La política de vivienda ¿debe tener presencia en los programas electorales?

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Por Julio Rodríguez López,  doctor en Economía, Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas Frente a la Crisis

La recuperación del mercado de vivienda la confirma la evolución de los indicadores de coyuntura inmobiliaria disponibles. El índice de precios de vivienda del INE creció a un ritmo del 4% en el segundo trimestre de 2015 y los índices de precios de alquileres aumentaron casi en un 5% interanual. Unos precios más altos de las viviendas y de los alquileres pueden implicar un esfuerzo de acceso a la vivienda casi insoportable para los jóvenes hogares. Estos últimos sufren las reducidas remuneraciones salariales y la fuerte inestabilidad laboral del momento. Ante esta situación, la política estatal de vivienda está casi desaparecida en la práctica, y solo destacan las actuaciones en dicho campo de algunos de los nuevos ayuntamientos.

Una aproximación a la realidad de la política de vivienda estatal la suponen las partidas presupuestarias destinadas a atender a la cobertura de dicha necesidad. Del análisis del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 se deduce que las ayudas contempladas en el mismo con destino a la política de vivienda resultan a todas luces reducidas y ligadas a actuaciones del pasado en gran parte. Las partidas en cuestión se refieren al gasto público directo y a las ayudas fiscales.

El gasto público directo previsto en el proyecto para “Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación” en 2016 asciende a 587,1 millones de euros, la misma cuantía que en los Presupuestos vigentes para 2015. El destino de dicho gasto, en su mayor parte, es el de hacer frente a las obligaciones derivadas de los precedentes planes plurianuales de vivienda.

Dichos planes contemplaban ayudas directas a los adquirentes de viviendas protegidas (VPO) durante un periodo prolongado de tiempo. Sin tales ayudas los compradores de viviendas protegidas no hubiesen podido acceder a la propiedad de las mismas. El gasto público directo presupuestado para 2016 financia subvenciones a la compra de viviendas protegidas en el pasado y no implica, pues, ayuda alguna para los hogares que en este momento tienen dificultades de acceso a la vivienda.

El segundo componente de las ayudas al acceso a la vivienda en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2016 son las ayudas indirectas o fiscales, que tradicionalmente han pesado más en España que las ayudas directas. Dentro de las actuaciones previstas para 2016, destaca, en primer lugar, el alcance de la desgravación a la compra de vivienda en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, 1.241,5 millones de euros. Esta ayuda se suprimió a partir de 2013, pero se mantiene un régimen transitorio para contribuyentes que compraron con anterioridad a dicho ejercicio.

La segunda ayuda fiscal destacada es la relativa a la reducción en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas por arrendamiento (388,5 millones de euros), figura que también ha sido suprimida, en este caso desde 1.1.2015. Se mantiene un régimen transitorio para arrendatarios contribuyentes con contratos anteriores a esta última fecha. En tercer lugar, la exención por ganancias patrimoniales por reinversión en vivienda habitual asciende a 185,8 millones de euros. En cuarto lugar, destaca el mantenimiento de un tipo reducido del IVA del 10%, a aplicar en la compra de viviendas de nueva construcción, lo que tiene un coste de 751,5 millones de euros.

Las ayudas fiscales a la vivienda, 2.716 millones de euros, suponen el 82,2% del coste total estimado, que incluye las ayudas directas vía gasto público y las fiscales. Dicho coste total es de 3.303,6 millones de euros, el 0,29% del PIB previsto para 2016 en la previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Durante cierto tiempo, antes de la gran recesión, el coste de la política de vivienda se situó durante bastantes años en España en torno al 1% del PIB. Decididamente, la política estatal de vivienda no es ya lo que era. El vigente Plan Estatal de Vivienda 2013-16 carece en la práctica de dotación presupuestaria, por lo que su contenido, supuestamente favorable al alquiler y a la rehabilitación, es papel mojado en la práctica. Como antes se señaló, la mayoría de las ayudas contempladas se destinan a cubrir los flecos de operaciones realizadas en el pasado, pareciendo no existir problemas de acceso a la vivienda en el presente.

La ejecución de las ayudas al alquiler, concretamente a los inquilinos, previstas en el citado Plan 2013-16 se ha dejado en manos de las autonomías. Ello puede dar lugar a diferencias territoriales importantes en los criterios fijados para la distribución de tales ayudas. La información aportada por el Ministerio de Fomento acerca de la ejecución de tales ayudas es prácticamente inexistente, siguiendo la práctica de los últimos años de no divulgar información sobre la ejecución de los planes plurianuales de vivienda. Las viviendas protegidas aparecen en las operaciones inmobiliarias más especulativas como una especie de guinda del pastel, y con frecuencia el precio de venta de las mismas tiene poco de social.

En este contexto destacan las ayudas e iniciativas puestas en práctica en algunos de los ayuntamientos emanados de las últimas elecciones municipales. Importa el papel de los Registros de Solicitantes de ayudas a la vivienda existentes a nivel municipal, registros que suelen presentar unas cifras elevadas de peticiones.

A la vista de lo reducido de las ayudas estatales a la vivienda, de su dejación competencial en manos de las autonomías, de la escasa divulgación de los resultados de las políticas en marcha y de la práctica desaparición de la política de vivienda a nivel estatal la política de vivienda debe de tener una presencia significativa en los programas electorales de los partidos políticos para las próximas elecciones generales de diciembre de 2015.

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Una versión de este artículo se publicó en la revista El Siglo de 19.10.2015

 

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