El impulso de la economía desde la participación ciudadana

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José Molina Molina, Doctor en Economía,  sociólogo y Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, es miembro de Economistas Frente a la Crisis

El desarrollo se puede entender como un proceso en donde los ciudadanos se integran para impulsar sus oportunidades como personas, como emprendedores, como grupos sociales, con la capacidad de atraer recursos privados y públicos que, favoreciendo el bien común, desarrollen la actividad económica de su entorno. Los agentes tradicionales del desarrollo, gobierno, actividades privadas empresariales, organizaciones sociales, familias y un apoyo de los medios de comunicación, son instrumentos para este nuevo modelo de plataforma de desarrollo local, que con las capacidades existentes, de capital humano y financieros, impulse proyectos que mejoren la calidad de vida, incremente la eficiencia económica y dé impulso a los recursos de los municipios, lo que nos facilitará un mayor desarrollo de las personas, además de un aprendizaje con un proceso más educativo. Un cambio cultural en la actividad pública y privada que busque más un rol activo de los foros de reindustrialización para el desarrollo local.

La participación es, en estos casos, un factor de modernización y es parte de ese cambio, además de constituir un elemento esencial para la eficacia en la descentralización, en donde hay que involucrar las competencias de gestión con los cambios institucionales para una nueva visión del Estado. Los derechos de los ciudadanos solo se viven en la realidad cuando son ejercidos y plasmados en las constituciones y los ejercita democráticamente la ciudadanía sin limitación de sus libertades, porque los derechos que no se ejercen, corren el riesgo de convertirse en normas petrificadas. El impulso innovador de la vida local ha de realizarse con medios eficaces, políticas adecuadas, sistemas de participación integrados. Financiación pública y privada equilibrada, proyectos de investigación que desarrollen nuevos productos o servicios, para abrirse desde el mundo local al global. La reciente creación de la red de apoyo a las Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana (FEMP 2015) es un buen paso. Su adaptación y experiencias de gobierno abierto y participativo pueden consultarse en la experiencia del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia) a través de su página web[1].

En este proyecto se han incorporado 54 ciudades. Desde Molina de Segura (Murcia) se ha desarrollado una plataforma de colaboración con los presupuestos participativos del municipio y los empresarios de los diferentes sectores con el objetivo de impulsar y coordinar con las iniciativas participativas de los ciudadanos más emprendedores. El plan previsto es desarrollar un modelo de reindustrialización innovador y eficiente que coordine con iniciativas de investigación de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Es la relación de las universidades con el desarrollo urbano y regional, no es un fenómeno nuevo, como exponen Capel, Canau y Viola (2014).

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Una democracia local de todos exige una planificación comprometida, y aceptar que la triada poder/dinero/éxito no domine la sociedad local, porque el desarrollo lo entiendo como un equilibrio entre la igualdad, la dignidad y el ejercicio del poder compartido. La Unión Europea, en su nueva estrategia H2020, considera que las instituciones de educación superior y de investigación han de jugar un papel clave en las iniciativas de crecimiento inteligente (smart growth) y deben convertirse en agentes activos participativos de las políticas locales (European Commission, 2014).

Muchas ciudades europeas han basado parte de su desarrollo histórico en la presencia de importantes universidades. En los últimos años la difusión del modelo de la triple hélice (universidad, gobernanza e industria) ha supuesto un relanzamiento en este tipo de relaciones. Existe un interés académico por el desarrollo regional, tanto desde la sociología, como de la economía o el territorio (geografía). Además, desde la Universidad se actúa como un elemento dinamizador, es cierto que en unas más que en otras, pero cada vez más la economía, la sociología y el estudio de los territorios tiene unas vinculaciones con las investigaciones, nuevos conocimientos y creación de empresas con proyectos vinculados con los departamentos de investigación de las universidades.

Estamos en el momento de abrir debates y de profundizar en cómo los CIU (Centros de Investigación Universitaria) pueden incorporarse a estas iniciativas de desarrollo local. Éstos, en el desarrollo regional, pueden ser un motor para el crecimiento económico regional, es lo que se conoce como “el tercer rol”, según el informe citado de Capel, Canau y Viola (2014), para que las universidades desarrollen el modelo de la triple hélice o las teorías sobre clústers que han ahondado en los mecanismos (institucionales, económicos…) que transmitan al sistema conocimiento e innovación; en especial en este ámbito local en donde se precisa que la función de la universidad en la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica y la producción de infraestructuras de conocimiento, pueda contribuir al desarrollo económico local.

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Sin embargo, los CIUs no se han comprometido en actividades de desarrollo local, impulsado plataformas, buscando financiación y atrayendo inversiones, es un planteamiento económico, social y participativo que se precisa desarrollar para una adecuada planificación territorial. Estas ideas resultan de especial relevancia, nos dice la Comisión Europea, en territorios que no están especializados y que deben profundizar en identificar sus capacidades en campos donde presentan fortalezas y potencial para desarrollar las nuevas bases de conocimiento para que su capital humano tenga una respuesta coordinada con las futuras demandas emprendedoras, y la nueva estrategia de crecimiento europea sea una solución acertada y reactive la economía local (European Commission, 2014).

Según Oskar Lafontaine (2015) democracia y descentralización se requieren mutuamente. En la UE la opacidad aumenta con el tamaño, se hace más lejana y menos controlable por el ciudadano. El principio de subsidiariedad es y permanece como la piedra angular de cualquier orden de sociedad democrática. Y es desde el municipio donde las regulaciones deben iniciarse y desde ahí, seguir en los niveles regionales o de países, para continuar en los estados nacionales, en la UE y en las instituciones internacionales. Ejemplos de transferencias erróneas hay a montones, dice Lafontaine (2015). Porque no necesitamos casinos que funcionen a nivel global, sino instituciones financieras de proximidad, que aun puedan ser controladas. Las necesidades financieras mayores serán atendidas por los bancos nacionales que deben estar regulados estrictamente. Por otro lado, no necesitamos gigantes de la energía que actúen en toda Europa con grandes centrales y redes eléctricas, sino centrales municipales que funcionen con energías renovables y con capacidades locales de almacenamiento. Son cuestiones a tener presente en la reindustrialización local.

Reindustrializar España es un reto, afirmamos desde Economistas Frente a la crisis, es la nueva conceptualización de los motores de desarrollo e innovación, que pasan por muchas preguntas innovadoras que tenemos que hacernos colectivamente con los ciudadanos, para salir de la crisis, con un proyecto donde las desigualdades se reduzcan, no se aumenten. Hay que realizar una colaboración horizontal de los clusters en “plataformas de desarrollo local” que traten de potenciar entornos y potencie las sinergias intersectoriales entre las prácticas innovadoras.

En ese contexto, como criterio general, mejorar la inserción de nuestra economía en la globalización debe tener un doble objetivo. En primer lugar, que nuestras empresas escalen en la cadena de valor de las actividades productivas, algo que en buena medida está relacionado con que ocupen espacios como actores principales. En segundo lugar, que las empresas locales amplíen su presencia geográfica. Sin olvidar que hay que impulsar un sistema de I+D+i pegado a la realidad empresarial e institucional. No hemos encontrado hasta ahora un modelo eficiente que se inserte adecuadamente en el entramado empresarial e institucional y asegure retornos al I+D+i. Es evidente que no cabe un modelo centralizado, como el francés, que decida dónde se pone un nuevo centro, de qué tipo, o incluso en qué se especializa cada región, sino un modelo descentralizado que incentive la cooperación entre las CCAA y centre todos los esfuerzos en la coordinación entre las diferentes iniciativas locales existentes. Entre las referencias institucionales europeas más interesantes para nuestro país están la finlandesa Agencia Tecnológica Nacional (Tekes), creada en 1983, y encargada de la reorientación productiva del país tras la caída del muro de Berlín mediante la promoción y financiación de la investigación aplicada del desarrollo tecnológico y de la innovación. Además de su sede en Helsinki, tiene 14 agencias regionales y oficinas en Pekín, Bruselas, Tokio, San José (California), Silicón Valley y Washington DC.

La justificación del carácter innovador de la estrategia para un desarrollo local está estrechamente relacionada con la pregunta «¿Qué se quiere cambiar en el municipio, en el barrio, o en la región?» El poder de transformar de una sola vez las condiciones de vida de todos ha de concentrarse en las acciones que poseen efecto multiplicador o bola de nieve en el desarrollo local, porque no basta con hablar de instituciones públicas emprendedoras, hay que comprometerse y construir esa sociedad del futuro, para lo cual debemos crear estrategias de crecimiento a largo plazo, y aceptar que los fracasos se producen, y son parte del proceso. Para ello hay que mejorar los gobiernos de las instituciones, potenciarlos, y darles la eficacia necesaria.

Como nos dice Mazzucato (2014), no basta con hablar de instituciones públicas emprendedoras, hay que comprometerse y construir esa sociedad del futuro, para lo cual debemos crear estrategias de crecimiento a largo plazo, y aceptar que los fracasos se producen, y son parte del proceso. Para ello hay que mejorar los gobiernos de las instituciones, potenciarlos, y darles la eficacia necesaria.

Aceptar la mutualización del riesgo, como un concepto que deben de asumirlo las instituciones públicas con la misma naturalidad que lo hace el emprendedor privado. Tenemos que pasar de privatizar los beneficios y socializar las perdidas, a un sistema mutual en donde se organice un fondo de estabilidad de ese desarrollo local participativo. Inversiones exitosas locales, deben de participar en las compensaciones de los fracasos emprendedores. Este sistema a largo plazo creará un equilibrio local de estabilidad en la economía y el empleo y derribará el mito de un sistema neoliberal de radicalismo individual.

Hemos de recuperar un espíritu de vivir en sociedad, participar en lo que emprende, obtenga éxito o fracaso, y descubriremos que el Estado, sus instituciones, son para hacerlas más eficientes, más solidarias, más transparentes, para en vez de apoyar a los que quieren reducirlo, apoyemos a los que se comprometen con el papel de las instituciones públicas, Estado, CCAA y municipios, para que cumplan la misión de solucionar problemas, no crearlos. Tan solo necesitamos valor, entendido como esa fuerza que debe transformar nuestra sociedad en espacios inclusivos e inteligentes, es el impulso creativo de un cambio.

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Resumen del artículo publicado en la Universidad Autónoma de Madrid: Molina, J. (2015). El impulso de la economía desde la participación ciudadana. Encuentros Multidisciplinares, 51, 1–11.

[1] http://gobiernoabierto.molinasegura.es

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