En defensa de las pensiones públicas

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DECLARACIÓN DE ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS (EFC)

La reforma de las pensiones que aprobó en 2013 el Partido Popular es insoportablemente injusta y políticamente insostenible. Es una reforma que pretende reducir de forma continuada y persistente las pensiones durante al menos los próximos cuarenta años, que persigue que cada una de las pensiones pierda de manera permanente y acumulativa poder adquisitivo, y que cada pensionista actual y futuro sea más pobre a medida que va cumpliendo años.

  • La reforma es insoportablemente injusta, y terminará castigando a las formaciones políticas que la defienden.

La reforma ha sido la respuesta equivocada a las implicaciones de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, un sistema para rebajar las pensiones a medida que aumenta el número de pensionistas. La generación más numerosa de la historia, la que por ello ha aportado el mayor volumen de cotizaciones que se ha registrado nunca, la que ha impulsado el desarrollo económico del país durante décadas, llega al momento de jubilarse y tiene derecho a participar de aquello que ha contribuido a generar.

  • La generación del baby boom que antes aportó mucho, ahora tiene derecho a recibir lo que le corresponde.

La respuesta de la reforma del PP es interesada. Afirmamos que en la mayor parte de los problemas económicos no hay una sola respuesta. Que entre las opciones económicas posibles se ha optado por aquella que responde a los intereses que están detrás de los fondos privados de pensiones. Es decir, se ha optado por aquella que recorta las pensiones y debilita el sistema público de pensiones. Existen medidas para garantizar las pensiones sin estos recortes y con un nivel de gasto total, en el momento futuro de mayor número de jubilaciones, similar al que ya hoy destinan otros países europeos. Desde la perspectiva económica, hay otras opciones viables que son las que deben ponerse en práctica para garantizar las pensiones de hoy y las de los pensionistas futuros.

  • El sistema público de pensiones se encuentra ante la necesidad de una transformación de su sistema de financiación, no ante un riesgo de insostenibilidad.

La cuestión es de reparto, de redistribución. En casi toda decisión económica subyace un problema distributivo. También aquí y de forma muy explícita: ¿cómo tienen que ser las pensiones, públicas o privadas? ¿públicas, financiadas con cotizaciones e impuestos, o privadas, donde cada cual las financia (si puede) con su propia renta? Las públicas, además, las gestiona y paga el Estado porque son derechos colectivos. Las privadas se gestionan por el sistema financiero porque son fondos particulares. La cuestión que se dirime es, por lo tanto, si las pensiones serán más públicas o más privadas.

  • Si se reducen las pensiones públicas y se expanden las privadas, los jubilados de mayores rentas tendrán grandes pensiones privadas y los más desfavorecidos, reducidas pensiones públicas, agravando las desigualdades.

Es imprescindible, conseguir un mayor nivel de cotizaciones sociales y de redistribución fiscal. Las cotizaciones son la fuente de financiación fundamental del sistema público de pensiones. Aumentar esta fuente de ingresos depende de elevar tanto como se pueda el nivel de empleo y su calidad, la productividad y los salarios reales de una mayor población en edad de trabajar. Junto a ello, la contribución de los Presupuestos del Estado ha de ser -como en los países de nuestro entorno con un elevado nivel de gasto en pensiones- el complemento necesario para mantener en el presente y en el futuro unas pensiones suficientes y actualizadas, tal y como establece la Constitución Española que, hoy más que nunca, debería cumplirse en sus aspectos sociales. Hay que garantizar el Estado de Bienestar, mucho más reducido en España que en los países vecinos, cuyo componente más importante son las pensiones públicas.

  • La financiación de las pensiones debe garantizarse con la expansión del empleo de calidad y mejores salarios en una economía más productiva, que permita la necesaria financiación complementaria de las pensiones con cargo a los presupuestos, a través de la redistribución.

Se trata asimismo de una cuestión de justicia. La generación del baby boom ha aportado a lo largo de su vida laboral muchos ingresos por cotizaciones: con esos ingresos se han financiado políticas públicas que no tenían que ver con las pensiones, que de otra forma se hubieran debido pagar con mayores impuestos. Ahora el proceso se debe invertir: los impuestos deben complementar a las cotizaciones para sostener las pensiones.

  • Los impuestos deben complementar a las cotizaciones para asegurar el aumento del nivel de gasto y el pago de pensiones dignas a un número mayor de pensionistas que aportaron mucho al progreso del país.

La reforma de 2013 está, por otra parte, aquejada de dudas en cuanto a su legitimidad política, que aconsejan su sustitución. La reforma fue aprobada en solitario por el Partido Popular, sin negociación con los interlocutores sociales, ni consulta a las restantes fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo. La reforma del sistema público de pensiones -elemento central del Estado de Bienestar- con pretensión además de condicionar las pensiones públicas durante décadas, no debe decidirse sin consenso alguno, tan solo sobre la base de una mayoría coyuntural, además ya inexistente. Nunca se había hecho así antes porque así no debe hacerse.

  • Es preciso volver a una reforma pactada del sistema de pensiones. Una reforma pactada con los sindicatos y apoyada, como todas las anteriores, por la mayoría de los grupos parlamentarios.

Por todo ello, Economistas Frente a la Crisis (EFC) estamos profundamente convencidos de que la reforma de 2013 debe quedar derogada y sustituida por una nueva regulación de las pensiones que garantice su poder adquisitivo y un suficiente nivel de vida de todos los pensionistas.

Y apoya, en consecuencia, las marchas por unas pensiones dignas y en contra de esa reforma que, del 30 de septiembre al 9 de octubre, han convocado las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

 

Carta de los Secretarios Generales de CCOO y UGT

 

Formulario para adherirse al manifiesto (link)

2 Comments

  1. ¿por qué pactada con los sindicatos y no con los españoles directamente en cualquier tipo de asociación?

    En mi opinión el manifiesto tiene grandes dosis de demagogia, vuelve a criminalizar los planes complementarios (repito, complementarios) que puede suscribir cualquiera cuando su capacidad de ahorro lo permite y nada dice de los planes de empresa que los mismos sindicatos gestionan en buena parte de empresas grandes, donde tienen a sus parroquianos.

    Por otra parte cero autocrítica en el papel de los sindicatos frenando y oponiendose a reformas para mejorar la equidad del sistema. Recordemos el abandono de la política de Nicolás Redondo cuando se amplió el cálculo de 2 a 8 años para el cálculo de la pensión, esos solo 2 años permitían la ingeniería previsional para que muchos sindicalistas “comprasen” una superpensión muy superior a la que correspondería por su historial de cotización a cambio de dos años de “paz social” en sus empresas. El sistema que han defendido los sindicatos es el que permite incluso a día de hoy (moviendo progresivamente el cálculo de 15 a 25 años) que alguien que cotice 20 años iniciales por la mínima y 20 años finales por la máxima cobre la máxima y quien cotice los primeros 20 por la máxima y los 20 últimos por la mínima cobre la mínima. Una diferencia de 3 veces en el neto.
    Que no se diga que defienden a los trabajadores a quienes defienden a aquellos más seguros en empresas más grandes y las AAPP.

    Y las cotizaciones pagaron servicios como la Sanidad en una época con impuestos ridículos, invocar eso como “sobreesfuerzo” es un intento de confundir a la gente.

    Hay que buscar un sistema más equitativo, que dificulte las pensiones máximas que solo puedan darse con cotizaciones máximas a lo largo de la vida laboral, y con los recursos liberados favorecer a las mínimas. A su vez aunque es injusto que pierdan poder adquisitivo no actualizándose con el IPC también sería injusto subir el IPC mientras los salarios de gente joven, con cargas familiares y pagando vivienda o alquiler no suben. ¿no puede pensarse que el modelo sueco ligado a la evolución de los salarios puede ser un estabilizador automático que además permita en ciertos momentos ganar poder adquisitivo subiendo más que la inflación?

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