Medio asociado a eldiario.es

Predistribución, Cooperativismo, Servicios sociales y Bienestar

A finales del siglo XX, muchas cooperativas de servicios sociales fueron empujadas a la quiebra. Cuando el Partido Popular llegó al poder, las cooperativas del tercer sector habían alcanzado un nivel de complejidad que se traducía en unos servicios geriátricos especializados y de calidad, pero aún no habían desarrollado rutinas de eficiencia y calidad[1] (Fernandez y Martínez, 1997), y los técnicos públicos carecían de referencias para trasladar a los pliegos de contratación procedimientos que reflejaran la complejidad del servicio en residencias y centros de día. El nuevo partido gobernante no tenía otro objetivo que abaratar los costes y dar entrada a subcontratistas privados, como las grandes empresas de servicios de limpieza, que vieron en el sector una oportunidad de negocio y entraron en las licitaciones con precios ruinosos para las cooperativas y para el propio servicio, algo que se ha puesto en evidencia durante la crisis sanitaria de 2019 y 2020.

De lo Social a lo Socio sanitario. Las Cooperativas de Servicios Sociales.

Las cooperativas de servicios sociales nacieron con la transición de la dictadura a la democracia, cuando las mujeres en búsqueda de empleo sumaban el 37% de la población activa en paro, porcentaje muy superior a su peso entre las personas activas, y la cultura familiar imponía a la mujer trabajadora un doble empleo, como activa y como ama de casa. La configuración del empleo femenino dirigía a las mujeres con bajo nivel de estudios hacia las empresas de limpieza, cuando no al empleo doméstico. Al calor de las luchas obreras, las trabajadoras de limpieza iniciaron acciones para conseguir un convenio colectivo, con el resultado de numerosos despidos. Ese fue el origen de muchas de las iniciativas de las cooperativas de inserción social, primero, y de servicios sociales, más tarde[2] (Miguel, 1984). Apoyadas por grupos cristianos de base, las personas que lideraron las huelgas de limpieza en 1977 y 1978, constituyeron sus propias empresas para luchar contra las listas negras de la patronal de limpiezas.

Los contactos de los colectivos cristianos facilitaron los primeros contratos, pero el aprendizaje empresarial contra el rechazo a la auto explotación, la aceptación de la disciplina de grupo y de la jerarquía ante los clientes, esa fue una enseñanza auto infligida por el propio colectivo. La igualdad salarial es una característica común a estas experiencias, que ha de jugar un papel aglutinador muy potente en ellas. Lo mismo que la reglamentación de las prácticas asamblearias y decisorias. Un aprendizaje que facilitó la interrelación con el barrio donde residía cada una de las experiencias, en una época de drama juvenil relacionado con el consumo de estupefacientes. Algunas de estas cooperativas iniciaron prácticas de inserción juvenil para jóvenes de sus barrios en situaciones de marginación. De alguna forma, devolvían a los colectivos cristianos el apoyo recibido, pero normalmente la cultura de servicio a la sociedad era constitutiva de la propia cooperativa. El barrio, los colectivos cristianos, núcleos cenetistas y sindicales, se unían al esfuerzo cooperativo en las asociaciones ciudadanas y de vecinos.

Cuando se constituyeron los ayuntamientos democráticos, las cooperativas hicieron un esfuerzo para proporcionar una estructura de trabajo al Servicio de Ayuda a Domicilio municipal (S.A.D). Tanto la inserción juvenil como la presencia en las asociaciones de barrio facilitaban el acceso de las trabajadoras a los domicilios de ancianos y ancianas, usuarios y beneficiarias del servicio. Pero, como la aceptación de la disciplina en el autoempleo, aprender el servicio supuso un esfuerzo colectivo de las y los cooperativistas. Voluntarios de servicios sociales, sindicalistas y personas de los colectivos que les venían apoyando colaboraron en la creación de los servicios de formación que dieron una idiosincrasia de especial seriedad y austeridad a estas cooperativas. La relación especial que asumieron con las Escuelas universitarias de Trabajo Social hizo el resto.

A partir del SAD, los ayuntamientos democráticos y las consejerías de servicios sociales vieron en estas cooperativas un importante yacimiento de empleos y capacitación de los profesionales de diversos grados que necesitaban para las nuevas obligaciones del bienestar. Con el apoyo de los mismos voluntarios que habían ayudado en la creación de los centros propios de formación interna, aprendieron la mecánica de los concursos públicos, estudiaron la organización y organigrama de los centros de asistencia, residencias de tercera edad, centros de día, pisos tutelados, etc. Todo el abanico de actividades conocidas como servicios de proximidad. Hasta los años noventa del siglo XX en que varias circunstancias concurrieron para cambiar el contexto.

Por una parte, la profesionalización y especialización creciente de los servicios, en respuesta al mandato de los artículos 148 y 149 de la Constitución[3] (Fajardo y Saez, 1997), provoca una explosión de figuras profesionales, con sus correspondientes intentos clasificatorios de los curricula formativos, que a la vez se encuentran dispersos en las diferentes regulaciones autonómicas y planes sindicales de formación profesional, siempre dentro del acuerdo FORCEM de diciembre de 1996[4] (Pérez, 1997). Por otra parte, los empresarios empiezan a vislumbrar en esos servicios, y en su complejidad creciente, un amplio abanico de oportunidades de negocio. La confluencia de estas dos circunstancias coloca a las cooperativas ante un dilema nuevo: por un lado, su cultura les lleva a priorizar la calidad de la asistencia, basada en la autonomía de los profesionales para ajustarse a las personas usuarias del servicio en la resolución de problemas; además, hasta esos años, no habían sentido la presión por la eficiencia y el resultado financiero.  Por el otro, la conquista de las administraciones autonómicas y locales por parte del Partido Popular colocó a las cooperativas ante un nuevo contratista, que prioriza el precio del servicio; al tiempo que, sin declararlo, estaba deseoso de mostrar que los servicios públicos son oportunidades de negocio para los empresarios, y que la competencia seleccionaría a los más eficientes con el consiguiente beneficio para los contribuyentes. El beneficiario pasa a convertirse en cliente, en abierta oposición a la cultura de las cooperativas que proporcionaban esos servicios. Todo ello, en el momento de mayor esfuerzo de aprendizaje, consecuencia del aumento de la complejidad del servicio y de la organización necesaria para prestarlo según los valores aprendidos. El resultado para las cooperativas fue demoledor. La competencia desleal de las grandes empresas de limpieza y los fondos buitres de inversión, con empleo precario, personal insuficientemente formado y escasez de profesionales, médicos y sanitarios de grado medio, desplazó a las cooperativas en la gestión de los centros de día y residencias geriátricas públicas.

No ocurrió así para las cooperativas vascas de servicios sociales que, como en otros países con un ecosistema cooperativo potentes, Italia o Bélgica, lograron mantenerlas y superar los retos que la lógica del mercado les imponía. Estos gobiernos han protegido el bienestar contra la agresividad competitiva, en base a criterios predistributivos que se incluyen en las contrataciones, fundados en el interés público del servicio y la obligación de no tener ánimo de lucro para las empresas autorizadas a la provisión externa del servicio. Un paso más adelantado, con un alto nivel de vida y más igualitario, Noruega está poniendo en marcha iniciativas de cooperación entre las familias de los usuarios, las cooperativas sin ánimo de lucro, y los servicios públicos de asistencia social, para eliminar trabas burocráticas y acercar aún más la proximidad[5].

Democracia, Bienestar y Predistribución

Cuando se trata de servicios sociales, “el éxito de la economía social, donde ha conseguido sobrevivir, reside en su capacidad de trabajar con la población”; lo ha logrado allí donde se ha liberado de la presión mercantilista por convertir al usuario en cliente, y donde éste ha conservado su rol de ciudadano colaborador, ayudando a los profesionales socio sanitarios “a superar la dimensión autorreferencial y el enrocamiento de los servicios”[6] (Gracía Roca, 1997). La predistribución proyecta las políticas del bienestar con mecanismos de democracia participativa, que incorporan a los ciudadanos en el diseño y la gestión de los servicios a ellos dirigidos. Desde ese enfoque, la economía social se convierte en un aliado preferencial de la acción pública y en un vehículo para la participación ciudadana en la gestión del bienestar, que al fin y al cabo es un bien común, porque el modelo organizativo de la economía social “distribuye de manera más igualitaria el acceso a los ingresos, al capital y al poder de decisión de la ciudadanía”[7].

Más concretamente, los servicios de proximidad, tal como han sido diseñados por las cooperativas de servicios sociales, ponen el acento en “los componentes relacionales y cualitativos de la prestación de los servicios”, “parten del individuo en tanto que sujeto y se incorporan a ámbitos cercanos a la intimidad, implicando por tanto la participación activa del usuario en la prestación del servicio”[8]. Los servicios sociales, como subsistemas del bienestar, incluyen diferentes áreas y estructuras funcionales que protegen la cotidianeidad y proporcionan calidad de vida a los ciudadanos; no es posible pensarlos al margen de la individualidad de cada uno de los sujetos y, a la vez, destinatarios del servicio. Es desde esta dualidad del bienestar que se construye el concepto de predistribución como consustancial a la economía social, en la perspectiva del posmercado y el trabajo voluntario remunerado, dirigiendo la creatividad cooperativa hacia las actividades que construyen y sustentan las comunidades[9].

[1] Fernández, Rafael y Martínez, Ángel (1997) “I Escuela de verano de Economía Social: Las empresas de Economía Social en la gestión de servicios de apoyo a personas”. CIRIEC-ESPAÑA, revista de debate sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa”. Nº 26, agosto, Valencia.

[2] Miguel, Mercedes (1984) “Surgimiento de una Cooperativa en barrios. Una experiencia alternativa a situaciones de marginación”. Tesis de grado de la Escuela Social de Valencia. Septiembre de 1984

[3] Fajardo, Gema y Sáez, Emilio (1997) “Estudio del Contexto Legal de las Empresas de Servicios Sociales en el Estado Español”. Gestión de Servicios de Apoyo a Personas, Programa ADAPT Comunidad Europea-Conselleria de Trebaill CAV, Valencia.

[4] Pérez, Julià (1997) “La Formación en la Empresa”. Gestión de Servicios de Apoyo a Personas, Programa ADAPT Comunidad Europea-Conselleria de Trebaill CAV, Valencia.

[5] Enekoitz Etxezarreta, Lishet Díaz y Juan Carlos Pérez (2015) “La Economía Social como herramienta predistributiva de la política social” Documento de Trabajo 6.4. Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social. Universidad del País Vasco-Fundación FOESSA.

[6] García Roca, Joaquín  (1997) “I Escuela de verano de Economía Social: El soporte comunitario y la profesionalización de los servicios sociales”. CIRIEC-ESPAÑA, revista de debate sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa”. Nº 26, agosto, Valencia.

[7] (Etxezarreta et al, 2015)

[8]  (Fernández y Martínez, 1997)

[9] Rifkin, J (1996): El Fin del Trabajo. Ed. Paidos, Madrid.

About Jose Candela

José Candela Ochotorena, Doctor en Economía y en Historia Contemporánea, es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

Deja un comentario