Consecuencias económicas de la investidura de Rajoy

Share

Por Juan Ignacio Bartolomé, miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

¿Qué hubiera sido más desfavorable para la economía española, investir ya a Rajoy como presidente del gobierno para una nueva legislatura o haber apurado los tiempos buscando una alternativa?

Una pregunta ya inútil pero oportuna porque la insistencia obsesiva en los efectos económicos perjudiciales que provoca la ausencia de un gobierno formalmente elegido, con todas sus atribuciones, ha estado calando en la ciudadanía. Fue el argumento central de la estrategia de comunicación del Partido Popular y de los grandes grupos empresariales, difundida hasta la saciedad por los analistas y medios afines. Su objetivo ha sido presionar al PSOE para que acabara permitiendo con su abstención la formación de un nuevo gobierno liderado por Rajoy. De no haberlo hecho  el PSOE habría sido presentado como el culpable de estos efectos.

Sin embargo, este argumento, así expresado, ha transgredido el método de análisis que propone la ciencia económica. Los economistas sabemos que una opción es correcta o incorrecta en función de las opciones alternativas, lo que llamamos “su coste de oportunidad”. Es obligado comparar ya que, desde el punto de vista estrictamente económico, la permanencia del gobierno del PP puede haber sido la peor de las alternativas que ha sido finalmente elegida, en cuyo caso, los partidos de izquierdas deberían haber hecho lo que no han hecho: hacer lo posible para evitar al país cuatro años más de este gobierno, hasta el punto, incluso, de arriesgar unas terceras elecciones en que se impusiera la derecha. Hubiera sido un riesgo bastante probable, pero habiendo el PSOE facilitado la investidura de Rajoy el riesgo es ya cierto, con el agravante de que la responsabilidad de sus consecuencias económicas recaerán en este partido.

Pasemos a valorar los efectos económicos más notables que traerá la continuidad del actual gobierno durante la nueva legislatura.

CORRUPCIÖN

Si algo muestran los numerosísimos casos de corrupción que han aflorado es que no se trata de casos aislados. La corrupción impregna la estructura del PP desde la cúpula hasta las organizaciones de base, desde el gobierno central hasta los gobiernos autonómicos y municipales. Los investigadores de la Guardia Civil han llegado a calificar al PP de una determinada autonomía como organización criminal que utiliza la política para su actividad delictiva. Esto no se erradica con declaraciones de voluntad política. Es más, estas declaraciones pueden ser un factor de aceleración de la corrupción antes de que se pueda acabar con ella. Si la corrupción se instala en una organización, si ha perdido la referencia de un sistema de valores éticos, la única forma de erradicarla es desplazar a esta organización de los centros de poder.

Pero el problema de la corrupción no reside solo en las cantidades de dinero que se embolsan los que la ejercen. Lo realmente grave son sus consecuencias sobre el conjunto de la economía. La corrupción resta eficiencia al gasto público y distorsiona el funcionamiento del sistema productivo. No es exagerado sostener que la corrupción ha jugado un papel relevante entre las causas de la crisis en España. Se constata que se ha concentrado en un porcentaje muy elevado en el sector de la construcción, sector que experimentó un crecimiento desmesurado en los años anteriores a la crisis debido a los altos márgenes de rentabilidad que ofrecía en comparación con otros sectores productivos. Estos márgenes están asociados a los contratos públicos, a las recalificaciones….., decisiones administrativas que pueden obtenerse mediante el pago correspondiente. La mayor rentabilidad provocó el desplazamiento desproporcionado de factores productivos hacia este sector, caracterizado por su baja productividad, y también propició la afluencia de crédito hacia esta actividad, hasta alcanzar un peso excesivo en los balances del sistema bancario. La crisis del sector de la construcción impactó contundentemente sobre el empleo y arrastró a las instituciones financieras y, con ellas, al conjunto de la economía.

Es solo un ejemplo, aunque importante, de cómo la corrupción puede afectar a la actividad económica. Se pueden mencionar otros muchos, desaliento del contribuyente, inseguridad jurídica, deterioro de la imagen del país, etc., y si partimos de la escasa probabilidad de que sea erradicada con el PP en el gobierno……..

DEVALUACIÓN SALARIAL

La reforma laboral ha impuesto, deliberadamente, una reducción drástica de los salarios, centrada en los niveles salariales inferiores.

El efecto inmediato es su impacto negativo sobre la demanda efectiva interna y el argumento de que este impacto viene contrarrestado por la mejora de la competitividad exterior es difícil de mantener. La competitividad en los mercados exteriores depende esencialmente de otros factores: producto, innovación, redes comerciales, etc. y la influencia de la devaluación salarial sobre estos factores no es positiva, ya que viene asociada a la precariedad en el empleo, que no promueve la inversión en formación, en especialización y en introducción de innovaciones. A un plazo más largo, lo grave de esta regulación del mercado laboral es que anuncia una orientación del sistema productivo basado en la baja productividad, lo que le hace más vulnerable en un contexto global.

Adicionalmente, implica el aumento de la desigualdad social. Los índices que miden este aumento en los últimos años son irrebatibles y no es solo un problema de justicia distributiva. Numerosos estudios constatan que la reducción de las desigualdades favorece el crecimiento económico.

¿Es previsible que una nueva legislatura del PP impulse el crecimiento de los salarios? Por así decirlo, sería contradictorio con su ADN.

PENSIONES

En su estrategia de comunicación el PP ha incluido un argumento tan insostenible que raya en el surrealismo: “el voto negativo de la izquierda a su investidura hubiera puesto en peligro el futuro de las pensiones”. Las cifras son tan contundentes que el argumento es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. Cuando el PP asume el gobierno en 2011 hereda un fondo de pensiones de la Seguridad Social que ascendía a 66.800 millones de Euros, en la actualidad este fondo se evalúa en 24.200 millones de EUROS. Una reducción dramática que augura dificultades para pagar las pensiones en solo dos años. Y es que la capacidad para hacer frente al pago de las pensiones depende fundamentalmente de los ingresos de la Seguridad Social y éstos de los salarios. La devaluación salarial ha erosionando el futuro de las pensiones.

Las rentas de los pensionistas constituyen un elemento relevante para el funcionamiento de la economía. Permiten mantener una franja de demanda efectiva permanente de carácter anticíclico. En muchos casos son la parte básica de la renta familiar. La política del PP está cuestionando su futuro de forma que el mantenimiento del sistema de pensiones requerirá aportaciones de los presupuestos del Estado y ello supondría acentuar la labor redistributiva de la política fiscal. No parece que vaya a ser el propósito del nuevo gobierno del PP. Todo indica que optará por reducir las pensiones, promoviendo de paso la constitución de fondos privados, por quienes tengan rentas suficientes para hacerlo, administrados por el sector bancario. Se matan varios pájaros de un tiro.

GASTO SOCIAL

La llamada “austeridad” se ha concretado en la reducción de las partidas presupuestarias en que se sustenta el Estado de Bienestar, sanidad, educación, subsidios a los desempleados, etc. Además de provocar el sufrimiento de determinadas capas de la población, sus efectos procíclicos han profundizado y alargado la crisis. Aunque ya nadie discute que sus consecuencias sobre la economía han sido muy negativas, no hemos escuchado ninguna declaración del actual gobierno reconociéndolo. No hay elementos que permitan predecir su intención de revertir estas políticas.

LA OPCIÓN ALTERNATIVA

En los párrafos que anteceden se han abordado temas seleccionados entre un amplio catálogo, situados en el escenario de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. En el tintero quedan aspectos como la adhesión incondicional a las políticas dominantes en la UE, las implicaciones sobre la sostenibilidad medioambiental o el deterioro de la imagen del país en los foros internacionales que conlleva la tipología de nuestros representantes. Obviamente, no hay intención de ser exhaustivos.

El segundo escenario que ya ha quedado descartado, apurar los tiempos tratando de impedir esta investidura, no hubiera afectado de forma negativa a la economía española. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional refleja que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 2016 ha sido mayor que el esperado. Contradiciendo la campaña mediática, la marcha de la economía no se vió resentida por el bloqueo de la investidura de Rajoy.

Es cierto que la permanencia de un gobierne en funciones creó incertidumbre y que, en términos generales, la incertidumbre es una rémora para los planes de inversión, tanto de agentes internos como externos. Sin embargo, todo apunta a que prevalecieron factores de signo contrario. Por un lado elementos de inercia que, en una economía desarrollada, reducen la sensación de incertidumbre. Pero este escenario hubiera contado con otro elemento nada desdeñable: 2016 es un año marcado por los procesos electorales y al gobierno en funciones, enfrentado a la posibilidad de nuevas elecciones, no le hubiera resultado fácil insistir en su política de austeridad como ahora ya, con la abstención del PSOE y la investidura ya superada, si ya está haciendo sin el menor rubor. La reducción del gasto social, la disminución de las pensiones, incluso la profundización en la devaluación salarial, no hubieran tenido, lógicamente, buena acogida por amplias franjas del electorado. Ya no importa.

La relajación de estas políticas que, mientras duró este periodo atípico, dió un respiro positivo a las variables macroeconómicas. Y hay razones para sospechar que, finalizado este periodo con la investidura de Mariano Rajoy, un nuevo gobierno con una larga legislatura por delante volverá a implementar las políticas económicas que emanan de los intereses que representa.

CONCLUSIIÓN

Obviamente, especular con las consecuencias sobre la economía con un contrafactual supone asumir que las conclusiones son eso: una especulación. En todo caso, hay elementos para deducir, con criterios económicos, que la opción finalmente elegida de facilitar un nuevo gobierno del PP puede no haber sido la más favorable para España. El sentido de la responsabilidad, tan importante en cualquier circunstancia, no tenía por qué haber conducido al escenario al que ahora este país se enfrenta.

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *