Economía andaluza: Las novedades que trae septiembre
Por Julio Rodríguez López, miembro de Economistas Frente a la Crisis
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha cambiado de presidente de gobierno en los primeros días de septiembre. El cambio en cuestión tiene lugar a menos de la mitad de la legislatura. Las razones profundas del mismo resultan un tanto difusas. Sin embargo, lo importante ahora es el contenido de la política que la nueva presidenta va a desarrollar.
La crisis económica ha golpeado con fuerza a Andalucía, una autonomía con mas que notable presencia en la población y en la superficie de España, pero que adolece de un menor nivel de desarrollo económico que la media nacional. El PIB por habitante de Andalucía no pasa del 75% de la media de España, según la Contabilidad Regional del INE. Esta circunstancia ha acentuado el impacto sobre la población andaluza de una recesion tan prolongada como la que afecta a la economía española desde 2008.
Desde el inicio de la crisis el ejecutivo andaluz ha tratado de mantener el nivel de las prestaciones sociales de esta autonomía, esto es, ha tratado de salvar el alcance del denominado “estado bienestar”. Pero el fuerte retroceso del empleo sufrido con la crisis ha generado un significativo descenso del nivel de vida medio y ha puesto las cosas difíciles a numerosos hogares andaluces.
La línea de actuación socioeconómica seguida por el ejecutivo autonómico resulta coherente con lo que seria una estrategia socialdemócrata ante la crisis. Sin embargo cabe esperar algo mas de dicho gobierno en materia de política económica. Se trata sobre todo de actuar sobre el modelo productivo de esta autonomía. Los países en los que el impacto de la crisis ha sido mayor son aquellos que, al inicio de la crisis, adolecían de una estructura productiva excesivamente concentrada en determinadas ramas de actividad.
En el caso de Andalucía, la concentración de la producción en la construcción y en el turismo ha sido manifiesta. En la etapa de la burbuja, 1997-2007, en Andalucía se llegaron a iniciar unas 150.000 viviendas al año, muy por encima, por ejemplo, del ritmo de construcción absoluto del Reino Unido en el mismo periodo de tiempo. Además, los sectores productivos en los que se apoya la economía de Andalucía se caracterizan por su baja productividad, lo que reduce la capacidad de competir de esta comunidad autónoma.
El discurso andaluz de política económica está dominado por una continua exaltación del turismo como el “clímax” de la actividad productiva. Dicha visión del mundo no tiene que ser necesariamente negativa, pero con frecuencia da lugar a que cualquier exceso urbanístico o medioambiental se justifique alegando que con los mismos se favorece al turismo, lo que no es así en la mayoría de los casos.
Andalucía tiene claras potencialidades en materia de industrias de transformación agraria que no han sido plenamente desarrolladas, así como en energías alternativas. Se puede mantener la calidad medioambiental a la vez que se diversifica mas la actividad productiva. Lograr dicha diversificación de la oferta productiva andaluza es el verdadero interés general de Andalucía.
Llama la atención que los ayuntamientos, cuando desde la Junta de Andalucía se pretende racionalizar el proceso de desarrollo urbano, protesten porque se les fija un tope al aumento del parque de viviendas. Dicho tope en ocasiones supone en torno a la tercera parte del parque de viviendas existente. Dichas posiciones de los ayuntamientos revelan que no ha quedado claro que el futuro no puede descansar en confiarlo todo a la construcción residencial.
Los excesos del ladrillo no solo han aumentado de forma escandalosa el desempleo andaluz después de 2007, sino que tienen que ver con la desaparición de la mayoría de las cajas de ahorros de Andalucía. Solo ha subsistido, convertida en banco, una sola de entre las cajas de ahorros de esta autonomía. Como el autor de este texto subrayó en su comparecencia ante la Comisión del Parlamento de Andalucía, seria conveniente la creación de un Instituto Andaluz de Crédito, que contribuyese a financiar el necesario cambio de estructura productiva en esta autonomía. El funcionamiento de dicho ente debería de ser objeto de un seguimiento estrecho desde el parlamento andaluz y se debería de exigir la máxima calidad profesional a los dirigentes del mismo.
La tarea del ejecutivo andaluz en materia de política económica resulta, pues, de una gran complejidad si se pretende no solo mantener el nivel de las prestaciones sociales, sino también de lograr una economía menos elemental que la actual. Además de redistribuir, hay que producir y estar en condiciones de competir en un contexto económico tan globalizado como el presente, como ha subrayado la nueva presidenta en el discurso de presentación. El consenso es un método, no un fin ultimo, y la continua referencia al mismo sirve para ocultar la ausencia de ideas. El acierto en la gestión económica de la nueva presidenta de Andalucía resulta mas que necesario para el porvenir de esta tierra.
