En busca del tiempo perdido

1999: me estrenaba como portavoz adjunta y responsable de medio ambiente del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Madrid. Mi anterior experiencia como Secretaria de Estado de Medio Ambiente me había permitido comprobar cuán lejos se encontraba España de cumplir con las normas europeas en materia de contaminación (del aire, del agua, del suelo..); pero, sobre todo, me había enfrentado ya al falso – y muy generalizado – prejuicio según el cual las políticas ambientales eran una rémora para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Como concejal, tuve también ocasión de descubrir que el Partido Popular, con el alcalde Álvarez del Manzano a la cabeza, consideraba la lucha contra la contaminación como un atentado a la libertad individual… Al menos, de la libertad de algunos privilegiados ciudadanos madrileños.  Con motivo de la celebración del «Día sin coches» – establecido por la Comisión Europea para poner en valor las diferentes iniciativas de movilidad sostenible- se puso de manifiesto la discrepancia entre el alcalde y las portavoces de los grupos de la oposición. Ines Sabanés -entonces responsable del área ambiental en Izquierda Unida- y yo misma, nos esforzábamos en argumentar las ventajas de la reducción del uso del vehículo privado para la salud y el disfrute del espacio público; pero Álvarez del Manzano invocó el mantra que ahora reitera Esperanza Aguirre, casi veinte años más tarde: la libertad de usar el coche no puede ser restringida por «ideologías ecologistas», contrarias al progreso… De nada sirvió recordarle al alcalde que solo el 30% de los madrileños se desplazaban habitualmente en su propio vehículo, ocupando por lo tanto mucho más espacio público del proporcional a su porcentaje como ciudadanos, y dificultando así el uso por parte del restante 70% de los madrileños del transporte público de superficie, por no hablar de la entonces prácticamente inexistente bicicleta. «Libertad» de una minoría frente al bienestar de la mayoría: sin embargo, esa evidente desigualdad no ha tenido consecuencias electorales hasta fecha muy reciente, quizás porque desde la izquierda, entre otras cosas, no hemos sabido explicar adecuadamente la verdadera trascendencia de las cuestiones ambientales.

En aquellos años, en Berlín y en Copenhague- por señalar dos ejemplos que yo conocía personalmente – se habían adoptado ya medidas muy avanzadas para facilitar el transporte público así como el uso de la bicicleta, y, por supuesto, los respectivos y sucesivos gobiernos -de diferentes partidos políticos- habían incorporado incentivos estables para desarrollar tecnologías limpias en todos los ámbitos, como elemento crucial de su competitividad.

El retraso de España en la adopción de medidas para restringir el tráfico en las ciudades no ha sido homogéneo; San Sebastián, Vitoria, Barcelona, Sevilla… -por citar algunas de las más importantes- se adelantaron a Madrid, enfrentándose inicialmente, en todos los casos, a las críticas de parte de sus  vecinos. Pero el contexto general distaba mucho de propiciar políticas de movilidad sostenible: según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), a mediados de los noventa el 70% de los desplazamientos con vehículo privado se correspondían en España con trayectos inferiores a los 3 km… Era (y en gran medida sigue siendo) la manifestación más evidente del valor simbólico que se otorga al coche en nuestro país, como elemento visible de un bienestar material alcanzado en un periodo de tiempo mucho más breve que en otros países de nuestro entorno. Ni siquiera la creciente evidencia de los efectos negativos sobre la salud como consecuencia de la contaminación producida por el tráfico le parecía a algunos un argumento suficiente para » atentar contra el derecho a usar el coche»… Recuerdo los improperios que, siendo yo Ministra de Medio Ambiente, me dedicó el diputado popular Rafael Hernando -si, el mismo que ahora descalifica las medidas adoptadas por el ayuntamiento de Madrid, que según él «perjudican a quienes no tienen la culpa»- ; la intervención de Hernando se produjo a propósito de los datos sobre muertes prematuras causadas en España por la contaminación atmosférica que ofrecí en el Parlamento como justificación del proyecto de Ley sobre calidad del aire aprobada en 2007. Tuve entonces que escuchar que aquellos datos- publicados por la AEMA-  según los cuales casi 20.000 personas morían prematuramente en nuestro país, eran «un ejercicio más del catastrofismo ecologista a los que nos tiene acostumbrados esta Ministra»…

Hoy, diez años más tarde, siempre según la AEMA, perdemos ya, antes de tiempo, cerca de 40.000 personas a causa de la ausencia de políticas eficaces en la lucha contra la contaminación atmosférica. Comparemos esta cifra con las 1200 personas fallecidas en 2016 en accidentes de tráfico en España: una estadística en la que además se ha registrado una evolución muy positiva durante los últimos años -que parece haber revertido ligeramente en 2016-. Sin ninguna duda, en ese ámbito se han adoptado medidas muy potentes para reducir el riesgo de accidentes así como la gravedad de sus consecuencias. Existe por supuesto una mayor presión de la opinión pública, ya que se conocen de forma inmediata los nombres de las correspondientes víctimas, e incluso existen asociaciones de afectados y de familiares que exigen responsabilidades a los poderes públicos y la aplicación efectiva de las normas.

Tal cosa no sucede – todavía – con las víctimas de la contaminación atmosférica, ya que la relación entre la contaminación y los fallecimientos o las enfermedades que causa forma parte de estudios médicos que tardan en hacerse públicos.

Pero creo que no tardaran en constituirse, por ejemplo, asociaciones de padres cuyos hijos sufren patologías pulmonares y alergias, cada vez más frecuentes, a causa de la presencia de partículas y de óxidos de nitrógeno en el aire que respiramos… Ahora que tanto se habla de la redefinición de la izquierda, me parece urgente incorporar en nuestro ideario, como parte de la lucha contra toda forma de desigualdad, el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su salud y su desarrollo; un derecho recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución, pero insuficientemente garantizado. Los efectos cada vez más evidentes y dramáticos del cambio climático, la dificultad creciente en el acceso al agua potable, la desaparición de especies… comprometen seriamente la seguridad, la salud y el progreso de la humanidad: pero, sobre todo, acentúan la vulnerabilidad de los más desfavorecidos- en España y a escala global- aumentando las desigualdades y provocando nuevos conflictos y desplazamientos masivos de difícil gestión.

El actual paradigma económico está en el origen de estos procesos al no haber tenido en cuenta los imprescindibles equilibrios ecológicos que garantizan la vida en nuestro planeta. Es hora de ir a las causas y de abordar, con visión de largo plazo, los retos ambientales: entre ellos, la gestión de la movilidad en nuestras ciudades, recuperando el tiempo perdido a causa de la miopía o de los intereses particulares de unos pocos.

Bienvenidas sean, pues, las primeras medidas serias adoptadas en Madrid, que sin duda deben formar parte de un paquete amplio de medidas más estructurales y de largo plazo, así como de un formidable esfuerzo de pedagogía política.