Pensiones ¡Es la ideología, estúpido!

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A la versión* en castellano, sigue versió en català

Emili Ferrer Inglés, economista, es miembro de Economistas Frente a la Crisis / Economistes Davant la Crisi EFC

“El final de las pensiones públicas no está escrito, el sistema es sostenible” dice Borja Suárez[1], de Economistas Frente a la Crisis. Para sostener esta afirmación hare tres consideraciones. En primer lugar, que los sistemas públicos de pensiones se crearon para combatir la pobreza y reducir las desigualdades, sobre las bases de la distribución de las rentas y de la solidaridad intergeneracional.  En segundo lugar, que son objeto de argumentación ideológica para cuestionar el Estado del Bienestar y para justificar las políticas de austeridad.  Finalmente, i en tercer lugar, que el augurio de la insostenibilidad del sistema de pensiones no es, ni mucho menos, un hecho inevitable. Es un reto, hay que afrontar la transformación del sistema, no su insostenibilidad. Sólo si se continúa con las políticas actuales, con ausencia de cambios, se degradaría el sistema de pensiones.

Frances Perkins, Secretaria de Estado de Trabajo con el Presidente FD Roosevelt, el año 1935, creó el primer sistema moderno de pensiones, dando lugar a uno de los pilares del Estado del Bienestar y a un importante factor de cohesión social.  Pero Perkins no podía imaginar, como ocurre ahora, que la sostenibilidad quedaría cuestionada por decisiones políticas, no económicas. Tampoco podía imaginar que la precariedad y la pobreza, provocadas por la austeridad y la desregulación laboral, harían invertir en muchos casos la solidaridad intergeneracional. En los niveles de renta situados en el umbral de la pobreza, son frecuentes las unidades familiares en las que la renta básica procede de una persona de más de 65 años.

En diciembre de 2016 había 9,5 millones de pensionistas, de los cuales 1,7 millones son de Catalunya, el 17,9 % de los pensionistas del conjunto del Estado y el 18,6% del gasto.  En 2014 España destino a pensiones el 12% del PIB, Francia el 15% y Italia el 17%.  Según Eurostat, en 2015 España tiene un gasto social sobre el PIB y una presión fiscal de las más bajas de la zona euro, menos 3,5 puntos y menos 6,7 puntos respectivamente de la media de la zona euro, en un país que según la OCDE es el séptimo entre 33 en que más ha aumentado la pobreza entre 2010 y 2014.

Por lo tanto, en contra de algunos presagios hay margen para la sostener el sistema público de pensiones. La sostenibilidad depende de la capacidad de financiar el sistema (generación de empleo de calidad), de las prestaciones que ofrezca y de las personas atendidas, es decir, de la demografía.

Nuestro sistema de pensiones es contributivo, es decir, financiado con las cotizaciones sociales de las personas ocupadas del mismo año en que se pagan las pensiones.  La generación actual aporta los recursos para pagar las pensiones a las personas de anteriores generaciones.

La sostenibilidad de las pensiones contributivas esta vinculada al envejecimiento de la población, a la estructura de la pirámide de edad. En este sentido la evolución demográfica de los últimos años no ha sido muy favorable. En Europa y después de la II Guerra Mundial y en España después de la Guerra Civil, se produjo un aumento de la fecundidad conocido como “baby boom” (1957-1977) seguida de unos años de disminución de la fecundidad y de aumento de la longevidad de la población.

Esta evolución ha provocado que la generación actual, con menos personas para cotizar, debe sostener a sus hijos y a más pensionistas. Según Cio Patxot[2], de la Universidad de Barcelona:  la generación de en medio (conocida como la generación “sándwich”) que pasarán a ser perceptores de pensiones en los años 2025-2050, estarán en una mejor relación entre perceptores de pensiones y pagadores de cotizaciones.  Ni en las hipótesis de envejecimiento más extremas, el sistema sería inevitablemente insostenible.  Es posible revertir estas tendencias si  se adoptan las medidas necesarias para transformar el sistema de financiación de les pensiones.                                                                                           

Economía o ideología

“La crisis económica se ha caracterizado por el mantenimiento de la   riqueza y por una peor distribución entre la población” (…) de ahí “la necesidad de la Seguridad Social tanto como mecanismo de estabilidad social como de estabilidad económica (por ejemplo, del mantenimiento del consumo). Pero han aumentado las críticas a  la Seguridad Social como consecuencia de la crisis” Criticas procedentes de sectores que cuestionan las finalidades de la Seguridad Social “con un enfrentamiento    ideológico en torno a la legitimidad de  la  Seguridad Social: para unos tiene una influencia social negativa, para otros incrementa el coste del trabajo y produce pérdidas de competitividad, y finamente, otros de forma no explicita  , pretenden desmantelar parcialmente la Seguridad Social para privatizarla”   Esta actual y precisa descripción, es de Emilio González Sancho López[3], fue publicada en el año 1985 en la Revista de Trabajo. Se refería a los efectos de las “crisis del petróleo” de los años 1973 y 1979, hace más de treinta años. La cita sirve para ilustrar la persistencia del combate ideológico en torno al Estado del Bienestar.

La referencia anterior sirve también para situar el ámbito ideológico de las reformas del Partido Popular de 2012 y 2013. Especialmente la Ley 23/2013[4] de reforma de las pensiones, que Borja Suárez califica de reforma injusta y políticamente insostenible. La aplicación del Índice de Sostenibilidad de las pensiones de esta ley haría reducir la revalorización  de las pensiones de forma acumulativa durante los próximos 40 años. Solo garantiza un incremento del 0,25 %, insuficiente para compensar la inflación, y con una previsión de reducción real de las pensiones de entre 15-20 % durante la primera década.  En ningún país de Europa existe una norma parecida, en todos se garantiza el IPC como incremento mínimo de las pensiones.

Por otra parte, la reforma favorece la expansión de los sistemas privados de pensiones por capitalización, en los que cada persona ahorra (ahorro privado) y con el rendimiento de las inversiones se paga su pensión.  Son sistemas que no aseguran la percepción de la pensión, dependen de lo que ocurra con la rentabilidad del ahorro, y están sometidos al riesgo de quiebras que pueden hacer desaparecer los ahorros. Con un trabajo temporal discontinuo y a tiempo parcial, la posibilidad de un ahorro personal suficiente para garantizar una pensión para poder vivir dignamente los últimos treinta años de vida, forma a parte  del mundo de la magia.

Sin la garantía pública, se añade al incierto futuro de los precarios el riesgo de perderlo todo[5].  Con los sistemas privados solo los jubilados perceptores de mayores rentas dispondrán de generosas pensiones. Más allá de establecer una adecuada proporción entre sistemas de pensiones públicas y sistemas privados, las pensiones públicas deben asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una pensión digna y suficiente.

Entre 2012 y julio de 2017, 69.915 millones de euros, procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social, se han retirado del Fondo de Reserva    de la Seguridad Social, pasando este de 63.008 millones de euros en el año 2012 a 11.602millones   en el año 2017[6]. A la retirada  de fondos, debemos añadir los 21.106 millones de euros  de menos ingreso en la Seguridad Social, estimación que hace UGT de Catalunya  (“L’espoli de a la Seguretat Social” de agosto de 2016) correspondientes a las bonificaciones a la Seguridad Social para el fomento del empleo, cuyos efectos sobre la creación de empleo indefinido ha sido insignificante, pero con un efecto muy apreciable en la sustitución de trabajo indefinido por trabajo precario.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se han utilizado en gastos que no son de la Seguridad Social, gastos que correspondía pagar con impuestos. Es impresentable insistir en la imposibilidad de hacer sostenible el sistema público de pensiones, cuando al mismo tiempo,  se destinan 45.000 millones de dinero público al rescate de la banca, se aprueba una amnistía fiscal, y persiste un fraude fiscal estimado en 80.000 millones de euros.

Tres causas se pueden identificar en la reducción de ingresos por cotizaciones para pagar las pensiones: las políticas de austeridad que han generado paro, la reforma laboral que ha nos ha instalado en la flexibilidad y la precariedad, y finalmente la devaluación salarial que ha hecho caer las rentas del trabajo.  Causas que son consecuencia de decisiones políticas, en su mayoría no amparadas en la evidencia, ni en limitaciones de carácter técnico. Son decisiones sustentadas   en la ideología, hasta el punto, que los resultados alcanzados son contradictorios con los fines aparentemente establecidos. El reto que es necesario afrontar es la transformación del sistema, no su insostenibilidad.

Insostenible o transformable

No es un problema de exceso de gasto, es un problema de ingresos. En cualquier caso, si el sistema llega a no ser sostenible será a causa de la

insostenibilidad global de la economía. Para restablecer el equilibrio, Ricard Bellera[7] de CCOO de Catalunya, propone: actuaciones a corto plazo, para reequilibrar la financiación del sistema; actuaciones a medio plazo, para recuperar el consenso del Pacto de Toledo; y actuaciones a largo plazo, para mejorar la calidad y la cantidad del trabajo, es decir recuperar la centralidad del trabajo en el progreso social.

Economistas Frente a la Crisis en el manifiesto “En defensa de las pensiones públicas”[8] de 27 de setiembre de 2017, destaca, en primer lugar, que para la sostenibilidad del sistema es imprescindible en primer lugar “conseguir un mayor nivel de las cotizaciones sociales y de redistribución fiscal, y volver a la reforma pactada del sistema de pensiones”. Los incrementos de ingresos los debe garantizar “el aumento del nivel de empleo y de su calidad, de la productividad y de los salarios reales.

En segundo lugar, se puede mejorar el nivel de las cotizaciones: activando las propuestas de incremento del Salario Mínimo Interprofesional, eliminando las bonificaciones a la Seguridad Social, de poca eficacia en la creación de empleo, y eliminando los topes de cotización para los salarios más altos, manteniendo, como mínimo, la proporcionalidad de los tipos de cotización enrelación a las retribuciones reales.

En tercer lugar, estas medidas deben acompañarse de la “contribución de los Presupuestos del Estado, como se hace en países de nuestro entorno, a  financiar el gasto en pensiones públicas”.  En Francia, un impuesto finalista aporta hasta el 25 % del gasto en pensiones. De forma similar se hace en Alemania. Esto implicaría acercar la presión fiscal de España a la media de la Unión Europea, actualmente es una de las más bajas.

La necesaria transformación del sistema de pensiones debe ser el resultado de una reforma “pactada con los sindicatos y la mayoría de los grupos parlamentarios”. Sustituyendo la reforma ilegítima del PP del 2013, hecha a espaldas del Pacto de Toledo.

A principios de 1992 Bill Clinton le espetó a George WH Busch la frase: ¡no es la política, es la economía, estúpido! Pero, para resolver la estabilidad de los sistemas públicos de pensiones, es necesario entender que: ¡no es la economía, es la ideología, estúpido!

 


Versió en català

“El final de les pensions públiques no està escrit, el sistema es sostenible” diu Borja Suárez[i] d’Economistas Frente a la Crisis. Per sostenir aquesta afirmació faré tres consideracions. En primer lloc, que els sistemes púbics de pensions es varen crear per combatre la pobresa i reduir la desigualtat, sobre les bases de la distribució de rendes i de la solidaritat intergeneracional.  En segon lloc, que son objecte d’argumentació ideològica per qüestionar l’Estat del Benestar i para las justificar polítiques d’austeritat. Finalment, i en tercer lloc,  que l’auguri d’insostenibilitat del sistema de pensions  no és, ni molt menys, un fet inevitable. És un repte,  cal afrontar la transformació del sistema, no la insosteniblitat. Només si es continua amb les polítiques actuals,  amb absència de canvis, es degradaria el sistema de pensions.

Frances Perkins, Secretària d’Estat de Treball amb el President FD Roosevelt, l’any 1935,  va crear el primer sistema modern de pensions, donant lloc a un dels pilars de l’Estat del Benestar i a un important factor de cohesió social.  Però, Perkins no podia imaginar, como passa ara,  que la sostenibilitat quedes qüestionada per decisions polítiques, no econòmiques.  Tampoc podia imaginar que la precarietat i la pobresa,  provocades per l’austeritat i la desregulació laboral, farien invertir en molts casos la solidaritat intergeneracional. En els nivells de renda situats en el llindar de la pobresa,  son freqüents les unitats familiars en que la renda bàsica procedeix d’una persona de més de 65 anys.

El desembre de 2016 a hi havia 9,5 milions de pensionistes, dels que 1,7 milions son de Catalunya, el 17,9 % dels pensionistes del conjunt de l’Estat i el 18,6% de la despesa. El 2014 Espanya va destinar a pensiones el 12% del PIB, França el 15 % i Itàlia es el 17%. Segons Eurostat, el 2015 Espanya té una despesa social sobre el PIB i una pressió fiscal de les mes baixes de la zona euro, menys 3,5 punts i menys 6,8 punts respectivament de la mitja de la zona euro, en un país que segons l’OCDE es el setè d’entre 33 en  que més ha crescut la pobresa entre 2010 i 2014.

Per tant, i en contra d’alguns presagis, tenim marge per la sostenir el sistema públic de pensions. La sostenibilitat depèn de la capacitat de finançar el  sistema (generació d’ocupació de qualitat),  de les prestacions que ofereix i de les persones ateses, es a dir de la demografia.

El nostre sistema de pensions es contributiu, es a dir,  finançat amb les cotitzacions socials de les persones ocupades del mateix any en que es paguen les pensions. La generació actual aporta els recursos per pagar  les pensions de les persones d’anteriors generacions.

La sostenibilitat de les pensions contributives està vinculada a l’envelliment  de la població, a l’estructura de la piràmide d’edats. En aquest sentit l’evolució demogràfica dels últims anys no ha sigut molt favorable. A Europa desprès de la II Guerra Mundial i a Espanya després de la Guerra Civil,  es va produir un augment de la fecunditat conegut com “baby boom” (1957-1977) seguida d’uns anys de disminució de la fecunditat i d’augment de la longevitat de la població.

Aquesta evolució ha provocat  que la generació l’actual,   amb menys persones per cotitzar ha de sostenir els seus fills i a més pensionistes. Segons Cio Patxot[ii], de la Universitat de Barcelona: la generació del mig (coneguda com la generació “sandwich”) que passaran a ser perceptors de pensions en els anys 2025-2050, estaran en una millor relació entre perceptors de pensions i pagadors de cotitzacions.  Ni en les hipòtesis d’envelliment més extremes,  el sistema seria inevitablement insostenible. Es possible revertir aquestes tendències si s’adopten les mesures necessàries per transformar el sistema de finançament de les pensions.

Economia o ideologia

“La crisi econòmica s’ha caracteritzat pel manteniment de la riquesa i per una pitjor distribució entre la població” (……) d’aquí “la necessitat de la Seguretat Social tant com a mecanisme d’estabilitat social com d’estabilitat econòmica (per exemple de manteniment del  consum) Però, han augmentat les crítiques a la Seguretat Social com conseqüència de la crisi” Crítiques que procedeixen de sectors que qüestionen les finalitats de la Seguretat Social: “en un enfrontament ideològic en torn al la legitimitat de la Seguretat Social: per uns té una influència social negativa, per altres incrementa el cost del treball i produeix pèrdues de competitivitat, i finalment, altres  de forma no explicita, pretenen desmantellar parcialment la seguretat social per privatitzar-la.” Aquesta actual i precisa                                 descripció, es d’Emilio González-Sancho López[iii], es  va  publicar l’any 1985 a la Revista de Trabajo, es refereix als efectes de les “crisis del petroli” dels anys 1973 i 1979,  fa més de trenta anys. La cita serveix per il·lustrar la persistència del combat ideològic entorn de l’Estat del Benestar

La referencia anterior també serveix per situar l’àmbit ideològic de les reformes del Partit Popular de 2012 i 2013. Especialment la Llei 23/2013[iv] de reforma de les pensions, que Borja Suárez qualifica la reforma d’injusta i políticament inviable.  L’aplicació del Índex de Sostenibilitat les pensions d’aquesta llei farà reduir la revalorització de les pensions de forma acumulativa durant el propers 40 anys. Només  garanteix un increment del 0,25%, insuficient per compensar la inflació i amb una previsió de reducció real de les pensions entre 15-20% durant la primera dècada. A cap país d’Europa hi una norma semblant, en tots es garanteix l’IPC com increment mínim de les pensions.

Per altra part, la reforma afavoreix l’expansió dels sistemes privats de pensions  per capitalització,  en els que cada persona estalvia (estalvi privat) i amb el rendiment de les inversions es paga la seva pensió. Son sistemes que no asseguren la percepció d’una pensió, dons depenen del que passi amb la rendibilitat dels estalvis, i estan sotmesos al risc de fallides que poden fer desaparèixer els estalvis. Amb un treball temporal discontinu a temps parcial, la possibilitat d’un estalvi personal suficient per garantir una pensió per poder viure dignament els últims trenta anys de vida forma part del món de la màgia.

Sense la garantia pública, s’afegeix al incert futur del precari el risc de perdre-ho tot[v]. Amb els sistemes privats només els jubilats perceptors de majors rendes disposaran de generoses pensions. Més enllà d’establir una adequada proporció entre  sistemes de pensions públiques i sistemes privats, el sistema públic ha d’assegurar que tothom tingui accés a una pensió digna i suficient.

Entre 2012 i juliol de 2017, 69.915 milions d’euros, procedents de les cotitzacions a la Seguretat Social,  s’han retirat del Fons de Reserva de la Seguretat Social, passant aquest de 63.008 milions d’euros l’any 2012 a 11.602 milions d’euros l’any 2017[vi].  A la retirada de fons, cal afegir els 21.106 milions d’euros de menys ingressos de la Seguretat, estimació que fa l’UGT de Catalunya (“L’espoli de a la Seguretat Social” d’agost de 2016) de les bonificacions a la Seguretat Social per foment de l’ocupació, quins efectes en la creació d’ocupació indefinida ha sigut insignificant, però amb efectes molt apreciables en la substitució de treball indefinit per treball precari.

El Fons de Reserva de la Seguretat Social s’ha utilitzat en despeses que no son de la Seguretat Social,  despeses que corresponia pagar   amb impostos. Es impresentable insistir en la impossibilitat de fer sostenible el sistema públic de pensions, quan al mateix temps, s’han destinat  45.000 milions d’euros de diner públic al rescat de la banca, s’ha aprovat una amnistia fiscal, i persisteix un frau fiscal estimat en 80.000 milions d’euros.

Tres causes podem identificar en la reducció dels ingressos per cotitzacions per pagar pensions:  la política d’austeritat que ha generat atur, la reforma laboral que ens ha instal·lat en la  flexibilitat i la precarietat, i finalment la devaluació salarial que ha fet caure les rendes del treball. Causes que son  conseqüència de decisions polítiques, no emparades en l’evidència de l’anàlisi econòmic, ni en limitacions de caràcter tècnic. Son decisions sustentades en la ideologia, fins al punt, que els resultat assolits son contradictoris amb els objectiu aparentment fitxats. El repte que cal afrontar es la transformació del sistema, no la insosteniblitat.

Insostenible o transformable

No es un problema d’excés de despesa,  es un problema d’ingressos. En qualsevol cas, si el sistema arriba a no ser sostenible serà a causa de la insostenibilitat global de l’economia. Per restablir l’equilibri, Ricard Bellera [vii]de CCOO de Catalunya, proposa:  actuacions a curt termini per reequilibrar el finançament del sistema; actuacions a mig termini, per recuperar el consens del Pacte de Toledo; i actuacions a llarg termini, per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació, es a dir recuperar la centralitat del treball en el progrés social.

Economistes Davant la Crisis en el manifest “En defensa de les pensions públiques”[viii] del 27 de setembre de 2017, destaca que per la sostenibilitat del sistema es imprescindible en primer lloc: “aconseguir un major nivell de cotitzacions socials  i de redistribució fiscal, i retornar a una reforma pactada dels sistema de pensions”. Els increments d’ingressos els ha de “garantir  l’augment del  nivell d’ocupació i de la seva qualitat,  de la productivitat i dels salaris reals”.

En segon lloc, es pot millorar el nivell de les cotitzacions  activant les propostes d’increment del Salari Mínim Interprofessional, eliminant les bonificacions a la cotització a  la Seguretat       Social, de poca eficàcia en la creació d’ocupació, i eliminant els topalls de  cotització pels salaris més alts, mantenint, com a mínim, la proporcionalitat dels els tipus de cotització en relació a les retribucions  reals.

En tercer lloc, aquestes mesures s’han d’acompanyar de la “contribució des dels Pressupostos de l’Estat, com es fa en països del nostre entorn,  al finançament de las despesa de les pensions públiques”. A França, un impost finalista aporta fins al 25% de la despesa de pensions.De forma similar es fa a Alemanya.  Aquesta acció que implicarà acostar la pressió fiscal d’Espanya a la mitja de l’Unió Europea, actualment es una de les més baixes.

La necessària transformació del sistema de pensions ha de ser resultat d’una reforma “pactada amb els sindicats i la majoria dels grups parlamentaris”, substituint la reforma il·legítima del PP del 2013,  feta a espatlles del Pacte de Toledo.

A principis de 1992 Bill Clinton va etzibar a George WH Busch la frase: no és la política, “és la economia, estúpid!”. Però, per resoldre l’estabilitat dels sistemes públics de pensions cal entendre que: no és l’economia, “és la ideologia, estúpid!”.

 

[1] Borja Suárez, Ricard Bellera i Cio Patxot: debat sobre “Democracia i sistema de pensions” Jornada “Per un contracte social federal”. Barcelona, 1 de juliol de 2017

[2] Veure nota 1

[3]Emilio González-Sancho López: ‘Crisis económica y crisis de la seguridad social’. Revista de Trabajo, abril-junio 1985, Número 78, páginas:  9-24. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

[4] Ley 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

[5] Anton Costas. “La neblina de la incertidumbre política”. El Periódico, 16 de noviembre de 2017

[6] Ministerio de Empleo y Seguridad Social i El País. 25 d’octubre de 2017

[7] Veure nota 1

[8] https://economistasfrentealacrisis.com/en-defensa-de-las-pensiones-publicas/

 

*Publicado en: ‘Diari del Treball\Catalunya Plural’ el 27 de noviembre de 2017

5 Comments

  1. Nadie, o casi nadie, habla del paro, del paro juvenil, de las pensiones, de la violencia sobre la mujer, del cambio climático y de otras cuestiones que requieren una solución urgente. El debate sobre el independentismo ha provocado que estos problemas hayan quedado sepultados. Debemos pedirles a los partidos que se presentan a las elecciones del 21D que nos expongan sus propuestas sobre ellos. Si crees que debe ser así, por favor firma esta petición en Change.or y difúndela.
    https://www.change.org/p/los-partidos-que-se-pesentan-a-la-elecciones-del-21d-en-catalu%C3%B1a-partidos-que-se-presentan-a-las-elecciones-del-21d-se-pronuncien-sobre-problemas-sociales

  2. Siempre echo en falta en los artículos de pensiones cualquier tipo de crítica al modelo actual que:
    – Permite pensiones muy altas basadas solo en parte de la vida laboral dando lugar a una ingeniería previsional en los que los sindicatos han demostrado ser pacte activa.
    – Permite que con cotizaciones iguales en términos reales en un caso extremo un jubilado pueda triplicar la pensión de otro. (20 años sobre la máxima y otros 20 sobre la mínima versus el caso inverso en el tiempo).
    – Que no se considere el sistema nocional que desincetivaría la cotización débil al principio de la vida laboral de los que aceptan o incluso buscan “el parte en B”.
    Por otra parte aunque temporalmente puedan financiarse déficits con IRPFs solo con 3-4% de más a las rentas altas no salen los números, habría que ampliar el IRPF a la gente corriente que aún no tienen la casa pagada, a jóvenes que aún no tienen nada, y a quienes están criando a los hijos para mantener pensiones de gente con vivienda e incluso segunda vivienda pagada. ¿es justo en términos de equidad eso?

    Una política progresista debería focalizarse en aumentar las pensiones mínimas, exigir que las máximas sean con cotizaciones máximas durante todo el periodo para así poder achatar las pensiones aumentando sus valores mínimo y mediano. Y por supuesto complementar con una ley de dependencia que permita que incluso una persona con baja pensión tenga lo necesario en casos de mala salud o enfermendades complicadas ¿Son neoliberales en Suecia donde han transformado el sistema? ¿lo progresista es mantener un sistema inequitativo que solo favorece a los del empleo fijo para toda la vida con “trienios” o los que trabajan en sectores fuertes donde si las cosas van mal no se encuentran tirados a los 52 años malcotizando el final de sus vidas laborales sino con jugosas prejubilaciones?

  3. El señor Emili Ferrer Inglés define muy certeramente en su artículo cual es el problema de las pensiones. Como economista que es, utiliza no solo un lenguaje técnico presiso y conciso al alcance de paracticamente todos, sino también lo que es más importante: los conceptos.
    Viene a decir en pocas palabras, según entiendo yo, que lo único que puede garantizar una vida digna a todos es la solidaridad y el reparto justo del PIB. No importa, ideológicamente hablando, si el dinero sale de una caja que la lllenan los trabajadores, o sale de otra caja quese llena con las las rentas del capital y el trabajo. Lo que realmente importa es repartir lo que producimos, poniendo por delante a cualquier ciudadano. Si los años son buenos (dependemos de circunstanciasa globales) habrá más a repartir, o se puede ahorrar para el futuro. Si viene algún tiempo peor, nos apretaremos el cinturón todos por igual (o mejor, con proporcionalidad). Y eso es lo que hay. Poner el trabajo (el que haya) como el centro más importante de la sociedad, y repartir la producción.
    Ningun otro sistema que no sea el de reparto puede garantizar a nadie ni en el presente ni en el futuro una protección social. Nadie sabe si con el dinero ahorrado-capitalizado podrá compar los alimentos que necesite el día de mañana, ni pagar al médico que le cure. Lo que si se sabe con certeza es que produciremos alimentos, y por lo tanto habrá para comer (más o menos) si no dejamos que estos sean propiedad de unos en detrimento de los otros.

  4. el comentario del que pedía detalles:
    El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se han utilizado en gastos que no son de la Seguridad Social, gastos que correspondía pagar con impuestos

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