Ante el comunicado de la CEOE y CEPYME

Economistas Frente a la Crisis EFC pide a las organizaciones empresariales que respeten la constitución de un gobierno democrático y que mantengan una actitud constructiva con la acción de gobierno

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La lectura del comunicado de prensa hecho público por las confederaciones empresariales causa, en opinión de EFC, perplejidad y preocupación. La impresión que suscita su lectura es que las patronales no aceptan de buen grado el resultado de las elecciones generales y los acuerdos postelectorales entre partidos políticos que comparten puntos programáticos esenciales.

En este sentido, mostramos nuestra preocupación por el hecho de que esta postura pudiera preanunciar la resistencia y el bloqueo de las fuerzas conservadoras a la formación de un gobierno progresista, única alternativa para sacar al país de la situación de bloqueo.

Las razones expuestas por CEOE y CEPYME para manifestar su rechazo a todo lo que no sea lo que denominan un programa ‘moderado’ de gobierno, muestran un alto grado de insolvencia.

En primer lugar, el programa económico del gobierno de coalición nada tiene que ver con el populismo. Por el contrario, se sustenta en propuestas de sentido claramente socialdemócrata, la mejor vía para impulsar el crecimiento, el empleo y la transición ecológica, incluyendo el abaratamiento del coste de la electricidad. Baste recordar las terribles consecuencias derivadas de las políticas de austeridad con la depresión progresiva de la demanda y la desaceleración de la economía. Hemos dicho desde EFC, y lo reiteramos una vez más, que si se quieren obtener resultados distintos tendremos que hacer cosas diferentes: políticas que mantengan la expansión de la demanda interna a través del consumo privado y la fortaleza del sector exterior. Sólo en el contexto de políticas de esta naturaleza podrá estimularse la demanda de inversión, el crecimiento del PIB y atraer inversiones externas.

En segundo lugar, las medidas laborales expuestas en el programa del futuro gobierno de coalición, en tanto que pretenden avanzar en un modelo laboral que contribuya a revertir la letal deriva hacia la precariedad desatada por la reforma de 2012, no tendrán impacto negativo alguno –sino todo lo contrario- en las empresas eficientes, sea cual sea su tamaño. Lo que no es sostenible y de peligrosas consecuencias para la economía nacional es pretender que empresas ineficientes y sin capacidad de competir se mantengan en el mercado solo por la vía de la continuada precariedad laboral y la permanente devaluación de los salarios. Esto no sólo es socialmente inaceptable, es económicamente ineficiente.

La economía sumergida no es más que incumplimiento de la ley, sobre lo que no se puede admitir en modo alguno que se base, si es que esto fuera cierto, la capacidad de supervivencia de ninguna empresa. Se trata de crear empleo de calidad, productivo y sostenible cuestión que no se compadece con el mantenimiento de negocios insolventes que sólo perviven con subvenciones implícitas en los bajos salarios.

En tercer lugar, y tal vez constituyan las afirmaciones más graves del comunicado de la CEOE y de CEPYME, no se puede afirmar que las medidas propuestas en el programa del Gobierno de coalición sean incompatibles con el diálogo social. Especialmente cuando esas medidas tratan de corregir no solo los efectos perniciosos e injustificados de una reforma laboral, sino corregir, precisamente, una reforma que fue impuesta desequilibrando, a favor de una de las partes y sin racionalidad económica ni laboral, las relaciones laborales. De aquella reforma laboral solo se ha derivado el empleo de mala calidad, la precariedad e inestabilidad laboral y una devaluación salarial que dificulta una salida nítida de la crisis en perjuicio no solo de los trabajadores, también de los empresarios.

El papel que resultaría esperable de unas organizaciones empresariales modernas es que contribuyan a la construcción de unas relaciones laborales avanzadas en línea con los modelos vigentes en la mayor parte de los países de nuestro entorno y que contribuyan a la efectiva implantación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Una parte fundamental de la desigualdad que padece la sociedad española se deriva del deficiente funcionamiento del mercado de trabajo, de su precariedad y de una falta de estabilidad que supone un alto riesgo en términos sociales y económicos.

En definitiva, Economistas Frente a la Crisis hace un llamamiento a la racionalidad de las organizaciones empresariales, y pide respeten la legitimidad de las instituciones democráticas.