La corrupción como causa del desempleo.

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José Moises Martín Carretero es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

El pasado día 22 de mayo, la Comisión Europea hizo públicas sus recomendaciones para la economía europea, subrayando algunas noticias como el crecimiento sostenido de la eurozona, la salida de Portugal del Procedimiento de Déficit Excesivo, y el crecimiento de la economía mundial. Estamos entrando en velocidad de crucero, sin haber resuelto importantes problemas, pero al fin y al cabo creciendo.

Por su parte, España crece a un ritmo robusto, impulsada por la demanda interna, y saldrá de la zona de déficit público excesivo en 2018, pese a que señala todavía dudas respecto a su sostenibilidad estructural ante la ausencia de nuevos ajustes. También llama la Comisión la atención sobre la escasa productividad de nuestra economía, que no ha logrado efectuar las reformas necesarias para potenciar su crecimiento.

No obstante, el elemento más llamativo de las recomendaciones es la mención a la corrupción como un problema para la economía Española: la ausencia de una contratación pública transparente y eficaz, así como la ineficacia de los mecanismos de control y prevención de la corrupción, particularmente en los ámbitos autonómicos y locales.

La llamada de atención llega en un momento muy pertinente para la economía y la sociedad española. Los casos de corrupción política y administrativa recorren la geografía española dejando en la ciudadanía un poso de hastío, decepción y desconfianza. Pero la corrupción no es sólo un problema ético o político: es un problema económico de primera magnitud. No faltan estudios que intentan cuantificarla en términos monetarios, señalando cifras tan dispares como una horquilla entre 7.000 y 87.000 millones de euros. Pero esas cifras son difíciles de precisar. Más interesante resulta el enfoque académico de algunos economistas como García-Santana, Moral-Benito, Pijoan-Más y Ramos, quienes determinaron en un informe publicado por el Banco de España que el crecimiento económico producido en España entre 1995 y 2007 se focalizó en los sectores con peores productividades pero con mejor conexión con las administraciones públicas. Y ahí es donde aparece el verdadero problema: la corrupción falsea la competencia, permite que firmas poco competitivas se alcen con contratos millonarios sin ser las mejores para desarrollar los trabajos, por lo que el coste se eleva no sólo a la supuesta “comisión”, sino también a la ineficiencia del gasto público. Al mismo tiempo, favorece el desvío presupuestario de los fondos públicos hacia actividades que no necesariamente son las más eficaces o pertinentes. De acuerdo con los economistas citados, un patrón de crecimiento más proclive a los sectores que no entran en connivencia con el sector público hubiera producido un importante crecimiento de la productividad total de nuestra economía –hasta un 1,1% de crecimiento anual adicional. Menos productividad nos ha traído menos crecimiento, menos oportunidades y más desempleo.

Pese a la alarma mediática que genera, tenemos en España cierta sensación de que la corrupción es un asunto micro, que fuera de los titulares y cuatro o cinco grandes casos, es algo que se puede “perdonar” a los políticos de nuestra cuerda. Gravísimo error: la corrupción no es sólo una cuestión ética que se pueda perdonar a través de las urnas. Es un grave deterioro de la institucionalidad necesaria para el correcto funcionamiento de una economía, un importante obstáculo para la creación de empleo y para el fomento de la igualdad social. Es a la corrupción y a la connivencia entre sectores que, en España, se han mezclado demasiado –el financiero, el inmobiliario y el público- a los que debemos mirar para entender buena parte de lo que nos ha ocurrido. Perdonarlo, tolerarlo o ignorarlo debería ser una conducta inaceptable para un país que aspira a mantener un puesto destacado en el mundo.

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