Economistas Frente a la Crisis pregunta, Jose Antonio Pérez Tapias, candidato a la SG del PSOE, responde

 El siguiente documento tiene como objetivo ofrecer una perspectiva sobre las posiciones de los principales candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Ha sido transmitido a los siguientes precandidatos: Eduardo Madina Muñoz, José Antonio Pérez Tapias, Pedro Sánchez Pérez-Castejón y Alberto Sotillos Villalobos.

Estas son las respuestas de José Antonio Pérez Tapias,

candidato a la SG del PSOE

1- Competitividad:

En un contexto en que el tipo de cambio viene determinado por el mercado y la política monetaria es competencia del BCE, las ganancias de competitividad, imprescindibles para contribuir a la fortaleza del sector exterior, pueden conseguirse fundamentalmente a través de una mayor capacitación de los factores de producción, trabajo y capital, es decir, a través de la formación del capital humano y de una más eficiente capitalización financiera y tecnológica de las empresas o a través de la reducción de los costes de laborales. Es decir, innovación frente a devaluación salarial.

– ¿Qué elementos considera motores de la necesaria ganancia de competitividad de la economía española?

 Por supuesto, rechazamos la pretendida ganancia de competitividad a base de devaluación salarial, pérdida de derechos socio laborales y explotación irresponsable del capital natural.

España puede y debe avanzar en competitividad mediante la optimización de todos los recursos disponibles: humanos, naturales, crediticios, tecnológicos… en todos estos ámbitos existe un enorme potencial que no se aprovecha adecuadamente.

Elementos cruciales para aumentar la competitividad de la economía española serian:

-La disponibilidad de crédito a coste asequible para PYMEs y autónomos;

-Una política presupuestaria y económica que proporcione a las empresas unos costes financieros equiparables a los de nuestros principales competidores (Alemania, Francia, Reino Unido ,USA, etc.).

-La reforma energética para que la economía española pueda beneficiarse de costes energéticos decrecientes gracias a la progresiva reducción del coste de utilización de las energías renovables , así como de los menores costes de la energía derivados del impulso a la eficiencia y al ahorro energético;

-La recuperación del gasto público en educación  aplicando las mejores prácticas identificadas en el ámbito de la OCDE.

-Una intensa y sostenida política de I+D+i acordada con todos los protagonistas implicados.

-Un potente y selectivo apoyo a la exportación e implantación de las empresas españolas en el exterior, a partir de los clusters  industriales y de servicios con mayor potencialidad y mejor posición competitiva.

– ¿Qué objetivos se plantearía a corto y medio plazo?

  Un gran pacto nacional de rentas  que, por un lado, garantice un distribución mas justa de las mismas, y por otro mejore nuestra competitividad conteniendo los precios finales de bienes y servicios sin reducir su calidad.

 Fijar en ese Pacto compromisos realizables, evaluables y exigibles a todas las partes involucradas.

Asimismo, en el corto y medio plazo cabe implementar las medidas señaladas en la anterior respuesta.

2- Reforma Fiscal

Según recientes datos publicados por Eurostat, la presión fiscal de España se situaba en el 32,5% del PIB lo que nos sitúa en el puesto 19 de 28 de la Unión Europea. Es indudable la necesidad de, por una parte, hacer frente a los elevados niveles de déficit y deuda pública y, por otra parte, contribuir desde la Hacienda Pública al impulso a la demanda, al tiempo que se crean las condiciones tributarias para favorecer un cambio de modelo productivo y el reforzamiento del Estado de Bienestar. Respecto a la cuestión de cómo debe ser la composición del ajuste fiscal

– ¿Debe concentrarse en una reducción del gasto o en un aumento de los ingresos?    

En un incremento de los ingresos, compatible con una evaluación rigurosa del gasto público, donde sin duda se han producido recortes injustificables, pero donde conviene profundizar en las posibilidades existentes de reasignación de recursos desde partidas innecesarias hacia actividades prioritarias desde el punto de vista social ( un ejemplo muy concreto: en la Comunidad de Madrid se mantienen desgravaciones fiscales para fomentar la escuela privada, prácticamente equivalentes en su importe a la reducción del gasto en la escuela pública…)

– Por lo que respecta a la segunda cuestión, ¿Cómo orientaría la reforma fiscal en términos de equilibrio entre impuestos directos / indirectos?

Lo prioritario es garantizar la suficiencia de ingresos públicos desde la máxima equidad, y favoreciendo el cambio de modelo productivo. Ello exige una mayor equiparación entre los tipos impositivos sobre las rentas del trabajo y los correspondientes a las rentas del capital, de forma que estas últimas contribuyan de forma mucho más justa en la recaudación total, hoy mayoritariamente procedente de los impuestos sobre las rentas del trabajo de los asalariados; asimismo, hay que eliminar todos los mecanismos, hasta ahora legales, que permiten en la práctica tipos impositivos efectivos muy bajos en el caso de las grandes empresas. En cuanto a los impuestos indirectos, cabe reducir los tipos del IVA de productos de primera necesidad, en particular alimentos, así como los aplicados a las actividades culturales ;y por el contrario aumentar el tipo aplicado a productos de lujo, así como a productos contaminantes o dañinos para la salud.

– ¿Qué objetivo de recaudación mantendría en términos de % del PIB?

Mucho más importante que el porcentaje es la estructura de dicha recaudación, su equidad y progresividad efectiva. España no solo tiene una menor presión fiscal que otros países de larga tradición socialdemócrata: el dramático aumento de las desigualdades (un proceso que comenzó bastante antes de la crisis) es consecuencia, entre otras cosas, del injusto reparto de la presión fiscal en nuestro país.

– ¿Qué medidas tomaría Vd. para aumentar los ingresos y favorecer la distribución de la riqueza?

Ampliar las bases imponibles y orientar la reforma fiscal en la línea apuntada más arriba; y, por supuesto, otorgar la máxima prioridad a la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales.

– Y en concreto ¿Qué medidas específicas tomaría para luchar contra el fraude fiscal?  

Derogación inmediata de la amnistía fiscal establecida por el actual Gobierno, incremento de los medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria destinados a la lucha contra el fraude de las grandes empresas y de las grandes fortunas; impulso a medidas contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales a escala europea; movilización ciudadana contra las empresas con practicas fiscales fraudulentas

3- Desempleo

Con una tasa de paro del 25,9% (EPA Q1) y una creciente precarización de las condiciones laborales, el desempleo es el principal problema económico y social de España. La reforma laboral aprobada en 2012 establece en este contexto potentes mecanismos para propiciar una ‘devaluación interna’ basada esencialmente en forzar a través de diversas medidas la contracción de los salarios reales y nominales. Por otro lado, el mercado de trabajo español presenta desde hace treinta años elevados niveles de precariedad y segmentación, ante los cuales han aparecido dos tipos de respuestas opuestas: las que optan por resolver esos problemas igualando las condiciones de los contratos, y las que apuestan por compensar las diferentes características de los trabajadores. Cada una de ellas determina evoluciones opuestas en materia de ordenación y funcionamiento del mercado de trabajo.

– ¿Qué medidas considera necesarias para la recuperación del empleo y la disminución del paro?

Flexibilizar los compromisos de déficit público definiendo un nivel medio a lo largo de un período de cinco años, eso supondría un  acuerdo en firme con la UE y sobre bases realistas de recuperación económica. Por supuesto un cambio de la orientación actual de la política recesiva europea, que debería ir acompañada por un verdadero e importante plan de inversiones en infraestructuras e I+D+i  que incrementaría la demanda agregada y supondría un impulso a la creación de empleo. Mecanismos, complementarios, de asistencia  crediticia a las empresas.

– ¿Respalda la devaluación salarial como estrategia de política económica?

Es todo lo contrario de las recetas keynesianas de incentivación de demanda en situaciones  recesivas como la actual.

La competitividad exterior de nuestra economía no puede basarse en bajos costos salariales sino en más valor agregado (tecnologías de proceso, de producto, comercialización, etc.). Incluso para nuestro sector turístico es falso; nuestros competidores del norte de áfrica están   sometidos a otro tipo de «competencia» (inseguridad vs seguridad) y respecto a los países de origen de nuestros visitantes, aun nos  beneficiamos de unos menores costos de vida y precios relativos, incluidos nuestros costos laborales.

La única y clara explicación a la política de «devaluación interna» es el aprovechamiento de la crisis para incrementar la tasa de  plusvalía absoluta y mejorar la acumulación del excedente en manos de los poderosos.

– ¿Cambiaría la reforma laboral? ¿En qué sentido?

Deberían derogarse la totalidad de las medidas introducidas en estos años por la mayoría parlamentaria del PP. Pero no para retornar  exactamente a la situación previa, porque todo el sistema de relaciones laborales puso de manifiesto sus debilidades ante el impacto de     la crisis. Por otra parte, la salida de esta crisis nos coloca en una situación nueva. Hay básicamente dos escenarios que deben ser  abordados, en lo posible, conjuntamente: el mercado laboral español y el del ámbito europeo. Opino que debería ponerse en la mesa  tripartita de negociación el conjunto de los elementos vertebradores de sistema de relaciones laborales, desde la negociación colectiva, derechos básicos universalmente garantizados por la legislación básica, formulas de entrada y salida del mercado de trabajo, formación profesional y políticas activas de empleo, sistema de pensiones, etc. En el sentido de dar prioridad a la negociación colectiva como mecanismo de resolución de las diferencias, avanzar en un esquema «ganador-ganador»  y  aplicación del principio de a mayor  flexibilidad mayor capacidad de participación efectiva de los trabajadores en la toma de decisiones. Esto no se puede llevar a cabo sin una revisión en profundidad del papel de los sindicatos que permita superar las limitaciones del pasado y los retrocesos de estos  últimos años: reconocimiento de la representatividad de los sindicatos – a todos los niveles – en las empresas y solución sostenible de la  financiación de las organizaciones sindicales.

– ¿Considera que el desempleo es un problema de rigideces normativas o se deriva de una fuerte debilidad de la demanda?

Una parte demasiado importante de la contratación laboral y de las relaciones efectivas de trabajo se llevan a cabo, en nuestro país, en flagrante violación de las normas legales. Eso de las rigideces normativas suena a chiste de mal gusto. Si se hiciese emerger parte de la economía sumergida y la contratación en negro cambiarían de forma notable las cifras del desempleo. En nuestro país, hoy por hoy, la mayor restricción a la creación de empleo se debe a la recesión económica producto, en gran medida, de la debilidad de la demanda.

– Y en concreto, ¿qué medidas considera apropiadas para atajar el desempleo juvenil?

Reactivar la actividad económica y mejorar e intensificar la formación profesional -especialmente la formación básica para el empleo y el aprendizaje- y el sistema público de empleo.

– ¿Está de acuerdo en la implantación del denominado “Contrato Único”?

No se puede estar de acuerdo con la universalización de la precariedad laboral y el «no vuelvas mañana».

4- Energía

En el año 2006 el Gobierno deroga la DT Sexta de la Ley del Sector Eléctrico que regulaba la percepción de los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) por las empresas propietarias de las centrales eléctricas existentes antes de 1997, consolidando así una elevada retribución de las Centrales Nucleares (CC.NN) e Hidroeléctricas (CC.HH) muy por encima de la esperada por sus propietarios y por los consumidores cuando se produjeron las correspondientes inversiones. En los años 2010 y 2011, el Gobierno emitió diferentes normas que modificaron con carácter retroactivo determinados aspectos del régimen económico bajo el cual se habían producido las inversiones en las centrales eléctricas renovables (EE.RR) existentes. En 2012 el Gobierno aprobó un RD mediante el cual quedaban paralizadas las inversiones en EE.RR. En 2013 el Gobierno promulgó una Ley mediante la cual se modifica de manera completa y sistémica la regulación técnica y retributiva de la EE.RR. En 2014 el Gobierno emite normas de desarrollo de la Ley aprobada en 2013 que confirman su carácter retroactivo lesivo de primer grado.

 Este proceso normativo ha afectado a la seguridad jurídica y a la confianza legítima en las normas de los consumidores primero y de los inversores en EE.RR después, comprometiendo la aportación posible del Sector Eléctrico a la competitividad de la economía y el tránsito hacia un nuevo modelo energético crecientemente renovable.

 Para cambiar el rumbo de este proceso destructivo,

– ¿Estaría de acuerdo en que sean restituidas las regulaciones técnicas y retributivas bajo las cuales se produjeron cada una de las inversiones en las centrales eléctricas existentes?

Totalmente de acuerdo. El denominado «déficit tarifario» es el resultado, en gran medida, de la sobreretribución a las centrales hidroeléctricas y nucleares, a las que la regulación vigente garantiza beneficios muy superiores a los esperados por  las respectivas empresas cuando llevaron a cabo inversiones hoy totalmente amortizadas.

El actual gobierno ha criminalizado las energías renovables de forma injustificada, generando inseguridad jurídica, pérdida de más de 50000 empleos y la destrucción de uno de los pocos sectores en los que las empresas españolas son líderes a escala mundial.

– Y para el futuro ¿Considera que la planificación energética debe recuperarse y recurrir a las subastas por tecnología como instrumento de una política energética e industrial económica y medioambientalmente sostenible?

Sin duda. Otros países ( Francia , Alemania, Reino Unido…) están desarrollando estrategias publicas de medio y largo plazo para favorecer la transición hacia modelos energéticos mas sostenibles, cuyas inversiones requieren un marco jurídico estable.

-¿Estaría de acuerdo en una regulación bajo la cual el autoconsumo energético pudiera desplegarse sin trabas?

Si. Se trata de aprovechar al máximo la capacidad descentralizadora que ofrecen las energías renovables, favoreciendo así la deseable desaparición del oligopolio dominante.

-¿Cuál es su opinión sobre la prolongación de la vida útil de diseño de las CC.NN?

 La catástrofe de Fukushima ha puesto dramáticamente de manifiesto el riesgo inherente a la energía nuclear, incluso en el caso de un país tan desarrollado como Japón. Tenemos el deber ético de reducir al máximo dicho riesgo, eliminando gradualmente el uso de la energía nuclear, limitando el funcionamiento de las centrales existentes a 40 años – su vida de diseño-y reforzando la supervisión y el control publica de las mismas. España tiene una elevada capacidad excedentaria de generación de electricidad, y podemos por tanto emprender ese proceso de desmantelamiento sin poner en absoluto en riesgo la seguridad en el suministro.

-¿Cuál es su opinión en relación con las prospecciones petrolíferas en las costas españolas? ¿Y sobre la tecnología de Fraking para la extracción no convencional de hidrocarburos?

 El impulso a la actividad económica y la generación de empleo tienen que conjugarse sí o sí con la necesaria protección del medio ambiente, y no parece que este tipo de actuaciones, dado su carácter regresivo, resulten respetuosas con los principios medioambientales entre los que se encuentran la cautela y la acción preventiva, cuya toma en consideración es imprescindible a la hora de prevenir, minimizar, corregir y controlar los impactos que genera la actividad económica sobre el medio ambiente.

 Al margen del gravísimo impacto ambiental de las prospecciones en zonas de enorme riqueza biológica, se produciría un grave impacto sobre el turismo y sobre el suministro de agua potable( garantizada en los archipiélagos mediante desalación)Los eventuales beneficios económicos de las prospecciones petrolíferas serian muy probablemente inferiores a los costes asociadas a las mismas.

En cuanto al fracking, se trata de una tecnología muy cuestionada, en particular en los países de la UE, por sus graves efectos en términos ambientales y de salud pública. Por otro lado, la imperiosa lucha contra el cambio climático exige medidas efectivas de reducción en el consumo de combustibles fósiles. Por ello apoyo una moratoria como la aprobada en Francia

Creo además , con carácter general, que España tiene un inmenso potencial para convertirse en un país líder en el uso de energías limpias y renovables, y que debe además liderar este avance a escala europea, exigiendo una autentica Política común en esta materia

5- Estado del Bienestar

La crisis ha modificado el equilibrio de fuerzas entre trabajo y capital y a menudo ha sido utilizada como excusa para eliminar derechos y asimismo reducir el alcance del limitado Estado del Bienestar español. Además, en concreto, la última reforma del sistema de pensiones realizada en 2012 ocasionará, según la Actualización del Programa de Estabilidad del Gobierno, una reducción en cuatro puntos del PIB del gasto anteriormente previsto para 2050 tras la reforma de 2011, lo que entraña caminar hacia un modelo de pensiones públicas reducidas y muy complementadas con un sistema privado de capitalización mucho más robusto que el actual. Aun así, nuevas propuestas, como las que defienden el establecimiento de cuentas nocionales, consideran que el sistema de pensiones públicas de reparto debe transformarse en otro basado exclusivamente en las estrictas aportaciones individuales.

– ¿Qué aspectos del actual Estado de Bienestar español le parecen angulares?

El sistema educativo y sanitario universal preexistente así como la atención a la infancia y  a la tercera edad. A través tanto de los servicios sociales como de un sistema de pensiones justo , todos ellos alterados y empeorados por las reformas del Gobierno del PP.

-¿Cuáles reformaría, y en qué sentido?

Los ya mencionados. La educación y sanidad deben ser consideradas servicios públicos esenciales y las reformas en el sentido de su externalización que se han ido sucediendo, no solo con los gobiernos del PP,  deben revertirse. Trataremos de ir terminando con la educación concertada para convertirla en pública e igualmente con la sanidad.

– ¿Qué reforma de las pensiones plantea?

Trabajaremos por conseguir un sistema de pensiones que permita a las personas jubiladas mantener una vida digna.

El ajuste del sistema de pensiones debiera plantearse, no en el recorte adicional de las pensiones medias sino en otras actuaciones que lograsen un aumento de los recursos destinados al pago de tales pensiones con el objetivo de asegurar la “suficiencia” de las mismas. El objetivo debe ser buscar la equidad en términos de bienestar, de disfrute de unas prestaciones suficientes para todos los futuros pensionistas.

Creo que el sistema de reparto ha funcionado razonablemente bien y puede seguir haciéndolo, asegurando un mecanismo de solidaridad entre  activos y pensionistas  y, especialmente, a favor de aquellos  que menos recursos han tenido a lo largo de su vida activa e implementando las  reformas para solventar  los problemas que vayan apareciendo.

Sostenemos que los fondos complementarios de pensiones, son una trampa en un país con el elevado nivel de desempleo, y niveles salariales en descenso que tenemos que están incrementando además las desigualdades en la distribución de la renta.

Tendrán fondo de pensiones  los que puedan, los que puedan ahorrar una cuantía razonable tenemos que  tratar  de asegurar una pensión pública suficiente…

6- Sistema financiero

En toda economía el Sistema Financiero es uno de los sectores económicos sistémicos. De hecho la crisis financiera ha alcanzado en España una magnitud superior a la que podía, por sí sola, ser soportada por la economía española. Esta circunstancia ha obligado a un rescate del sector financiero que impuesto una fuerte condicionalidad a la política y legislación, limitando aún más el margen de maniobra en manos del Gobierno de la política económica. La profundidad de la crisis bancaria ha conducido además a un intenso proceso de concentración bancaría sin que haya podido solucionar, no obstante, los problemas del flujo de crédito que padece nuestra economía.

Ante la concentración bancaria en marcha y el alto grado de bancarización de nuestra economía,

-¿Dejaría alguno de los bancos ahora controlados por el gobierno dentro del sector público?

Si. Es evidente que con el dinero de la UE – que el Gobierno debe devolver–se ha rescatado a las elites dirigentes de los bancos, y que los bancos están pagando a  sus acreedores (básicamente bancos alemanes…); esto es profundamente injusto para familias y empresas que se sobre endeudaron y asumieron riesgos excesivos, impulsados por las propias entidades de crédito. Seria conveniente aprovechar la actual participación pública en el capital de bancos y cajas rescatados, para garantizar suficiente oferta de crédito en condiciones asequibles a personas en riesgo de perder su vivienda y a PYMEs capaces de crear empleo

-¿Dejaría que siguiesen existiendo cooperativas de crédito-cajas rurales- o las bancarizaría como se ha hecho con las cajas de ahorros?

 Este tipo de cooperativas, si están bien gestionadas, pueden ser una magnifica herramienta para promover actividad económica y cohesion social, en las áreas rurales, hoy día en riesgo de despoblación.

7- Política fiscal europea

Las políticas de austeridad se han estructurado fundamentalmente en torno a dos ejes: (i) el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reforzado para aumentar la supervisión presupuestaria y (ii) el Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación Económica, conocido como Pacto Fiscal. El primero de ellos introduce un sesgo prociclico en la política fiscal, al exigir la consolidación fiscal independientemente de la posición cíclica, al tiempo que exige la revisión del borrador de los Presupuestos incluso antes de que sea conocido por los Parlamentos nacionales. El segundo eje, el del Pacto Fiscal, establece reglas fiscales semiautomáticas e introduce la recomendación de incorporar el equilibrio presupuestario en las Constituciones nacionales.

– ¿Propondría, como Secretario General del PSOE, la modificación de estas normas europeas?

Si, resulta imprescindible modificarlas, buscaría alianzas con otros líderes socialistas para promover su flexibilización, en cuanto a los plazos de cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda pública; propondría eliminar del cómputo del déficit público la inversión en educación y en I+D+i, y daría máximo énfasis a las políticas sociales y de creación de empleo digno, a escala europea.

– ¿Qué opinión le merece la reforma que se realizó del artículo 135 de la Constitución Española?

Inmenso error Yo no la vote; me pareció la aceptación de condiciones impuestas desde instituciones europeas desde las que se ha favorecido el cambio en el modelo social europeo, con la excusa de la crisis. Creo que esa reforma debería derogarse, sin renunciar a la conveniente prudencia en la gestión de los recursos públicos.

8- Desigualdad

El último informe, publicado recientemente por la (OCDE) sobre la desigualdad, muestra que en los cuatro primeros años de la crisis 2007-2011, el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En ninguno de los treinta países industrializados que aglutina la OCDE se ha producido un ajuste tan desequilibrado en la sociedad. España es uno de los países de la OCDE en el que la desigualdad ha aumentado más y hay sólidos indicios de que en los dos últimos años, desde la llegada del PP al poder, la desigualdad se ha acentuado aún más.

-¿Qué tipo de estrategias de política económica pondría en marcha para abordar el problema de la desigualdad en nuestro país?

Algunas han sido ya incluidas en respuestas anteriores, en particular en relación con la Politica fiscal y con el mantenimiento de las políticas sociales.Pero hay otras posibles actuaciones , quiérase o no, las estrategias de política económica pasan por actuar de manera específica en aquellas zonas de las ciudades en las que se hace más patente el problema del desempleo, la degradación medioambiental, la pobreza y la exclusión social. Es ahí donde se concentran en mayor medida estos problemas, por tanto, es ahí  donde debe ser objeto de atención la adopción de las medidas de política económica para hacer frente al desempleo, reducir las disparidades a todos los niveles, facilitar el cumplimiento de los objetivos de lucha frente al cambio climático y la eficiencia energética.

–¿Podría poner ejemplos concretos?

Crear una renta básica de ciudadanía; reducir la distancia de los sueldos mas bajos y de los mas altos, en el marco de un correcto pacto de rentas; aumentar de inmediato el SMI; derogar la vigente reforma laboral.

Por otra parte, la política urbana tiene repercusiones macroeconómicas y debe ser un instrumento macroeconómico. Las propuestas económicas deben reenfocarse hacia contextos espaciales, definiendo determinadas áreas prioritarias en el territorio sobre las que deban intensificarse las medidas de política económicas a las que antes me refería: centrarse en las ciudades con mayor número de personas viviendo en barrios vulnerables y con altos niveles de economía sumergida, por ejemplo.

-¿Cuál cree que debe ser el objetivo principal de la Política Económica?

Creo que para los socialistas el objetivo principal debe ser el de reducir las desigualdades. El crecimiento del PIB no debería ser considerado un objetivo en sí mismo – el PIB puede aumentar por razones completamente ajenas , incluso contrarias, al bienestar y a la cohesión social, así como a la conservación de nuestros activos ambientales-, sino una herramienta al servicio de dicho objetivo..

La formulación de objetivos de política económica en España no puede desconocer los efectos tan negativos que han tenido un modelo de crecimiento que ha sobredimensionado la construcción, no solo la construcción residencial, sino las infraestructuras en general, un patrón de crecimiento asentado en un determinado modelo de negocio urbanístico e inmobiliario estrechamente ligado al suelo y su gestión, que no ha respondido tanto a afrontar las necesidades colectivas como a la voluntad de satisfacer a grupos de interés políticamente organizados.

Nuestros mayores desequilibrios económicos y financieros hunden sus raíces en este patrón, y la superación de estos desequilibrios debe ser el principal objetivo de la política económica, además de la superación del tradicional desinterés de las estratégicas económicas por el espacio, por el contexto físico en el que se dan los comportamientos económicos. Resulta trascendente adoptar enfoques territorializados cuando se definan las medidas de política económica.

-¿Cree que la desigualdad es solo un problema ético?

En absoluto, es un problema que repercute en la entera sociedad, que no puede evolucionar de manera equilibrada y dinámica, desequilibrando a su vez el desarrollo económico en todos sus ámbitos.

Está demostrado además que la desigualdad acaba teniendo un elevado coste económico y puede lastrar durante generaciones la verdadera recuperación económica.

9- Desafección

La desafección de la ciudadanía en las instituciones ha acabado por irrumpir en el panorama político con una fuerza inusitada. Los equilibrios políticos existentes desde 1978 están seriamente comprometidos. La dispersión del voto progresista y las elevadas tasas de abstención en las consultas electorales son prueba fehaciente de la gravedad del problema que, más allá del mayor o menor grado de racionalidad con que es expresado, es parte de una realidad insoslayable que enraíza en lo más profundo de los graves problemas económicos que sufre gran parte de la población. Paro, pobreza, precariedad e incertidumbre son la concreción de una creciente e intolerable desigualdad que amenaza con ser la característica principal con la que nos es ofrecida la salida a esta crisis.

La desafección alcanza a todas las instituciones. Todo está puesto en cuestión.Desde los medios de comunicación que se prestan a difundir el “argumento de la estabilidad a ultranza” hasta la alta Magistratura del Estado, nada escapa a la desafección. La falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones es tal que dejaría de resultarnos sorprendente la aparición de episodios de desobediencia civil. El desprestigio de los órganos reguladores, de inspección y vigilancia: CNMC, CNMV, CSN, BdE, Tribunal de Cuentas; o de la Justicia: Consejo del Poder Judicial, Tribunal Constitucional; o de la gobernanza de las grandes empresas que bajo la protección de la LSA ha generado una nueva clase de ejecutivos multimillonarios y especuladores; de los partidos políticos y de los sindicatos que alcanzan las cotas de desprestigio más altas desde 1978… todo ello configura una situación de inestabilidad que no puede ser ignorada. Sus efectos sistémicos sobre la economía podrían comprometer una salida a la crisis que fuera socialmente compartida y, por consiguiente, sostenible y creíble.

– ¿Comparte -aunque sólo sea con matices- este diagnóstico que no está exento de alarma?

Lo comparto. Pero estoy seguro de que esta situación es reversible, si logramos entre todos volver a dignificar la Política.

– ¿Considera que la calidad de nuestras instituciones está entre los fundamentos de la desafección ciudadana? En caso de que así lo considere ¿qué ejemplos pondría como exponentes de una baja calidad institucional?

Lo más sangrante es la impunidad con la que responsables políticos se han enriquecido a costa del erario público- es decir, del dinero de todos- sin que, en la mayoría de los casos, dichos responsables políticos hayan sufrido castigo alguno en las urnas. Eso demuestra que la mala calidad de nuestras instituciones depende también de la insuficiente implicación de ciudadanos, que deberían estar mejor informados, para – a partir de ahí – ser más responsables y también más exigentes hacia las instituciones.

– ¿Qué medidas o acciones considera que deben ser puestas en marcha para mejorar la calidad de las instituciones?

Todas las que constituyen los elementos del » buen gobierno»: selección de los responsables por su capacidad y experiencia; transparencia, acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones; evaluación sistemática de los resultados; rendición de cuentas y asunción de responsabilidades.

En el ámbito de los partidos políticos, y en particular del PSOE, considero urgente reformas muy profundas que garanticen todos los principios de » buen gobierno”. Ello implica, entre otras, elección directa por parte de los militantes de los secretarios generales, limitación efectiva de mandatos, no acumulación de cargos orgánicos e institucionales (una persona, un cargo), consultas abiertas a los militantes sobre cuestiones relevantes o que supongan cambios significativos respecto a los compromisos electorales…

En relación a las instituciones políticas, hace falta potenciar su carácter representativo, que los ciudadanos las perciban realmente como algo de lo que forman parte y no como entes ajenos cuya actividad se desarrolla al margen de su conocimiento. Para ello, además de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los programas electorales, es importante establecer vías de comunicación directa, que sean accesibles y eficaces, entre los representantes electos y sus representados. Se debe conseguir que quienes son elegidos por una determinada circunscripción para ejercer su función puedan y deban recibir a los ciudadanos que los han escogido, escuchar sus demandas, debatir con ellos… En definitiva, hay que cambiar la noción del mandato representativo hacia una versión más directa del mismo, como un vínculo visible y activo entre los políticos y los ciudadanos.