“Building Back Better”: las ciudades, piezas clave para reconstruir ‘mejor’ nuestra economía

‘Building Back Better (BBB)[1]’ o ‘reconstruir mejor’ (en su traducción al castellano) es un concepto acuñado por las Naciones Unidas en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 que establece un marco de recuperación y reconstrucción posterior a un desastre que no sólo disminuya el grado de exposición y la vulnerabilidad de la comunidad, las personas o el país afectado ante futuros desastres, sino que también contribuya a fortalecer su capacidad de resiliencia frente a shocks físicos, económicos, sociales y medioambientales.

Este marco anima a adoptar “medidas más específicas para luchar contra los factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres, como las consecuencias de la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la variabilidad del clima, la urbanización rápida y no planificada, la gestión inadecuada de las tierras, y factores agravantes como los cambios demográficos, los arreglos institucionales deficientes, las políticas formuladas sin conocimiento de los riesgos, la falta de regulación e incentivos para inversiones privadas en la reducción del riesgo de desastres, las cadenas de suministro complejas, las limitaciones en cuanto a la disponibilidad de tecnología, la utilización no sostenible de los recursos naturales, el debilitamiento de los ecosistemas, las pandemias y las epidemias”.

En el caso de España, las últimas estimaciones indican que la paralización de la actividad económica en nuestro país, derivada de las medidas de contención de la pandemia aplicadas a nivel global, llevarán a una caída anual del PIB en 2020 de entre el 9% (en las previsiones más optimistas del Banco de España, en un escenario sin rebrotes) hasta el 14,4% (de acuerdo a la OCDE en un escenario con rebrote en otoño)[2]. En cuanto a la tasa de paro, la gran mayoría de servicios de estudios coinciden en que superará el 20% este año, situándonos en niveles de 2011 en plena crisis económica.

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) también alerta del aumento de la pobreza laboral, puesto que la disminución de ingresos resultante de la paralización de la actividad económica afectará especialmente a los trabajadores más vulnerables que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza, especialmente a los jóvenes y a los trabajadores de mayor edad. También las mujeres y los migrantes se verán afectados, estos últimos por la falta de protección, y las mujeres por atender los sectores de cuidados, de mayor precariedad y menor remuneración. Además, a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de contraer la enfermedad.

Este escenario nos lleva, por tanto, a prever un significativo aumento de los niveles de desigualdad en nuestro país, así como un aumento del desequilibrio territorial.

De acuerdo al último informa OXFAM[3], si la tasa de paro aumentara del  13% previo a la pandemia al 19%, y se produjera una caída del PIB del 9% durante el año 2020, el número de personas viviendo en situación de pobreza en España podría aumentar en más de 700.000 personas, hasta alcanzar a 10,8 millones de personas. De acuerdo a este mismo informe, esto se traduciría en un aumento de la desigualdad de la renta neta de 1,7 puntos, medidos en términos del índice de Gini, hasta alcanzar el 34,2 (frente al último registro antes de la COVID-19 situado en el 32,5). El informe recuerda que durante la pasada crisis económica, entre 2012 y 2013, el índice de Gini apenas aumentó en un punto.

En estos mismos términos se pronunciaba el Informe FOESSA 2020[4] presentado el pasado mes de junio, que nos alertaba de los terribles efectos de la pandemia en la estructura social de nuestro país, anulando en sólo dos meses el efecto de la recuperación de los últimos años, situándonos en las cifras del peor momento de Gran Recesión.

Por todo ello, es urgente invertir en resiliencia, desarrollando nuevos marcos económicos capaces de crear empleo y generar riqueza, y de distribuirla de manera más equitativa, aprovechando el potencial de toda la ciudadanía. Debemos aprovechar para salir de esta doble crisis sanitaria y económica (sin olvidar la crisis climática que ya nos acompañaba), invirtiendo en nuevos modos de vida que prioricen la salud y los cuidados. Y esto pasa, sin duda, por invertir masivamente en nuestro sistema público de salud, cubriendo todo el déficit de recursos materiales y humanos que, lamentablemente, ya sabíamos que teníamos. Y pasa también por invertir en una economía más verde, que, al mismo tiempo que contribuye a mejorar nuestra salud y bienestar, cree oportunidades de empleo, invierta en educación y en la formación de las trabajadoras y trabajadores, fomente la innovación y las nuevas tecnologías, y ayude a cerrar las brechas sociales que, sin duda, se abrirán más después de esta crisis.

No obstante, corremos el tremendo riesgo de que, una vez se atisbe una salida a esta crisis sanitaria y se empiece a hacer balance económico y fiscal de las medidas que se han adoptado estos meses, regrese la ortodoxia más liberal para volver a encorsetar nuestras economías en nuevas restricciones presupuestarias en nombre de la ‘estabilidad’ y la ‘sostenibilidad’, después de la ‘economía de guerra’ por la que ha abogado la Unión Europea durante estos meses facilitando masivamente liquidez al sistema, al tiempo que aumentaba la deuda de los Estados Miembros.

La aprobación del Fondo de Recuperación europeo (Next Generation EU), sin duda, es una buena noticia. Aunque no pone fin a los temores a futuras restricciones presupuestarias y medidas de contención del déficit, sí permite alejarlos temporalmente, recolocando en la agenda elementos fundamentales como la descarbonización, la digitalización y la lucha contra la desigualdad (3Ds), un objetivo tridimensional que debe servir de hoja de ruta para los próximos años.

En concreto, España dispondrá de 140.000 millones en subvenciones y préstamos para implementar su ‘plan nacional de recuperación y resiliencia’, como exige el Consejo Europeo[5]. Un Plan que debe centrar sus esfuerzos en estas tres dimensiones (3Ds), y que debe priorizar aquellas inversiones con un mayor efecto multiplicador en la generación de valor añadido y empleo en nuestro país.

Inversiones verdes para mejorar la capacidad de resiliencia

En su artículo para Economistas Frente a la Crisis[6], el catedrático Carles Manera nos recordaba cómo el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del trabajo de su entonces economista jefe Olivier Blanchard (Blanchard-Leigh, 2013), situaba los multiplicadores del gasto públicos entre 0,9 y 1,7 puntos porcentuales, echando por tierra la lógica que había avalado muchos años de imposición de políticas de austeridad – basta recordar los programas de ajuste estructural aplicados en muchos países en desarrollo. En este mismo artículo, el autor realiza una comparativa de los multiplicadores fiscales recogidos en diversos estudios que, en el caso de España se sitúan por encima de los 2 puntos porcentuales (2,14). Especialmente interesantes son los multiplicadores del gasto que recoge el autor del análisis de H. Engel-A. Hamilton-S. Hieronimus-T. Nauclér-D. Fine-D.Pinner-M. Rogers-S. Bertreau-P. Cooper-S. Leger (mayo de 2020) para determinadas inversiones en sectores bajos en carbono y generadores de externalidades ambientales menores como la aceleración de la construcción de energía eólica y solar o el almacenamiento de energía (3,4 puntos porcentuales), por un lado; o la rehabilitación energética de los edificios, el despliegue de luces LED en las calles, y el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte como los carriles bici (2,2 puntos porcentuales).  

En esta misma línea se pronuncia un reciente estudio de Cameron Hepburni, Brian O’Callaghani, Nicholas Sterni, Joseph Stiglitz and Dimitri Zenghelisiv (junio de 2020) en el que, tras una revisión de más de 196 políticas fiscales de estímulo económico puestas en marcha durante la Gran Recesión – de las cuales, 63 podían considerarse verdes – fueron precisamente éstas las que tuvieron un efecto multiplicador mayor en la economía. En concreto, los autores destacan la inversión en construcción de proyectos verdes como la rehabilitación energética de edificios o la infraestructura de energía limpia, con un fuerte impacto en la creación de empleo (cada millón de dólares invertido en infraestructuras renovables puede crear 7,49 empleos a tiempo completo y 7,72 si se invierte en eficiencia energética, en comparación con los 2,65 empleos creados por cada millón invertido en energías fósiles).

Las ciudades, clave en la reconstrucción verde

A diferencia de lo que podría pensarse, la puesta en marcha de muchas de estas inversiones verdes, no es tan compleja y recae, en gran parte, en las ciudades (rehabilitación energética, carriles bici, luces LED en las calles, etc.).

Si algo ha puesto de relevancia la situación actual es la importancia de las ciudades no sólo en la gestión de la pandemia a través de la adaptación de nuestros espacios públicos, la gestión de los servicios sociales o el apoyo a los sectores más afectados (hostelería, pequeño comercio y cultura), sino también en la propuesta de soluciones de reconstrucción económica y social.

Por ello no sorprende que las ciudades hayan sido las primeras en poner sobre la mesa planes de reconstrucción que atendieran de manera urgente las necesidades de su población: los ‘Pactos de la Villa’ (Madrid), el plan ‘Santander a Punto’ o los acuerdos políticos en los ayuntamientos como el de Sevilla o Salamanca, son algunos ejemplos de iniciativas locales para alcanzar medidas de reactivación económica y social post COVID19.  

Si bien es preciso poner en valor estos acuerdos, que ponen por delante de la confrontación política a la ciudadanía, también resulta necesario destacar que ninguno de ellos consigue priorizar medidas que permitan alcanzar una recuperación BBB.

Ninguno de ellos parece valorar el importante papel que puede jugar la inversión en economía verde para favorecer una salida de la crisis capaz de crear nuevas fortalezas en las economías locales, diversificando su tejido económico a través de una reindustrialización en sectores ligados a la transición ecológica, generando nuevas oportunidades de empleo, y convirtiéndolas en focos de atracción de talento y desarrollo de nuevas tecnologías e innovación en este ámbito.

Un programa ambicioso de rehabilitación energética sostenible podría impulsar una verdadera recuperación verde y justa en muchas ciudades. El Plan Madrid Recupera (Plan MAD-RE) puesto en marcha en 2016 por el Ayuntamiento de Madrid, tenía como objetivo impulsar la rehabilitación de los edificios y la regeneración de los barrios de la ciudad de Madrid en peores condiciones de habitabilidad para contribuir a paliar las desigualdades socioeconómicas entre los distintos barrios de la ciudad y contribuir a la lucha contra la exclusión social. En el periodo 2016 a 2018, este Plan dotado con 124 millones de euros en subvenciones movilizó un total de 211 millones de euros, rehabilitó una media anual de más de 2.500 viviendas en las zonas más vulnerables de la ciudad, atendiendo así a más de 68.000 familias y creando más de 15.000 empleos.

Si las subvenciones para la rehabilitación de los edificios situados en las zonas más vulnerables de la ciudad, se llegaran a complementar con una línea de financiación blanda y accesible dirigida a todas las comunidades de propietarios, a viviendas unifamiliares, a propietarios de locales y oficinas, etc. y un paquete de avales públicos que incentivaran la entrada del sector financiero en la financiación de las comunidades de propietarios – al menos hasta la tan necesaria revisión de la Ley de Propiedad Horizontal – el impacto en el número de edificios rehabilitados, así como en la consiguiente reducción de emisiones y número de empleos generados, podría multiplicarse sustancialmente. A esto se uniría la mejora en el confort y bienestar, así como la reducción en la factura eléctrica de los beneficiarios.

Y si, además, este esfuerzo inversor viniera acompañado por una reforma fiscal en el ámbito local que aumentara las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la instalación de paneles solares en viviendas y edificios de uso no residencial, los multiplicadores a los que hacíamos referencia anteriormente podrían aumentar significativamente.

Las corporaciones locales deberían unir este esfuerzo financiero con una estrategia de sensibilización a la ciudadanía sobre los beneficios derivados de las mejoras en eficiencia energética y uso de energías renovables, y un acompañamiento directo para facilitar su acceso a información sobre los posibles ahorros energéticos de su edificio, proporcionar asistencia técnica y financiera para desarrollar los proyectos, y apoyar en las gestiones administrativas necesarias para su puesta en marcha. Por último, resulta fundamental vincular a este plan a todos los prescriptores (empresas de servicios energéticos, constructoras, empresas energéticas, administradores de fincas, etc.), y adaptarlo según la situación de vulnerabilidad de cada familia y cada barrio, con objeto de contribuir también al reequilibrio territorial.

No se trata de una quimera. Ciudades como Londres ya tiene su propio Fondo de Eficiencia Energética de la Alcaldía[7], dotado con 500 millones de libras para financiar, con todo tipo de instrumentos financieros, proyectos bajos en carbono. En su último libro “El Green New Deal global”, el economista Jeremy Rifkin recomienda al gobierno de Estados Unidos apartar 15.000 millones de dólares al año para renovar el parque inmobiliario residencial, comercial, industrial e institucional de la nación. El autor estima que esta inversión crítica provocaría un ahorro energético de 1 billón de dólares en un periodo de diez años, lo que representa el 30% anual de toda la electricidad utilizada en Estados Unidos, crearía 3,3 millones de empleo acumulativo y reduciría las emisiones de calentamiento global en un 10%[8].

Conclusiones

Es urgente salir de esta Gran Pandemia defendiendo a ultranza el cambio hacia un modelo económico más progresista, más justo, más inclusivo y más social y medioambientalmente sostenible, que permita adquirir nuevas fortalezas económicas y sociales para, no sólo aumentar la resiliencia de nuestras sociedades ante próximas crisis, sino garantizar un futuro mejor a las generaciones que están por venir.

Tras la última crisis económica, empezamos a atisbar, tímidamente, un ligero cambio de discurso hacia posiciones menos liberales, incorporando conceptos  como la lucha contra la desigualdad, la descarbonización de la economía, el aumento de la progresividad y justicia fiscal, la democracia empresarial, etc. La recuperación y reconstrucción posterior a esta pandemia no puede olvidar estos pequeños logros y debe reconducirse para que los compromisos adquiridos a nivel internacional en el marco de la Agenda 2030 o la Agenda de París sigan siendo referentes en los años complicados que hay por delante.

Y en este esfuerzo, las ciudades, que han mostrado su compromiso y responsabilidad dando la primera respuesta ante este desastre que está siendo la COVID19, deben acompañar a su ciudadanía en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción posterior, sin dejar a nadie atrás y garantizando que esta reconstrucción es efectivamente ‘mejor’. La inversión verde en las ciudades es un buen comienzo.

[1] https://www.preventionweb.net/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

[2] Consultadas previsiones a día 13.07.2020 de FMI, OECD, Comisión Europea, Banco de España, BBVA y FUNCAS).

[3] Una reconstrucción justa y necesaria es posible, OXFAM Junio 2020 https://oxfam.app.box.com/s/90ijkmfp0tlfzd1q7hb64mka4q29xfvt

[4] Informe Fundación FOESSA 2020 “Distancia Social y Derecho al Cuidado”

[5] Reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020) – Conclusiones. https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf

[6] https://economistasfrentealacrisis.com/por-una-nueva-agenda-economica-la-inversion-descarbonizada-tras-la-covid-19/

[7] http://www.meef.co.uk/

[8] El Green New Deal Global (Rifkin, 2019)