El 4 de mayo, Madrid elige entre volver al pasado o entrar en el futuro.

Como consecuencia de la pandemia Covid, Madrid está soportando la peor crisis económica de los últimos ochenta años. Parte de la actividad económica se ha paralizado, el paro ha aumentado en 94.260 personas en el último año, los trabajadores en ERTE eran más de 118.000 en febrero de este 2021 y a finales del pasado año la economía madrileña era del orden de un 11% menor en términos de PIB que un año antes.

Ante esta crisis económica y social el Gobierno del PP y Ciudadanos apoyado por VOX ha optado por la parálisis, sin movilizar ayudas y recursos públicos como han hecho el resto de las comunidades Autónomas, abandonando la Comunidad de Madrid a su suerte.

Los efectos de la pandemia originada por la COVID-19 siguen coleando hoy con una cuarta ola y han dejado un rastro de mala gestión, de incapacidad y de falta de recursos públicos de la Comunidad de Madrid. Es de sobra conocido que Madrid es la región con los peores datos de incidencia de la COVID-19, con un 35% más de incidencia por 100.000 habitantes que la media nacional y más del 50% de exceso de mortalidad.

Sin embargo, un dato menos conocido, debido a la propaganda del Gobierno de Ayuso, es que Madrid es también una de las CCAA que peores datos económicos ha registrado desde que comenzó la pandemia. A la espera de que el INE publique los datos de contabilidad regional de 2020, los datos de paro registrado y desempleo EPA confirmaron a Madrid como la segunda comunidad donde más se ha incrementado el paro desde que comenzó la pandemia.

Los datos de ocupación del primer trimestre de este año, siendo muy positivos, no pueden ser entendidos como definitivos, por la alta estacionalidad que el principio de año tiene en la actividad madrileña. Y no deben servir para ocultar que todas las evidencias concluyen que salud y economía van necesariamente de la mano, y que las políticas neoliberales basadas en la pasividad y la jibarización de lo público que han guiado la Comunidad en las últimas décadas han fracasado, especialmente desde que comenzó la crisis.

Para recuperar de forma urgente el nivel de empleo anterior y conseguir mantener las actividades empresariales que se han visto afectadas por la pandemia, es necesario un Plan de Reanimación con medidas urgentes para los primeros 100 días de gobierno a partir del 5 de mayo. Medidas inmediatas focalizadas en los colectivos y sectores más afectados por la crisis ayudas y préstamos a pymes y autónomos, ayudas complementarias para trabajadores en ERTE, incorporación de sanitarios con plaza, contratación de educadores, extensión de la Renta Mínima de Inserción a menores y entrega de tarjetas alimentarias a la población vulnerable. Con estas medidas podrían ser recuperados más de 71.000 empleos destruidos desde que comenzó la pandemia en 2022.

Tras 26 años de “gestión” popular, la Comunidad de Madrid es la que menos dinero destina en España a la salud y a la educación pública por persona. En Europa, según el índice de calidad de gobiernos regionales , se sitúa  en el puesto 74 en servicios públicos y en el 147 en la lucha contra la corrupción. Para la señora Ayuso la recuperación económica se mide en “Zendales” por metro cuadrado. La expansión de terreno urbanizable ha sido un mantra desde la regulación de la Ley del suelo en 1998 y, paradójicamente, supuso el “boom” de las tramas corruptas en las entidades locales de todo el país. España, o Madrid para la señora Ayuso, sí que sorprendió al mundo en 2006 al batir todos los récords de construcción de vivienda en un solo año: 900.000. La historia reciente tras la caída de Lehman Brothers en 2008 ya la conocemos.

El parón económico provocado por la pandemia a nivel mundial ha hecho repensar el papel de las administraciones y de los recursos públicos para reactivar la economía frente a retos como el calentamiento global, el desempleo, y las nuevas formas de trabajo En EEUU, Reino Unido o Nueva Zelanda están promoviendo políticas económicas de gran inversión pública con el objetivo de reactivar al sector privado mediante la intervención del Estado. La receta no es nueva. Desde el crack de Wall Street en 1929, al Plan Marshall iniciado en 1947, comprobamos que es necesario estimular la economía privada con inversión y ayudas públicas para transformar los sectores productivos en línea con la transición ecológica y energética, recuperando el empleo.

En otras palabras, hay un innegable potencial en la transición ecológica para convertir la Comunidad de Madrid en un líder nacional en industria e innovación verde. Para aprovechar este potencial, como argumentan expertos en política industrial, como Dani Rodrik o Mariana Mazzucato, es preciso olvidar y dejar atrás las políticas abandonistas neoliberales de las últimas décadas y considerar que ha de ser la inversión gubernamental y la innovación – impulsada desde una administración autonómica activa y emprendedora – la que lidere y apoye una transición ecológica justa e inclusiva.

Ya no vale solo con “corregir” los fallos en los mercados que ya existen. El objetivo es crear nuevos mercados, apoyar a las empresas que quieran liderar los esfuerzos de transición verde y ser proactivos a la hora de innovar. Se trata, en otras palabras, de reducir las incertidumbres a los operadores privados, promoviendo activamente un ecosistema socioeconómico de innovación, un clúster industrial donde un núcleo de empresas de la más variada dimensión colabore con la sociedad civil y con el gobierno para empujar el desarrollo sostenible que promueva el beneficio colectivo y la difusión de nuevas tecnologías entre las empresas, los organismos estatales y la sociedad civil.

La Unión Europea ha apostado, aunque de forma muy tímida, en comparación con la respuesta americana, por dar una oportunidad para enfrentar los retos globales que supone el cambio climático. Ya ha dado un primer paso: ofrecer fondos no reembolsables financiados con deuda mutua a sus países miembros. Sin embargo, disponer de estos fondos no garantiza la transformación que necesita  Madrid y  España para no depender casi exclusivamente del turismo, de la automoción o de la construcción. Adaptar y diversificar nuestra economía hacia una transición ecológica y energética es vital para generar nuevos empleos del siglo XXI y calidad de vida. En el pasado reciente, con el ingreso de España a la UE en 1986, “intercambiamos” buena parte de nuestro sector productivo por los fondos de cohesión. Fueron demasiados los fondos que se emplearon en pelotazos con tramas urbanísticas por toda nuestra geografía con la Comunidad de Madrid como uno de sus territorios preferidos. Dinámica que se impuso hasta en los planes de reactivación económica basados en el ladrillo como el “Plan E” en 2008.

¿En qué se invertirán los millones que la Comunidad de Madrid recibirá de los fondos europeos?, ¿Se invertirán en proyectos innovadores que impulsen un nuevo tejido industrial que genere empleo y valor agregado o se transferirán a un modelo económico especulativo lastrado por la corrupción?

El destino propuesto por la señora Ayuso en 2021 para estos nuevos fondos europeos es seguir con la hoja de ruta de la derecha madrileña de los últimos 25 años: más ladrillo y gestión privada con sobrecostes injustificados, ingresando a las arcas públicas autonómicas en la UCI con su modelo de insolidaridad fiscal. Retomar el proyecto inacabado de la “Ciudad de la Justicia” de la señora Esperanza Aguirre -más de 500 millones en licitaciones- es su última ocurrencia.  Este modelo del “ladrillazo” no es lo que necesitan las ciudadanos y ciudadanos de Madrid, no repercute en la mejora de las condiciones de vida la ciudadanía y no respeta el medio ambiente. La demagogia de los sucesivos gobiernos del PP ha revestido de “libre mercado” lo que es, sin paliativos, un modelo de neoliberalismo clientelar: máximo beneficio para “nuestros” accionistas. Esta manera de hacer “propaganda a ladrillazos” corresponde más a los modus operandi que se acumulan en la Audiencia Nacional: liquidar lo público mediante “contratos” a cambio de favores (Gürtel, Púnica, Lezo, M45…)

Un plan con diferentes proyectos financiados en todo o en parte con los fondos europeos que pongan misión y propósito en la reconversión de la Comunidad y  de España se hace necesario: un nuevo tejido productivo verde, innovador y promotor de una nueva economía que apoye y genere talento, empleo y bienestar. Para conseguirlo será necesario que la administración autonómica, bajo un nuevo gobierno, asuma que ha de trabajar para que proyectos como los siguientes tengan espacio en la región madrileña:

  • El sector del automóvil supone más del 10% del P.I.B. español. La reconversión de este sector ya ha comenzado en otros países. Si no tomamos la delantera en un sector de alto valor agregado que movilice una gran cantidad de empresas subsidiarias perderemos la oportunidad de generar mayor riqueza, miles de empleos y empresas. El Sur de la Comunidad de Madrid urge la puesta en marcha de un proyecto tractor para que, contando con financiación de fondos Next Generation EU (NGEU), pueda promoverse una Alianza público/privada con las empresas de automoción, de reciclaje y de recuperación y reutilización de materiales, para impulsar un ecosistema de empresas de innovación y reconversión eléctrica de la Automoción Madrileña. Se trata de replicar las experiencias que acaban de comenzar en Francia donde Renault, de la mano de la estrategia Retro-Fit (reconversión eléctrica y reutilización de materiales y equipos de automoción), ha decidido destinar una factoría (Flins, Ile de France), a promover un polo de economía circular sobre la automoción eléctrica. Siguiendo esta experiencia, un mayor énfasis en la reconversión eléctrica de las flotas de transportistas de última milla de distribución, debiera ser puesto en marcha en el sur de Madrid un ecosistema industrial verde.

  • Un plan de rehabilitación energética de viviendas privadas, incluidas las vacías, y de edificios públicos que generaría una oportunidad para la economía de Madrid. Los objetivos son realizar intervenciones de rehabilitación energética y urbana en 50.000 viviendas, en el trienio 2021 a 2023, que podrían generar empleo directo e inducido del orden de 80 mil empleos hasta 2023.

Reducir el consumo energético y de materiales es una oportunidad para aumentar el ahorro de las familias. El ahorro energético no sólo salva el planeta, sino que generará más renta en las economías familiares, aumentando el consumo y generando empleos en otras actividades económicas. Además, este plan reestructuraría a todo un sector económico, el de la construcción, al aumentar la actividad y el empleo de las empresas suministradoras de materiales y equipos de rehabilitación, aumentando el valor agregado en toda su cadena de producción y servicios. Menos emisiones, menos desechos y menos “ladrillo”. Más empleo, más ahorro, más beneficios sociales. Resultado: más bienestar y más salud.

  • Una transición ecológica en la movilidad urbana. Los efectos del “ladrillazo” en las últimas décadas han supuesto un modelo de planificación urbana insostenible a largo plazo, no sólo con el medio ambiente sino con los recursos públicos. Los Planes de Actuación Urbanísticas (PAU) han generado miles de viviendas “alejadas” y un modo de vida “individualizado” que en la actualidad padecen grandes déficits de recursos públicos (escuelas públicas, bibliotecas, centros de salud y hospitales, transporte público, centros culturales, servicios sociales, etc.). Hay que adaptar y dotar a nuestras ciudades para moverse de manera sostenible: a pie, en bicicleta o en transporte público. Hay que reconvertir las actuales infraestructuras y los servicios públicos, de la mano de los nuevos fondos NGUE, de los que ya se disponen para hacerlo realidad. Esto implica generar zonas de bajas emisiones; construir carriles Bus-VAO en las autovías; invertir en peatonalización y la reforma de nuestras calles y plazas; o aumentar la infraestructura del metro como por ejemplo la conexión entre el Metrosur y la línea 3.

Frente a los retos económicos que nos exigen las consecuencias de la pandemia y el cambio climático, toca parar de correr a la velocidad de los tweets y de los titulares y alzar la mirada. Toca dejar de hacer políticas para unos pocos, confiando en el ‘efecto derrame’ sobre el resto de la región. Toca poner fin a la prevaricación con los derechos de todos.

La Comunidad de Madrid debiera plantearse una hoja de ruta basada en la transición digital, la economía circular, la industria verde, la transición energética y ecológica justa e inclusiva con la que empezar a caminar de nuevo. Planteamientos de este tipo exigirían la inmediata mejora de la justicia fiscal en  la Comunidad Autónoma, por solidaridad con sus propios ciudadanos, pero también con el resto de los españoles y personas que viven en nuestro país, comenzar de forma inmediata a corregir los privilegios tributarios que disfrutan unos miles de familias muy adineradas. Todos los organismos internacionales están reclamando reformas tributarias sobre riqueza, y rentas del capital. Madrid, no puede seguir de espaldas al mundo.

Madrid, tiene muchas oportunidades y potencialidades por delante. El 4 de mayo la Comunidad de Madrid se juega hacer de sus ciudades y pueblos lugares agradables, saludables y con futuro económico, donde valga la pena compartir la vida. El día 4 de mayo toca recuperar la sonrisa y la ilusión y poner a Madrid al frente de las regiones más innovadoras, más sostenibles y con más calidad de vida en Europa.

About Eduardo Gutierrez - Miguel Montejo y Sara Ladra

Sara Ladra, economista, es miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis. Eduardo Gutiérrez Benito, economista, es candidato de Más Madrid a la Asamblea madrileña, Miguel Montejo Bombín, médico, es Concejal por Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid,

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