Influir en la política desde la economía

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Pongamos luces largas. Las elecciones generales nos esperan

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Jorge Fabra Utray @Jorge Fabrau, economista y Doctor en Derecho, es Presidente de Economistas Frente a la Crisis

Economistas Frente a la Crisis (EFC) surgió en 2011 como respuesta frente a quienes clamaban entonces –y también antes y siempre, con crisis o sin crisis- por las políticas de austeridad, no en su sentido ético sino en su proyección sobre el contenido y alcance del Estado de bienestar que consideraban excesivo. La crisis era una coartada, no un argumento.

Los economistas que entonces levantamos la voz porque no se pensara que por estar callados otorgábamos, nos negamos a que palabras tan nobles fueran patrimonializadas para enfrentarlas a políticas que nadie propugnaba: austeridad frente a derroche, estabilidad frente a inestabilidad, como arteramente se pretendía para desvirtuar el debate y esconder objetivos muy queridos por las políticas conservadoras que se habían apropiado del pensamiento económico. Pero el debate era muy otro: cómo se debe ser “austero” y cómo se debe ser “estable”, si mediante una gestión inteligente y responsable de los presupuestos públicos o mediante la pérdida de control sobre esa gestión a manos de reglas de oro previamente diseñadas para minimizar la presencia del Estado en la economía. Discernir, en definitiva, cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una u otra opción –las reglas frente a la discrecionalidad en la política económica- y de comprender cuáles son sus implicaciones sobre el bienestar de los ciudadanos.

Se trataba de un debate de opciones políticas. Se trataba de política con mayúsculas. Y abrir este debate fue la razón del nacimiento de EFC. El primer paso respondió tan sólo a un impulso moral: no todos los economistas éramos lo mismo y estábamos moralmente obligados a decirlo. Después se convirtió en un proyecto: había que influir en la política desde la economía con diagnósticos rigurosos y propuestas solventes. En torno a EFC se reunieron cientos de economistas y otros profesionales que comparten, dentro de un amplio espectro plural y progresista, las mismas preocupaciones.

Influir en la política desde la economía. Y así hemos hecho desde entonces. Las actividades de EFC se han concretado en innumerables debates públicos, en la publicación de manifiestos sobre diferentes temas económicos, en la presencia de sus miembros en los medios audiovisuales y en la publicación de cerca de 700 artículos en la prensa digital y de papel y en nuestra WEB http://economistasfrentealacrisis.com que además es archivo de todo ello.

En este empeño, Economistas Frente a la Crisis (EFC) ha mantenido reuniones con las direcciones de las principales fuerzas progresistas: con IU (Cayo Lara), con el PSOE (Pedro Sánchez), con EQUO (Juan López de Uralde) y la última, el pasado 10 de Abril, con la dirección de PODEMOS (Pablo Iglesias). En todas las reuniones, desde su propia pluralidad interna, EFC ha puesto sobre la mesa, en el contexto de esta crisis, algunos elementos esenciales de una política común de la izquierda. Sus enunciados han sidos estos:

  1. La reindustrialización y el cambio de Modelo Productivo como objetivo inaplazable y central. Integrar políticas de la llamada “nueva industria” y de sectores tradicionales: la construcción o la agricultura, también permiten una mirada conectada a la eficiencia energética, los nuevos materiales, la domótica o la biotecnología. Internacionalizar y escalar en la cadena de valor son objetivos que obligan a replantear toda una estrategia de I+D+i.
  2. Estabilizar la presencia del sector público en los sectores estratégicos, en particular en el bancario. El redimensionamiento del ICO, el mantenimiento del control público de Bankia y BMN y el recurso a los fondos de inversión soberanos no debieran ser descartados como instrumentos de impulso a nuevas palancas financieras volcadas en las PYMES y en sectores estratégicos.
  3. Derogación de la reforma laboral para acabar con la precarización laboral sin merma de los derechos laborales de los contratos fijos. La clave de la dualidad del mercado de trabajo está en la utilización ilegal de la contratación temporal para tareas permanentes de las empresas. Fortalecer la inspección de trabajo para sancionar los malos usos empresariales. El denominado “contrato único” propuesto desde posiciones neoliberales, haría temporales e inestables todos los empleos. Limitar drásticamente los despidos injustificados incorporando la debida protección judicial. Dotar a los SPE con medios humanos, técnicos y recursos presupuestarios. Coordinar los SPE autonómicos para llevar a efecto un Plan de Apoyo al Empleo con objetivos concretos. Recuperar y fortalecer la negociación colectiva para equilibrar las relaciones laborales, potenciando los mayores niveles de centralización en la negociación -convenios sectoriales estatales-. En definitiva, una reforma estructural del mercado de trabajo con efectos anticíclicos.
  4. Financiación pública de la negociación colectiva. El artículo 37 de la Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios: todos los trabajadores (más del 80% de los asalariados) están amparados por los convenios colectivos sean o no afiliados a los sindicatos que los firman. Como resultado, la afiliación sindical resulta desestimulada y penalizada. Los sindicatos dan cumplimiento a un derecho constitucional, pero con cargo a los recursos aportados por una minoría de trabajadores afiliados: el 15% de trabajadores soportan los medios para dar cobertura al 80% de los trabajadores. Para resolver esta situación el Estado debe garantizar el sostenimiento de la negociación colectiva mediante una financiación pública, transparente y sometida a estrictos controles del sector público.
  5. Retrocesión de la reforma eléctrica desde la LSE de 1997 para dar paso a una regulación avanzada del Sector Eléctrico que, a través de instrumentos mercantiles apropiados, revele el coste real del mix de generación. Cierre de las centrales nucleares al final de su licencia para abrir las puertas que den paso a la “transición energética”. Se trata de descarbonizar el sector eléctrico para que tenga capacidad de aportar energía renovable al transporte y para que contribuya a un cambio del modelo productivo en relación con: reindustrialización, tejido empresarial, empleo de calidad, innovación y desarrollo tecnológico. En esta misma dirección revisión de las concesiones administrativas bajo las cuales son explotados los aprovechamientos hidroeléctricos de las cuenca hidrográficas y, en su caso, su rescate por el Estado.
  6. Paralización de los procesos de privatización de la sanidad pública y revisión y control del cumplimiento de los convenios de gestión privada. Restablecimiento de la sanidad universal.
  7. Fin de los privilegios económicos de la Iglesia: impuestos; control de los centros de educación concertados; subvenciones; inmatriculaciones. Denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.
  8. Incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas; incremento de imposición sobre las rentas del capital y sobre el patrimonio; establecimiento de una verdadera fiscalidad verde. En particular, profundizar en la supresión de beneficios fiscales: el apoyo a determinadas actividades o sectores de la economía debe realizarse por vía de gasto y no de reducción de ingresos.
  9. Protección de las familias que carecen de rentas para procurarles una vida digna mientras acceden al empleo o a una situación de jubilación. Un sistema nacional que garantice rentas mínimas para los más necesitados integrando: protección durante el desempleo, políticas activas robustas y eficientes; pensiones contributivas y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y del sistema público (de reparto) de pensiones frente al sistema de cuentas nocionales.
  10. Garantizar la independencia de los órganos reguladores y recuperar su especialización. La actual CNMC es una fusión ineficiente de órganos reguladores especializados.
  11. Articular un nuevo modelo de gobierno empresarial que facilite la transparencia en la gestión, el uso de buenas prácticas, y los necesarios mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia frente a conductas sociales, ambientales o éticas inaceptables. La crisis económica y sus características no son ajenas a la exacerbación del “conflicto entre agente y principal”. Los propietarios han dejado de existir y con ellos “la mano invisible”. Los ejecutivos han devenido en una nueva clase extractiva que tiende a romper los equilibrios entre los proyectos empresariales y el interés general.
  12. Ley contra la corrupción. La corrección de los excesos normativos y de las carencias éticas que genera la opacidad, deben afrontarse con la refundición de las normas existentes, expurgando las confusas y reiterativas, en una Ley (nítida) contra la corrupción. Las actitudes mejoraran con la transparencia que por sí sola aumentará la eficacia del control. Se trata de un paso normativo que contribuirá a restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
  13. Papel activo del Gobierno español en las instituciones de la UE contra las políticas rígidas que ignoran los ciclos. Nuevo planteamiento de la consolidación fiscal: reducciones del déficit condicionadas al crecimiento económico. Puesta en cuestión de la Unión Fiscal y del pacto de estabilidad. Cambio del estatuto del BCE. Armonización tributaria y fin taxativo de los paraísos fiscales dentro de la UE. Coordinación y alianzas en Europa con los partidos políticos progresistas para impulsar reformas de las instituciones europeas. Mutualización del Riesgo: Unión Bancaria, Supervisor Único. Frente a shocks asimétricos en una zona monetaria común con economías no homogéneas: seguro de desempleo europeo.
  14. Macro Plan de inversiones; reequilibrio comercial en la zona euro, impulsando la demanda interna de los países superavitarios. Esto facilitaría la recuperación de la demanda interna del conjunto de la zona euro y la absorción de los actuales niveles de deuda.
  15. Derogación o neutralización del artículo 135 de la Constitución Española.

Todas las fuerzas políticas citadas, con todos los matices de la pluralidad que caracteriza a la izquierda, manifestaron su completa sintonía con estas posiciones.

Influir, por consiguiente, en la política desde la economía. Y en estos momentos electorales cainitas, en los que abunda el “o estás conmigo o estás contra mí”, EFC no está con nadie pero está con todos. La economía es parte fundamental –no una más- de la política. En la contribución a la confluencia de las fuerzas de progreso, identificando líneas esenciales de una política económica común, es donde está EFC: convertir las diferencias de matiz en riqueza para el debate y no en fosos insalvables. Es posible, esta es nuestra experiencia.

En estos días, analizados los resultados de la elecciones, lo reiteramos: los ciudadanos han apostado por el progreso. Las diferencias entre las opciones de progreso, que en conjunto han ganado estas elecciones, no son más que diferencias de matiz que los ciudadanos nunca alcanzarán a comprender que sobre ellas puedan construirse fosos insalvables o justificar la descalificación del más cercano. La ciudadanía sólo puede interpretar que esas diferencias  son parte de la riqueza de la izquierda, la más fructífera base para la convergencia en un gobierno en el que los intereses generales predominen sobre los intereses de los poderosos.

Pongamos pues, luces largas. Las elecciones generales nos esperan.

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Una versión de este artículo fue publicada en el nº cero del periódico semanal AHORA (Editor M.A. Aguilar) el pasado 1 de mayo.

3 Comments

  1. Una función de EFC debería ser la de entender las aspiraciones de los ciudadanos manifestadas en las pasadas elecciones y dar las pautas para su satisfacción basadas en sus conocimientos técnicos. EFC es quien puede prever mejor los efectos de las políticas económicas. No es deseable que se pongan en marcha aparentes remedios, con resultados a corto plazo, pero que desemboquen en situaciones catastróficas mucho peores a veces que las de partida. Pienso en lo que ha ocurrido reiteradamente en Argentina en el último medio siglo, por poner un ejemplo. No hay que perder de vista el norte, pero hay que ir cambiando el rumbo para aprovechar bien el viento y las corrientes.
    Dicho lo anterior, las medidas expuestas por EFC ante las fuerzas progresistas parecen esencialmente correctas, siempre que en su aplicación se tenga en cuenta que ahora lo que conviene es animar / atraer inversión, aunque sea a costa de sacrificar temporalmente algunas justas pretensiones. El poder político tiene que supervisar e intervenir, pero procurando no interferir en la optimización de la asignación de recursos, que hay que reconocer que corresponde mayormente al Mercado.
    Respecto al contexto internacional, las propuestas de EFC son acertadas, pero desgraciadamente no dispone España de buenas armas de negociación, aparte del sentido común y el razonamiento. Mención aparte merece la globalización, fuente de buena parte de los problemas que se originarían con una política social decidida. Hay que reconocer con ella se transfiere renta a los trabajadores de los países emergentes, pero es renta de los trabajadores de los países relativamente desarrollados, no del capital, ni de la renta de los trabajadores de los países de economía muy avanzada.

    • Gracias por el comentario con el que estamos esencialmente de acuerdo. Los temas son, obviamente, complejos y necesitan, en todo caso, una gestión eficiente. De otra manera se podrían producir, efectivamente, descalabros. Pero los problemas de gestión son comunes a cualquier medida sea cual sea su orientación económica.
      Efectivamente, los mercados son asignadores óptimos de recursos. Esta cuestión está fuera de discusión. El problema se presenta cuando estamos ante mercados imperfectos por la estructura que presentan los sectores sobre los que actúan o cuando estamos en presencia de sectores con fuertes externalidades positivas y/o negativas que el mercado no puede percibir. Es el caso del sector financiero y del sector de la energía, en particular, el subsector eléctrico. Y todavía más problemas se presentan cuando se pretende que los mercados asignen de manera optima bienes que presentan algunas características de los bienes públicos porque cumplen los principios de no rivalidad y no exclusión, p.e. la calidad de la atmósfera. En otros casos, los mercados de bienes de carácter esencial o interés público, exigen una regulaciones muy estrictas para que su funcionamiento sea eficiente.

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