La Tasa Tobin y la justicia fiscal

Por Manuel de la Rocha Vázquez, miembro de Economistas frente a la Crisis y Erika Rodríguez,consultora internacional.*

Ambos son autores del informe* «El Impuesto sobre las Transacciones Financieras en el marco de Cooperación Reforzada en la UE: evolución y perspectivas» encargado por la Fundación Salud por Derecho y Economistas frente a la Crisis.

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45 años después de que James Tobin propusiera la tasa que lleva su nombre, un grupo de países europeos, incluido España, está muy cerca de aplicar conjuntamente un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) inspirado parcialmente en las ideas del economista americano.

El ITF está respaldado por la ONU, el G20, la Comisión Europea, e incluso el FMI, inicialmente reacio. Las razones son sólidas: un impuesto de estas características desincentiva los movimientos especulativos de los mercados financieros, especialmente las operaciones de compraventa de alta frecuencia. Esto es particularmente relevante si se tiene en cuenta que el 80% de las operaciones financieras son esencialmente especulativas, al margen de la economía real. El ITF ayudará a disminuir la volatilidad del mercado al reducir este tipo de operaciones y proporcionará información sobre un sector hasta ahora bastante opaco, dando estabilidad a los mercados e incentivando la inversión en la economía real, la que crea empleos.

La ITF es también una cuestión de justicia. Las entidades financieras, aparte de tener una tributación más baja que el resto de sectores, se han beneficiado enormemente, de forma directa o indirecta, de las operaciones de rescate financiadas por los contribuyentes europeos. De ahí el valor político de una decisión que demuestre a la ciudadanía que el sistema financiero también asume parte de los costes generados por la crisis de la cual es en gran medida responsable.

Ayudaría a devolver a los contribuyentes parte de los beneficios que han sacado en los rescates

Dado el enorme volumen de transacciones financieras, muy superior a las de la economía real, el impuesto tiene un altísimo potencial recaudatorio, incluso si se redujeran las operaciones como consecuencia del gravamen. La Comisión Europea estima que dependiendo de las transacciones gravadas se podría recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros.

Además, se trata de un impuesto progresivo y redistributivo; el grueso de la recaudación será soportado por un grupo pequeño de personas de altos ingresos, e instituciones como fondos de inversión. Por el contrario, operaciones bancarias corrientes no estarán gravadas, por lo que los contribuyentes individuales apenas lo notarán.

Un aspecto fundamental de la ITF es el destino de los recursos recaudados. Desde sus inicios, sus promotores (Gobiernos, instituciones multilaterales, ONGs, economistas prestigiosos), han defendido su carácter finalista: que los fondos sean destinados a paliar las consecuencias de la crisis financiera, en programas sociales en los países que lo implementen o para la lucha contra la pobreza en el mundo. La tentación de los gobiernos será probablemente dedicar esos recursos a reducir el déficit público o al saneamiento de los bancos. Es por ello fundamental movilizar a la sociedad civil europea para impedir que eso ocurra. La ITF es y debe ser el germen de un impuesto internacional, destinado a financiar bienes públicos internacionales, la lucha contra el cambio climático y a políticas sociales.

El gravamen ayudaría a frenar los movimientos especulativos, que suponen el 80% del total

Tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Reino Unido y otros países, el 22 de enero de 2013 el Consejo Europeo aprobó que la ITF se llevara adelante como una Cooperación Reforzada por 11 países miembros de la UE, siguiendo la propuesta de la Comisión ampliamente argumentada y validada legalmente. Sencillamente, consiste en la imposición de una mínima tasa de entre 0,05 y 0,1% sobre todas las transacciones financieras internacionales que se realicen en estos países o con valores generados en ellos. Esto último es lo que se conoce como una base amplia, que incluye no solo las acciones, sino también los bonos, los derivados, e incluso las divisas.

Los países y la Comisión llevan más de un año negociando duramente los detalles técnicos y la fecha de entrada en vigor. Las presiones de la industria financiera contra la ITF son tremendas, esgrimiendo todo tipo de argumentos sobre los supuestos efectos desastrosos que producirá. La mayoría de las críticas no se sustentan empíricamente y no dejan de sorprender, pues hace años que países como el Reino Unido y otros aplican impuestos similares de manera exitosa. La enorme oposición de los poderes financieros contrasta con el altísimo nivel de apoyo popular; las encuestas muestran que el 63% de los europeos y el 50% de los españoles están a favor de la ITF, algo extraordinario tratándose de un nuevo impuesto.

Es una tasa progresiva y redistributiva ya que los que más  pagarán son los que tienen más ingresos

España ha sido uno de los países líderes en promover la ITF a nivel mundial en los foros internacionales y uno de los primeros que comprometió su apoyo a nivel europeo. Sin embargo, recientemente el Gobierno se ha desmarcado de manera desafortunada de su postura inicial, en favor de una versión “desvirtuada” del gravamen. Así, en lugar de una base imponible amplia de aplicación, como desean Alemania y Austria, defiende ahora limitarla a la compraventa de acciones de grandes compañías, excluyendo otros productos como los bonos o los derivados.

El cambio en la posición española, bastante similar a la de Francia por cierto, altera radicalmente los beneficios esperados del impuesto hasta dejarlos en menos de 4 mil millones de euros, reflejando a las claras la rendición del gobierno ante los lobbies financieros. Ello, pese a que son los ciudadanos, especialmente en países como España, quienes han sufrido las consecuencias de la crisis originada por la explosión de las burbujas financieras especulativas que durante años engordaron las arcas de los especuladores.

En la última Cumbre Franco-Alemana celebrada a fines de febrero pasado ambos gobiernos se comprometieron a alcanzar un acuerdo sobre la ITF antes de las próximas elecciones europeas de mayo. Pero llueve sobre mojado. Por eso, se necesita la movilización de la sociedad civil europea, incluida la española, para demandar el cumplimiento de estos compromisos, rechazando versiones adelgazadas o calendarios de aplicación graduales y poco claros.

Evidentemente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras no evitará todos los desmanes del sistema financiero, pero no por ello deja de ser un instrumento útil para la regulación financiera. En último término, el ITF constituye una fuente importante de recursos para la lucha contra la pobreza y un acto de justicia con los ciudadanos, a un mínimo coste sobre el sistema económico.

*Este artículo fue publicado en El País el 4 de abril.