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El acuerdo social termina con los recortes de las pensiones de 2013

 

Estos días se ha alcanzado, en el contexto del diálogo social, un acuerdo sobre las pensiones de notable importancia entre el Gobierno, las principales organizaciones sindicales y de los empresarios. Probablemente esta conjunción de posturas diferentes que las partes representan sea uno de los primeros elementos positivos a resaltar. Especialmente si nos atenemos a los contenidos materiales de este acuerdo.

Este acuerdo contempla, por un lado, la desaparición de la reforma de pensiones que se realizó sin contar con nadie, ni en el terreno político-parlamentario ni en el social, en 2013 por el gobierno del Partido Popular que tenía en ese momento, y por poco tiempo, una mayoría absoluta hace ya unos cuantos años desaparecida. Este con seguridad es otro aspecto que pone un punto de contraste de considerable entidad: frente a la reforma en solitario de una sola fuerza política y una sola visión de la cuestión de las pensiones, un acuerdo que proviene del consenso parlamentario, primero, y del acuerdo del Gobierno con todas las fuerzas sociales, a continuación.

En ese aspecto, la necesaria desaparición de aquella inservible, artificiosa y regresiva reforma, ha quedado ratificada (acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo) por el arco parlamentario prácticamente al completo y por el conjunto de las fuerzas sociales. Lo cual no es poco rechazo. Ni es frecuente, aunque puede llevar camino de producirse también en otros terrenos respecto a las reformas unilaterales realizadas en aquellos años.

Puestas las cosas en perspectiva, este acuerdo supone, así pues, un cambio copernicano respecto a 2013 en método, enfoque y contenidos. Es la antítesis de aquello.

Supone un cambio fundamental en la orientación de la política de pensiones en España. La opción consciente por un rumbo diferente, realizada por una representación social y política mayoritaria de los ciudadanos, muestra –aparte del muy superior grado de legitimidad- una apuesta por otro planteamiento de presente y de futuro acerca de las pensiones públicas y sus desafíos en España.

Y este es un aspecto sobre el que resulta necesario detenernos para que resulte comprensible en toda su dimensión la contraposición de los dos modelos y de las dos orientaciones: la de la reforma de 2013 y la de este acuerdo social.

El apostolado de los recortes

El planteamiento en 2013 del gobierno de entonces, apoyado por un grupo de expertos próximos a los intereses de las entidades financieras (una parte de los cuales son, lógicamente, los mayores detractores de este cambio de orientación de las reformas), basó la justificación y la lógica de su reforma en una serie de elementos.

En primer lugar, el déficit en el que había entrado la Seguridad Social, que se interpretaba como resultado del excesivo gasto en pensiones (despreciando por supuesto por muy insuficientes los efectos de la reforma en las pensiones –pactada como la de ahora- realizada tan solo dos años antes), ignorando conscientemente el hundimiento en los ingresos ocasionado por los tremendos efectos de la crisis sobre las pérdidas de empleo y de la reciente reforma laboral sobre el desplome de los salarios.

Este déficit no podría corregirse de ningún modo más que con fuertes recortes en las pensiones, por lo que en ausencia de los mismos se extendería en el tiempo y aumentaría considerablemente.

En segundo lugar, el juego de unas proyecciones (a cuarenta años vista) tan apocalípticas como escasamente racionales que, basadas en supuestos demográficos y económicos poco sostenibles, presentaban un nivel altísimo de gasto en pensiones para mediados de siglo.

Por el lado demográfico, la población en edad de trabajar se desplomaría irremisiblemente al reducirse en varios millones de personas, lo que –pese al aumento de la población activa- arrastraría el empleo a una caída de consecuencias dramáticas por el lado económico sobre las perspectivas de la economía española. Consiguientemente el cuasi estancamiento del PIB sostenido durante varias décadas hacía que, dado cualquier nivel de gasto en pensiones, este aumentara su peso respecto a la renta del país hasta niveles insoportables.

En tercer lugar, el conocimiento cierto (aunque oculto bajo el término envejecimiento) de las dimensiones de la subsiguiente jubilación de la denominada generación del baby boom, la más numerosa de la historia española. Lo que sin duda producirá un fuerte incremento del número pensionistas, que pasará de los actuales nueve millones a más de quince a lo largo de las próximas tres décadas.

Con esos tres elementos como base se montó la reforma de pensiones del PP de 2013. Los expertos diseñaron dos mecanismos de recorte que actuarían de forma complementaria. Por una parte, la fórmula (el Índice de Revalorización de las Pensiones, IRP) que hacía depender las revalorizaciones anuales de la inexistencia de déficit en la Seguridad Social. Y, en ausencia de medidas dirigidas a ello y en la perspectiva de la jubilación de la generación del baby boom, el mecanismo había sido diseñado para recortar durante cuatro décadas la cuantía real de todas y cada una de los millones de pensiones presentes y futuras en una cifra que puede oscilar entre el 30 y el 40% del nivel de vida de cada pensionista, según la estimación de inflación que se tome.

A este se añadía, por otra parte, un segundo mecanismo que sumaba sus efectos al anterior: el Factor de Sostenibilidad (FS). Que operaría como un coeficiente para reducir acumulativamente a lo largo del tiempo todas las pensiones nuevas a medida que fuera aumentando la esperanza de vida.

Dicho mecanismo, de impacto inferior al anterior sobre los recortes del gasto total en pensiones, tenía la peculiaridad de que aplicaba a todo jubilado los aumentos de la esperanza media de vida del país en cada momento, independientemente de sus condiciones concretas en función de la profesión, de las características físicas del trabajo, de los niveles formativos, de los de vida, etc. Estas condiciones determinan esperanzas de vida significativamente más cortas para los más desfavorecidos. Lo cual entrañaba que las reducciones de las pensiones eran, además, regresivas: mayores para quienes vivirían menos años, menores para los más favorecidos que vivirían más tiempo.

De lo explicado es fácil deducir que ambos mecanismos, si bien tenían una enorme potencia para recortar las pensiones con el paso del tiempo, sus efectos a corto plazo eran mucho más limitados. Las medidas no pretendían, pues, corregir el déficit (ni con más ingresos ni con menos gasto en la SS) sino que, al contrario, utilizaban el mismo para justificar y calcular la reducción permanente y hacia el futuro -y de forma drástica- de las pensiones.

La entidad de tales recortes era inmensa. La tasa de sustitución de las pensiones respecto al último salario pasaría de cerca del 80% al filo de 2013 a poco más del 40% en 2050.

Todo quedaba dispuesto para que las pensiones españolas quedaran, pues, irreconocibles. Un completo cambio de modelo hacia uno de tipo británico (de pensiones públicas estrictamente mínimas), funcional, compatible y perfecto para el desarrollo de un gran sistema privado, no con carácter complementario sino como elemento medular de un nuevo sistema de pensiones (de facto las pensiones privadas se convertían en una necesidad para poder evitar la pobreza extrema en la vejez). Aún hoy se defiende a menudo por los apóstoles de los recortes este cambio de modelo que es, no hay duda, el objetivo último de la reforma de 2013.

Otro aspecto a destacar es el carácter permanente con el que en todo momento se han planteado tales mecanismos, lo cual confirma la intención de buscar la destrucción de nuestro modelo de pensiones. Aunque la jubilación de la numerosa generación del baby boom es, por definición, un fenómeno temporal y transitorio que terminará a partir de 2050 con la inversión del proceso y la caída sostenida del número de pensionistas, este hecho se suele esconder habitualmente en la mayoría de los estudios que patrocinan los recortes, defendiendo de forma estructural y permanente esos mecanismos de recorte aunque se sabe que con posterioridad se producirá la caída del gasto en pensiones.

Un acuerdo para salvar las pensiones públicas

Una vez puesto en perspectiva con la reforma de 2013, no cabe duda de las diferencias de este acuerdo. Algunas críticas no han querido entender que se trata de una primera fase de una gran reforma que terminará por establecer un marco de financiación suficiente de las pensiones durante el periodo de jubilación de la generación del baby boom. De tal forma que es solo una parte de trabajo a realizar, pero se trata sin ninguna duda de establecer unas nuevas bases.

El acuerdo aborda cuatro grandes cuestiones:

 La primera, la eliminación completa de los dos mecanismos de recorte de la reforma de 2013. Se recupera el derecho global de todas las pensiones a mantener su poder adquisitivo de forma permanente. Y se suprime el Factor de Sostenibilidad, que será sustituido por un nuevo mecanismo (de equidad intergeneracional) que a diferencia de aquel no será un coeficiente reductor de las pensiones.

 En segundo lugar, se erradica el déficit de la Seguridad Social mediante la aplicación del “principio de separación de fuentes de financiación”, de tal forma que las cotizaciones se utilicen para pagar las prestaciones contributivas y no otros conceptos. Para esto se transferirán de los PGE 24.000 millones de euros anuales, de los cuales ya se ha realizado en 2021 el traspaso de 14.000 millones.

Todos los conceptos que suman esas cifras responden plenamente a gastos que no corresponden a la Seguridad Social. Algunos de ellos han sido discutidos sin mucho fundamento desde algunos ámbitos, como los que corresponden a parte de la cotización de las prestaciones por desempleo o a los permisos por maternidad y paternidad. Pero, hay que decir que con cotizaciones se están pagando las Políticas Activas de Empleo, que nada tienen de prestaciones, y los subsidios por desempleo, que tienen naturaleza asistencial. Y en cuanto a los permisos, su implantación se hizo sin la debida contrapartida en términos de cotización, y este es uno de los supuestos para los que se contempla la imposibilidad de que sean considerados realmente contributivos.

Asimismo, se diseña un sistema para la implantación de la cotización por ingresos reales en el Régimen de Autónomos, con lo que desaparecerá progresivamente la trasnochada, regresiva e impropia libre elección de las bases de cotización.

En suma, la eliminación del déficit de la Seguridad Social es un proceso de regularización para continuar cargando a las pensiones hacia el futuro con gastos que no les corresponden. Este saneamiento financiero y la recuperación de su equilibrio deberían evitar que se continúe simulando una supuesta insostenibilidad futura de las pensiones mediante el uso de la extrapolación en el tiempo de un déficit que ha dejado de existir.

En tercer lugar, se establecen un conjunto de mecanismos para elevar voluntariamente la edad efectiva de jubilación y lograr la aproximación a la edad ordinaria media de los pensionistas. Para ello se diseñan nuevos cuadros de coeficientes reductores de la pensión tanto para la anticipación voluntaria e involuntaria de la jubilación, que serán mayoritariamente más reducidos que los actuales si las personas retrasan esa anticipación. Y, complementariamente, se elevan los incentivos para el retraso voluntario de la edad ordinaria de jubilación.

Y en cuarto lugar, y complementariamente, se abordan medidas a favor de los jóvenes (cotización obligatoria por las prácticas no remuneradas), los trabajadores mayores (exención de cotizaciones en las bajas por enfermedad por encima de los 62 años), financiación pública de los convenios especiales de las personas cuidadoras del sistema de Atención a la Dependencia, pensiones de viudedad para las parejas de hecho, entre otras.

Menos recortes, pero más sostenibilidad

La derogación de las reformas de 2013 ocasionará un aumento del gasto en pensiones que se estima en unos 40.000 millones de euros de aquí a 2050: justamente el coste de los recortes que aquella reforma iba a realizar y que se van a convertir en un aumento y mejora de las pensiones y una transferencia de rentas a todos los pensionistas durante las próximas décadas.

La eliminación del sistema de sostenimiento de las pensiones de aquella reforma, basado en recortes, impone la necesidad de establecer un nuevo sistema de financiación en el contexto de la jubilación de las cohortes más numerosas de la generación del baby boom.

La financiación necesaria debe ser bien definida y calculada antes de abordar esta tarea en la segunda fase de la negociación (ya circulan de nuevo cálculos interesadamente exagerados, intentando crear una alarma infundada). Muchos son los mecanismos que están a nuestro alcance. Pero, a mi juicio hay tres fundamentales:

 El primero, la utilización de unas proyecciones realistas y rigurosas de la evolución del empleo y del PIB, lo que puede elevar tanto uno como el otro y ajustar el cálculo de una parte del gasto respecto a las estimaciones convencionales.

El segundo, es el que se deriva de un mejor funcionamiento del mercado de trabajo de los trabajadores mayores y de las instituciones de la Seguridad Social que más les afectan, lo que ocasionará una reducción del gasto prematuro o innecesario en pensiones y otras prestaciones, y el mantenimiento durante más tiempo de los ingresos por cotizaciones.

Y el tercero, el aumento progresivo de los ingresos por cotizaciones (sobre todo en los tramos de altos salarios) y, si resulta necesario, de otras fuentes de financiación.

A título de ejemplo, digamos que el efecto de la subida de las pensiones con el IPC oscila entre menos de un 3% y un 5% de mayor gasto, según el tipo de proyecciones de empleo y de PIB que se realicen. Los cálculos efectuados por la Administración muestran que la elevación de la edad efectiva de jubilación en dos años podría reducir el gasto en pensiones en 1,3 puntos del PIB. Asimismo, la Comisión Europea ha calculado que la reducción de las salidas prematuras del mercado de trabajo rebajaría también el gasto futuro en pensiones en 2,7 puntos del PIB si se eleva diez puntos la tasa de ocupación de los mayores de 55 años en España. Y los ingresos por cotizaciones podrían crecer a lo largo de los años hasta un punto del PIB elevando las bases máximas.

En suma, no hay un problema de sostenibilidad de las pensiones públicas, lo hay de orientación y de objetivos de las reformas. En 2013 se decidió iniciar un proceso para desmantelar el sistema público de pensiones tal y como lo conocemos. En 2021 estamos decididos a reforzarlo.

About Antonio González

Antonio González, economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), fue Secretario General de Empleo en el periodo 2006 – 2008 @AntonioGnlzG

9 Comments

  1. juan el junio 29, 2021 a las 7:53 pm

    Me parecía mucho más justo el factor de equidad intergeneracional que no la lotería de «si cotizaste fuerte al principio pero tuviste mala suerte te dejamos con la mínima» para cuadrar los números.

    Que no cuente cada euro nocionalmente o como un promedio de toda la vida laboral es un incentivo a que en los primeros años que solo cuentan como años cotizados pero no como cantidad a promediar se cobre lo mínimo legalmente y el resto en B. Un sistema que incentiva la economía sumergida es un desastre de sistema.

    Una pensión que se contruya y consolide con el tiempo es la mejor garantía de la pelea por cotizar bien…una pensión que sea como los concursos donde si fallas la última pregunta te quedas sin nada es una catastrofe en cuanto a generar confianza y que la gente construya proyectos vitales.

    Y luego está la alegría con lo que los sindicatos firman alargar la vida laboral de mucha gente en profesiones duras…cuando ellos saben que son fuertes donde se firman «desvinculaciones-prejubilaciones» deluxe. Las camareras de piso a los 67 y los de los banco «libres del trabajo» a los 52, gran defensa de la igualdad por parte de «las fuerzas sociales».

  2. José Candela el junio 30, 2021 a las 11:29 am

    Gracias por el esfuerzo y la rapidez de la explicación. Se respira un nuevo aire muy alentador

    • Antonio González el julio 1, 2021 a las 7:28 am

      Muchas gracias, José. También yo creo que hay un aire nuevo en un asunto de tanta trascendencia como las pensiones. Queda un buen camino aún por recorrer, pero la dirección y el horizonte son prometedores. Tal vez eso sea lo que más soliviantados tiene a los apóstoles de los recortes.
      Saludos.

  3. AG el julio 1, 2021 a las 7:19 am

    Gracias por su comentario.
    El Factor de Sostenibilidad era simplemente un coeficiente reductor de la pensión, y además nada relacionado ni con la vida laboral ni con la carrera de cotización, y regresivo en su planteamiento y operativa. El problema de las pérdidas de pensión ocasionadas por la pérdida del empleo al final de la vida laboral tiene otras respuestas adecuadas.
    Las cuentas nocionales, tan ‘justas’ solo en apariencia, esconden un recorte generalizado de las pensiones, como así reconocen sus propios defensores, y son también regresivas porque impiden que operen mecanismos de solidaridad en el cálculo de las pensiones, también para los que pierden su empleo al final de la vida laboral. Y eso, cuando se constata en la realidad de cada caso, no genera confianza alguna en el sistema de pensiones, máxime al comprobar que favorecen a los más privilegiados.
    Este acuerdo, por otro lado, prevé un nuevo mecanismo para que funcione de verdad el mecanismo de acortar la edad de jubilación en las profesiones más duras: el actual está bloqueado, es inoperante y carece de objetividad.

  4. juan el julio 1, 2021 a las 9:10 am

    El sistema nocional no es regresivo en absoluto, también contempla la pensión mínima se llegue o no a cumplir los requisitios (y en el caso de Suecia también un complemento en caso de vivir de alquiler).
    Además facilita un mayor incentivo a contribuir fuerte al principio de la carrera laboral (lo que más va a revalorizarse) y una mayor libertad para jubilarse al aplicarse desde los 61 años descuentos actuariales (no arbitrarios como los coeficientes en España). Esto permite que a quien lo que le pueda corresponder a los 61 le valga en función de sus ahorros y su forma de vida pueda disfrutar más años jubilado y liberar un puesto de trabajo para los jóvenes.

    Si bien el factor de sostenibilidad puede a muy largo plazo disminuir las pensiones, también es cierto que lo hace muy suavemente y posibilitando planificarse, y a cambio ofrece certidumbre respecto a la sostenibilidad. De la misma forma que aunque el sistema nocional (muy parecido a calcular la media de toda la vida laboral) puede globalmente bajar la pensión media pero reducir mucho más a favor del trabajador la posible volatilidad negativa por no saber qué pasará en sus últimos años de carrera laboral.
    A mi si a los 50 años me dicen que con lo cotizado según me vaya desde ese momento puedo cobrar entre 1300 y 1600 me parece más óptimo que no que me digan que puede ser entre 900 y 2000€.

    Respecto a los mecanismos para corregir que quien cotice los primeros 20 años por la mínima y los 20 últimos por la máxima combre 2000€ y que quien los primeros 20 los cotice por la máxima y los 20 últimos por la mínima cobre 700€ los habrá pero parece que nunca son una prioridad sindical resolverlo…porque donde son fuertes los sindicatos los trabajadores que sufren al final de la carrera laboral acaban premiados con generosísimas desvinculaciones (astilleros, banca, cajas de ahorro, telcos, AENA).

    • Antonio González el julio 1, 2021 a las 9:36 am

      Gracias por su comentario, Juan. Es un debate interesante el del sistema de cuentas nocionales. Lástima que en este espacio no tengamos posibilidades de profundizar en ello. Pero, el hecho de que exista una pensión mínima (como ahora) no evita el carácter regresivo respecto a la situación actual de un sistema que premia a los más favorecidos y perjudica a la mayoría. Los incentivos para cotizar más al comienzo de la vida laboral no están al alcance de esa mayoría, especialmente en la realidad española en la que muy pocos jóvenes son los privilegiados que podrían hacerlo, aparte de que este asunto se parece a los sistemas de ahorro privado en pensiones y comparte con ellos su regresividad. Como resultado, cuando se llega al final de la vida laboral, los más afortunados podrían en efecto jubilarse antes, mientras que los demás para poder obtener una pensión medio regular (inferior a la actual desde luego) tendrían que trabajar muchos más años que ahora. Por otro lado, si la carrera laboral termina en el desempleo a partir de los 55 o 60 años, el sistema de cuentas nocionales penaliza incluso más que en la actualidad y desde luego resulta incompatible con mecanismos compensatorios porque entonces el sistema ya deja de ser de cuentas nocionales. Y en realidad es incluso peor que contemplar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión porque carece por definición de fórmulas que corrijan los desequilibrios en la cotización y los periodos sin cotización (integración de lagunas).
      En definitiva, es un debate interesante, entre otras cosas porque para evitar los muchos aspectos negativos de un sistema de cuentas nocionales habría que contemplar tantas modificaciones al mismo que dejaría de ser ese sistema y se parecería bastante al actual.

      • juan el julio 1, 2021 a las 10:40 am

        el que los jóvenes por lo general entren con bases reducidas no y por tanto les convenga un cálculo basado en los años finales si les va bien entonces no hace del sistema actual justo. Una injusticia de la que se beneficia una mayoría sigue siendo una injusticia para quien pertenece a la minoría. Respecto al cálculo nocional regresivo, el sistema actual con una pensión máxima por debajo de la cotización máxima, también permite compensar años malos e incluso que falten años de cotización para poder seguir cobrando la máxima. Es decir aquello que se achaca al sistema nocional como pega sucede con el sistema actual.
        Por otra parte si se quiere que el sistema sea contributivo, tanto aportas tanto recibes la excepción tiene que ser asegurar un mínimo suficiente a las míninas no permitir que haya pensiones máximas «no cotizadas en su totalidad».

        Por otro lado habría que ir algo más allá sobre la protección de la vejez….imaginemos 2 jubilados con 2000€ al mes, cercanos a la máxima. Si uno goza de buena salud hasta los 85 años y muere puede haber ahorrado de la pensión y generar una herencia (que los españoles parece que no entienden que se grave, yo sí), sin embargo si la otra persona muere a los 85 igual que la primera pero tras 10 años de Alzeimer, sus hijos no solo no heredaran de la pensión sino que seguramente hayan tenido que ayudar a sufragar los cuidados. Hubiese sido mejor que las pensiones fuesen de 1800€ pero tener una cobertura de cuidados pública del 100% garantizando mejor protección y generación de empleo.

        La socialdemocracia debe orientarse a garantizar la suficiencia y la total seguridad de las personas mayores antes que a un «máximo alcanzable» pero que ante una adversidad no sirva de nada.

  5. juan el julio 2, 2021 a las 11:29 am

    Ni un día ha durado el acuerdo sin un nuevo globo sonda del ministro Escrivá sobre un nuevo «factor» que en este caso no sería para todos los que vayan jubilándose a partir de ahora sino sobre unas determinadas generaciones.

    Ni acuerdos en lo fácil y «patadas p’alante» en lo difícil, hay que poner transparencia a los números y hacer un ajuste donde una bajada de la tasa de reemplazo media pueda compensarse con una mayor justicia y equidad del sistema, mayor predecibilidad y una sostenibilidad tan clara que no incentive a la infracotización por aquello del «total, cuando me llegue yo ya no cobraré».

    Yo lo voy a decir claramente, ójala Conde-Ruíz de ministro de Seguridad Social en un futuro.

  6. […] Aquesta és una peça original d’Economistas Frente la Crisis. […]

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