Hay otra Economía, a favor del bienestar de los ciudadanos

Mónica Melle Hernández, profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense, es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

Los datos macroeconómicos más recientes muestran que la economía española parece haber tocado fondo, con crecimientos del PIB del 0,1% en el tercer trimestre de 2013 y del 0,3% en el cuarto trimestre. El FMI prevé un leve crecimiento para España, del 0,6% en 2014 y de tan sólo un 0,8% para 2015. Estos datos indican estancamiento de la economía española, que se mantendrá así durante varios años. En primer lugar, porque esta incipiente recuperación es muy débil y lenta -con tasas de crecimiento del PIB por debajo del 2% durante lustros-, y puede además sufrir recaídas, porque subsisten riesgos importantes que condicionan seriamente la consolidación de un crecimiento robusto y sostenible.

La salida de la crisis puede ser más bien en forma de sierra, con subidas y bajadas. Los principales riesgos derivan de la inestabilidad de la economía global, ante la previsible caída de economías emergentes como Brasil; la situación inestable de la zona euro; un sistema financiero todavía en fase de saneamiento, que dificulta la concesión de crédito; una creciente deuda pública que llegará al 100% del PIB en 2014 y que compromete unos elevados gastos financieros; y un aumento de la pobreza y las desigualdades, que condicionan un posible crecimiento sólido y estable. Vemos ejemplos de países latinoamericanos, donde subsisten grandes desigualdades, que no terminan de consolidar su situación de crecimiento.

España es el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias de renta entre los ciudadanos desde que se inició la crisis económica. En 2007 el 20 por ciento de ciudadanos más ricos tenía 5,5 veces más ingresos que el 20 por ciento de ciudadanos más pobres. En 2012, las desigualdades entre la población española han aumentado, ya que en este año el 20 por ciento de ciudadanos más ricos multiplican por 7,2 sus ingresos respecto de las rentas que perciben el 20 por ciento de los españoles más pobres.

La vieja receta capitalista de que generar riqueza en algunos acabará beneficiando a todos cuando los primeros diseminen sus rentas, se ha demostrado cada vez más falsa en todas y cada una de las ocasiones en las que una crisis podría haber puesto de manifiesto el desiderátum de la “destrucción creativa” de Schumpeter. En la realidad, ni la destrucción de rentas y de riqueza ha sido equitativa entre las clases sociales ni mucho menos ha dado lugar a que la creatividad de los más ricos se movilice para que los demás mejorasen sus posiciones.

En segundo lugar, serán necesarios muchos años para lograr la recuperación, porque la sociedad española está devastada después de casi seis años de crisis económica y una gestión de la misma muy deficiente. La situación a la que se ha llegado es tan negativa que las mejoras de algunos datos macroeconómicos tienen unos efectos prácticamente insignificantes sobre las expectativas, y lo que es más importante, sobre la vida de los ciudadanos. Así, aunque se puedan generar como mucho 150.000 nuevos trabajos (en su mayor parte a tiempo parcial) al año creciendo al 1%, para reducir la cifra actual de 6 millones de parados hacen falta muchos años. Y hasta que no se reduzca esta insoportable cifra de paro, no podremos decir que hayamos llegado al final del túnel.

La crisis no puede haber terminado cuando el 26,5% de la población activa está sin trabajo (aunque pueda bajar hasta el 25,8% en 2014); cuando el desempleo entre los jóvenes es superior al 52% y cuando no hay ninguna señal de que sea más fácil para la gente pagar sus deudas. El ligero descenso del paro se debe principalmente a la reducción en el numero de personas en disposición de trabajar, bien porque se trata de inmigrantes que han regresado a sus países de origen, bien porque son parados de larga duración que por su edad no encuentran ya ninguna posibilidad efectiva de trabajo, o bien por desistimiento, como es el caso de muchas personas jóvenes o de mujeres. Mientras se destruyen empleos indefinidos, los nuevos empleos que se van generando son precarios, temporales y a tiempo parcial.

En 2014 asistiremos a la disparidad de cómo se vive la salida de la crisis, entre grandes empresas cotizadas, Pymes y ciudadanos. Las grandes empresas, cotizadas en general en el IBEX-35, son más optimistas que el Gobierno y el FMI. El Consejo Empresarial para la Competitividad y la CEOE esperan que el PIB avance el 0,9% el próximo año, frente al 0,7% previsto por el Gobierno en el último cuadro macro. Sin embargo, las Pymes, en general, posicionadas en el mercado interno, todavía fuertemente endeudadas y dependientes del crédito bancario y de los créditos de provisión, siguen padeciendo restricciones crediticias y costes de la financiación sobreelevados, por primas de riesgo muy superiores a su posición objetiva de liquidez y solvencia. Las Pymes son pesimistas ante la situación económica y sus expectativas empeoran respecto a las manifestadas en 2011. Más del 40% de Pymes y autónomos datan su recuperación de la crisis no antes de 2015. Entre las causas de su pesimismo destacan: la falta de financiación, la carencia de expectativas favorables sobre su principal mercado (interior), la reducida inversión en I+D, la baja productividad laboral (auspiciada por una muy baja capitalización) y la falta de formación.

El que mejoren los datos bursátiles y crezcan los beneficios empresariales, no implica que estén mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos. Máxime después de sufrir importantes reducciones del poder adquisitivo, ante la bajada de salarios y la subida de impuestos, y servicios esenciales (luz, teléfono, transportes públicos,…), y recortes en el estado del bienestar, como los sufridos en sanidad, educación, servicios sociales, pensiones,… Esta crisis se está aprovechando como excusa para cambiar el modelo de convivencia social.

La sociedad española muestra su preocupación e indignación, lógicas, con la solución que se ha dado a esta crisis, que va a entrar ya en su séptimo año. Las políticas de falsa austeridad que se adoptaron, en Europa y en España, con el pretendido objetivo de superar la crisis no han hecho sino agudizar sus devastadores efectos, cuya principal manifestación son las insoportables cifras de desempleo y el aumento de la desigualdad fruto de los procesos de destrucción de los servicios públicos.

Los sacrificios por la crisis no están siendo compartidos. Son los trabajadores los que están sufriendo la llamada eufemísticamente “devaluación interna” -esto es, reducción de salarios y recortes de derechos-, que ha acentuado la desigualdad salarial y siempre en perjuicio de los salarios más bajos. El reciente informe sobre la evolución salarial entre 2007 y 2013 elaborado por la escuela de negocios EADA y la empresa ICSA pone de manifiesto que los salarios de los directivos en España han aumentado un 7% en 2013, mientras que los de mandos intermedios y empleados se han reducido un 3,18% y un 0,47%, respectivamente. Este proceso de empobrecimiento real de los trabajadores incide en el comportamiento del consumo y con éste de la demanda interna. De ahí la conveniencia de subir salarios, y retomar la vigencia de convenios colectivos, no sólo por justicia social, sino para favorecer el consumo; ya que la salida de la crisis no será solo gracias al buen comportamiento del sector exterior.

Otra Economía centrada en el bienestar de los ciudadanos

Frente a la actual política económica que está diseñada al servicio de los mercados financieros, es posible otra economía centrada en el bienestar de los ciudadanos. Hay otras políticas que sí pueden contribuir a la superación de la crisis y a sentar las bases de un crecimiento económico sobre fundamentos sólidos.

1)    Urge en primer término que la política recupere el espacio que han ocupado los mercados financieros y las élites económicas. La codicia financiera, vía especulación, se ha mostrado insaciable. Sectores de interés general, como el financiero o el eléctrico, requieren una mejor regulación, supervisión y control para que prime ese interés general y no beneficios monopolísticos o intereses particulares. La escuela histórica alemana y el capitalismo moderno de Sombart cobra mucho sentido hoy día.

La hipertrofia del crédito nos llevó a una deuda privada en España del 227% del PIB en 2010, y esta burbuja financiera auspició la burbuja inmobiliaria, condicionando nuestro modelo de crecimiento. Ante tal desarrollo de la economía financiera y de los mercados, es preciso anteponer una gobernanza económica que controle a tales mercados para que éstos se centren en su función: financiar la economía real.

Sería de esperar que después de los rescates para corregir los desequilibrios de los bancos que han sido recapitalizados y reestructurados, el crédito empezara a fluir. Sin embargo subsisten todavía riesgos inherentes a préstamos al sector inmobiliario, a inversiones en renovables y a las empresas de autopistas. El sistema financiero es disfuncional y todavía comatoso. Será precisa la recuperación económica y un mayor ajuste del endeudamiento, sobre todo de ciertas partes del sector empresarial, para que el crédito fluya a la economía real. Con el problema que ello implica, especialmente para la financiación de las Pymes, principales generadoras de empleo en nuestro país. Una de las causas de que siga sin fluir el crédito a la economía real es el proceso de desapalancamiento propio que las mismas entidades bancarias están realizando.

2)    En segundo lugar, otra economía pasa por recuperar el modelo social. El estado del bienestar es la propuesta de Europa a los europeos y al mundo. En definitiva, retomar la Europa social y la Agenda de Lisboa, que buscaba modernizar el estado social europeo y luchar contra la exclusión social. Volver a establecer las bases de igual dignidad, equidad, solidaridad y fraternidad, para cambiar un modelo fracasado, que guiado por la codicia y el beneficio cortoplacista, se ha preocupado por lo financiero, olvidándose de lo social, del respeto al medioambiente y del compromiso ético.

El nuevo modelo económico y empresarial debe ser medioambientalmente sostenible y socialmente responsable con todos los agentes involucrados. Ello pasa por una necesaria reforma del gobierno corporativo que permitirá mejorar la productividad y competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía. La forma en que se gobiernan y dirigen las empresas es igual de relevante, al menos, que la forma en la que trabajan los empleados.

La mayor parte de responsabilidad sobre la velocidad de crecimiento de la productividad corresponde a los que pueden tomar las decisiones sobre el cambio tecnológico, la inversión en la empresa y la apuesta por la formación y motivación del capital humano.

Los directivos de las organizaciones están demostrando demasiadas veces comportamientos cortoplacistas ineficientes que dan lugar a resultados insostenibles para las empresas y para la economía del país. La búsqueda descarnada de su propio interés, mediante cuantiosas retribuciones, “bonus”, blindajes de contratos y casi obscenos planes de pensiones, va en muchas ocasiones en detrimento de la necesaria reinversión de los beneficios empresariales en la propia empresa para mantener y mejorar su capital tecnológico, su capital humano y su investigación, desarrollo e innovación que permitan incrementar la productividad de tales empresas.

Es indispensable que la economía y las empresas se gobiernen con criterios socialmente responsables, y satisfagan las expectativas de los distintos grupos de interés -trabajadores, clientes, proveedores, accionistas,…-, así como que cuiden su impacto medioambiental y social en el entorno que les rodea. El objetivo de maximizar beneficios está socialmente obsoleto. Las empresas deben integrar objetivos de responsabilidad social en sus estrategias corporativas. Esto significa que deben justificar el fin social de su misma existencia.

Se trata de una nueva visión de las empresas, en la que los activos físicos ya no son el único recurso crítico. El capital humano ha aumentado su importancia, lo mismo que contar con una buena red de proveedores o socios comerciales y compartir tecnología. Recursos como el conocimiento, las ideas y las estrategias son más difíciles de controlar por parte de los propietarios legales de la empresa.

No parece que los accionistas puedan ser los exclusivos titulares de todos los derechos de control, incluida la facultad de apropiarse del total del beneficio. Los acreedores también asumen riesgos relevantes. Lo mismo clientes y proveedores. Y desde luego, los empleados.

3)    En tercer término, para mejorar la vida de los ciudadanos es preciso poner el acento en la creación de empleo y la reducción de la pobreza, así como en las inversiones eficaces en educación, investigación e innovación y en apostar por un modelo de crecimiento sostenido y sostenible. Se trata de propiciar una estrategia de crecimiento y reindustrialización que permita generar empleo, que sea ecológicamente sostenible, y en la que el sector público desempeñe un papel inversor clave.

Orientarnos hacia un modelo productivo en el que se reconstituya el tejido industrial y se recupere la política industrial, apoyando a sectores de media y alta intensidad tecnológica, como son las energías renovables, la valorización de residuos, las tecnologías de la información y comunicaciones, el diseño, el sector aeronáutico y aeroespacial, la construcción naval,…. Todo ello pasa por apostar de verdad por la formación, que facilite además la reinserción al mercado de trabajo de los desempleados, sobre todo los de larga duración que ya suponen el 62%; y por apoyar la I+D+i. Por supuesto sin descuidar la continua mejora de nuestro modelo turístico hacia ámbitos que superen el sol y playa, como por ejemplo el turismo cultural; y la apuesta por los servicios de alto valor añadido.

El binomio exportaciones e I+D+i es la solución para salir de la crisis, pero las actuaciones del Gobierno no van precisamente en esa línea. En primer lugar porque el gasto en I+D tanto público como privado ha ido en continuo descenso con los años de la crisis. Y en segundo término porque el comportamiento de las exportaciones se ha basado más en la ganancia de competitividad motivada por la reducción de los costes laborales unitarios que en factores de mayor calidad o aportación de valor de los productos exportados. En un mundo global la competitividad vía precios no tiene sentido para los países occidentales como España, a menos de liquidar su estado del bienestar.

4)    En cuarto lugar, otra economía pasa por una profunda reforma fiscal, para que el sistema impositivo sea más justo y cumpla su función de redistribución de la riqueza.

Se puede contener el déficit público sin que eso afecte a servicios públicos como la sanidad o la educación, por la vía de los ingresos. Los ingresos públicos pueden aumentarse de tres maneras. Primero, a través de estímulos al crecimiento y a la generación de empleo, ya que con mayor actividad económica y menor paro, la recaudación aumenta. Segundo, aflorando la economía sumergida -cercana al 19% del PIB- y luchando contra el fraude fiscal y la ocultación, que en materia laboral, llegaría al 8% del PIB o a su equivalente a ocultar un millón de empleos a tiempo completo. Y tercero, a través de una reforma del sistema impositivo en profundidad, equiparando la imposición efectiva de las rentas del trabajo y del capital, incrementando las bases imposibles de las grandes empresas, recuperando el impuesto del patrimonio o implementando un impuesto a las grandes fortunas.

A nivel europeo urge una mayor armonización fiscal, ya que la política fiscal sigue siendo el último reducto al que recurre cualquier país para estimular artificialmente su competitividad incluso en espacios económicos integrados como es la UE (dumping fiscal). Y la eliminación efectiva de los paraísos fiscales. En España, resulta indignante que según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, nueve de cada diez empresas del IBEX 35 operen en paraísos fiscales.

5)    Finalmente, debemos sustituir la obsesión por el crecimiento y empezar a preocuparnos más por la mejora del Indicador de Desarrollo Humano (ONU, 1990), que incorpora la reducción de las desigualdades (acrecentadas en esta crisis) y la preservación del medioambiente. Se trata, en definitiva, de pasar de una economía financiera basada en el interés cortoplacista de los inversores, a una economía social y participativa, en el que se consideren los intereses de todos los agentes.

Porque no olvidemos que la economía debe ser un medio, y no un fin en sí mismo. Un medio para lograr mejorar el bienestar de los ciudadanos.