La regulación eléctrica es un disparate: las subastas CESUR

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La subasta CESUR realizada el martes 26 de Junio de 2012 va a significar un encarecimiento de la tarifa TUR respecto de la actualmente vigente del orden del 4%, a lo que se podrían sumar otras subidas de los mal llamados peajes que el gobierno tenga en preparación para aplicar a partir del 1 de Julio, con objeto de frenar la sangría del Déficit Tarifario.

Llama la atención que el mecanismo de subasta CESUR ha encarecido el precio en más de 1 €/MWh respecto a la cotización que los mercados de futuros marcaban al cierre del día anterior a esta subasta.

Un incremento de 1 €/MWh supone un beneficio extra para las empresas eléctricas verticalmente integradas de unos 70 M€. A esta cifra, basada exclusivamente en la comparación del precio de la subasta con el del día anterior en el mercado de futuros, se añade que el Mercado Diario (OMIE) cierra sistemáticamente por debajo del de futuros a 3 meses. Así en el 2º trimestre de 2012, la diferencia ha sido de casi 5 €/MWh, que en términos anualizados son unos 350 M€ de beneficio extra por operaciones de cobertura de precios de los generadores a (sus) Comercializadoras de Último Recurso.

¿Se ha preguntado a los consumidores domesticos alguna vez si quieren pagar coberturas para que el precio de su electricidad permanezca constante durante tres o seis meses? No. Nunca se les ha preguntado ni nunca se les ha contado que esa cobertura les encarece su recibo de la luz en muchos cientos de millones de euros.

La subasta CESUR, desde su creación en 2007 ha demostrado ser un instrumento inflacionista en la fijación de los precios minoristas, y ha contribuido al incremento del déficit tarifario en más de 4.000 M€. ¿Son estos 4.000 M€ costes del suministro? No. Son costes reconocidos por la regulación eléctrica, ajenos a la cadena de suministro, que ningún valor añadido aportan, que deterioran la competitividad de la economía y drenan rentas familiares que hubieran ido a otros sectores.

Todo esto no es, sin embargo, más que un detalle, casi anecdótico, entre un oceano de problemas de ineficiencia regulatoria. La reforma de la regulación eléctrica es inaplazable. ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS lo planteó en todos sus términos en su SEGUNDO MANIFIESTO:

«La energía y su suministro, como el dinero y los servicios financieros, es un bien y un servicio que impregna todas las actividades de los individuos y de las empresas. Incluso en algunos sectores productivos su coste es superior al coste del trabajo. Su regulación es, por consiguiente, esencial para que el impacto de su coste y de su calidad contribuya a la competitividad de la economía.

En España estamos muy lejos de esa contribución. Una profunda reforma estructural debe conducir los precios que pagan los consumidores a los costes reales y justificados de su producción, de su abastecimiento y de su suministro. Esto es especialmente cierto para la electricidad cuyo mercado solo alcanza a revelar los costes de la producción de mayor coste que cubre la última unidad de electricidad consumida generando beneficios injustificados (incompatibles con el interés general) en segmentos que escapan a los mercados y a la competencia, tales son las grandes concesiones hidroeléctricas y las centrales nucleares. Y es especialmente cierto también, porque la electricidad es el principal vector energético que puede permitir el aprovechamiento masivo de recursos autóctonos renovables, cuestión no sólo clave para la gestión de la mayor amenaza que gravita sobre nuestro Planeta –el Cambio Climático- sino también para alcanzar, en el medio plazo, la mayor contribución a la competitividad de nuestra economía que pueda imaginarse: independencia energética, innovación, creación de empleo, mejora de nuestra balanza de pagos, contención de la contaminación medioambiental inherente al crecimiento económico, y disminución de costes para las familias y las empresas. Para ello, tan profunda tendrá que ser la reforma estructural necesaria que la regulación de la energía deberá partir desde cero. Naturalmente todo ello sin menoscabo de la seguridad jurídica y de la confianza legítima que debe presidir toda reforma en defensa de los ciudadanos, las empresas, las instituciones y el Estado de Derecho.»

2 Comments

  1. Economistas Frente a la Crisis el septiembre 25, 2013 a las 6:46 pm

    Verde, con más de un año de retraso, vemos tu comentario. En primer lugar, nuestras disculpas. En segundo lugar decirte que lo has entendido perfectamente.

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