La cuestión demográfica es probablemente el reto más importante al que nos enfrentamos en nuestro país. Durante las últimas décadas se viene produciendo una pérdida masiva de habitantes en gran parte del territorio, especialmente rural. Al envejecimiento de la población se suma la baja tasa de fecundidad y el desplazamiento de cada vez más ciudadanos desde los pequeños municipios de las zonas rurales a los núcleos urbanos más poblados. Los datos del censo oficial de población recogidos por el INE muestran que el 90% de la población vive en el 30% del territorio, fundamentalmente en Madrid y las zonas de litoral. ¿Están estas zonas preparadas para acoger ese enorme volumen de habitantes en términos de servicios públicos como por ejemplo transporte, o centros sanitarios, o educativos? ¿Cómo afrontar los previsibles aumentos del precio de la vivienda derivados de la escasez de la misma en las macropoblaciones?
La reciente crisis económica, las políticas de austeridad a ultranza y los recortes que se han llevado a cabo en determinados servicios públicos esenciales en algunos municipios, han agravado el problema de la despoblación de una parte importante del territorio español. Es curioso analizar la correlación que se ha venido produciendo entre cierre de colegios, centros sanitarios, en incluso cuarteles de las Fuerzas Armadas en algunos municipios y la caída de población en esos lugares. Cuando esos servicios se han mantenido o incluso reforzado la población no sólo no se ha reducido, sino que ha aumentado, como por ejemplo ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Andalucía (véase el gráfico 1).
De ahí la importancia de una financiación adecuada de los municipios y de las Comunidades Autónomas reformando los sistemas de financiación para que los servicios públicos básicos estén adecuadamente cubiertos. Es esta aún una tarea pendiente que lleva tiempo posponiéndose, aun siendo estas Administraciones las más cercanas a los ciudadanos y las responsables de servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia y servicios sociales, la vivienda, las políticas activas de empleo, …
Gráfico 1. Población de los Municipios Españoles en 2017 (habitantes)
Fuente: INE, Cifras oficiales Padrón Municipal.
Decisiones que se toman para racionalizar estructuras públicas y reducir gasto público tienen un efecto demográfico en el territorio, con consecuencias negativas en términos sociales, económicos y medioambientales. Porque la situación demográfica de nuestro país no sólo afecta al sistema público de pensiones, al crecimiento económico y al empleo; también tiene efectos perniciosos en el cambio climático por el riesgo de desertización de determinadas zonas de nuestro país.
Por ello, igual que se vienen realizando informes de impacto medioambiental e informes de impacto de género de las medidas y decisiones que adoptan los gobiernos; empieza a ser preciso realizar informes de impacto demográfico de todas las decisiones y leyes que se aprueben. Es esta una de las iniciativas que la Comisionada del Gobierno frente al reto demográfico, Isaura Leal, a quien tuve el placer de escuchar recientemente, pretende poner en marcha.
Si queremos revertir esta situación no basta con medidas para fomentar la natalidad, extendiendo los permisos de paternidad y maternidad o aumentando las plazas en escuelas infantiles desde los cero años. Porque tales medidas darán sus efectos a medio y largo plazo y la situación actual en determinadas zonas que están sufriendo una dramática despoblación requiere medidas urgentes que reviertan la situación.
La baja natalidad y la afortunada prolongación de nuestra esperanza de vida nos llevará a una población cada vez más envejecida en nuestro país. Según las últimas proyecciones de población realizadas por el INE, España contará con 49 millones de habitantes en el año 2033, y uno de cada cuatro tendrá 65 años o más.
El reto demográfico también atañe a las grandes ciudades y zona litoral, cada vez más poblado, que han de ser capaces de garantizar buena calidad de vida a una población envejecida. Actividades económicas relacionadas con el cuidado de mayores dependientes tenderán a ser cada vez más relevantes, y generarán nuevos empleos. En la actualidad buena parte de esos empleos están siendo asumidos por población inmigrante.
Por todo ello es un acierto que el Gobierno de España tenga presente el problema de la despoblación en España en su agenda política y que la Comisionada frente al reto demográfico presente una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en la próxima primavera. Un reto de país en el que deben participar iniciativa pública y privada; y que, dentro de la pública, requiere una coordinación leal de todos los niveles de la Administración. Para incorporar medidas que por una parte revitalicen las zonas rurales, garantizando a sus habitantes las mismas oportunidades y servicios que en las ciudades, y por otra, incorporen mejoras en la gestión de servicios y políticas para evitar tensiones en las macropoblaciones.
Los poderes públicos han de asegurar la calidad de vida del ciudadano viva donde viva porque en la actualidad hay grandes diferencias de recursos entre territorios. Eso hace, por ejemplo, que la distancia a un hospital deje sin servicios paliativos a algunas zonas rurales y que unas 75.000 personas fallezcan al año sin asistencia especializada. Al propio tiempo, los poderes públicos deben promocionar los pueblos como vía para emprender un negocio o una vida.
En este sentido, para favorecer el emprendimiento digital en la economía 4.0, es preciso mejorar las comunicaciones tecnológicas, asegurando la banda ancha y una cobertura adecuada de telefonía móvil para todo el territorio.
También desde la función pública se puede incentivar el teletrabajo para muchos empleados públicos cuya presencia física no siempre sea requerida, evitando su desplazamiento a las ciudades y potenciando que vivan en zonas rurales. Asimismo, algunas Administraciones públicas están incentivando que empleados públicos destinados en zonas rurales (docentes, médicos, guardias civiles, militares,…) vivan al menos durante cuatro años en sus lugares de trabajo, tratando de esa manera de lograr el arraigo de tales empleados en el territorio y mantener población. Ello mejora además los resultados y la calidad de los servicios públicos prestados.
En definitiva, sólo podremos afrontar el reto demográfico con la cooperación de todos los agentes a través de un verdadero pacto de Estado que consiga hacer atractivo vivir fuera de las macrociudades, cambiando la percepción actual que desgraciadamente aún tienen los pueblos, ya que no se corresponde con la España de hoy. Pensemos en el futuro, y también en el presente.
Una versión de este artículo fue publicada en «Los Blogs de la Razón» el pasado 03 / 11 / 18