Las medidas fiscales del PP: Una política económica continuista que puede llevarnos hacía la tragedia griega

Por Bruno Estrada

Las medidas económicas que está desarrollando el gobierno del Partido Popular parten de un profundo lastre, están mal dirigidas, ya que no afrontan el principal problema de nuestro país por los cálculos electoralistas del partido de gobierno, y parten una distribución de competencias de los temas económicos en el ejecutivo que puede producir frecuentes cortocircuitos.

El principal lastre de las medidas adoptadas es la incapacidad de Rajoy de desarrollar una estrategia que defienda los intereses económicos de  nuestro país en el área euro. Tal como le sucedió a Zapatero en el último año y medio de agonía de su gobierno, el seguidísimo respecto a las políticas del eje Merkel-Sarkozy hace que las medidas que se están tomando respondan casi en exclusividad a los objetivos de cumplimiento del déficit impuestos por Bruselas, que están dictadas a mayor gloria de los intereses del Deutche Bank, y por tanto de la oligarquía financiero-industrial alemana, con el objetivo de garantizar que en la actual situación de crisis Alemania siga siendo un lugar seguro para invertir.

Esa incapacidad de defender los intereses nacionales hace que no se cuestionen los plazos de reducción del déficit. Hay que recordar que las desviaciones sobre el déficit previsto, casi un 2% del PIB, corresponden sobre todo al exceso de gasto realizado por las CC.AA., mayoritariamente en manos del PP. Estas desviaciones de las CC.AA. no corresponden tanto al cumplimiento de los compromisos presupuestarios en educación y sanidad, sino en muchos casos son el resultado de utilizar la inversión pública para hacer rentables actividades privadas vinculadas a intereses especulativos y en muchos casos ligados al propio PP (el ejemplo paradigmático sería el aeropuerto de Castellón).

Las medidas aprobadas en el RD de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaría suponen una reducción de gasto público de 8.900 millones de € y una previsión de incremento de los ingresos fiscales de 6.275 millones. Merece la pena recordar que estas medidas en términos de gasto ahondan en los recortes impulsados por el anterior gobierno, intentando además convertir a las víctimas en culpables, en este caso a los funcionarios. Aunque en materia fiscal suponen un cambio importante, aunque coyuntural según el gobierno.

El incremento en el IRPF es positivo, pero hay que recordar que con la crisis, y la mayor permisividad frente al fraude fiscal, se ha incrementado el peso de la recaudación del IRPF que corresponde a las rentas del trabajo, hasta alcanzar el 85% en 2010, mientras que la remuneración de los asalariados ha venido perdiendo peso en el PIB, hasta representar apenas el 50,8% en el tercer trimestre de 2011.

El gravamen complementario impuesto sobre las rentas de capital es absolutamente insuficiente, dada la regresividad del sistema, ya que las rentas de capital soportan tipos muy inferiores a las rentas del trabajo. Desde 1996 hemos vivido un proceso de contrareforma fiscal basado en la desfiscalización de las rentas de capital. Sólo en la etapa 2003-2008 las reformas en los impuestos directos implicaron una pérdida potencial de recaudación por valor de 17.400 millones de euros anuales (1,5% del PIB de 2010). Además se ha relajado enormemente el control de las desgravaciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, y se han ampliado, haciendo que su actual tipo efectivo este entorno al 10%.

Fuente: Comisión Europea y Gobierno de España.

Pero estas medidas significan un empeño absurdo, teniendo en cuenta que nuestros niveles de deuda pública, un 66% del PIB en el tercer trimestre de 2011, aún son mucho mejores que los de los países rescatados e Italia y de países como Francia, 82,3%, y Alemania, 83,2%. Insistir en la estabilidad presupuestaria a corto plazo solo puede hacer que se deterioren aún más las cuentas públicas, por suponer una acentuación de la recesión en términos de demanda y empleo, algunas previsiones incrementan el desempleo hasta el 24%, y por tanto también en cuanto a los ingresos públicos. Lo que podría terminar en una tragedia como la de Grecia, con la necesidad de una quita internacional de deuda incluida, pero después de un costosísimo proceso de ajuste fiscal y de un alto grado de conflicto social y del empobrecimiento de miles de trabajadores.

Las medidas están mal dirigidas, ya que hay una absoluta falta de decisión del gobierno del PP para afrontar una solución al principal problema de la economía española, el bancario. La acumulación de activos inmobiliarios devaluados supone que las entidades financieras españolas sean como agujeros negros que absorben la mayor parte del capital que reciben, incluidos los prestamos de liquidez del BCE al 1%, sin que el crédito llegue a las empresas y particulares. Haciendo por tanto casi imposible la recuperación de la actividad económica.

Una verdadera solución al problema bancario, cuya magnitud esta entre los 50.000 y 100.000 millones de € que requiere su recapitalización, supondría el incremento del ajuste fiscal, acelerando la tragedia griega, o actuar en gran medida contra los intereses de la banca. Ante esa disyuntiva, el PP prefiere no tomar ninguna medida que pueda poner en peligro sus expectativas electorales en Andalucía, sacrificando los intereses nacionales al interés electoral del señor Arenas.

Por último la decisión de que sea el propio presidente de gobierno quien medie entre el Ministerio de Economía y el de Hacienda está poniendo en evidencia, desde los primeros días de gobierno, una falta de coordinación entre ambos ministerios que puede dificultar aún más la situación. Si Montoro parece el ministro del partido en el gobierno, sin ningún respeto institucional por las CC.AA. no gobernadas por el PP, Guindos tiende a comportarse como el ministro de los mercados. Aunque si parece haber coincidencia en volver a poner al ladrillo como “sancta santorum” de la recuperación económica. La recuperación de la desgravación por la compra de vivienda, así como la congelación del número de beneficiarios de la renta de emancipación (ayuda al alquiler), indican que el PP vuelve a tropezar otra vez más con la misma piedra: confiar la recuperación económica a un sistema productivo basado en la construcción de vivienda en propiedad que es insostenible energéticamente, depredador del territorio, que desprecia la formación y el esfuerzo en I+D+i, genera enormes desigualdades y cuyas perspectivas de futuro están basadas en impulsar la especulación y la corrupción.

Bruno Estrada

Director de Estudios.

Fundación 1º de mayo

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