La sostenibilidad de la política social en la era de la austeridad, de la economía digital y del envejecimiento

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Borja Suarez Corujo,  profesor de Derecho del Trabajo y la SS en la UAM, es miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

La construcción del Estado de bienestar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se realiza sobre la base de lo que el sociólogo francés R. CASTEL denominó la propiedad social, entendida como la participación directa del Estado en la protección de la población a través del reconocimiento de derechos sociales a los ciudadanos trabajadores. Esta reconfiguración del papel del Estado implicaba, como rasgo más notable, un aumento significativo del gasto social que, en apenas treinta años, pasó de representar el 5% al 25% del PIB en la Europa occidental. Desde los años ochenta, y pese a la ausencia de cambios apreciables en el nivel de gasto, un número de voces crecientes cuestionan la dimensión de este esfuerzo y de la consiguiente presión fiscal: se denuncian las dificultades de adaptación de los Estados de bienestar para hacer frente a los retos derivados de un contexto de globalización económica y de consolidación de una sociedad postindustrial en un marco de austeridad permanente dentro del proceso de integración europea (HEMERIJCK ).

La estructura del gasto social en los países de la Unión Europea se caracteriza por el destacado peso de la partida dedicada a las pensiones. En torno a la mitad del gasto social total se ocupa de las contingencias de incapacidad permanente, supervivencia y, sobre todo, jubilación. Ello permite presentar el sistema de pensiones como la pieza principal de los Estados de bienestar europeos, lo que, más allá de las distintas tradiciones jurídico-políticas, supone que no hay ninguna otra materia que lleve consigo tamaño esfuerzo presupuestario.

Este protagonismo de las pensiones en los presupuestos públicos de todos los países europeos explica algunas de las tendencias que han marcado y habrán de condicionar la evolución de estos sistemas de protección social. En un cuádruple sentido.

Una primera tendencia es la vinculada a la creciente preocupación por la viabilidad de un modelo que ha sufrido –en países como España sigue haciéndolo– fuertes tensiones en los últimos años y que previsiblemente se intensificarán en el futuro. Las dificultades presentes y/o recientes, particularmente intensas en los países rescatados, tienen su origen en la crisis económica y en las políticas de austeridad a ultranza que provocaron una caída del empleo con la consiguiente reducción de los ingresos, generalmente provenientes de cotizaciones. Por tanto, el desequilibrio presupuestario resultante no tiene que ver con un exceso de gasto o un crecimiento desmesurado de éste. Cosa distinta son las proyecciones futuras marcadas, por el cambio demográfico que ha supuesto la generación del baby boom: todos los países han de enfrentarse antes o después a un incremento extraordinario del número de personas mayores con la consiguiente repercusión en el gasto en pensiones. De manera que el mantenimiento del equilibrio existente –al menos, antes de la crisis– exige la adopción de medidas que provean al sistema de más recursos o que disminuyan la cuantía de la pensión media.

Estrechamente conectada con esta preocupación por la capacidad de los presupuestos públicos de hacer frente a un volumen ingente de recursos, habría que situar los efectos de lo que ha venido a denominarse cuarta revolución industrial, esto es, el proceso de digitalización de la economía. Son muchos los interrogantes que esta nueva realidad productiva plantea a un esquema de protección social construido en torno a la actividad laboral asalariada. Me limitaré a apuntar los dos más evidentes y relevantes desde una perspectiva de sostenibilidad del sistema de protección social.

De un lado, es posible que la amenaza de desaparición de un número importante de puestos de trabajo no se traduzca necesariamente en un aumento del desempleo al verse compensado por la creación de nuevos puestos en otros sectores. Sin embargo, es muy probable que muchos de los trabajadores afectados tengan extraordinarias dificultades en encontrar otro empleo y acaben convirtiéndose en parados de larga duración cuyas condiciones de acceso a una futura pensión se verán seriamente perjudicadas.

Mientras que, de otro lado, la economía digitalizada y, en particular, las nuevas formas de negocio –con Uber como modelo paradigmático– alteran en cualquier caso las formas de actividad profesional, laboral o no, proyectándose, no solo en las futuras prestaciones, sino en los ingresos por cotizaciones sociales. Tal circunstancia significa que aquellos sistemas más dependientes en su financiación de las cuotas de empresas y trabajadores se enfrentan a una dificultad adicional que podría (¿debería?) dar pie a reflexionar sobre la estructura de las fuentes de financiación.

Ante las dudas acerca de la capacidad de las cuentas públicas de soportar un gasto en pensiones al alza, emerge como tercera tendencia una apuesta decidida por el desarrollo de instrumentos privados complementarios de las pensiones del primer pilar (público y obligatorio). Estas pensiones privadas, de naturaleza ocupacional (segundo pilar) o individual (tercero), son presentadas como la respuesta ‘natural’ a los límites de crecimiento y riesgos del sistema público, y desde este punto de vista un instrumento efectivo para garantizar la viabilidad de esas pensiones públicas. Sin embargo, no deben pasarse por alto dos aspectos. Uno es que estos instrumentos privados no están ni mucho menos exentos de riesgos; de hecho, las experiencias más desarrolladas han sido en general muy poco exitosas hasta la fecha, con Chile como mejor ilustración. El otro lleva a apuntar que el ‘entusiasmo’ por este tipo de mecanismos de protección proviene en muchos casos de determinados sectores económicos – financiero y asegurador, para ser más preciso– que tienen un interés directo en la reducción del espacio público, pues de ese modo se abre un espacio potencial para sus negocios. Y esto es legítimo, pero no debe ocultarse ante la opinión pública como demasiado a menudo sucede.

Finalmente, cabe también apuntar, como cuarta tendencia que subyace en todas las anteriores, una crisis del sustrato ideológico sobre el que se construyen históricamente las instituciones que conforman el Estado de bienestar. A pesar del origen financiero de la crisis económica, ajena por completo a los niveles de gasto social, se hace en buena medida responsable a los sistemas de protección social públicos de los altos niveles de déficit público y de las dificultades financieras. Paradójicamente, pues, un contexto de extraordinaria dificultad para millones de ciudadanos es aprovechado para impulsar reformas que habrían resultado imposibles en una coyuntura no excepcional. Y con ello se transmite un mensaje de dimensión moral en el sentido de generar cierto sentimiento de culpa por haber ‘vivido por encima de nuestras posibilidades’ –con pensiones que no nos podíamos permitir–, facilitando así unos recortes drásticos de la red de protección social pública.

 

2 Comments

  1. En el caso chileno de las AFPs las pensiones privadas no era el segundo (complementarias) sino que eran el primero reemplazando a las pensiones públicas. Diversos estudios incluidos el de PwC desaconsejan la capitalización como primer pilar.

    Sin embargo yo creo que la izquierda hace mal en demonizar el ahorro complementario, y además los sindicatos lo hacen hipócritamente al demonizarlos pero ser gestores y por tanto ganar dinero de los planes de empresa, a veces incluso con gestiones lamentables como la del fondo Fonditel para los trabajadores de Telefónica a principios de los 2000. Es una condenable vara de medir considerar que todos los que trabajen en una gran empresa pueden tener de facto un plan de ahorro previsional porque la gestión está al menos parcialmente en manos de los sindicatos pero quien sea autónomo o trabaje en una pyme no puede ahorrar vía producto bancario y asegurados porque eso es “privatizar las pensiones”.

    Cabría reflexionar también sobre las incertidumbres de un pensionista o un futuro pensionista. Yo me pregunto si un pensionista debe de seguir ahorrando con su pensión para “dejar herencia” a sus hijos o un pensionista debe recibir una pensión suficiente para una buena calidad de vida y una total seguridad en caso de dependencia. Ahora el sistema permite que una persona cobre 2000 euros netos al mes pudiendo ahorrar o ser muy obsequioso con hijos y nietos, pero que si lamentablemente contrae alguna enfermedad como el Alzheimer esos 2000 euros no lleguen para los cuidados que necesite.
    Igual hay que ir a un modelo más plano donde las pensiones mínimas sean más altas y las altas más bajas dando por supuesto que quien haya tenido mejores retribuciones habrá podido ahorrar para poder mantener su nivel de vida. A su vez el ahorro privado previsional (siempre complementario) puede ser una forma de financiar un nuevo modelo productivo. La regulación del sector debería pasar por limitar las comisiones (o condicionarlas para el mantenimiento del diferimiento fiscal de las aportaciones) y obligar a que parte de las inversiones fueran en sectores como el venture capital o titulización de deuda industrial que permitiese financiar mejor todo aquello que no sea especulación en ladrillo.

  2. En el caso chileno de las AFPs las pensiones privadas no era el segundo pilar (complementarias) sino que eran el primero reemplazando a las pensiones públicas. Diversos estudios incluidos el de PwC desaconsejan la capitalización como primer pilar.

    Sin embargo yo creo que la izquierda hace mal en demonizar el ahorro complementario, y además los sindicatos lo hacen con una sonrojante doble vara de medir al demonizarlos al ser gestores y por tanto ganar dinero de los planes de empresa, a veces incluso con gestiones lamentables como la del fondo Fonditel para los trabajadores de Telefónica a principios de los 2000. Es injusto considerar que todos los que trabajen en una gran empresa pueden tener de facto un plan de ahorro previsional porque la gestión (y los beneficios de esta) está al menos parcialmente en manos de los sindicatos pero quien sea autónomo o trabaje en una pyme no puede ahorrar vía producto bancario y asegurados porque eso es “privatizar las pensiones”.

    Cabría reflexionar también sobre las incertidumbres de un pensionista o un futuro pensionista. Yo me pregunto si un pensionista debe de seguir ahorrando con su pensión para “dejar herencia” a sus hijos o un pensionista debe recibir una pensión suficiente para una buena calidad de vida y una total seguridad en caso de dependencia. Ahora el sistema permite que una persona cobre 2000 euros netos al mes pudiendo ahorrar o ser muy obsequioso con hijos y nietos, pero que si lamentablemente contrae alguna enfermedad como el Alzheimer esos 2000 euros no lleguen para los cuidados que necesite.
    Igual hay que ir a un modelo más plano donde las pensiones mínimas sean más altas y las altas más bajas dando por supuesto que quien haya tenido mejores retribuciones habrá podido ahorrar para poder mantener su nivel de vida. A su vez el ahorro privado previsional (siempre complementario) puede ser una forma de financiar un nuevo modelo productivo. La regulación del sector debería pasar por limitar las comisiones (o condicionarlas para el mantenimiento del diferimiento fiscal de las aportaciones) y obligar a que parte de las inversiones fueran en sectores como el venture capital o titulización de deuda industrial que permitiese financiar mejor todo aquello que no sea especulación en ladrillo.

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