Caminar hacia el pleno empleo

Según se desprende de las respuestas del Barómetro de Julio de 2018 del CIS, en la actualidad el paro es el principal problema para una mayoría de ciudadanos (41,6%), a mucha distancia del siguiente (“la corrupción y el fraude”, 16,6%). Para uno de cada cuatro encuestados, además, el desempleo es el problema que más le afecta directamente, seguido de los “problemas de índole económica” (11,3%) y de los “relacionados con la calidad del empleo” (5,5%). La problemática del empleo, tanto en cantidad como en calidad, constituye en consecuencia una prioridad indiscutible para la acción de gobierno, si entendemos que debe atender las necesidades y anhelos de las personas.

Los datos objetivos reafirman esta conclusión. Nuestro país arrastra décadas de elevados desempleo y temporalidad del empleo, que se han consolidado como características endémicas de nuestro mercado laboral. Desde los años setenta del pasado siglo, lo más cerca que hemos estado del pleno empleo fue entre los años 2006 y 2007, tras una docena de años de elevado crecimiento económico ininterrumpido. La tasa de paro en esos años fue del 8,5% y del 8,2%, respectivamente. Pero aquello fue un espejismo. La llegada de la gran recesión, unida posteriormente a la aplicación de unas políticas económicas profundamente equivocadas, volvió a provocar una destrucción masiva de empleo, disparándose la tasa de paro de nuevo hasta niveles incluso superiores al 25%. Una nueva constatación de la acusada fragilidad del empleo en nuestro país, que va unida a la elevada precariedad del mismo.

Desde hace más de treinta años el abuso de la contratación temporal sin causa (en fraude) generó una perversa dualidad laboral entre quienes tenían un contrato de duración indefinida y temporal, que ha persistido todas estas décadas. Los últimos cambios normativos -sobre todo la reforma laboral del PP en 2012- y el surgimiento de nuevas formas empresariales ligadas a la tecnología digital, han extendido la precariedad laboral (tiempo parcial involuntario, economía de plataformas, falsos autónomos, etc.), incrementando la rotación y generalizando la inestabilidad del empleo.

El hecho es que en la actualidad la tasa de paro es del 15,3%, la segunda más elevada de la UE y más del doble de su media (6,8%); cuatro de cada diez desempleados lleva más de dos años en esa situación; la tasa de temporalidad es del 26,8%, la más alta de la UE; y uno de cada cuatro contratos realizados dura menos de siete días; por citar algunas cifras ilustrativas. Un escenario que exige la puesta en marcha de actuaciones que empujen nuestra economía hacia una situación cercana al pleno empleo que, además, perdure. Estas actuaciones se pueden agrupar en cuatro ámbitos: la economía productiva, la contratación, las políticas de empleo y la negociación colectiva.

En primer lugar, para crear empleo se requiere mantener un crecimiento robusto de la actividad. Y para ello es necesario configurar una nueva estrategia de crecimiento, que entierre definitivamente los nocivos dogmas de las políticas de austeridad desarrolladas desde 2010. Sin violentar los compromisos de nuestro país en materia de estabilidad fiscal, debemos aprovechar los mayores márgenes existentes para configurar unas políticas más expansivas, que contribuyan a aliviar el consumo de los hogares y a impulsar, de manera selectiva, aquellos sectores que poseen más potencial de crecimiento, generan más valor añadido y resultan más resistentes a los vaivenes del ciclo.

En los últimos cuatro años de crecimiento del PIB, tres de las cuatro ramas productivas que más han aumentado su empleo han sido las actividades inmobiliarias (55,3%), la hostelería (38,6%) y la construcción (29%). Sin duda, son actividades capitales para el país, pero deberían ceder protagonismo progresivamente en favor de otras más ligadas a las nuevas fuentes del desarrollo global. Un dato negativo ilustra esta urgencia: desde 2014, el empleo en las actividades de investigación y desarrollo ha caído un 5,4%.

Resulta en consecuencia urgente diseñar y poner en marcha un Plan para la industria, que permita elevar el peso sobre el PIB de este sector del 16,3% actual al 20%, así como una estrategia de transición ecológica que ejerza de hilo conductor de los cambios apuntados en nuestro modelo productivo, y que ofrezca soluciones realistas y socialmente aceptables para los trabajadores y las trabajadoras que se verán afectados inevitablemente por los mismos.

Un segundo eje de actuaciones debería afectar al sistema de contratación de nuestro país, para promover un empleo más estable. El objetivo debe ser recuperar la causalidad en su uso, de modo que a un empleo de naturaleza temporal le corresponda un contrato de duración determinada y a un empleo estructural, uno indefinido. Es lo que indica nuestra normativa, lo que dicta la lógica, y lo que sucede en la inmensa mayoría de los países europeos.

Para lograrlo, es preciso acotar mejor las causas que permiten utilizar la contratación temporal y eliminar los actuales incentivos al fraude: escasa probabilidad de ser detectado, sanciones muy bajas y enormes dificultades para que el trabajador denuncie las situaciones de abuso. En este sentido, el Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020), aprobado por el Gobierno el 27 de julio de este año, constituye una iniciativa muy loable, por la extensión y acierto de las medidas que incluye. Pero debería ser complementado con cambios legales que eleven las sanciones para los defraudadores, además de establecer una nueva indemnización por fraude, que percibiría el trabajador, que supere el coste para la empresa del despido improcedente en los contratos indefinidos.

De manera inmediata, además, se debería modificar la regulación de las condiciones de trabajo en las contratas y subcontratas para hacerla más garantista, ya que con el auge de las empresas de multiservicios se han convertido en un instrumento de dumping laboral y social, así como eliminar el contrato de apoyo a emprendedores (un año con despido a coste cero) y el de primer empleo joven (temporal sin causa). Y es necesario abordar definitivamente la reforma del contrato a tiempo parcial, convertido actualmente en un contrato a llamada, para otorgar una mayor seguridad a su jornada y garantizar una retribución suficiente. Establecer la obligatoriedad del registro diario de jornada y su accesibilidad a los representantes de los trabajadores se antoja, en este sentido, una medida necesaria.

Como tercer ámbito de actuación, es imprescindible potenciar las políticas activas de empleo (PAE), que no están dando respuesta a las dificultades de los desempleados, y en especial a aquellos con mayores problemas de acceso al empleo (parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes). Ello pasa por elevar su dotación presupuestaria, que en 2018 sigue siendo 2.000 millones de euros inferior a la que había en 2010. Pero también por cambiar la composición de ese gasto, reduciendo al mínimo el realizado en bonificaciones a la contratación –que ahora supone un tercio del total y que se ha demostrado ineficaz- y aumentando el dedicado a la formación y a la orientación y seguimiento del desempleado (“itinerarios personalizados”). Y es preciso desarrollar los llamados “protocolos de la cartera común de servicios”, que constituyen la principal herramienta para abordar las tareas mencionadas (diagnóstico, perfilado y orientación personalizada), y que pese a haber sido ya configurados en colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los de las Comunidades Autónomas, permanecen inoperativos. Todo ello exige una nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE), diferente a la aprobada por el Gobierno del PP en diciembre del pasado año.

Como cuarto eje, el Gobierno debería revertir algunos aspectos de la reforma de la negociación colectiva que realizó el gobierno del PP, que están consolidando un desequilibrio determinante en las relaciones laborales en contra de los trabajadores, generando inestabilidad y fragilidad laboral. Por ejemplo, se debe recuperar la primacía del convenio colectivo de sector frente al de empresa, para frenar el surgimiento de convenios cuyo único fin es la rebaja de salarios y condiciones laborales, y recuperar la llamada ultraactividad (mantener su vigencia hasta la firma de otro convenio).

En definitiva, se trata de otorgar al empleo el lugar preponderante en la política económica que tiene ya de facto como determinante del nivel de bienestar de las personas y del grado de desarrollo del país. Es una tarea sin duda muy complicada, más aún en la presente legislatura, con un arco parlamentario fragmentado y sin mayorías estables. Pero la fase actual del ciclo económico otorga márgenes que no podemos desaprovechar.

El diálogo social con la patronal y los sindicatos es el ámbito adecuado para abordar estas reformas. Pero el gobierno socialista debe tener en cuenta que a él le corresponde adoptar, en último término, las medidas conducentes a una situación de más y mejor empleo. No se puede obviar que la grave situación actual es, en gran medida, consecuencia de la reforma laboral aprobada unilateralmente por el gobierno del PP en febrero de 2012, quebrando precisamente un importante acuerdo entre patronal y sindicatos firmado quince días antes (II AENC). La aceptación pasiva de los resultados de aquella regresiva reforma, además de incumplir sus compromisos electorales y programáticos, resultaría incompatible con la regeneración que el nuevo gobierno ha situado como centro de toda su actuación. Urge, en consecuencia, que se visualice un cambio en las políticas económicas y de empleo.