Tras la absorción del Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Bankia en diciembre de 2017, solo queda esta última entidad como residuo accidental de lo que fue un importante segmento de banca pública en España. De forma paralela, se ha acrecentado la concentración bancaria en España, de forma que cinco bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), concentran más del 80% de los activos bancarios en el sistema crediticio español. Se trata de analizar si tiene interés para el propio sistema financiero y para la economía española el que Bankia siga siendo un banco controlado por el gobierno del Estado.
La banca pública propiamente dicha, esto es, las cuatro entidades oficiales de crédito -BC Agrícola, BC Industrial, BC Local y Banco Hipotecario-más el Banco Exterior de España y la Caja Postal de Ahorros fueron privatizados en un proceso que se inició en mayo de 1991. Dicho segmento del sistema crediticio se integró en Argentaria, que después fue absorbida por el Banco Bilbao Vizcaya, que se transformó así en el actual BBVA.
La privatización, decidida por el gobierno socialista a propuesta del entonces ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, afectó incluso a las estafetas existentes en las oficinas de Correos, que se vendieron a un banco alemán. Las pymes, los ayuntamientos y los promotores y adquirentes de viviendas protegidas echaron de menos durante una buena temporada a los bancos públicos absorbidos por el segundo banco privado español, puesto que los servicios que prestaban tales entidades eran muy demandados, a pesar del corto número de oficinas disponibles.
Junto a la banca pública, las cajas de ahorros conocieron una etapa de esplendor que terminó en 2007 y que acabó con la práctica desaparición de dichas entidades al inicio de la segunda década del presente siglo. Las cajas de ahorros se habían creado partir del siglo XIX para luchar contra la exclusión bancaria.
Estas entidades eran fundaciones de carácter privado, con una fuerte presencia pública y sindical en sus órganos de gobierno. Con la creación del estado autonómico, apoyado en la Constitución de 1978 y en los Estatutos de Autonomía, la tutela de las cajas pasó a las comunidades autónomas. Estas administraciones trataron a las cajas como si fuesen bancos al servicio de sus objetivos políticos, aunque el comportamiento citado no fue similar en todos los casos.
El empujón de actividad aportado a las cajas desde las autonomías fue evidente. Sin embargo, la desprofesionalización de los gestores y la excesiva concentración del crédito y del negocio bancario en general en el segmento inmobiliario llevaron a numerosas cajas a situaciones de insolvencia, tras el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria en 2007-2008. La salida de la situación fueron las fusiones frías, los SIP, que terminaron convirtiéndose en bancos, no en cajas de ahorros de mayor dimensión. El que tras el saneamiento realizado la entidad resultante fuese un nuevo banco y no una caja de ahorros mayor fue el instrumento empleado para forzar la desaparición de las cajas como entidades de crédito.
En el proceso general de saneamiento bancario, ha subsistido Bankia, banco resultante de integrar a unas once cajas de ahorros tras la absorción de BMN, con mayoría estatal en su accionariado. El tope formal para su privatización acaba en diciembre de 2019. Bankia podría permanecer bajo control público de decidirlo así el gobierno de España.
La cuestión radica en cómo Bankia (balance de 214.000 millones de euros y cartera de crédito de 128.800 millones a 31.12.2017) puede aportar más a la economía, como banco público o privatizándolo para recuperar una parte de lo aportado. Se aportaron 22.400 millones de euros en 2012 y se han vendido acciones por un valor de 2.118 millones de euros en 2014 y 2017, equivaliendo la capitalización restante a menos de la mitad de lo que el gobierno pagó para salvar a Bankia.
El número de bancos existentes en España ha bajado desde 336 en diciembre de 2011 a 248 en septiembre de 2017. El número de oficinas bancarias ha retrocedido desde las 40.202 en diciembre de 2011 hasta poco más de 27.000 en diciembre de 2017 (ver gráfico). La tendencia hacia la concentración en unos cinco bancos del negocio bancario en España es muy rápida Sorprende un tanto saber que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, considera que Bankia tendría un encaje perfecto con los grandes bancos españoles, en especial con el BBVA.
La contribución real a una mayor competencia en el sistema crediticio, la actuación clara en contra de la exclusión financiera, el freno a un más acusado oligopolio bancario, la financiación de la creación de un parque público de viviendas de alquiler social, la actuación como banca de proximidad, podrían ser objetivos de Bankia como banco público, atento a su cuenta de resultados y a su solvencia.
La composición de la gerencia de Bankia debería ser aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno. El modelo de gestión y la calidad de los gerentes debería estar bastante más próximo a lo que fueron las extintas entidades oficiales de crédito que al modelo de las también desaparecidas cajas de ahorros.
Una versión de este artículo se publicó en la revista digital El Siglo de Europa el 23 de febrero de 2018
Debería seguir funcionando como una caja al antguo estilo, pero con un control real y ferreo de sus actuaciones por parte de sus «clientes» y no por politicos con directrices de partido. Sus beneficios deberían ser destinados al bien común y no a retribuir al consejo de administración y accionistas.
En mi opinión, podría ser un ente híbrido entre la función social de las antiguas cajas de ahorro y los extinguidos bancos oficiales. El control sería del Parlamento y la gestión por un comité de expertos profesionales de la banca, independientes. Su actividad se centraría en el ahorro privado con inversión en la pequeña y mediana empresa.
Bueno, CaixaOntinyent, Colonya Pollensa y Caja Ingenieros siguen el antiguo modelo, no quebraron, y sus órganos gestores (al menos las 2 cajas) a pesar de tener consejos de administración también con mayorías políticas tuvieron consejeros a los que les pesó más la obligación de defender la historia de sus pueblos y comarcas que no las directrices políticas o el usar esas entidades para conseguir escalar en la política o asignarse sueldos millonarios.
Lamentablemente cuando sus representates comparecieron en la comisión sobre la crisis financiera recientemente se encontraron con los segundos y terceros espadas de cada grupo político, ningún lider de los 4 grandes. A todos los que pugnaban por hacer las preguntas más incómodas a los depredadores de las cajas quebradas parece que ya no les vino bien ir a reconocer y poner en valor la gestión de quienes fueron prudentes y mantuvieron sus entidades en pie.
Lamentablemente este artículo también los olvida, como olvida que CCOO e IU fueron los que pusieron a Blesa a presidir Caja Madrid negándose a renovar a Terceiro, y el PSOE el que entronizó a Narcís Serra en Caixa Catalunya, los dos mayores pufos y que más dinero nos han costado.
El Estado necesita algo más que las regulaciones para embridar un negocio tan peligroso como la banca. Porque se ha demostrado que se las arregla para saltárselas impulsado por el afán de lucro a corto plazo. Se necesita un agente directo en el mercado financiero que contrapese esas tendencias y sirva de referencia para una función más social de algo que es evidente que en nuestras sociedades es un servicio público.
No hay impedimentos legales y, por el contrario, no deberíamos ser el único país de europeo sin una banca pública.
De acuerdo con el mensaje del texto, pero la normativa actual no permitiria que Bankia fuese una caja.
A Juan Mateu: con el articulo pretendía llamar la atención sobre el momento de Bankia, mas que irme al origen de la situacion . Onteniente y Pollensa persisten porque no prestaron a promotor, solo lo hicieron a comprador de vivienda
A Manolo: comparto tu opinión, sobre todo con vistas aun futuro en que solo queden tres o cuatro bancos, situación en la cual ayuda a la buena política el que uno de los supervivientes sea publico, aunque tuviese capital privado minoritario.