La desgana del PP ante el problema del mercado de trabajo solo esconde su incapacidad

Por Alfonso Prieto, miembro de Economistas Frente a la Crisis

Sin un diagnóstico adecuado de la situación, las medidas que se adoptan no pueden contribuir a superar el problema del desempleo

• Lo primero que cabe decir de la normativa laboral aprobada por el Gobierno en el último año es que opta por una política tan antigua e ineficiente como todo lo que hace y representa este Gobierno, profundamente reaccionario
• La legislación se limita a parchear una política ineficaz inaugurada con la reforma laboral de febrero de 2012, cuyos resultados están a la vista: destrucción de empleo, aumento del paro hasta cifras insoportables y empobrecimiento general de cada vez más amplias capas de la sociedad. Se pone el énfasis en una supuesta promoción del emprendimiento y de los emprendedores, con la descabellada idea de que el trabajo por cuenta propia vaya a solucionar un problema de destrucción de empleo de magnitudes tan desproporcionadas a la caída del PIB. Con ello se trata de ocultar la desgana y la incapacidad del Gobierno para mejorar la situación que constituye el principal problema para los españoles, como reflejan las encuestas.

Quienes elaboran los textos legales que regulan el mercado de trabajo no se cansan de mostrar su incompetencia

• No deja de llamar la atención que los autores del texto de la Ley 11/2013 se refieran a un inexistente Plan Nacional de Reformas (BOE del 27 de julio de 2013), que en realidad se denomina Programa Nacional de Reformas, en el que se inscribiría la llamada Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que, quizá por esa razón, ha obtenido tan nulos resultados hasta la fecha.
• El empleo a tiempo parcial es el único que aumenta en 2013, lo que, en un contexto de reducción de la ocupación, solo significa sustitución de empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial, cada vez más precario, mientras el empleo indefinido a tiempo completo no deja de disminuir.
• La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, es un buen ejemplo del carácter de la legislación laboral promovida por el Gobierno. En el preámbulo de esta Ley se habla del desempleo juvenil como problema estructural, agravado por la crisis y se mencionan, entre los aspectos negativos de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo español, la alta temporalidad y “contratación parcial” (sic) no deseada. Pues bien, meses después se “regula” la promoción de la contratación a tiempo parcial como instrumento para garantizar la calidad y la estabilidad del empleo. Se supone, por parte del legislador, que toda contratación a tiempo parcial debe de ser siempre voluntaria porque los estímulos se extienden hasta el punto de hacer posible que los contratos de emprendedores, una de las “figuras estrella” de la reforma de 2012, se hagan también a tiempo parcial, haciéndolos más inestables y más precarios.

Sin mejorar el funcionamiento del antiguo INEM, lo que diga el BOE sobre empleo es papel mojado

• El problema es que no se hace nada por mejorar y dotar de medios a los Servicios Públicos de Empleo (SPE) para que mejore su intermediación, lo que, teniendo en cuenta el proceso de deterioro que han sufrido en los últimos años, tanto en medios humanos como técnicos y presupuestarios, no cabe esperar, como de hecho está sucediendo, que los SPE puedan realizar una auténtica labor de intermediación.
• El Capítulo IV de la norma anterior establece medidas para la mejora de la intermediación laboral, para lo que se prevé que los servicios públicos de empleo registren todas las ofertas y demandas de empleo, garantizando la difusión de esta información a todos los ciudadanos y empresas como garantía de transparencia.

Hay una enorme desproporción entre la evidente insuficiencia de los medios que el Gobierno dedica a luchar contra el paro y la magnitud del problema

• Resulta indignante leer en la exposición de motivos de alguna norma que los objetivos pasan por mejorar la empleabilidad de los jóvenes y aumentar la calidad y la estabilidad del empleo. Solo hay que observar los resultados de tanta incapacidad e incompetencia de los gestores de la Administración para calificar esta desfachatez. Más desempleo, más precariedad y más desánimo, que se traduce en una caída de la población activa, que en el caso de los jóvenes solo encuentran una salida en la emigración y, en el peor de los casos, en el abandono del mercado de trabajo. Paralelamente, la economía sumergida crece y ya afecta a un porcentaje que se acerca al 25 por ciento del PIB.
• El diagnóstico equivocado del Gobierno y no disponer de un plan adecuado a la gravedad de la situación llevan continuamente a la elaboración de medidas ineficaces y fracasadas. No existe, aparentemente, ninguna preocupación en el Gobierno del PP por alentar una política económica para el crecimiento y la creación de empleo, ocupado, como está, en seguir obedientemente las líneas directrices marcadas por la Comisión Europea, que presentan la reducción del déficit como la principal prioridad para unas economías exhaustas por las políticas de recorte del gasto público, que tan desastrosas consecuencias han tenido y tienen para los ciudadanos sometidos a sufrimientos inútiles e innecesarios. Claro que esas políticas benefician a una minoría que ve aumentar sus beneficios, mientras la mayoría de los ciudadanos tienen que enfrentarse a crecientes dificultades.
• La demanda interna sigue cayendo y la idea de que las exportaciones podrían paliar esa reducción derivada de una devaluación salarial que se ha extendido en el último año, a la que se ha añadido una mayor incidencia de la precariedad del empleo, se ha desvanecido en los últimos meses.

La reforma de las pensiones solo pretende acabar con el sistema público

• Es un hecho lamentable, por otra parte, que no se hayan previsto ni siquiera unas elevaciones superiores para las pensiones más bajas, que en los años anteriores al Gobierno de Rajoy habían experimentado una sensible subida, aunque siguen siendo muy bajas.Resulta insoportable leer lo que se expone en el preámbulo de la Ley, por la hipocresía que destila, al afirmar que se trata de garantizar unas pensiones adecuadas y suficientes, cuando lo que se hace es poner las bases para promover los sistemas privados, mientras se deterioran las prestaciones del sistema público. Para ello se constituyó una Comisión de Expertos en sistemas de pensiones, con una mayoría escandalosa de representantes de las empresas de Seguros y del sector financiero, que propuso unas actuaciones dirigidas a reducir el peso del sistema público. Hay que resaltar que solo un componente de esa Comisión, el profesor Santos Ruesga, en representación de UGT, se opuso públicamente a las inaceptables conclusiones a las que llegó la escogida Comisión.
• Como se señala en un reciente trabajo para el Instituto Max Plank[1], nunca los problemas coyunturales pueden se solucionados con decisiones que cambian la estructura del sistema, como se ha hecho en el año 2013 con la nueva Ley. Además, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con 70.000 millones de euros en 2010, debería formar parte de una solución coyuntural. Según el autor, nos han ocultado que los problemas del sistema de pensiones vienen motivados por los problemas del mercado de trabajo y no por el gasto en pensiones y recuerda que el Gobierno, en esta coyuntura, debería tener en cuenta que los impuestos también deben tenerse en consideración para sufragar los gastos en momentos como los actuales. Por otro lado, la devaluación salarial ha propiciado que se reduzcan las bases de cotización a la Seguridad Social, lo que redunda en una disminución de ingresos del sistema.
• El ejercicio de cinismo llega a límites insospechados a la hora de la reforma del sistema público de pensiones, afrontada sin que la reforma de 2011 haya podido desarrollar sus iniciativas. La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, supone un incumplimiento más de los propósitos declarados por el Presidente del Gobierno, cuando afirmó que no tocaría las pensiones. ¡¡¡Vaya si las ha tocado!!! Ha condenado a los pensionistas actuales y futuros a unos ingresos decrecientes, al amparo de una revalorización, que no será inferior al 0,25 por ciento ni superior al incremento de los precios del año anterior más un 0,50 por ciento. De momento, para los próximos años, empezando en 2014, ya se aplica un aumento del 0,25 por ciento que garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las ya escasas pensiones en vigor. Además, adelanta a 2019 la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que ligará la cuantía de las nuevas pensiones a la marcha de los ingresos de la Seguridad Social y a la evolución de la economía, así como al número de pensionistas, entre otros factores limitativos, como la esperanza de vida para los quinquenios sucesivos, de forma que, a mayor esperanza de vida menor cuantía de la pensión inicial. Se acaba así con lo establecido en el Pacto de Toledo que ligaba la evolución de las pensiones al Índice de Precios.

No importa acertar con el diagnóstico, la obsesión es abaratar el coste del trabajo y hacerlo más precario

• Es, en definitiva, una equivocación más en la acción de gobierno, que relaciona bajada de los salarios con aumento de la productividad. En realidad, la disminución de los salarios reales se viene produciendo desde hace ya varios años antes de la crisis, con la consiguiente pérdida del peso de éstos en la renta nacional. Es una constante en la economía española que el comportamiento de la productividad es contracíclico, disminuyendo en los periodos de crecimiento de la economía y aumentando en los de recesión, como consecuencia de la caída del empleo.
• Esta congelación del SMI, y la devaluación salarial, es una decisión equivocada que refleja los verdaderos propósitos del Gobierno de seguir haciendo recaer el peso de la crisis sobre los más desfavorecidos, cuando se está produciendo un aumento de las remuneraciones más elevadas, de forma que la desigualdad no ha dejado de crecer en los años de recesión. De hecho, España se sitúa a la cabeza de los países europeos en los que las desigualdades de ingresos son más altas. Los conflictos sociales están cada vez más presentes en la sociedad española como consecuencia de esta política, que revela el desinterés del Gobierno por los sufrimientos que el tratamiento de la crisis esta produciendo en cada vez más amplias capas de la población. De nuevo es la concepción del salario que defienden los economistas neoliberales como mero coste para las empresas, olvidando su papel decisivo como único ingreso de la inmensa mayoría de los trabajadores y, por tanto, sostenedor clave de la demanda interna.
• A la insistencia en las políticas de falsa austeridad, por el derroche de recursos no utilizados que implican, se suma la reducción de la demanda interna derivada de la devaluación salarial. En esta línea se inscribe la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, aprobada en el Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre. De nuevo se alegan causas que, de hecho, aconsejarían una política totalmente diferente a la puesta en práctica: decir que las políticas salariales persiguen el objetivo prioritario de recuperación económica y creación de empleo, en un contexto de recesión y debilidad de la demanda de consumo, es contradictorio con el mensaje que se lanza de más devaluación salarial, que lo único que está propiciando es precisamente la disminución de la demanda, retroalimentando con ello la recesión.

Una “desregulación” laboral hecha contra los intereses de la mayoría de los trabajadores

• El gobierno del PP ha abandonado, si alguna vez la tuvo, la idea de reforzar y mejorar las políticas activas de empleo, algo que se le reclama cínicamente desde instancias europeas.
• En resumen, son numerosas las carencias en las políticas de empleo, ante la ausencia de una política económica que apueste decididamente por el crecimiento y la creación de empleo, lo que también se puede hacer extensivo a las políticas europeas. Al ser la demanda de empleo una derivada del crecimiento de la economía no cabe esperar que los parches que suponen las medidas contenidas en la prolija legislación laboral aprobada en 2013 pueda suponer un verdadero remedio a la negativa situación actual.
• Esta actitud, absolutamente contraria a los intereses de la mayoría, es la forma en que los empresarios están respondiendo a las reformas que se proclaman como el mejor instrumento para el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Es otra consecuencia de efectos devastadores que está teniendo la reforma laboral, al favorecer los cambios en las condiciones de trabajo, decididos de forma unilateral por parte de los empresarios, entre los que la bajada de salarios se sitúa en lugar preferente. Nunca los objetivos que se declaran en las normas legales han producido unos resultados más contrarios a esos falsos fines que tan pomposamente se proclaman. Esto es una constante en toda la legislación laboral de 2013. Parece como si la autoridad política viviera en una realidad ficticia, de la que no se reniega a pesar de los reiterados resultados negativos que la realidad impone.
• Hay que tener presente que las grandes empresas, con mayores ingresos, han destruido 163.000 empleos en 2013, mientras congelaban los salarios. A pesar de ello, la Ministra de Empleo sigue defendiendo el ajuste salarial que se está realizando.
• Asimismo, las medidas adoptadas por el Gobierno están propiciando que aumente de forma desmesurada la realización de horas de trabajo no remuneradas, como consecuencia de que las jornadas reales en los contratos de trabajo a tiempo parcial se alargan a jornadas muy superiores a las pactadas. De nuevo la regulación (cabría, más adecuadamente, hablar de desregulación) de la contratación a tiempo parcial ha sido un parche más en la desafortunada legislación que a lo largo de los años ha sufrido este tipo de empleo, el único que ha aumentado en los últimos años de la crisis, y que no supone creación de empleo sino sustitución del declinante empleo a tiempo completo, como ya se ha señalado.

La insistencia en una política equivocada se acompaña de una estrategia basada en hacer lo contrario de lo que se dice.

• La insistencia en políticas equivocadas que han demostrado su ineficacia para conseguir los objetivos que se dice perseguir no hace sino aumentar el desánimo y las desigualdades, verdadero cáncer de nuestra economía y de la situación social. Se proclaman unos objetivos, que carecen de fundamento con el mantenimiento de las actuales políticas y se actúa en el sentido contrario al que debería seguirse si en realidad se creyese en esos objetivos. La verborrea hueca habitual de este Gobierno también se traslada a los textos legales, en un ejercicio inane que lleva al creciente malestar de los ciudadanos, que no ven en la acción de gobierno ninguna esperanza que ponga en valor los sacrificios que se piden a una mayoría cada vez más desesperanzada.
• La ausencia de una política industrial que persiga un aumento de la productividad y la competitividad, que incluya también un aumento de los salarios, tampoco permite esperar que la economía cambie hacia comportamientos más adecuados en un sistema democrático y de economía social. Sería preciso establecer un modelo basado en empresas más productivas y competitivas, al tiempo que un sistema fiscal justo y eficiente contribuyera a redistribuir la riqueza. Además, ese modelo pasa, necesariamente, por un reforzamiento de la educación y la formación profesional. Resulta todo un despropósito que los responsables de la política laboral piensen que han establecido un verdadero sistema de formación dual, cuando esta asignatura está escandalosamente pendiente en una coyuntura tan necesitada de una decidida acción pública de promoción de la formación. Esto no se resuelve con un ridículo parche para salir del paso.

La insistencia en políticas equivocadas que han demostrado su ineficacia para conseguir los objetivos que se dice perseguir no hace sino aumentar el desánimo y las desigualdades, verdadero cáncer de nuestra economía y de la situación social.

Se proclaman unos objetivos, que carecen de fundamento con el mantenimiento de las actuales políticas y se actúa en el sentido contrario al que debería seguirse si en realidad se creyese en esos objetivos. La verborrea hueca habitual de este Gobierno también se traslada a los textos legales, en un ejercicio inane que lleva al creciente malestar de los ciudadanos, que no ven en la acción de gobierno ninguna esperanza que ponga en valor los sacrificios que se piden a una mayoría cada vez más desesperanzada.

[1] Fidel Ferreras, colaborador del Instituto Max Plank/Munich:” Nos cambiaron las cuantías de las pensiones y nos dijeron que era para garantizar el sistema” (2014).

Un versión de este artículo ha sido publicada en el Anuario de relaciones laborales 2014, que, bajo el título «OBJETIVO EL TRABAJO», ha sido publicado por la UGT.