La política fiscal de Trump: ¿Más crecimiento y más desigualdad?

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Alberto del Pozo Sen*, Economista. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

 La inesperada victoria del candidato republicano Donald Trump en las elecciones a la presidencia de EEUU del 8 de noviembre de 2016 ha supuesto un terremoto en el panorama político mundial cuyas consecuencias son aún desconocidas. Resulta arriesgado analizar cualquier aspecto específico de sus propuestas programáticas, dada la manifiesta volubilidad de las mismas a lo largo de la campaña electoral y su escaso rigor al exponerlas. Pese a ello, intentamos en estas breves notas repasar los objetivos y posibles consecuencias de la política fiscal que previsiblemente llevará a cabo Donald Trump durante su mandato.

Reducir impuestos y aumentar las inversiones para crecer más

En materia de impuestos, y de manera resumida, el presidente electo se ha comprometido a lo siguiente: en el impuesto sobre sociedades, rebajarlo a casi la mitad (del 35% al 15%) y modificar el régimen de algunas de sus deducciones; en el impuesto sobre la renta personal, reducir sus tipos (más de seis puntos el marginal máximo, del 39,6% al 33%[1]) y el número de tramos (de siete a tres), aumentar la deducción general y las destinadas a cuidado de hijos y personas mayores (a través de distintos mecanismos), y eliminar el pago del 3,8% sobre ganancias de capital y diviendos (“Net Investment Income Tax”); y eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones (“Unified Gift and Estate tax”). También ha defendido una tasa para la repatriación de dividendos del 10%, y más recientemente, ha insinuado (no está como tal en su plan escrito) un impuesto (arancel) del 35% para los productos de las empresas norteamericanas que trasladen su producción fuera del país y quieran venderlos después dentro. Por la parte del gasto, la concreción es mucho menor: ha prometido aumentar el destinado a infraestructuras (550.000 millones de dólares en total) y en defensa.

En conjunto, el planteamiento es bastante simple: una intensa y selectiva rebaja de impuestos, que favorece sobre todo a las empresas y a las personas que más ingresan, y que se inspira en la política llevada a cabo en 1981 por el Presidente Ronald Reagan; y un importante aumento del gasto en inversiones. Una política, en teoría, claramente expansiva, puesto que inyecta dinero en manos de empresas y particulares por ambas vías, la de los ingresos y la del gasto.

De entrada, cabe hacer dos precisiones a este plan. De un lado, que las actuaciones en materia tributaria, aunque extensas, no configuran en realidad una verdadera reforma fiscal de calado, puesto que no afectan a la estructura básica de los impuestos en Estados Unidos, sino que se sustancian fundamentalmente en la modificación de algunos de sus elementos funcionales (tipos y deducciones) con objeto de reducir en términos generales la tributación. Es más, por tanto, una rebaja fiscal que una reforma. De otro lado, es preciso incidir de nuevo sobre la escasa fiabilidad en esta materia (como en otras) del próximo inquilino de la Casa Blanca: en mayo de 2016, apenas seis meses antes de las elecciones, Donald Trump afirmaba que “subiría de alguna manera los impuestos a los ricos”[2], algo incoherente con el plan que esbozó ya en septiembre de 2015, y en el que se recogía una bajada de tributación para las rentas más elevadas, en línea con la que compone su última propuesta formal de 2016.

Con estas medidas el equipo de Trump pretende, teóricamente y como objetivo central, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, además de disuadir a las empresas de deslocalizar la producción y el empleo, uno de los puntos centrales del discurso de Trump y de los que se estima que más réditos electorales le ha reportado. Pero, ¿es esta la política fiscal que necesita EEUU en estos momentos? Y sobre todo, ¿cuál puede ser el impacto real de la misma, más allá de las declaraciones del equipo del futuro presidente?

EEUU logró superar relativamente pronto la recesión que generó la crisis financiera gestada en su sistema y que se expandió al resto del mundo, gracias sobre todo al acierto de sus medidas monetarias y financieras. Desde casi el primer momento de la crisis (2008) la Reserva Federal (FED) rebajó los tipos de interés hasta el entorno de cero y aprobó un programa de compra masiva de bonos del Tesoro para insuflar dinero en la economía, sosteniendo la demanda agregada. Gracias a ello, su economía crece desde 2010 y ha creado empleo suficiente para reducir la tasa de paro de casi el 10% en ese año a menos del 5% en 2016, lo que se considera prácticamente una situación de pleno empleo, y está en línea con los mejores registros de la década de bonanza 1997-2007. En este contexto, la FED ya ha comenzado a retirar los estímulos, aunque muy suavemente, debido al moderado crecimiento del PIB desde hace un año (por debajo del 2%) y a la voluntad de no replicar los errores de la zona euro, estancada por la aplicación de una perniciosa estrategia de austeridad a ultranza.

La puesta en marcha de una política fiscal más relajada que la seguida hasta ahora (como la propuesta por Trump) puede contribuir al despegue de la economía estadounidense, acelerando el aumento de su PIB. Ello permitiría la vuelta progresiva a una política monetaria más ortodoxa, reduciendo paulatinamente los estímulos y poniendo más el foco en el posible impacto inflacionista que tuviera la expansión fiscal planteada. En este sentido, las medidas planteadas poseen un razonable anclaje teórico.

Aumento del déficit y la deuda y agravamiento de las desigualdades

Sin embargo, el plan muestra evidentes puntos oscuros. El primero, su efecto sobre el déficit y la deuda públicos. La combinación de una cuantiosa rebaja de impuestos, que con toda seguridad reducirá la recaudación, y un importante aumento del gasto en inversiones -sin que de momento se hayan explicitado recortes en otras partidas de gasto que lo compensen a efectos presupuestarios-, elevará con toda seguridad el déficit y, con él, la deuda pública. Hace muchos años que ningún economista serio es capaz de seguir sosteniendo la ocurrencia manipuladora desarrollada a finales de los años setenta del pasado siglo por Arthur Laffer, que aseguró que rebajando fuertemente los tipos impositivos se conseguiría recaudar más, al incorporarse más personas al mundo laboral y elevar las bases sobre las que recaen los impuestos. Este relato, que se convirtió en la teoría de referencia de la política fiscal de Ronald Reagan, se ha demostrado reiteradamente falso, de manera que rebajar los impuestos solo produce, en la inmensa mayoría de las ocasiones, una caída de ingresos. Así sucedió de hecho en la etapa de gobierno del propio Reagan, aumentando el déficit público de EEUU del 3,6% en 1980 al 6,4% en 1983[3].

La Administración Obama ha logrado reducir el déficit desde el 12,7% que alcanzó en 2009, tras el impacto de la inmensa inyección de dinero público que requirió el rescate bancario derivado de la quiebra de su sistema financiero, hasta el 4,2% en 2015. Pero la deuda pública sigue en niveles muy elevados, del 125%, cincuenta puntos más que en 2007, y sin signos de doblegarse. En este contexto, la política de Trump puede resultar incendiaria para las finanzas federales. La mayoría de los expertos prevén que, de llevarse a cabo, supondrán una importante caída de la recaudación.

Los analistas de Tax Policy Center (TPC) han estimado que la reducción de ingresos sería de 6,2 billones de dólares durante la primera década, y de 8,9 billones adicionales si continuara una década más[4]. Por su parte The Tax Foundation[5] considera que el coste directo de la reforma sería significativamente inferior, entre 4,4 y 5,9 billones hasta 2025, y asumen un cierto impacto positivo sobre la actividad que lograría ingresos extra, con lo que el coste neto quedaría entre 2,6 y 3,4 billones en esa primera década[6]. Un coste, en cualquier caso, bastante elevado.

Trump no ha especificado qué recortes de gasto llevará a cabo para compensar presupuestariamente el enorme agujero de ingresos que podría generar su plan fiscal; entre otras cosas porque niega que este se vaya a producir (como casi siempre hacen, por otro lado, quienes proponen rebajas fiscales de semejante tamaño). De no aplicar recortes de gasto, la falta de ingresos engordaría de manera bastante automática el déficit, y en consecuencia la deuda para sufragarlo. El estudio de TPC considera que ese mayor endeudamiento implicará un aumento de los tipos de interés que lastrará la actividad, llegando a compensar el impacto positivo inicial sobre la misma de la rebaja de impuestos. Computando el aumento de los intereses, para esta institución el aumento de la deuda sería de 7,2 billones de dólares en la primera década (un 26% del PIB) y de 20,9 billones en total en 20 años (más de un 50% del PIB de aumento).

El otro punto negro del plan fiscal del Presidente electo es la distribución de la rebaja de impuestos que propone, profundamente regresiva. Según los datos de TPC, la mitad del recorte de impuestos propuesto por Donald Trump beneficiará al 1% de los contribuyentes con mayor renta, y el 25% al 0,1% con ingresos más elevados. El 20% de la población con menor renta solo se beneficiará del 0,7% de la rebaja fiscal total, unos 120 dólares de rebaja media por año, mientras que ese 0,1% más rico verá su renta mejorada en un 14%, con una rebaja media de 1,5 millones de dólares anuales. Por su parte, la eliminación del impuesto sobre sucesiones beneficiará solo al 0,2% de los patrimonios más elevados del país, que son quienes en la actualidad tienen que pagar efectivamente este tributo después de deducir las cuantías exentas.

En definitiva, el planteamiento es muy claro: bajar los impuestos a las empresas y a quienes poseen mayores rentas. Sin embargo, si el objetivo es efectivamente relanzar la economía, la rebaja tributaria debería haberse centrado sobre las clases con menores ingresos, ya que está demostrado que estas destinan a consumir una parte mayor de la renta extraordinaria que libera el menor pago de impuestos, y por tanto su impacto expansivo sobre la demanda y la actividad es mayor. Por otro lado, el fuerte sesgo regresivo del recorte de impuestos planteado agravará los problemas de desigualdad económica y social que posee EEUU, que ya son muy elevados. No es casualidad que el valor del índice de Gini[7] haya pasado de 37,7 en 1986 a 41,1 en 2013 (datos del Banco Mundial), el cuarto más elevado de toda la OCDE (tras Chile, México e Israel).

Los avances en protección social, en riesgo

Este impacto regresivo de la política fiscal puede ser aún mayor si finalmente la nueva Administración lleva a cabo recortes de gasto en partidas sociales. Pese a la escasa concreción hasta el momento en esta materia, sí hay un programa que ya está en el punto de mira de los republicanos en general y de Trump en particular: el Obamacare, que se ha comprometido a derogar. Esta Ley de 2010 extiende la cobertura sanitaria en EEUU para aquellos no protegidos por otros programas (Medicaid y Medicare), y ha logrado rebajar el porcentaje de población no cubierta por un seguro médico del 16% en 2013 a menos del 10% en 2015. Su derogación podría dejar sin seguro médico a entre 20 y 30 millones de norteamericanos, en general trabajadores con recursos bajos y medios, lo que, además de los tremendos efectos sociales que tendría, volvería a repercutir en una contracción de la demanda, anulando parte del efecto expansivo de la rebaja fiscal.

En suma, son muchas las incertidumbres que se presentan ante el mandato de Donald Trump, también en la política fiscal y económica en general. Pero el sesgo regresivo de sus propuestas impositivas parece claro. Atendiendo a la idiosincrasia del Presidente electo es muy posible que no tengamos que esperar mucho para comprobar si la realidad impregna de sensatez y pragmatismo sus actuaciones o si, por contra, lleva a la práctica efectivamente sus propuestas más reaccionarias, populistas y radicales, como parecen apuntar sus primeros nombramientos. El mundo entero espera, con lógico recelo, la resolución de este enigma.

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Artículo publicado originalmente en el número 79 de la revista Economía Exterior. Se reproduce en esta web de EFC con su autorización.

 

[1] En su primera versión del plan (2015) el tipo máximo quedaba en el 25%.

[2] Entrevista en la cadena de televisión ABC, 8 de mayo de 2016.

[3] Datos de déficit y deuda públicos extraídos de OCDE (2016): http://www.oecd.org/

[4]An analysis of Donald Trump’s revised Tax Plan’. Octubre 2016. Tax Policy Center.

[5] Tanto Tax Policy Center’ (http://www.taxpolicycenter.org) como ‘The Tax Foundation’ (http://taxfoundation.org ) son instituciones independientes formadas por expertos en impuestos, presupuestos y política social, dedicadas a realizar análisis en estas materias y difundirlos públicamente.

[6]Details and Analysis of the Donald Trump Tax Reform Plan’. Septiembre 2016. The Tax Foundation.

[7] Indicador agregado de desigualdad económica en el que el valor 0 indica una distribución de la renta perfectamente igualitaria y el valor 100 una distribución absolutamente desigual.

About Alberto del Pozo Sen

Economista. Coordinador de Economía del Servicio de Estudios de la Confederación (SEC) UGT. Fue asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad Social (2007-2011) y profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid (1997-2007). Sus campos de análisis fundamentales son el mercado de trabajo y la política fiscal y tributaria. Miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC. @adelpozos

2 Comments

  1. miguel el febrero 3, 2018 a las 1:18 pm

    La reducción o el aumento de impuesto esta sujeto a manipulaciones de todo signo que alejan del debate el verdadero problema a resolver: ¿Cual es el papel del estado en economía?

    * Un papel muy intervencionista
    * Un estado que solo se encargue de la seguridad y orden publico
    * Un estado social

    Creo que la mejor opción es la tercera, es la que figura en la Constitución, pero a la hora de estructurarlo, hay que considerar que los recursos son finitos y los deseos infinitos todo lo demás es demagogia.
    Hay que encontrar un equilibrio entre los ingresos fiscales, el sistema fiscal no puede ser confiscatorio, y los gastos públicos que deben ir orientados a la igualdad de oportunidades, estoy a favor del ISD, y redistribución de la riqueza para que ningún español no tenga una vida digna

    • Alberto del Pozo Sen el febrero 4, 2018 a las 8:21 pm

      Efectivamente miguel, la estructura impositiva de un país y su nivel de presión fiscal son decisiones políticas, que tienen que ver con el modelo de país que se desea, y que por tanto deberían establecerse para dar satisfacción a las preferencias de la mayoría de la ciudadanía. Y esto en lo que se refiere tanto al modelo de provisión de bienes y servicios públicos como al grado de equidad entre individuos. No hay un modelo bueno o malo per se, sino que depende de lo que la sociedad desea. A mi modo de ver, el sistema tributario español se queda corto tanto en potencia recaudatoria como en nivel de redistribución real, a pesar de que sus figuras son similares a las de los países de nuestro entorno. Y el modelo que está promoviendo Trump en EEUU, que era objeto del artículo, se sitúa claramente en el extremo de los que buscan una mínima capacidad de actuación pública, pero sobre todo en lo que se refiere a las políticas sociales, y escasa redistribución. Es un modelo en que ganan los que más tienen, los que parten de mejor situación en la sociedad, y pierden los que necesitan una mayor equidad en el acceso a los bienes y servicios esenciales y ayudas en situaciones de necesidad. La eliminación del Impuesto sobre Sucesiones propuesta por Cs en nuestro país también va en ese camino, y me parece una muy mala iniciativa. Pero eso lo trataremos en otro momento. Gracias por el comentario.

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