Coordinar política monetaria y política fiscal: la clave de bóveda
Este post sobre politica monetaria y fiscal -coordinado por Carles Manera Urbina y Jorge Fabra Utray– corresponde al tercer capitulo del documento de EFC «CUATRO AÑOS MÁS DE GOBIERNO PROGRESISTA PARA DAR UN SALTO EN LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRA ECONOMIA»
- La importancia de la inversión pública
Desde la pandemia, la importancia de la intervención del sector público ha sido capital. Los estímulos fiscales han resultado claves para evitar un colapso mayor. Esto lo están pregonando las instituciones económicas más influyentes, como el FMI, el BM y la OCDE. En Europa, los Fondos Next Generation (NGEU), financiados por primera vez mutualizando deuda, son ejemplo de cómo contemplar la inversión pública como estrategia, planteándose respuestas a retos concretos: el cambio climático, la transición energética y la diversificación económica.
Sin embargo, la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas están acelerando planteamientos proteccionistas y políticas públicas amparados en el principio de autonomía estratégica. El abandono de pautas multilaterales facilita un nuevo escenario en el que la reubicación de las cadenas de valor forma parte de un replanteamiento de la especialización productiva de los países. La libre competencia queda supeditada a decisiones políticas que definen en qué sectores intervenir, con qué límites y de qué modo. Los Estados se convierten en actores esenciales, que refuerzan la relocalización y captación de procesos industriales antes situados en Asia y en regiones periféricas a las zonas más desarrolladas del mundo. Los Estados más fuertes toman la iniciativa para conseguir ventajas en los sectores punteros.
Así, Estados Unidos, mediante la denominada Ley para la Reducción de la Inflación, impulsa un paquete de ayudas de 430.000 M$ de incentivos fiscales y subvenciones a la energía verde que refuerza a su industria del automóvil y a otras industrias productoras de tecnologías. Y en un marco de flexibilización de las reglas del déficit, Bruselas permite que Alemania (9,5 % de su PIB) Francia (6,15% del PIB) o Dinamarca (6,5% del PIB) hayan multiplicado en 2022 las ayudas presupuestadas. En el caso de España, los 140.000 M€ asignados a como parte de los fondos NGEU, van a significar, repartidos en 5 años entre ayudas y créditos, un 2,2% de su PIB en promedio anual.
En ese contexto, España debe constituirse en defensor ante Bruselas de la recuperación de los equilibrios de las ayudas de Estado. Y, al tiempo, complementar con recursos nacionales los planes de inversión diseñados con los NGEU hasta los límites que marquen las nuevas pautas de estabilidad macroeconómica. Esa dotación extraordinaria es una cantidad suficiente para un cambio cualitativo en el modelo de crecimiento que aborda la transición energética, la transformación digital de empresas e instituciones, el impulso industrial, la contención del cambio climático (reciclaje, ingenierías ambientales, aceleración en la implantación de activos e infraestructuras para la transición hacia la descarbonización de la economía, etc.) y el impulso de las políticas de I+D+i.
Los efectos de esos fondos europeos sobre el crecimiento se harán sentir en la medida en que vayan llegando a sus destinatarios finales, sean empresas o instituciones, y serán más o menos consistentes si arraigan en el tejido productivo. Su principal objetivo no debiera ser su efecto inmediato sobre el crecimiento sino su capacidad de transformación sostenible del modelo productivo.
En tal aspecto, el tema de los multiplicadores fiscales vuelve a estar sobre la mesa. En España, los calculados hasta el momento por distintas instituciones económicas (incluyendo el mismo Gobierno) indican multiplicadores que no llegan a la unidad o la superan por muy poco, como producto de las inversiones derivadas de los Fondos Europeos y de la estrategia de inversión pública. Son previsiones demasiado moderadas, teniendo en cuenta que la literatura económica sobre la cuestión –sustentada sobre estudios de caso específicos– afianza multiplicadores fiscales que superan con creces la unidad, llegando a cotas cercanas a 2 (sobre esto, véase la entrada en Economistas Frente a la Crisis. Obviamente, todo depende del éxito de los programas lanzados y de su velocidad de implantación. Caixabank Research estima dos escenarios que ofrecen unos multiplicadores sobre PIB que oscilan, para 2023 y 2024, los años de mayor impacto, entre un 1,4 y un 2,5 (para descender luego hasta niveles situados entre 0,5 y 1,4). Pero todo depende de la sincronización de las políticas monetaria y fiscal que, al final, propugne el BCE.
- Una política monetaria que reconsidere aspectos críticos.
En un contexto de gran incertidumbre y volatilidad, con la inflación como gran telón de fondo motivada, en el caso de la Eurozona, por un shock de oferta, el BCE persiste en su hoja de ruta con nuevas subidas de tipos, una “quimio” que mata las células malas pero que también intoxica el resto del cuerpo, indicándonos –contradictoriamente– que la inflación puede controlarse reduciendo la demanda y despreciando el resto de los componentes que la causan. En esta dirección, alienta sus recomendaciones de reducir el poder adquisitivo de las pensiones, que insertaría en un pacto de rentas en el que salarios y márgenes empresariales tienen que moderarse. Pero en España los datos no apuntan a que exista presión sobre los precios desde la demanda. Desde luego no son los salarios los que la están empujando. Tampoco las pensiones están inmersas en el proceso productivo. No son costes para la fabricación de bienes o prestación de servicios. Unos puntos concretos se imponen:
- La flexibilización en los requerimientos de inflación: el 2% no debe ser un axioma inamovible, y deben tenerse en cuenta los factores coyunturales. Lo mismo cabe decir de los porcentajes de deuda pública sobre PIB.
- La revisión de los procesos de endeudamiento público soberano: reestructuración de partes de la deuda, convirtiéndola en deuda perpetua. En ambos casos, sería determinante la complicidad del BCE.
- Tipos de interés: análisis más preciso que vincule su evolución con el impacto sobre vectores clave de la economía, como la tasa de paro. El anclaje de la inflación es importante; pero el movimiento de tipos debe hacerse con prudencia y cautela.
Nuevas y agresivas subidas de tipos sólo podrán contribuir a mitigar la inflación haciendo destrozos en la economía a no ser que se detengan en niveles moderados no quirúrgicos que se limiten a equilibrar los parámetros financieros en los que debieran desenvolverse todas las actividades económicas. En este sentido, una política monetaria más gradual y paulatina debería transmitir el mensaje de que los banqueros centrales se están conteniendo a la espera de que los reguladores sectoriales intervengan en el diseño de los mercados. Se trataría de acabar con los fallos de mercado rediseñando mercados capaces de revelar los costes de todos aquellos servicios y bienes cuyos costes no hayan sido afectados por los dislocamientos de la guerra. En definitiva, un golpe regulatorio a la espiral inflacionista, suficientemente contundente, facilitaría nuevas “segundas rondas en sentido contrario” que contribuirían a reducir la inflación subyacente restituyendo niveles de precios anteriores a abril de 2021… o al menos a acercarse a ellos.
El BCE debería contenerse en clara connivencia –y no en contradicción– con la política fiscal, a la que se le exige que estimule inversiones perentorias para, entre otros cometidos, ir a escenarios de cambios de modelos productivos. Sus recomendaciones deberían atender, también, a los déficits regulatorios que están inflando artificialmente precios de bienes y servicios sistémicos infligiendo daños a la economía a través de sus efectos inflacionistas. Por tanto, un desafío importante para los banqueros centrales, que no pueden ignorar los mensajes que le van llegando desde la política fiscal, instrumentada sobre los fondos europeos, ni tampoco los mensajes que también llegan desde los reguladores nacionales y europeos que, por fin, empiezan, al menos, a dudar.
En síntesis apretada, urgen:
- Mayores coordinaciones entre la Política Fiscal y la Política Monetaria. No es coherente exigir planes de consolidación fiscal a la vez que se reclaman ayudas, subvenciones e inversiones.
- Perder el “miedo a los mercados”: aspectos que parecían pétreos se han podido repensar (por ejemplo: la normativa casi canónica del déficit público); entender que una obcecación por la rigidez monetarista o por la ortodoxia presupuestaria, en épocas de necesidad en reafirmar la recuperación de las economías, no hará más que dificultar una proyección positiva.
