Por una cuarta vía

Carles Manera es catedrático de Historia Económica en la UIB y miembro de Economistas Frente a la Crisis

1. El problemático contexto

Las perspectivas de la macroeconomía mundial no son positivas. Tras tres años con la aplicación de políticas severas de austeridad, con una preocupación estricta por la reducción de los déficits y los controles de las deudas públicas, los resultados siguen siendo anémicos. En este contexto, sólo los países emergentes (con China al frente) están arrastrando el PIB planetario, mientras las naciones más avanzadas (principalmente en Europa) persisten en un estado de retardo, de “estancamiento secular”, si bien con gradaciones dispares. Pero el coste es elevadísimo, particularmente en el mercado laboral y en la prestación de servicios a la ciudadanía. Incidir, como se está haciendo desde el eje franco-alemán, en la existencia de dos velocidades en la economía europea, contribuye a la sensación, muy tangible, de desunión y de un cierto desorden que la Política no está abordando de forma solvente. El círculo, por lo tanto, no es nada virtuoso.

La economía convencional se encuentra también en crisis, pero con un fortísimo componente ideológico que contribuye a encapsular la mayor parte de las ideas. No deja de ser curioso que aquellos que desacreditan los economistas de corte progresista o keynesiano con la descalificación de ser demasiado ideológicos, son los que ostentan posicionamientos más rígidos y dogmáticos, a causa de unos planteamientos filosóficos ultra-liberales que se consideran como piezas inamovibles y exactas del pensamiento económico: ideología pura. Estas visiones enfatizan el peso del mercado por encima de cualquier otra consideración, la ineficiencia del sector público como un hecho casi definitorio, la necesidad imperiosa de cuadrar de forma estricta las cuentas al margen del ciclo económico y, en definitiva, el rechazo visceral a todo aquello que implique la intromisión de las administraciones en la economía. Todo esto, construido con principios neoliberales y con la negación a todo aquello que represente gestionar la crisis desde la esfera pública.

En efecto, la imposición de la escolástica económica a raíz del giro de mayo de 2010 ha puesto, nuevamente, las recetas del viejo patrón-oro como paradigma a seguir sin discusión, talmente como si la crisis ya se hubiera superado, los ingresos fiscales se elevaran y las estructuras económicas experimentaran signos inequívocos de sólida reanudación. El control sobre el déficit, la desacreditación de todo lo que es público, la preocupación por la inflación y la crítica a la deuda han cristalizado en un único mensaje, esencial y repetido como un mantra: la austeridad. ¿Con qué resultados? Muy limitados, si atendemos los informes económicos más recientes, con costes que se cuantifican, mundialmente, en unos 2,3 billones de dólares anuales. Obstinarse en mantener esta pauta sin adoptar otras posibilidades de reacción a la crisis, alargará sin ningún tipo de duda la posible recuperación: por ejemplo, Christine Lagarde, directora del FMI ya ha avisado que nos podemos adentrar en una década de crecimiento nimio, que será incapaz de resolver la desocupación existente. Y todo ello es el corolario de estas políticas de consolidación fiscal, restrictivas, regidas por unos principios mal entendidos de lo que es, en realidad, la austeridad en economía. Más concretamente: los dinamismos germánico y francés bajan, con indicadores que insinúan una cierta desconfianza empresarial hacia el futuro inmediato; y la Europa mediterránea se encuentra en una situación que se ha agravado por los requerimientos impuestos desde Bruselas en cuanto al control de las finanzas públicas y del presupuesto, y por los acontecimientos políticos y económicos en Italia que representa, no lo olvidamos, casi el 20% del PIB comunitario. La sensación de que las cosas, en general, no funcionan como debieran se ha confirmado prácticamente en toda la Unión Europea. Y recordamos una vez más que, en todos los casos, el recetario ha sido el mismo e, insisto, la palabra “austeridad” se ha convertido en la más divulgada desde palestras especializadas y desde plataformas más mediáticas y populares.

Frente esto, urge un replanteamiento global de las políticas económicas que pasen, en el marco europeo, por la visualización nítida y sin tapujos de que existe un prestamista de última instancia (el Banco Central Europeo, ahora demasiado dominado por la ortodoxia económica) que asegure las deudas públicas (con mayor oferta monetaria si procede), el rescate claro de Grecia y analizar a la vez la posibilidad de emitir eurobonos y hacer quitas explícitas de deuda. La obsesión por la inflación tendría que pasar a un segundo nivel: con una inflación subyacente del 1,5% (la nominal no llega al 4%) en el conjunto de la Unión Europea, podemos decir que estamos más cerca de la deflación que de un repunte brutal en el alza de los precios. Esto haría falta que fuera acompañado de una mayor regularización del sector financiero y de los movimientos de capitales volviendo, en tal aspecto, a las premisas que se aplicaron a raíz de la crisis de los años 1930 y que se olvidaron, con excesiva ligereza, en los años 1980 y siguientes. En este contexto, los sectores públicos tienen que tener funciones bastante relevantes en los momentos actuales, y tienen que contribuir a potenciar el crecimiento junto a los tejidos privados, y no ser actores casi residuales como se predica desde esta ideología dominante a la que me refería antes. Porque olvidar de manera militante el papel de las administraciones es, en mi opinión, un error que, más temprano que tarde, se pagará también muy caro.

2. Construyendo una nueva vía

Las reflexiones de los economistas parten de esa realidad de la crisis, que se puede diagnosticar con más o menos acierto en función de la información que se disponga. Pero con una deficiencia esencial: saber qué tenemos que hacer, qué se tiene que hacer en los momentos actuales. Es decir, con acciones de presente y no tanto de un futuro impreciso. Se habla de capital humano, de educación superior, de facilitar el talento y la innovación; pero hay que ser consciente que todo ello, que prefigura una determinada forma de crecer o califica la ya existente, remite el tema a un escenario lejano, a pesar de que no se puede perder de vista. Pero se tiene que compaginar con las imperiosas necesidades del mundo de hoy, y de los colectivos que lo están pasando más mal, con dificultades más intensas. Urge, pues, una Política Económica que se centre en aquella gente que ahora no tiene nada, se encuentra parada, vive precariamente y tiene escasas perspectivas.

La salida de la crisis no es cercana. Los ligeros signos de hipotética recuperación, de cariz macroeconómico, no nos pueden hacer perder de vista la crisis social que se ha generado en el curso de la Gran Recesión. Los datos son preocupantes, manifestados en un hecho contrastado por fuentes de todo tipo: el incremento enorme de la desigualdad y de la disparidad de rentas. La izquierda tiene que pensar en las capacidades que tiene para gestionar esta situación. Si se instala en posiciones maximalistas, no concretará ningún proyecto de Política Económica sensato. Más que nunca, conviene tener agendas de trabajo compartidas entre las diferentes formaciones que componen el espectro político de la izquierda, si se quiere gobernar en un futuro inmediato, sin pensar en discursos que erosionen al vecindario ideológico: en economía, sabemos que estos posicionamientos proteccionistas no hacen más que buscar la derrota del vecino, y de ninguna forma activan su colaboración cómplice. Esto quiere decir, claro y diáfano, que urgirán posturas más pragmáticas, alejadas de deseos que todo el mundo querría probar, pero que se encuentran fuera de las posibilidades realistas de una acción de gobierno. Implica que cada uno, desde su fortaleza ideológica, sea capaz de construir, con sus aportaciones, un conjunto común en el que participen otros jugadores, con diferencias notorias, pero también con ejes compartidos. La izquierda tiene, ya, una experiencia de gestión que no se puede considerar sólo como puntual: legislaturas en el Gobierno y más trabajo implementado desde otras instituciones, lo cual faculta un nuevo nivel de entente, que supere las fricciones, comprensibles, y que vele por un futuro de acción estratégica, conjunta, comprometida con el bienestar social, ecológico y económico de nuestra comunidad. Así pues, existe un mayor nivel de experiencia por parte de los posibles protagonistas, por cuanto se ha conocido qué es administrar y, por lo tanto, la consecución de errores y aciertos que se derivan del ejercicio de la toma de decisiones. Además, hay que tener muy presente un factor remarcable: la forma de gestionar el sector público –con enlaces demasiado nebulosos con el privado– por parte de los gobernantes actuales tendría que hacer ver que urge una nueva manera de cotejar la cosa pública, donde el diálogo se frecuente y el disenso no se criminalice. El realismo económico, presupuestario, no se puede eludir: la política hecha carne. Los márgenes serán sin duda limitados; pero con ellos se tiene que poder diseñar una hoja de ruta creíble, pensada no en uno o dos ejercicios inmediatos –que es el que siempre suele pasar–, sino en clave de un futuro desconocido, pero que se puede divisar, desde un presente en el que hay que dar respuestas a la gente más desatendida, que sufre más las consecuencias de la crisis, espoleando el radicalismo social. Esto no es todo el mundo; ni todo se puede hacer: el juego de suma cero aparecerá, indefectiblemente. Y tendría que generar las menores desavenencias posibles. Un recordatorio elemental es el siguiente:

1. El sector público se tiene que desarrollar en el marco de una economía de mercado. Este es un hecho que muy a menudo se olvida por parte de los políticos, de los gestores y de los sindicatos: demandar insaciablemente en el presupuesto supone graves trabas para hacer sostenible el sistema. En este sentido, la calidad tiene que presidir la acción cotidiana de la política para que ésta sea eficiente y se observe como un resorte fundamental para resolver los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Los efectos son sinérgicos y recíprocos: la mejora del sector público espolea al privado, y éste, a su vez, estimula la administración pública.
2.  Nuevamente, otra vía: la persecución de pactos de gobierno, con ejes claros en Política Económica. Anthony Giddens, el sociólogo británico padre de la “tercera vía”, comentó, en un encuentro en la Presidencia del Govern de les Illes Balears en 2008, que todo el mundo le pedía por una “cuarta vía” que, de hecho, él no acababa de ver. Giddens había esmerado su teoría, que centraba sobre unos fundamentos capitales, como por ejemplo la relevancia del sector público en economía, la defensa de un nivel razonable de presión fiscal, la determinación hacia la formación del capital humano, la capacidad de generar diálogo interno y la comprensión de que se está en un proceso de globalización económica y social que, además, infiere otro elemento a las economías más avanzadas: el alto nivel de terciarización. Los resultados reales no fueron, socialmente, tan positivos como teóricamente presuponía Giddens. Pero, además, en la esfera exterior, la “tercera vía” consagró la pérdida de una visión internacional propia, a raíz de la apuesta absoluta por la guerra de Irak y el alineamiento total con las actuaciones de la administración norteamericana. Entonces, la potencialidad expansiva de una “tercera vía” se disipó con la lamentable complicidad británica en la aventura del Golfo Pérsico. Es por eso que en algunos ámbitos –políticos, pero también académicos– se reclamaron pautas nuevas, diferenciadas, que recogieran ideas sustanciales que enlazan con la noción de ciudadanía, proveniente de la Revolución Francesa. Una nueva vía, una presunta “cuarta”, tendría que rubricar y fortalecer las premisas inherentes a su predecesora –para decirlo de alguna manera– y acertar en construir un proyecto común con sensibilidades distintas –y complementarias– que van desde la defensa de todo aquello que representan los bienes públicos –sanidad, educación, servicios sociales, incluyendo el territorio común como un elemento estratégico–, la cultura de la paz y la solidaridad, hasta el respecto hacia una economía de mercado desacralizada de cualquier planteamiento demagógico. En este contexto, el componente social es necesariamente diverso, en unas coordenadas de aumento de las economías de servicios. La complejidad social lo justifica en estructuras cada vez más cuaternarias y quinarias –en definitiva, la calificación del sector terciario–, en relación a las aportaciones de las actividades a la generación de renta y a la composición de la población activa.
3.  Si se piensa en una posible conformación de un gobierno de izquierdas y progresista en España, no se podrán perder de vista las premisas enunciadas más arriba, no tanto por “pureza ideológica”, como por sostenibilidad económica y social. Y por un elemento seminal: la formulación de una ética de la responsabilidad, como dice el profesor Giovanni Sartori que, en escenarios muy concretos, puede situarse por encima de la crucial ética de los principios. La experiencia política y de gestión a la administración tendría que hacer pensar muy seriamente a las fuerzas de izquierda que las grandes proclamas teóricas son muy lucidas formalmente, pero se encuentran vacías de contenido si no se pueden aplicar y, lo que es más grave, no llevan políticamente a ningún sitio en la sociedad en la que nos encontramos insertos, con la frustración que esto provoca. La izquierda tiene que reflexionar profundamente si se quiere situar en un escenario en el que desee, de verdad, gobernar, o si, como contraste, prefiere más actuar como voz de conciencia –que será más o menos tenida en cuenta, según el talante del gobernante– y no lograr responsabilidades maduras de gobierno. Hay que escoger, por lo tanto, entre la estrategia de una fuerza política con voluntad de cambios desde la acción gestora o la de una ONG, más reivindicativa, pero con limitada incidencia político-social. Según el modelo escogido, los pasos a seguir son unos –más pragmáticos, más negociadores– u otros –más utópicos, más visionarios si se quiere–.
4.  La apuesta por otra forma de crecer, con un planteamiento que contempla todos aquellos parámetros que a menudo se olvidan por la obnubilación que induce la cifra del PIB: la relevancia de los servicios sociales y culturales, el firme control de las externalidades negativas que provoca el avance económico, las políticas sanitarias, la consecución de nuevos modelos territoriales, las apuestas por la educación en todas sus proyecciones, o el apoyo a los países menos favorecidos, elementos todos ellos que, a su vez, infieren otras maneras de hacer política. Esta noción de crecimiento económico se vincula más a la perspectiva del desarrollo humano, de forma que se deduce un nuevo modelo de crecimiento que tiene que ser menos depredador del territorio y más respetuoso con el entorno. Es decir: se tiene que subrayar el desarrollo de aquello que conocemos como Estado del Bienestar. En este sentido, tres sectores son particularmente sensibles y relevantes: el educativo, el sanitario y el que se puede calificar como asistencial. En todos ellos, las complicidades entre los sindicatos, los movimientos sociales, los grupos empresariales y las administraciones tendrían que ser mucho más sólidas que las que se han podido ver en los últimos tiempos. En los momentos actuales, y atendiendo a todos los condicionantes derivados de las políticas de equilibrio presupuestario, se plantean una serie de inconvenientes para cotejar estas cuestiones. Esta situación contrasta con las carencias clamorosas de sectores marginados o desplazados del mercado de trabajo por la evolución del modelo de crecimiento, que no disponen de interlocutores ni suponen la misma preocupación para las organizaciones convencionales y las administraciones que las demandas más vertebradas en torno a negociadores claramente definidos (como por ejemplo los sindicatos). Tal y como decía antes, al encontramos en un juego de suma cero, implementar los gastos en un sentido penaliza gravemente los déficits del otro bloque, de forma que unos procesos solidarios –y racionales– de negociación tendrían que hacer posible la extensión de beneficios sociales, con mejoras de los sectores marginados, aunque esto significara renuncias y moderaciones en los segmentos mejor posicionados de los trabajadores.

La izquierda tiene una gran oportunidad para hacer posible el redireccionamiento y cambio radical de las políticas llevadas a cabo por el PP. Se ha revelado, en estos últimos años de gobierno conservador, que los conservadores no son, necesariamente, sinónimo de buena gestión, ni de efectividad. Casos precedentes desvelados de administraciones de la derecha política, ya indicaban una forma de trabajar que mezclaba lo que es público con intereses privados, con casos concretos de corrupción. Pero el mensaje balsámico que se hizo, desde las sedes conservadoras, de que sólo la llegada del PP a los gobiernos solucionaría en poco tiempo todos los problemas, fue totalmente erróneo en cuanto a los resultados prácticos. Con indicadores macroeconómicos, no nos encontramos mejor ahora que en 2011; incluso en algún repunte como por ejemplo la corrección del déficit público, no se están logrando los objetivos fijados por el ejecutivo derechista. Y todo esto a pesar del gran sacrificio que se está infringiendo a la población, sacrificio que no entiende de cifras redondas ni de decimales, pero que vive muy directamente los problemas de acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Para reconducir todo esto, la izquierda tendrá que demostrar capacidad de unión, de identificación de los problemas y de una priorización tajante de las actuaciones a desarrollar, puesto que no será plausible encarar todos los retos que se suelen plasmar en un programa electoral. Esta ética de la responsabilidad, siguiendo Sartori, no elude la de los principios: se remarca la primera, precisamente, para evitar que la segunda sea transgredida por una derecha que apenas tiene una finalidad demostrada históricamente: descuidar los colectivos vulnerables, las clases trabajadoras, y preservar, como componente casi genético, los intereses de los poderosos.