecto riguroso y creíble. Un proyecto que inscriba una política económica de progreso en un diagnóstico certero. Sin obviar los desafíos, los tradicionales y los nuevos, y sin olvidar potencialidades y oportunidades.

Resultado de todo ello ha de ser la reducción de la desigualdad, que es la segunda más elevada de la Unión Europea, algo impropio de un país como el nuestro, y que es, desde luego, el resultado y conclusión de las políticas que se vienen aplicando. Hace tiempo se afirmó que primero había que crecer para luego repartir. Una proposición falsa, engañosa en sí misma tanto desde el punto de vista económico como político.

En el terreno económico, porque la creación de renta es simultánea e inseparable de su distribución. En el terreno político, porque enuncia un planteamiento que en realidad supone que se quiere negar y cerrar el paso a la redistribución. Es un discurso para el que hay una contradicción entre crecer y redistribuir, un antagonismo entre eficiencia y equidad. No nos engañemos, se trata de una concepción ideológica conservadora que en último término pretende que el momento de la redistribución no llegue nunca.

Partimos de una convicción contraria: la igualdad genera sociedades más justas y economías más eficientes. Las pruebas son bastante sólidas. Una alta eficiencia económica se da a veces en países muy desiguales, pero no hay países con altos niveles de igualdad que no presenten simultáneamente un grado elevado de eficiencia económica.

Desde una perspectiva de progreso, el programa ha de ser inequívocamente el segundo, el que concilia ambas cosas, el que busca la eficiencia aumentando la igualdad.

El desafío político hoy para un proyecto de progreso es no abrazar los planteamientos neoliberales, no desdibujarse asimilando las concepciones ajenas al mismo, sino mostrar que existe, como existe en otros países, un proyecto perceptible para los ciudadanos capaz de gestionar lo económico en la complejidad del mundo de hoy, con los objetivos y valores de una sociedad progresista.

Construir una economía más productiva

Cinco grandes ámbitos definen la forma en la podríamos construir una economía más productiva: inversión para aumentar la productividad y la riqueza, un nuevo mercado laboral con racionalidad, para aprovechar el capital humano, unas empresas más modernas y participativas, mercados regulados y supervisados para asegurar la eficiencia económica, y un Estado redistribuidor y dinamizador de la economía.

Invertir para aumentar la productividad y la riqueza

Necesitamos, en primer lugar, un importante esfuerzo inversor para elevar los niveles de productividad. La productividad de un país depende de las dotaciones de capital utilizadas en la producción y de las técnicas empleadas. La política económica actual se caracteriza por la escasa, casi ridícula, inversión pública, lo que impide que seamos capaces de actuar para elevar nuestro umbral de crecimiento potencial.

Durante el largo ciclo de crecimiento sostenido, entre 1995 y 2007, la inversión pública se concentró en la creación de capital físico, de infraestructuras, olvidando en buena medida las dos dotaciones más estratégicas en el mundo de hoy: el capital humano y el tecnológico. El esfuerzo no fue inútil, claro que no, aunque no todo ese esfuerzo inversor estuvo realmente justificado ni desde la perspectiva económica ni desde la social.

Pero los indicadores ponen de manifiesto con rotundidad que nuestro RETRASO (con mayúsculas) se concentra en los otros dos. Ha de tenerse en cuenta que con una fracción del gasto que entonces dedicamos a construir caras infraestructuras, que exigen elevadas cantidades de recursos, podemos dar hoy un impulso extraordinariamente significativo a la elevación del capital humano y tecnológico.

No se puede olvidar la parte más estratégica de las infraestructuras, desde luego, pero en esta etapa el capital humano y el tecnológico han de ser lo primero. El sistema educativo presenta una considerable dualidad, una proporción de titulados universitarios que incluso supera el promedio europeo, junto a las tasas de fracaso y abandono escolar más altas de Europa. El nivel formativo medio de la población ocupada, aparte de aquejado de esa dualidad, es reducido y sobre todo decrece considerablemente en los grupos de edad más avanzados. La peor parte se encuentra en el desempleo donde la proporción más alta de bajos estudios y de fracaso escolar se concentra en el de larga duración.

Nadie debe quedar en la cuneta. Nadie condenado a un futuro incierto y de precariedad de rentas y casi nulas oportunidades. Pero, además de por razones de equidad, se trata de disponer de una fuerza de trabajo mucho mejor formada y, en consecuencia, más flexible, con capacidad de adaptación a los cambios importantes que van a sufrir los procesos productivos. Se trata de hacer una política que sitúe el objetivo en el aprovechamiento del potencial humano del país. Especialmente en una larga etapa en la que la demografía determina que la caída en la población en edad de trabajar puede resultar una barrera para el crecimiento de la renta nacional y el mantenimiento del nivel de vida colectivo, si no crece al mismo tiempo su productividad.

Estamos ante uno de los grandes desafíos. Es un deber moral para un proyecto de política económica progresista. Pero es asimismo una necesidad económica. Nuestras posibilidades para obtener éxito en los cambios futuros, y para mantener y mejorar los niveles de vida, dependen de nuestra capacidad para formar a las personas que están ya en el mercado laboral.

Para ello precisamos un nuevo, integrado, eficaz y mucho más potente sistema público de formación profesional a lo largo de toda la vida y para el conjunto de la población sea cual sea su situación en el mercado laboral (estudiante, ocupado, desempleado, o con posibilidades de activación). Un verdadero sistema dual que reemplace (en su totalidad y no solo que extienda una fina capa de crema) el ineficiente e ineficaz sistema actual de formación para el empleo. Y que dé oportunidades, relacionando adecuadamente las capacidades de cada persona, sus preferencias y las demandas de las empresas.

Todo lo cual requiere asimismo unos nuevos servicios públicos de empleo capaces de detectar las necesidades y potencialidades de las personas y de asignar recursos educativos y formativos creando oportunidades. Invertir en un sistema público nacional de intermediación laboral. Los países más avanzados, esos que deben ser el espejo den el que nos miremos, lo han hecho todos.

El complemento necesario del esfuerzo inversor del Estado en el desarrollo del capital humano tiene que ser el capital tecnológico. Las empresas invierten en I+D+i según las necesidades derivadas del mercado y sus estrategias frente al mismo. Las políticas realizadas no han resultado eficaces. La proporción de inversión privada en investigación y desarrollo continúa siendo muy baja en relación a la situación europea.

Si pretendemos estimular fiscalmente a quienes no sienten la necesidad o a quienes ya están haciendo el esfuerzo inversor, terminaremos –como así ha ocurrido- simplemente desfiscalizando los beneficios de las empresas. No debe ser ese el papel fundamental del Estado.

Hemos de impulsar lo básico y esencial: la ciencia. Si lo hacemos, si lo hacemos con intensidad y eficacia suficientes, y durante el tiempo necesario para que esta actividad tan valiosa como lenta dé sus frutos, podemos desarrollar un potencial científico considerable.

Y facilitar la forma de, seguidamente, llevar los resultados de la investigación al mercado. Hoy día alrededor de la investigación se mueve eso que se llama el espíritu emprendedor. El desarrollo de nuevas oportunidades. Tenemos que hacer de la ciencia una apuesta de país.

Unas últimas palabras en este apartado para relacionar la inversión pública con la estabilidad macroeconómica. El papel fundamental de la inversión pública es estructural, pero no debemos olvidar que, asimismo, es una vía adecuada para sostener el crecimiento económico sin un elevado riesgo de incurrir en el desequilibrio exterior de la economía, que es una de nuestras grandes debilidades.

En todo caso, el progreso en las dotaciones de capital humano y tecnológico persiguen aumentar la productividad y superar con ello, de una vez por todas, la debilidad exterior de la economía española y asentar las bases para un progreso sostenido y sostenible.

Eso no se conseguirá por sí solo. No lo solucionará el mercado como piensan algunos. Llevamos más de un tercio de siglo con el problema, y no se resuelve. Es un problema estructural, como los indicadores que lo señalan.

Con el mismo enfoque, haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace años, lograremos los mismos decepcionantes resultados. Debemos abordar el problema de raíz, el de fondo, y hacer lo que llevamos décadas sin hacer. Esta debe ser nuestra prioridad.

Un nuevo mercado laboral con racionalidad, para aprovechar el capital humano

Ahora bien, de poco nos serviría el esfuerzo en elevar el capital humano si tenemos un mercado de trabajo que no lo aprovecha. Hay dos formas de emplear la fuerza laboral: utilizar ese capital, esa formación, para aumentar la productividad de la empresa –y también reducir con ello en términos relativos los costes-, o tratar directamente de bajar los salarios, mediante la precariedad y obviando la formación.

Contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata de una decisión de las empresas, o no fundamentalmente. Se trata de una decisión que deriva de las reglas y del funcionamiento que rigen en el mercado de trabajo.

Si la regulación (o desregulación) ofrece la posibilidad de contratar y despedir a los trabajadores con toda facilidad y de utilizar la inestabilidad y la rotación laboral, los costes laborales serán bajos y la inestabilidad en el empleo hará que las empresas ni puedan ni quieran valorar y utilizar la capacidad y la formación de sus trabajadores: solo les preocupará que los salarios sean bajos.

No se puede hacer al mismo tiempo una cosa y la contraria. No se puede tener el despido desregulado y un fraude generalizado en la utilización de los contratos temporales y pretender que las plantillas de las empresas no roten, y hacer llamamientos a la importancia de la formación y la productividad. No es posible.

La regulación y el funcionamiento del mercado laboral deben no solo dar señales claras sino establecer un marco bien definido: la flexibilidad ha de lograrse utilizando la formación de trabajadores que han de ser, salvo circunstancias excepcionales, estables en las empresas; la clave de la competitividad salarial está en una elevada productividad del trabajo y no en sistemas que persigan deprimir o devaluar los salarios.

El marco laboral actual y las señales que provienen del mismo indican exactamente lo contrario. La utilización de los contratos temporales es mayoritariamente ex lege, no se atiene a la ley, que generalizadamente no se cumple. Por esa razón nuestra temporalidad es la más alta de Europa desde hace tres décadas.

Los despidos son decisión autónoma del empresario y oscilan entre no requerir justificación alguna (improcedentes) o, cuando la utilizan (causales), esta es trivial.

No se regulan los procedimientos de ajuste de las empresas. Tanto para circunstancias estructurales como para coyunturales se utilizan las mismas instituciones laborales, mayoritariamente los despidos. No existe en la regulación prevalencia ni prelación en el uso de unas instituciones laborales u otras según cada caso: la empresa puede comenzar directamente por aplicar los despidos. Carecemos de un mecanismo o sistema alternativo a los despidos suficientemente eficaz y obligatorio para evitar que los ajustes se hagan solo o fundamentalmente sobre el empleo.

Todos los países, comenzando por Alemania, se han dotado de una u otra forma de algún sistema de este tipo para evitar males mayores, para evitar los inmensos costes que ocasiona que todas las empresas se defiendan de las crisis despidiendo a la vez y masivamente a los trabajadores.

Todas estas carencias y este mal funcionamiento del ordenamiento laboral son los que han ocasionado que se hayan producido durante la crisis más de cinco millones de despidos de trabajadores con contrato indefinido. Una atrocidad. Ningún país funciona así. Si para ajustarse ante la crisis hay que despedir a la mitad de los trabajadores estables del país (sin contar con la expulsión de los temporales) es que hemos perdido la racionalidad.

Esto es una locura. Nadie lo hace. Es la razón por la que España es la única economía europea en la que el empleo cae más que el PIB en los procesos de crisis. La única donde la productividad del trabajo se mueve al revés que en los demás países: cuando crece la economía, no sube, cuando cae la economía crece y se dispara. Y esto es porque destruye el empleo cuando los demás lo mantienen.

El trabajo de usar y tirar es antagónico con la utilización de mejores dotaciones de capital humano. Para que las empresas progresen en el desarrollo de formas más eficientes y modernas de organización del trabajo, es decir en la flexibilidad interna, los trabajadores han de permanecer estables en las empresas.

La negociación colectiva, por su parte, ha de ser la institución por excelencia para disponer de una regulación laboral compartida en las empresas, para realizar una gestión adecuada de las relaciones laborales, y para repartir los incrementos de la productividad. Pero eso solo puede ser así si las condiciones de la misma impiden que una parte, la parte empresarial, comience a utilizarla para rebajar los costes salariales, como ha sucedido con la reforma de 2012. Bajar los salarios no puede ser una facultad unilateral del empresario.

Y por otra parte, cada vez que se introducen dosis de flexibilidad en la organización del trabajo, se incrementa la productividad. Pero normalmente nunca se establece qué parte de esos incrementos se traslade a los salarios. O incluso se pretende la introducción de flexibilidad deteriorando las condiciones laborales o perjudicando la conciliación. Esto es porque la negociación colectiva no está equilibrada. Eso genera desconfianza y rechazo entre los trabajadores ante la introducción de fórmulas más flexibles de trabajo. El estímulo a la negociación y a los acuerdos se basa en el equilibrio.

Por lo tanto, lo que se ha venido en llamar ‘derogar la reforma laboral de 2012’ es tan imprescindible como insuficiente. Se trata de ir más allá, de construir un nuevo modelo laboral basado en la estabilidad del empleo, en volver al equilibrio entre las partes y en la negociación, en establecer un modelo cooperativo de relaciones laborales. Algo que, para obtener resultados similares a los de los países de nuestro entorno, solo se puede hacer restituyendo derechos y condiciones de trabajo perdidos con la desregulación laboral.

 

2 Comments

  1. Me recuerda una anécdota italiana. Hace algunos años cuando el ex partido comunista ya navegaba hacia puerto desconocido con un discurso ininteligible propio de quien va con una mano por el suelo y otra por el cielo, su dirigente Massimo D’Alema daba un mitin al que asistía Nani Moretti, el cineasta. En un momento determinado, nuestro cineasta gritó ( traducción libre) algo así como: ” Me parece muy bien lo que dices pero, por favor, di algo, también, que sea de izquierdas, algo, alguna cosa, joder….”.
    Esto para decir que el articulo de Antonio, en su línea habitual, nos viene recordar que, a pesar de lo que nos toca oír, leer y ver por un lado y por otro cada día, es posible articular y poner en práctica un discurso político de izquierdas y además, perfectamente sostenible. Hay dos o tres ideas fuerza en el articulo, fundamentales, sobre las que no entraré para no extenderme. Me quedo con la vuelta al calcetín que se le da a la idea establecida de que no cabe simultanear crecimiento e igualdad.
    El lado menos optimista que subyace al discurso es que, siendo muy valido y necesario el planteamiento, no parece que corran buenos tiempos para la lírica: Francia, Italia…. no van por ese camino. El tan comentado carácter tuitivo del derecho laboral se está desvaneciendo y la singularización de las relaciones laborales es una tendencia que da vértigo.
    Una vez mas aparece la necesidad de que el razonamiento político tenga incorporada de verdad ( no como simple adorno) la dimensión europea.

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