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Deuda, cambio climático y debate económico

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La propuesta de condonación de la deuda pública del BCE se ha llevado el rechazo de economistas y se le ha calificado como «estupidez» y «ocurrencia»

El pasado viernes 5 de febrero, un grupo de cien economistas, activistas y científicos sociales hacía público su manifiesto a favor de la condonación de la deuda pública que el Banco Central Europeo tiene en su balance, con motivo de las compras producidas en el marco de sus programas del Quantitative Easing. Las razones para promover esta anulación se basaban en la necesidad de incrementar la capacidad de invertir en la lucha contra el cambio climático y en la recuperación social en un contexto de alta deuda pública. La respuesta prácticamente unánime de la profesión ha sido rechazar la propuesta, con mayor o menor grado de displicencia, calificándola de “estupidez”, “ocurrencia”, “dañina”, “peligrosa” e incluso “ilegal”. A los firmantes no sólo se les ha rechazado rotundamente la iniciativa, sino que también se ha puesto en tela de juicio su competencia profesional, sus acreditaciones académicas o su intencionalidad. En definitiva, un rechazo rotundo, absoluto y sin paliativos. El desarrollo de alternativas para operativizar los contenidos del manifiesto, como la presentada por un grupo de catedráticos y catedráticas de economía e historia económica en un post en la web de Economistas Frente a la Crisis, en la que se describían las opciones para una reestructuración en el marco de los tratados, no ha sido, salvo excepciones, tenida en consideración, y, cuando lo ha sido, lo ha sido también para ser rechazada.

La raíz del debate es la siguiente: los países de la Unión Europea se enfrentan a una situación de en la que por un lado se demanda un mayor activismo de las políticas fiscales para impulsar la economía y por otro se advierte de las vulnerabilidades frente a una deuda pública que supone, en el caso de los países del sur, una amenaza a medio y largo plazo. De acuerdo con el último monitor de sostenibilidad de la deuda pública de la Unión Europea, presentado el mismo día 5 de Febrero, al menos seis países se podrían enfrentar a un riesgo de sostenibilidad: Bélgica, Francia, Italia, España, Portugal y Rumanía. El informe señalaba, acertadamente, que la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo anticipaba una larga temporada de bajos tipos de interés, aliviando de esta manera la carga de la deuda, y planteando un período de “gracia” en el que los países con más problemas deberían ordenar sus cuentas públicas para reducir su deuda en el medio y largo plazo. En otras palabras, se está pidiendo un mayor estímulo fiscal al tiempo que se demanda no perder de vista el riesgo que supone la elevada deuda pública. Básicamente, se está pidiendo a las economías que soplen y sorban prácticamente al mismo tiempo. El problema se complica todavía más si tenemos en cuenta la tercera variable planteada en el manifiesto: las necesidades de inversión en materia de cambio climático, que ascenderían a 6,9 billones de dólares al año según la OCDE y, en el caso de la Unión Europea, a 5 billones de euros por década (es decir, casi un plan Next Generation cada año) de aquí al 2050. En conclusión: la Unión Europea debería invertir masivamente en la transición ecológica y social para evitar los efectos más graves de un cambio climático desbocado. Pero no lo puede hacer porque algunos de sus países están sujetos a un importante riesgo por su abultada deuda pública, teniendo por lo tanto un margen fiscal muy limitado. Hay quien piensa que esto no es un problema en la medida en que el Banco Central Europeo mantendrá su cartera de bonos de manera indefinida -generando una especie de “cancelación sintética”- como es el caso de Paul de Grauwe. Sin embargo, otros comentaristas, como Wolfgang Munchau, han señalado que, atendiendo a la opinión del Tribunal de Justifica de la Unión Europea, tan ilegal sería cancelar la deuda como mantenerla indefinidamente en el balance.

Hay múltiples opciones para resolver este puzzle: la más ortodoxa es plantearse un cuadro macroeconómico de superávits primarios durante décadas para reducir la deuda pública, como inicialmente se planteó con Grecia, esperando que la inversión privada, movida por el mercado, sea suficiente para generar el cambio energético y social necesario. A esta alternativa contribuirían la nueva política climática del Banco Europeo de Inversiones y las propuestas lanzadas por el propio Banco Central Europeo.

Saliéndose de una interpretación rígida de las normas, pero, todavía plenamente compatibles con los tratados actuales, otras propuestas abogan por utilizar el presupuesto europeo para integrar esas inversiones en un nuevo marco fiscal común, que convertiría el Next Generation en un instrumento permanente de la Unión, institucionalizando la mutualización de los riesgos, o incluyendo la emisión de eurobonos para financiar el Green Deal, como propusieron Juan Francisco Jimeno y Marcel Jansen.

Otras opciones proponen, sin saltarse los tratados, pero sí al menos interpretarlos de manera extraordinariamente “creativa” (hasta el punto de hacerlos irreconocibles), recurriendo al uso de bonos perpetuos para financiar el presupuesto comunitario, como el non-paper presentado por España en 2020, la planteada por Luis Garicano también en 2020, el programa PADRE de reestructuración de la deuda pública presentado por Wyplosz y Pâris en 2014 o en 2013, o a través de la emisión de bonos perpetuos comprados por el BCE como un “helicóptero monetario” planteado por Jordi GaliPaul de GrauweFrancesco Giavazzi o David Tercero. La propuesta presentada por Economistas Frente a la Crisis bebería de estas propuestas, así como una de las opciones planteadas por el manifiesto, que propone el uso de bonos perpetuos para no descapitalizar el BCE.

La opción que plantea el manifiesto de manera más abierta, que es la cancelación de la deuda hasta llevar el capital del BCE a terreno negativo, es, de todas las examinadas, la que se sitúa total e inequívocamente fuera de los tratados actuales y es, a la luz de las críticas recibidas, la menos deseable para la inmensa mayoría de la profesión.

Sea cual sea la opción que se decida poner en marcha, tarde o temprano, la Unión Europea deberá hacer frente a este dilema, aunque sea para desecharlo. Los tratados no están preparados ni para reestructurar la deuda, ni para cancelarla, ni para monetizar una parte de ella, ni para otra cosa que no sea que cada país se haga cargo de la suya a medio y largo plazo a través de la disciplina fiscal. Pero, afortunadamente, los tratados no son un manual de política económica. No debería ser motivo de escándalo que, con menor o menor fortuna, haya quien se atreva a apurar sus interpretaciones para obtener mejores resultados económicos y sociales. Ya ocurrió con la reestructuración de la deuda de Grecia, con el propio QEcon el OMT,  o incluso con el programa Next Generation y su fórmula de mutualización de riesgos. En todos estos casos, también hubo quien alertó de la quiebra de los tratados, la erosión de la credibilidad del euro, la limitación de la independencia el Banco Central Europeo o la desnaturalización del proyecto hacia una unión de transferencias permanentes. Sin embargo, de un modo u otro, salieron adelante.

Europa se enfrenta a grandes desafíos y poner encima de la mesa todas las opciones posibles no debería ser motivo de escándalo, escarnio o repentinos ataques de ortodoxia. Es muy probable que el manifiesto, extremadamente político, no haya acertado en un correcto planteamiento de las soluciones necesarias. Pero el problema que señala debe estar en la agenda, y sería útil que todos los economistas que han dedicado su tiempo a rebatirla de manera convincente, piensen también si el problema que tenemos (necesitamos al mismo tiempo inversiones masivas y reducciones de deuda) necesita de una solución. El que suscribe estas líneas piensa que sí.

Publicado en El Plural , 15 de febrero de 2021. Se reproduce en esta Web con autorización del autor.

About José Moisés Martín Carretero

Economista y consultor internacional. Dirige una firma de consultoría especializada en políticas públicas y desarrollo económico y social. Autor del libro: "España 2030: Gobernar el futuro". Miembro de Economistas Frente a la Crisis

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