El caso Volkswagen, la parte visible del iceberg

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Mónica Melle Hernández, miembro de Economistas Frente a la Crisis, es Profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense

 

Cuando más se habla y se presume de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), asistimos escandalizados a malas prácticas de compañías emblemáticas que nos hacen cuestionarnos el modelo de gobierno corporativo que impera en la economía capitalista actual.

La práctica de Volkswagen de instalar un software en 11 millones de vehículos diésel para esquivar controles medioambientales, y al mismo tiempo adquirir una buena reputación en materia de RSE, así como ayudas gubernamentales, ha vuelto a poner en cuestión una vez más las prácticas deleznables que en muchas ocasiones se esconden detrás de una falsa RSE.

El impacto económico podría ascender a 18.000 millones de dólares, resultado de multiplicar la multa máxima para estos casos (37.500 euros) por coche. A lo que se debe sumar el grave daño a su reputación a nivel global y a la confianza de sus clientes, que han sido engañados porque Volkswagen presentaba estos vehículos diésel como eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Este fraude empresarial seguramente es sólo la parte visible del iceberg. Cientos de grandes corporaciones no actúan para nada con responsabilidad ante la sociedad, llevando a cabo prácticas despreciables.

Tan sólo en Alemania, ejemplo de modelo empresarial que considera a los trabajadores para la cogestión de las empresas, están los recientes casos de Siemens, a quien a finales de 2006 la fiscalía de Munich acusó a diez altos cargos de su división de Comunicación de malversación de fondos; de Deutsche Telekom, investigada en 2008 por la fiscalía de Bonn por espionaje a sus propios directivos y a los periodistas que mantenían contacto con ellos; o de Deutsche Bank, involucrado desde 2012 en litigios por manipular tasas de referencia interbancarias, como el Libor.

Una empresa es socialmente responsable cuando en el desarrollo de su actividad considera sus impactos en la sociedad, y tiene además en cuenta los intereses de los agentes involucrados en su gestión, ya sean accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, clientes,… Ello implica llevar a cabo una gestión activa de esos impactos -actuales y futuros- de la empresa ante la sociedad, mitigando los negativos y potenciando los positivos.

Casos como el de Volkswagen y otros escándalos empresariales se deben a comportamientos nada responsables ante la sociedad. Son motivados por deficiencias en el gobierno corporativo de estas empresas, falta de transparencia e incapacidad para determinar eficazmente la cadena de responsabilidades dentro de la organización.

No funcionan los mecanismos de control de las posibles decisiones oportunistas de los directivos de las grandes empresas. Éstos actúan en muchas ocasiones en beneficio propio, en contra de los intereses de los propietarios y causando perjuicio a los demás grupos de interés. Sus objetivos a corto plazo, a menudo ineficientes, dan lugar a resultados insostenibles para las empresas, y al propio tiempo debilitan la cohesión social y agravan el deterioro medioambiental del planeta.

La mala gobernanza corporativa (ineficiente y especulativa) está en los fundamentos de éste y otros casos, que desgraciadamente repercuten en la sostenibilidad de las empresas, en el empleo y en la generación de riqueza. Urge poner en marcha mecanismos que protejan a los inversores y resto de partícipes en las empresas, especialmente los trabajadores, del riesgo de abuso de los directivos. El modelo económico y empresarial debe evolucionar hacia un modelo medioambientalmente sostenible y socialmente responsable; lo que obliga a una reforma del gobierno corporativo actual. En el caso de Volkswagen, ha dimitido su CEO, el mejor pagado de Europa en 2014, con un salario cercano a los 15 millones de euros y con derecho a una pensión de 28,6 millones de euros. Sin embargo, ¿quién asume las consecuencias de sus decisiones, orientadas a su propio interés, y claramente en contra del interés general?

El problema no es la RSE, sino la falta de RSE. Existe una gran discrecionalidad por parte de las empresas sobre cuál es su responsabilidad ante la sociedad. Es imposible fijarla para que no deje lugar a dudas. Y lo que es más importante, existen carencias sobre cómo medirla y evaluarla.

Algunas empresas buscan manipular su reputación realizando pequeñas actuaciones ante la sociedad y el medioambiente, como plantar árboles o realizar donaciones, que comunican eficazmente a través de potentes departamentos de Comunicación e informes de RSE, pero ello no significa que sean empresas socialmente responsables. Buena parte de las regulaciones del Gobierno Corporativo y la RSE son “indicativas”, y de ahí que se esté a resultas de la autorregulación de las empresas y de lo que quieran trasladar sus departamentos de Comunicación.

Tampoco están funcionando las agencias de calificación de la sostenibilidad empresarial, responsables de evaluar la RSE a través de la información que las empresas aportan y dictaminar sobre las calificaciones para los índices bursátiles de sostenibilidad. Evalúan actividades en temas medioambientales, sociales, de gobernanza, homogéneas para todas las empresas. Y a la vista de sus resultados, con necesidad de mejorar. Igual que ocurrió con British Petroleum, calificada aparentemente modélica en materia medioambiental justo antes del derrame en el Golfo de México, Volkswagen unos días antes de que el escándalo del fraude de los medidores medioambientales instalado en los motores diésel saliera a la luz pública había sido calificada como empresa número 11 entre las más responsables del mundo por parte del Reputation Institute en la calificación Global CSR Top Companies: 2015 Most Reputable Companies. Cierto es que esa calificación se determina con base en entrevistas a personas sobre sus percepciones sobre la RSE de las empresas.

Queda mucho por mejorar en materia de reporting de la RSE. Se debe exigir mayor transparencia en materia de Responsabilidad Social de las empresas y mayor rigor a las Agencias de calificación. Éstas aportan un gran valor de síntesis de toda la información pero deberían difundir sus metodologías y hacer mayores esfuerzos en explicar qué quieren decir sus calificaciones, qué no quieren decir, cómo se pueden interpretar. Quizás deberían venir con una advertencia al estilo de las declaraciones de las auditorias financieras, que permitiera asegurar o no la sostenibilidad social y medioambiental de las empresas y su buen gobierno corporativo. Urge avanzar en la auditoria y la verificación de este tipo de información no financiera que se incorpora en los informes RSE. Sin olvidar que en este ámbito, al igual que en el de las auditorías de información financiera, se pueden producir conflicto de intereses en las firmas auditoras si éstas desarrollan también negocio de consultoría a empresas en esas mismas materias.

La reciente Directiva 2014/95/UE sobre Transparencia y Responsabilidad Social (2014), exige mayor transparencia a las empresas, que han de proporcionar no sólo información económico-financiera, sino también informes de sostenibilidad, que incluyan información social y medioambiental. Y ésta debe estar igualmente sujeta a los principios de fiabilidad, claridad, relevancia, comparabilidad y verificabilidad, de acuerdo con lo contenido en la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI).

Es preciso adaptar la legislación española a esta Directiva 2014/95/UE sobre Transparencia y Responsabilidad Social de las grandes compañías (2014) para legislar sobre la determinación de los indicadores sociales, ya que en la actualidad existe mucha retórica al respecto. Porque las empresas han de gobernarse satisfaciendo las expectativas de todos los grupos de interés -trabajadores, clientes, proveedores, accionistas y sociedad en general-. El objetivo de maximizar beneficios está socialmente obsoleto.

Lograr una mayor participación y una mayor implicación de los grupos de interés o “stakeholders” en la gestión de las empresas, especialmente de los trabajadores. El modelo de participación en la gestión empresarial está implementado en Alemania, Austria, Holanda, Francia y los países nórdicos (consideran una participación más pequeña, de 2 o 3 trabajadores), entre otros países de nuestro entorno. Se demuestra que ha sido muy importante para consolidar la sostenibilidad de las empresas, su apuesta por la industria, la investigación, desarrollo e innovación, la formación de su capital humano y el establecimiento de unas relaciones laborales cooperativas alejadas de la cultura del conflicto. Todo ello redunda en una mayor productividad de las empresas y también en una mejora de su competitividad.

En Alemania, los trabajadores forman parte de los Consejos de Administración de las empresas (conforme a la ley de cogestión que exige en las grandes empresas que los sindicatos tengan el mismo número de asientos en los Consejos de Dirección que el equipo de gestión de la empresa). Y en muchas decisiones, los sindicatos tienen el poder de veto. Habría que investigar en el escándalo de Volkswagen, qué postura mantuvieron los trabajadores ante esta decisión, si es que fueron informados de la misma. Es posible que no se les comentara porque su postura debería haber sido contraria, dados los efectos negativos que este tipo de fraudes pueden tener sobre los resultados y el empleo cuando se descubren.

En definitiva, el caso de Volkswagen se debe más bien a un fracaso del modelo de empresa actual en el que existe ausencia real de responsabilidad social, aunque se comunique y trate de vender otra cosa. El modelo RSE o “multi-stakeholder” de empresa implica que las decisiones que afectan al futuro de la empresa se adopten no sólo por los gestores-directivos empresariales, que pueden adoptarlas en función de sus propios intereses, sino que en tales decisiones se consideren y participen todos los agentes involucrados en la gestión de la empresa (“stakeholders”). Y al propio tiempo, establecer políticas redistributivas en las empresas para lograr un reparto real y justo de los excedentes en función del valor que se aporta y del riesgo que se asume cada uno de los “stakeholders”. Un pacto de rentas para equilibrar salarios de los trabajadores, beneficios empresariales y remuneraciones de altos directivos.

Porque el modelo de empresa capitalista ha de revisarse si queremos avanzar hacia un sistema económico social, económica y medioambientalmente sostenible.

About Monica Melle Hernandez

Mónica Melle Hernández es Profesora Titular de Economía Financiera de la UCM y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

5 Comments

  1. Pedro L. Egea el octubre 9, 2015 a las 3:59 pm

    ¿Qué ha fallado? En realidad nada ha fallado, ha faltado. Cambia solo una letra, pero todo es distinto. Ha faltado la ética, ha faltado esa manera de hacer negocio que nos habían vendido como cierta y ha faltado que los supervisores y calificadores no tengan complejo y traten a todos por igual ¿Vender diésel en EEUU? ha faltado una verificación ante algo tan inusual. No deja de ser un caso más de capitalismo de amiguetes o rapiña, que es el nombre adecuado a los casos que citas y otros que seguro se te han quedado en el tintero. Saludos,

  2. Miguel Tornel el octubre 12, 2015 a las 8:58 am

    En mi opinión, creo que el poder dentro del capitalismo ha evolucionado desde el dueño de la empresa hacia los altos directivos. Estos directivos toman decisiones empresariales en su propio beneficio, sueldos, bonus,.., y no tanto en provecho de los accionistas.
    Hay que replantear el funcionamiento de las sociedades de capital y las responsabilidades de los roles en ellas existentes, tanto desde el punto de vista económico-distribución de las rentas empresariales- como legal-toma de decisiones reales y responsabilidad

  3. jose Candela el octubre 12, 2015 a las 11:21 am

    Como diría Mintzberg, y posiblemente Drucker, eso de la Responsabilidad Corporativa funciona solo, y allí, donde hay un interés social en que funcione. Lo contrario, lo de que la dirección estratégica es la búsqueda, por los medios socialmente permitidos, de mercados monopolísticos, mediante la construcción del mercado por la corporación, es lo que Pahalad y Hamel, y todos los gurús del management enseñan a los alumnos suficientemente listos que asesoran. El objetivo, crear valor para el accionista. La teoría del management no utiliza subterfugios, es directa, y mucho mas realista que la económica.
    Una corporación (Bell) es una organización global, suficientemente grande y compleja, compara eludir las regulaciones de los gobiernos, seducir, y a veces comprar, las grandes tecnocracias que gobiernan el mundo desde los organismos trasnacionales, y cuya estructura, por definición, es democrática en los pequeños núcleos creativos, y dictatorial en su estructura de gobierno. Meritocrática, para seducir el talento, y que extiende sus redes por las áreas sociales donde se crea conocimiento, y desde ellas controla los gobiernos.
    Por lo tanto, sin introducir la democracia en las estructuras de gobierno de las corporaciones. Sin crear cortocircuitos eficaces en los hilos que van de la ganancia financiera al cerebro los ejecutivos, sin pasar por el resto de los «apostadores interesados»: trabajadoreses, clientes y ciudadanos, es impensable una regulación que impida los casos como los de Audi-VW.

  4. Jose Aparicio el octubre 19, 2015 a las 4:18 pm

    El escandalo de Volkswagen se destapó por el estudio de un colombiano de una universidad en EEUU, como bien refleja la prensa seria.

    Este escandalo le va a pasar factura a Volkswagen que duda cabe pero también le pasara factura a ciertos Estados. Las ultimas noticias de las que cuento hablan de que la Audiencia Nacional quiere investigar el caso Volskwagen ya que las ayudas que dio el Estado español han ido a las arcas de Volkswagen y no han vuelto. Tiene que ser la justicia de nuevo (no olvidemos el caso Bankia) la que reclame el dinero de todos los españoles ya que el actual Gobierno ha decidido no reclamar nada. Las ultimas noticias indican que la fiscalia de la audiencia quiere investigar el caso volkswagen ya que aprecian delitos de defraudacion, fraude de subvenciones y delitos contra el medio ambiente. En el caso del fraude de las subvenciones si multiplicamos las ayudas por vehículo de 1000€ por 700.000 vehiculos saldria la nada despreciable cifra de 700 MM Euros. Esperemos que en nuestra querida España nuestra democracia trabaje en bien de todos.

  5. […] Artículo publicado en: Economistas Frente a la Crísis. […]

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