Pensiones: la demografía como coartada

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Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo y economista, es miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

La demografía ha sido tradicionalmente utilizada como vehículo de miedos sobre el futuro. El crecimiento de la población llegó a compararse con la explosión de una bomba, pero disminuye hoy en todos los países del mundo y, según Naciones Unidas, la población mundial se estabilizará a medio plazo. Ahora, cuando desaparece el miedo al desbordamiento, surge el temor a la decadencia. Nos quieren convencer de que el futuro va a encoger y, en particular, de que, porque habrá más viejos y menos jóvenes, mañana viviremos necesariamente peor. La demografía se ha convertido en una de las principales justificaciones de las políticas que debilitan, y pueden llegar a destruir, los sistemas públicos de protección social. Domina la idea, errónea por simplista, de que el envejecimiento de la población es una especie de catástrofe natural que se puede llevar todo por delante, si no se toman medidas. Es cierto que los cambios demográficos han sido de gran calado: vivimos más tiempo, en promedio casi cincuenta años más que en 1900; las familias tienen menos hijos, sobre todo porque ya casi ninguno muere en la infancia, y se ha producido una reorientación de la movilidad geográfica de las personas, de la que España se ha beneficiado recientemente. Pero estos cambios no pueden ser aislados del conjunto de transformaciones económicas y sociales que los países desarrollados han experimentado. El futuro será, en buena parte, la culminación de un largo y complejo proceso que ha contribuido también a prepararnos para afrontar sus propias consecuencias. Sin duda, los cambios demográficos exigen adaptaciones, pero es absolutamente rechazable el automatismo entre esos cambios y la necesidad de limitar la protección social de los dependientes. La transición demográfica genera a la vez el envejecimiento de la población y su antídoto. Aumenta la población dependiente de mayores, pero a la vez aumenta la proporción de los que llegan a la edad de producir y disminuye el número de menores y de mujeres dependientes. Es necesario introducir todos estos factores en un análisis veraz, sin sesgo ideológico, que permita plantear las adaptaciones necesarias en el ámbito más amplio posible.

Ninguna de las proyecciones de población que se realizan actualmente tiene en cuenta la posible evolución del mercado de trabajo. Las publicadas por EUROSTAT en 2013 no son una excepción. Se comprueba que, en muchos países de la Unión Europea, la población en edad de trabajar proyectada será insuficiente, al cabo de algunos años, para cubrir un crecimiento, incluso moderado, del empleo. No es verosímil pensar que la demografía imponga una barrera al crecimiento del PIB o provoque incluso su caída, a la vista de la gran capacidad de atracción de inmigrantes que ejerce Europa. El caso más llamativo es el de Alemania, país para el que la inmigración proyectada por Eurostat en 2013 no bastará, en solo unos pocos años, para que se mantenga el empleo actual y, menos aún, para permitir un crecimiento moderado, del orden de 0,5% anual, algo inferior al crecimiento medio de los últimos veinte años, como ilustra el gráfico. Llegarán inevitablemente más inmigrantes, lo que hará aumentar la población y disminuir el envejecimiento. España puede encontrarse en una situación similar, pero a un plazo más largo, debido a las bajas tasas de empleo que aquí existen. Es probable que, en un futuro próximo, se considere prioritario para el desarrollo de la Unión Europea, fomentar la inmigración, a la vez que disminuye el desempleo.

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Además de estas razones de fondo, existen otras que obligan a cuestionar y, al menos, matizar el argumento demográfico con el que se pretende justificar los recortes sociales. El envejecimiento de la población se asocia con la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, a pesar de que los españoles gozan de una longevidad entre las más altas del mundo y de que la fecundidad está entre las más bajas desde hace casi treinta cinco años, la proporción de mayores de 65 años se sitúa actualmente por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Una situación perfectamente explicable a posteriori, principalmente por la inmigración de los años 1998-2008, pero que no fue anticipada por ninguna proyección de finales de los noventa.

Hoy se afirma que España será el país más envejecido de Europa en unas décadas, tomando unas proyecciones de población a cincuenta años vista como palabra revelada, algo que ni son ni pretenden ser. Según las últimas publicadas en 2014 por el INE, habrá en 2064 un 38% de mayores de 65 años y una “ratio de dependencia” (relación entre mayores y adultos) del 75%. Pero, casi al mismo tiempo (2013) EUROSTAT prevé cifras muy inferiores: 28,7% y 49,6% respectivamente. El máximo, para España, al que llega EUROSTAT en su variante de mayor envejecimiento, es de 31,7% de mayores en 2060, muy inferior al dato proyectado por el INE. El propio INE, cinco años antes, ofrecía, para el mismo horizonte, estimaciones un 40% por debajo de las actuales. En realidad, el análisis de las proyecciones demográficas realizadas en las últimas décadas, muestra variaciones atribuibles a la metodología, o a la percepción subjetiva del futuro que tienen sus autores y, sobre todo, que son muy sensibles a su pasado inmediato. Las publicadas unos años antes de 1998 subestimaban fuertemente la población y acentuaban su envejecimiento, al prolongar la baja natalidad y no incorporar el importante saldo migratorio positivo de los diez años siguientes. Al contrario, las que se elaboraron hasta 2007, preveían una población más elevada y más joven.

Pero nada justifica que el INE proyecte ahora, para 2063, una fecundidad de 1,216 hijos por mujer en edad fértil, inferior a la actual (1,27), ya considerada excesivamente baja. La fecundidad proyectada por EUROSTAT para ese mismo año (1,55) supera en un 27% a la del INE y la del mismo INE en 2009 (1,71) superaba en un 41% a la actual. También es importante la aceleración del aumento de la esperanza de vida proyectada por el INE. Por ejemplo, en 2009, se postulaba un crecimiento más bien moderado de la esperanza de vida a 65 años de los hombres: de 17,8 años en 2009 a 19,6 en 2025 y 21,9 en torno a 2050. En la proyección de 2014, se llega a 21,0 en 2025 y a 25,4 en 2050. La misma tendencia aparece en el caso de las mujeres. El INE ha llevado el máximo, que se alcanzará a principios de los 2060, hasta 27,4 años en los hombres y 30,8 años en las mujeres, muy por encima de la variante principal de EUROSTAT (23 y 26,6 años, respectivamente).

Como se ve, aunque el envejecimiento demográfico es inevitable, su importancia futura, lejos de ser un dato cierto, ofrece un amplio margen de variación. Sin embargo, el INE presenta un único futuro, muy optimista para la mortalidad y muy pesimista para la fecundidad, que lleva a una población muy envejecida, mientras EUROSTAT produce no menos de cuatro variantes distintas, además de la que califica de principal, para permitir valorar el impacto de posibles variaciones en el curso futuro de la fecundidad, la mortalidad y los flujos migratorios. Ninguna de esas variantes supera en envejecimiento al único escenario del INE.

A partir de las poblaciones proyectadas, se calcula el indicador más utilizado en el argumento demográfico, la “ratio de dependencia”, dividiendo el número de mayores de 65 años por el de 16 a 65. Su incremento es considerado letal para el futuro de los sistemas de protección social. Ni siquiera utilizando este indicador, puramente demográfico, España figura como el país de Europa más envejecido en el futuro. Por dar solo dos ejemplos, en 2064, según la proyección de Eurostat, tanto Alemania (59,5%), como Italia (52,9%), tendrían una situación más desfavorable que la nuestra (49,6%). Esta ratio es, en realidad, un indicador con escasa relevancia en la situación económica actual de subocupación. Solo el 59,4% de los que tienen edad de trabajar está ocupado en la economía, entre los cuales hay 17% de no asalariados; un 15,7% de los ocupados trabaja a tiempo parcial y el 25% de los asalariados tiene un contrato temporal, según el último dato publicado de la EPA (1er trimestre 2016).

Es perfectamente posible que el empleo y la producción aumenten, aunque disminuya la población en edad de trabajar: todo depende de la situación económica. Cuando un parado o un inactivo consigue empleo, disminuye el número de dependientes a la vez que aumenta el de contribuyentes, lo que reduce doblemente la dependencia real. Además, si la tasa de empleo llegara a alcanzar un máximo, debido a una eventual barrera demográfica, sería posible recurrir a la inmigración, como ha ocurrido anteriormente. La evolución de la economía y del mercado de trabajo puede incidir sobre la población futura y no resulta hoy prudente realizar proyecciones demográficas sin tenerlos explícitamente en cuenta. Paradójicamente, la situación de España frente al envejecimiento futuro podría considerarse más favorable que la de muchos países de la UE, como por ejemplo Alemania, país que deberá recurrir a la inmigración mucho antes que nosotros, si no quiere que disminuya su PIB. Las proyecciones de Eurostat y, para España, todavía más las del INE, exageran el envejecimiento porque subestiman la inmigración necesaria para mantener un crecimiento, incluso moderado del empleo, especialmente en el caso de Alemania. Por otra parte, la carga de la dependencia en el futuro no se puede medir exclusivamente con un indicador demográfico. Sería más adecuado utilizar como soporte de la carga a los ocupados, e incluir como dependientes, junto a los que no tienen edad de trabajar, a los que, estando en edad de trabajar, no ejercen ninguna ocupación, en el sentido de la Encuesta de Población Activa. Cada categoría de dependientes accede al consumo a través de mecanismos e instituciones sociales diversos, pero tienen en común que participan en la distribución final de lo que producen los ocupados. Por ello, el indicador de dependencia más significativo es la ratio de no ocupados por ocupado. A pesar del extremo envejecimiento proyectado por el INE, este último indicador tendrá en el futuro un comportamiento mucho menos alarmante que la “ratio de dependencia”, pudiendo incluso disminuir, si el PIB per cápita se mantiene o aumenta. Porque este es el verdadero criterio: si, a pesar de una ratio demográfica más elevada que la actual, se mantiene la producción o incluso aumenta, algo muy posible, que proyectan organismos como la OCDE, lo que tendremos entonces es un problema de distribución. En el futuro, una proporción menor de adultos producirá lo mismo o más que ahora, debido a la mayor participación en la actividad de mercado y, eventualmente, a una mayor productividad (aunque este supuesto no es imprescindible). Si, en estas condiciones, la parte del PIB que va a los mayores no aumenta en proporción a su peso en la población, se producirá un deterioro del nivel de renta relativo de los mayores. Es probable, ateniéndonos a las tendencias recientes, que ello beneficie más a las rentas del capital que a las del trabajo, provocando así un aumento de la desigualdad.

La tendencia a la reducción de los salarios y el aumento de la productividad hacen que resulte cada vez más difícil basar la distribución del producto exclusivamente, o siquiera principalmente, en los salarios. Es un debate que ya se ha iniciado y se han formulado propuestas en torno a la financiación del sistema de pensiones por los impuestos o a la concesión de una renta básica. La evolución demográfica obliga a acelerar esta toma de conciencia, porque pone de relieve las insuficiencias teóricas y prácticas de un enfoque económico, hoy todavía dominante, que ya no está adaptado a la complejidad del mundo en que vivimos.

Este artículo fue publicado por el periódico semanal AHORA en su número 41 (8/14 de julio de 2016). Se publica en esta web con autorización del autor

 

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