Comentario urgente ante la anunciada reforma de la Ley de Costas

 España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el 24% corresponden a playas. Nuestra costa está afectada por un fuerte incremento de la población y la consiguiente intensificación de usos turístico, agropecuario, industrial y de transporte.

REFORMA DE LA LEY DE COSTAS Y MEDIO AMBIENTE

Muchos de estos espacios vitales para la producción orgánica y biológica han sido destruidos bajo pretendidos motivos sanitarios, económicos o agrícolas, habiendo sido dedicados realmente a una edificación especulativa.

Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige una perspectiva de futuro que tenga como objetivos la defensa de su equilibrio y su progreso físico, la protección y conservación de sus valores naturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos y la adopción de las adecuadas medidas de restauración.

En este contexto, el Ministro Arias Cañete anunció una “profunda reforma de la Ley de Costas” dirigida, según explicó, a facilitar el aprovechamiento del litoral, resolver los problemas generados por la Ley del 1988 y dar seguridad a los concesionarios cuyos títulos se extinguen en 2018.

• La Ley de 1988, avalada por el TC, afianza la titularidad pública del litoral

Deliberadamente, elude decir el Ministro que de lo que hablamos es de privatizar la costa y llenarla de hormigón. Se trata de una enorme regresión en el reconocimiento, avalado por el propio Tribunal Constitucional, de la titularidad pública del litoral. La Ley de 1988 imponía prohibiciones y limitaciones en la línea de costa y su zona adyacente con la finalidad de garantizar su protección frente a la vocación depredadora de los promotores.

• No existe inseguridad jurídica, sino garantías y soluciones equilibradas

La propia Ley, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con títulos legítimos previos a su entrada en vigor, incluidos los derechos de quienes tenían alguna instalación industrial preexistente a los que el Legislador daba de plazo 30 años (hasta 2018) para buscar otra ubicación o solicitar un nuevo título concesional con arreglo a los nuevos requisitos y límites de la nueva ley. No existe pues inseguridad o limitación desproporcionada alguna sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas para conciliar la correcta protección del bien común con la salvaguarda de derechos transitorios para quienes veían modificado un título preexistente. El resto de situaciones preexistentes -núcleos urbanos, núcleos históricos, construcciones en zonas de servidumbre…- cuentan también desde 1988 con respuestas adecuadas en la propia norma.

• Una Ley avanzada, equilibrada y flexible

Una norma que se viene aplicando desde hace ahora 25 años, con más del 95% de la superficie litoral deslindada, con una dilatada tradición y asentamiento en las soluciones que se han venido definiendo y que cuenta en su propia estructura con flexibilidad y equilibrio suficiente para abordar cualquier problema que pueda llegar a plantearse.

• La reforma es un pésimo ejemplo para el futuro y vuelve a un modelo económico desfasado, depredador del entorno e insostenible.

El Gobierno pretende dar por buena la detracción del bien común, el beneficio privatizado y buscar soluciones a medida que no harán sino seguir haciéndonos más pobres a todos en general para beneficiar enormemente a unos pocos promotores, constructores y administradores con pocos escrúpulos. Será además un pésimo ejemplo para el futuro, nicho de nuevas tentaciones para corrupciones e ilegalidades, para un modelo económico. Quedarán también para después los costes de mantener infraestructuras y servicios para dar respuesta a los nuevos vecinos así como el coste de buscar alternativas a la economía local cuando el cemento envejezca y los lugares donde se colocó hayan dejado de ser sitios de ensueño natural para pasar a ser emplazamientos turísticos decadentes.

TURISMO Y LEY DE COSTAS

• Efectos sobre el turismo: hacia la pérdida de competitividad y la insostenibilidad del modelo.

Detrás de las declaraciones del Ministro Arias Cañete, en las que recalcaba la necesaria puesta en valor de la costa, subyace el argumento de que la explotación turística del litoral debe prevalecer sobre la preservación del entorno natural.

• Datos de coyuntura turística

Con un peso aproximado del 10,2% del PIB y dando empleo al 10,8% de la población activa, el turismo es uno de los principales sectores de actividad económica y dentro de los diferentes productos turísticos, el sol y playa es el elegido por más del 70% de los más de 53 millones[1] de turistas extranjeros que llegaron a España en 2011. La tasa de cobertura del déficit comercial por el superávit en turismo en 2011 fue cercana al 80%, superando el 100% en algunos meses, como en julio y agosto. Este es un hecho relevante en un contexto de crecientes dificultades para acceder a la financiación exterior. La costa es por tanto un motor decisivo de la actividad económica española y los ingresos que se derivan de ésta ayudan a financiar el déficit por cuenta corriente.

A pesar de que los datos de llegada de turistas (+7,7% y/y) han sido positivos, el Ministro Arias Cañete no debería caer en la tentación de argumentar que la llegada de turistas internacionales y el aumento de los ingresos turísticos (+8,1% en los once primeros meses del año) se debe a la ventaja competitiva de la oferta turística española, que a pesar de los esfuerzos del Gobierno del PSOE para aumentar la calidad de los destinos turísticos alternativos al sol y playa, sigue siendo excesivamente estacional y poco diversificada. Otro dato especialmente preocupante es el del gasto medio por turista (-0,3% hasta noviembre), pues refleja una oferta turística de escaso valor añadido y con menor capacidad competitiva.

Cuando las turbulencias políticas en el norte de África amainen y la competencia vía costes se restablezca en el segmento de sol y playa, la llegada de turistas se resentirá en España, y con éstos los ingresos y la tasa de cobertura del déficit comercial.

• La reforma de la Ley de Costas, al degradar la calidad paisajística de la costa, reducirá el atractivo turístico de España y fomentará un modelo avocado al fracaso.

Con la anunciada reforma de la Ley de Costas, cuyos efectos sobre la calidad del turismo serán innegables, el Gobierno del PP busca intensificar el fomento de un turismo de baja calidad, masificado, que responde a una política turística del tardofranquismo, del turista 1 millón. Se pondrá así en peligro la sostenibilidad del sector turístico español.

• La política turística debe aprovechar la excepcionalidad paisajística del litoral español para diferenciarse y promover un turismo de calidad y en armonía con el entorno natural

Una verdadera política turística que busque “poner en valor el litoral” debe pasar necesariamente por la preservación del entorno natural, que atraiga a un turista con mayor capacidad de gasto, que aumente el gasto medio por turista y que promueva la diferenciación del destino turístico del sol y playa español a través de la calidad y de la excepcionalidad del valor paisajístico de los 7.880 kilómetros de litoral.

La coordinación entre el Ministerio de Industria y el de Agricultura se vuelve, por tanto, fundamental.

Sólo si los responsables de las carteras con competencias en turismo comprenden que la conservación de nuestro principal activo turístico que recoge la Ley de Costas de 1988 es la mejor política turística a largo plazo, el sector podrá afrontar con cierto optimismo la segunda mitad de esta década.

Por encima de los intereses particulares que confluyen en muchas ocasiones sobre el dominio público marítimo-terrestre, el objetivo de la legislación española no debería dejar lugar a dudas: garantizar su carácter público y conservar sus características naturales conciliando las exigencias de desarrollo con los imperativos de protección.

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