Derecho a saber, evaluar y controlar

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Por José Molina, Doctor en Economía, Sociólogo y miembro de Transparencia Internacional y de Economistas Frente a la Crisis / Murcia

La corrupción es un problema enquistado en las instituciones públicas de todos los países, según el informe de Transparencia Internacional (noviembre 2014). Su falta de castigos y la pasividad ciudadana, son una nauseabunda coincidencia que no termina de erradicar el problema. Los Centros financieros de la UE y de los países del resto del mundo, tienen la obligación de detener a los corruptos. El G-20 tiene que tomar el liderazgo, o se verá superado, y los corruptos se saldrán con la suya y dominaran la economía del mundo.

La percepción de la corrupción como índice clarificador de los países en base a su grado percibido por los ciudadanos, en referencia al sector público, en una escala de 0 a 100, es muy significativo, ninguno llegue a 100, Dinamarca, el primero en el ranking, obtiene 92 puntos, y España se sitúa en el índice 60, empatado con Israel, en el puesto 37 de la escala, por debajo de Portugal, Puerto Rico, Polonia y Taiwán, nos siguen Republica Dominicana (38) y Lituania (39).

Tenemos que combatir con entusiasmo los métodos corruptos que se han enquistado en la vida pública y privada de nuestra sociedad. Ese abuso de poder en beneficio privado, directo o indirecto, tenemos que valorarlo, para que la corrupción sea punible legalmente, bien por la vía criminal, administrativa, civil o mercantil, porque actúa desesperadamente en la captura del Estado, de sus instituciones, jugando con la evasión. Y además lo disfraza, bajo fórmulas de encubrimiento ideadas para ocultar sus intenciones, sirviendo también,  para financiar a políticos, partidos, comprar voluntades o, lo que es más grave, influir en la opinión pública culpabilizándola de que somos todos quienes incumplimos las normas.

Esa imagen, justificando que estamos en una sociedad corrupta y tenemos la representación sociológica propia de esa corrupción, no es la imagen de una sociedad democrática moderna, es, lamentablemente, una sociedad descontrolada en manos de expoliadores y de estructuras dominadas por comisarios políticos, los cuales no ejercen el control porque han sido nombrados por los mismos que tienen que ser controlados.

Esta situación, es el mejor espacio para cultivar cohechos, comprar voluntades para hacer sus negocios, abusar de los cargos públicos,. En esta gran pantalla, lamentablemente, cabe tanto el grande como el pequeño, pero no olvidemos que es el grande (grand corruption), como dicen los anglosajones, quien nos ha desolado, porque la (petty corruption) es ese pecado social que arrastramos desde la  picaresca, que se utiliza como cortina de humo, para presentarla como un comportamiento socialmente aceptado.

Lo que genera una mayor percepción de la corrupción, nos dice Klitgaard, es la existencia de la discrecionalidad sin control real en la Administración, porque  es cuando se fortalece una clase política con privilegios exorbitantes y sin aparente control. Si queremos reducir la corrupción, tenemos que  reducir la discrecionalidad, y empezar por eliminar los cargos de libre designación y los muchos asesores. Para esos cambios se deben buscar nuevas vías que, respetando la democracia representativa, en las instituciones de control, sus miembros sean propuestos por las minorías y la sociedad civil, evitando el absurdo en el que vivimos. Y es desde esa visión, desde donde queremos participar en una transparencia, una nueva forma de gobernar, de administrar y de gestionar el Estado y sus AAPP, porque elevando esos valores, fortalecemos y damos vitalidad a nuestra maltrecha democracia.

La transparencia es una acción conjunta, compartida entre la comunidad política y los representantes políticos. Con independencia de la esfera de la administración en donde nos movamos. La transparencia es un componente de la gestión pública, tiene que estar presente en la hoja de ruta de todos los políticos y de sus instituciones, tiene que ser el punto primero de sus agendas. Y para los ciudadanos, es un ideal de hacer cumplir en todos los ámbitos de la vida pública: normas, gestión, eficiencia y justicia social, que están definidas en nuestras normas constitucionales.

En estos momentos en los que la vida pública y política  se ve gravemente afectada por numerosos casos de corrupción, desde Transparencia Internacional, se insta a los Partidos y a los responsables políticos y a las instituciones públicas que adopten una inequívoca, firme y contundente actitud para atajar este preocupante fenómeno tomando medidas efectivas, consensuadas e inmediatas que pongan freno a esta insostenible situación. Los responsables políticos deben adoptar una actitud mucho más firme y ejemplar contra la corrupción a todos los niveles: institucionales, legislativos y políticos, para lograr de esta forma que se atenúe o mejor, se supere de una vez por todas, la evidente indignación y desafección ciudadana.

La sociedad civil y los ciudadanos, junto con los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, empresas, sindicatos, profesionales, medios de comunicación, universidades, etc., deben de consolidar un firme e inequívoco frente social que pueda ir combatiendo legal y socialmente a los corruptos, disuadiendo claramente a los que pudieran estar pensando en desarrollar este tipo de prácticas delictivas, y los partidos políticos deben cambiar sus conductas y eliminar sus vicios del clientelismo para cambiar de forma drástica esta grave situación, que  por otra parte, perjudica la imagen y la economía de nuestra región.

 

 Publicado en el Diario La verdad 7/12/2014

 

 

 

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