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El debate sobre pensiones ¿hacia un nuevo paradigma?

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El sistema de pensiones que tenemos en España es relativamente reciente[1]. Muy pronto, a partir de 1976, a medida que se iba alargando el período cotizado por los afiliados que llegaban a la jubilación, fue necesario introducir reformas para acompañar la maduración del sistema.

Un sistema joven exige, y puede permitirse, condiciones de obtención de una pensión muy favorables, para no dejar sin recursos a los que, habiendo trabajado toda su vida, entraron en el sistema cuando ya tenían una cierta edad. Estas reformas, que simplemente adaptaban las reglas a la realidad, permitían un fácil consenso político, lo que explica, en buena parte, la oportunidad y el éxito de lo que se llama el Pacto de Toledo de 1995. El consenso social fue más trabajoso y si, retrospectivamente, puede considerarse como claramente excesiva la reacción sindical, oponiendo una huelga general a la reforma de 1985, el futuro mostraría que, en esta materia, como en el comer y rascar, “todo es empezar”. Porque, pronto, las reformas no se limitaron a acompañar la evolución natural del sistema. Llegó un momento, del que no hemos salido todavía, en el que los cambios se orientan fundamentalmente a reducir el gasto público en pensiones y, por consiguiente, el nivel de vida de los pensionistas. Pero la idea del consenso necesario en materia de pensiones se mantiene con fuerza. En ese sentido, la reforma de 2011 constituye sin duda un punto de inflexión. Su adopción se produce con una cierta confusión política -se consensua en el Pacto de Toledo y la promueve el PSOE, entonces en el Gobierno- y provoca alguna división en el seno de las grandes centrales sindicales. De lo que no cabe duda es de que se trata de la primera reforma que no se justifica por la propia evolución del sistema y que los “cambios paramétricos” aprobados acercan el sistema público de reparto a la lógica de la capitalización del ahorro privado, con la evidente consecuencia de reducir las expectativas de pensión de los cotizantes. La reforma siguiente, de 2013, puede verse, a posteriori, como un enorme error de la derecha en su afán de recortar las pensiones. Se aprobó, gracias a la mayoría absoluta de la que disponía el Gobierno del PP, sin consenso en el seno del Pacto de Toledo, lo que permitió que las elucubraciones de un grupo de “expertos”, en realidad neoliberales a ultranza y representantes del negocio de los fondos de pensiones privados, llegaran a tener fuerza de ley, a pesar de las críticas generalizadas, que provenían hasta de los mismos círculos ideológicos de esos “expertos”.

A partir de esa ominosa reforma, el panorama cambia completamente: los pensionistas se echan a la calle y exigen que no se utilice el índice de revalorización (más adecuado sería “índice de recorte”) que el Gobierno tuvo el reflejo de limitar, imponiendo un mínimo de subida del 0,25%. Sin la acción de los pensionistas, el 0,25% se hubiera repetido cada año durante décadas, dejando las pensiones por los suelos. Lo que los pensionistas pedían, sobre todo, y siguen pidiendo, es bien poco: garantizar que las pensiones suban como el IPC, lo que equivale a simplemente mantener su nivel adquisitivo, aceptando no participar en las mejoras de las que se puedan beneficiar otros grupos sociales, con lo cual su situación relativa terminará degradándose. Aun así, al Banco de España y al Fondo Monetario Internacional, entre otros, esta pretensión de los jubilados les parece excesiva.

Las recientes negociaciones en la Comisión del Pacto de Toledo se inician en un nuevo marco: la amenaza de la insostenible reforma de 2013 y el enfado activo de los pensionistas (también votantes), apoyados por el creciente cuestionamiento de los vaticinios catastrofistas de los “expertos” por parte de economistas, juristas y demógrafos[2], además de alguna institución importante, como la AIREF.   Eso explica que, por primera vez desde que existe, el Pacto de Toledo haya aprobado unas recomendaciones que no van en detrimento de los pensionistas, fruto en buena parte de la renovada determinación política en esta materia de la izquierda ahora en el Gobierno. Aunque han sido en general bien acogidas, las recomendaciones del Pacto de Toledo también han suscitado críticas y rechazo. Algunos, que entroncan con la tradición «recortadora», consideran que las propuestas no van a evitar el hundimiento del sistema, y otros las denuncian por timoratas en la protección del sistema público y exigen la derogación de la reforma de 2013. No vamos a repasar aquí estas recomendaciones, pero sí mencionar una de las que están suscitando más polémica: el propósito de reducir las ventajas fiscales de las que ahora disfrutan los fondos privados de pensiones, a los que acuden, sobre todo, las rentas altas. El Partido Popular, a pesar de que ha aprobado las recomendaciones en la Comisión, ha anunciado ya que emitirá un único voto particular sobre este tema. Como era previsible, la patronal es también de la misma opinión, con el argumento, también es del PP, de mantener el apoyo al “tercer pilar” (los planes privados), porque no tienen aquí la misma acogida que en el resto de Europa. Aunque esta afirmación no es del todo cierta, puesto que España, con activos de planes privados que representan el 13% del PIB en 2019[3], se sitúa por encima de Italia, Francia y Alemania, por ejemplo, es cierto que es una cifra muy inferior a la media europea. Pero los planes de pensiones privados que oferta el sistema financiero en España resultan caros (somos el país que cobra mayores comisiones de un conjunto de 15 países recogido recientemente por la OECD[4]: 1,5% sobre los activos totales) y su rentabilidad está entre las más bajas de los países de la OECD (España ocupa el puesto 27 de 35 países de la OECD, con una rentabilidad media anual de 1,7% entre 2001 y 2019[5]). Tal vez sería posible alcanzar una mayor aceptación de estos planes si las comisiones disminuyeran y los rendimientos aumentaran para acercarse a los valores de la mayoría de los países desarrollados. Compensar el deficiente atractivo de unos planes caros y con escasa rentabilidad, mediante incentivos fiscales, que pagan todos los españoles, puede parecer una pretensión algo excesiva.

Lo más importante, a mi juicio, es que el debate sobre pensiones se plantea hoy en unos términos y con un equilibrio muy diferente del que imperaba en 2013. Hasta aproximadamente esa fecha, dominaba la búsqueda del consenso y la izquierda se situaba netamente a la defensiva. Así, las negociaciones versaban sobre las modalidades y el alcance de los recortes y no sobre si recortar o ampliar derechos. Tanto la izquierda política como la sindical parecían asumir el análisis neoliberal dominante que llevaba a acercar el sistema público a uno de ahorro privado. La situación es hoy diferente. En el frente social, el más importante, los pensionistas y los defensores del sistema público se han movilizado con gran éxito y todo indica que la presión se va a mantener. El debate de ideas también ha cambiado. Frente a la penetración de un discurso neoliberal que parecía reflejar una unanimidad que no existía, se vienen afirmando voces que disienten de sus conclusiones y aportan análisis y datos que apoyan una visión no catastrofista del futuro de las pensiones y sitúan a las personas en el centro de las motivaciones reformistas. A ello han contribuido Economistas Frente a la Crisis y otros foros de reflexión, así como reputados investigadores. En el ámbito de la política, la izquierda está ahora defendiendo mejoras para los pensionistas y no solo intentando limitar el recorte de sus derechos. Por ejemplo, aparcando el índice de revalorización y garantizando una revalorización digna, aunque mínima, introduciendo la posibilidad de elegir los mejores años de cotización para el cómputo de la pensión y sobre todo apoyando que la financiación del sistema no depende solo de las cotizaciones. También empieza a poner coto a la extensión abusiva y artificial de los fondos privados, reduciendo sus ventajas fiscales. Hemos pasado del “que empeore lo menos posible” al “que mejore en lo que se pueda”. Es mucho. Incluso si el objetivo sigue siendo llegar al consenso, la pugna se sitúa ahora en un terreno más favorable a los pensionistas.

Volviendo al ámbito que nos es más próximo, el debate de ideas, reconozcamos que queda mucho por hacer. La reacción de los “expertos” a las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo ha sido globalmente negativa. Por ejemplo, en un artículo publicado en el diario digital Vozpópuli el 4 de noviembre pasado[6], Enrique Devesa (Profesor de la Universidad de Valencia) y Rafael Domenech (miembro del BBVA Research) califican las recomendaciones de “conjunto de buenas intenciones en defensa del sistema público de pensiones” y deploran la ausencia de medidas concretas y de mecanismos de ajuste automático para asegurar la sostenibilidad del sistema. Concluyen proponiendo introducir el sistema de cuentas nocionales individuales. Su crítica es una verdadera “enmienda a la totalidad” de las recomendaciones, lo que conforta nuestra idea de que estamos ante un cierto cambio de paradigma en materia de pensiones. A los que, desde la izquierda, pretendemos renovar la reflexión sobre el futuro de las pensiones, apoyados en argumentos rigurosos pero alejados de la defensa de intereses financieros, se nos presentan retos importantes, entre los cuales destacamos dos:

El primero es intentar acabar con la idea de que, en el fondo, el problema es esencialmente demográfico, que repiten incansablemente “expertos” y comentaristas de cualquier confesión. El envejecimiento de la población es una de las manifestaciones de los extraordinarios cambios demográficos que ha conocido nuestro país, casi todos con efectos muy positivos. El único cambio demográfico al que los sistemas de pensiones deben necesariamente adaptarse es al aumento futuro de la esperanza de vida a partir de la jubilación, que se da por seguro, aunque no lo sea. Las reformas propuestas hasta ahora, incluyendo la mayor presencia de la capitalización o el paso a un sistema de cuentas nocionales, se limitan a cargar sobre los jubilados los inconvenientes de vivir más tiempo. Nosotros proponemos que se inicie un debate público sobre las formas de afrontar por todos los costes de la mayor longevidad, consecuencia, bienvenida, del progreso social, al que todos hemos contribuido y del que todos nos beneficiamos. También hay que insistir, todo lo machaconamente que se pueda, en que, en las circunstancias actuales y previsibles, los cambios en la estructura por edades de la población (imperfectamente resumidos por la evolución de la “tasa de dependencia”), no tienen ningún efecto sobre el equilibrio de nuestro sistema de pensiones. Estamos muy lejos de que nuestra capacidad productiva se vea constreñida por la demografía. Más bien ocurre lo contrario: el sistema productivo se muestra incapaz de ofrecer empleos a todos. A pesar de que esta es la realidad que nos rodea y la que esperamos para el futuro, seguimos (algunos siguen) lamentándonos de que se va reduciendo la ratio de jóvenes por jubilado. En todo caso, el problema demográfico es mucho más preocupante por sus causas, la situación que viven los jóvenes en edad de procrear, que por sus supuestas consecuencias sobre la sostenibilidad de las pensiones.

El segundo objetivo es intentar demostrar que el sistema llamado “de cuentas nocionales” no aporta prácticamente nada nuevo, si no es la introducción de mecanismos automáticos para cargar sobre los jubilados los costes de los desequilibrios del sistema[7]. Constituye esta modalidad, ahora promocionada por los “expertos” recortadores, la culminación del conjunto de reformas que se han venido introduciendo hasta 2013, todas en detrimento de los jubilados, mediante el aumento de la “contributividad” del sistema público.

En conjunto, es necesario un trabajo teórico para destacar con claridad las diferencias entre un sistema basado en la solidaridad entre generaciones y un sistema de ahorro privado. Hemos llegado al punto en que casi no se discute que se juzgue nuestro sistema público con los instrumentos pensados para formas de ahorro privado, organizadas en función del beneficio que reportan a sus gestores, y es deplorable que en esta empresa de descalificación de lo público participe una institución como el Banco de España[8].

Debemos oponer una defensa rigurosa del sistema de reparto, como forma de organizar la solidaridad entre generaciones que conviven, basada en sus características y ventajas propias, y mostrar que ciertos indicadores que manejan los actuarios carecen de sentido cuando se pretende analizar una realidad muy distinta, en sus objetivos y en sus modalidades.

[1] El germen del sistema actual se encuentra en la Ley de Bases de la Seguridad Social de diciembre de 1963, refundida en 1966.

[2] Ver los numerosos artículos sobre pensiones publicados en esta web de EFC.

[3] OECD. 2020. Pension Markets in Focus 2020, Tabla A.B.3, del Anexo Estadístico, http://www.oecd.org/pensions/globalpensionstatistics.htm

[4] OECD. 2020. Pension Markets in Focus 2020, Tabla 1.3.

[5] Sobre el rendimiento de los planes de pensiones en España es imprescindible la consulta de los trabajos de Pablo Fernández, del IEESE, y su equipo. Ver: Fernández, Pablo, Eduardo de Apellániz, and Juan Fernández Acín. 2020. ‘Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 2004-2019’, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3540947.

[6] https://www.vozpopuli.com/opinion/pensiones-hacer-sostenibilidad_0_1406860388.html

[7] Ver mi artículo en esta web: https://economistasfrentealacrisis.com/aportan-algo-las-cuenta-nocionales/.

[8] Banco de España (2020) Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones. Artículos analíticos, Boletín Económico, Madrid.

Boletín Económico, Madrid.

About Juan Antonio Fernández Cordón

Juan Antonio Fernández Cordón es Doctor en Ciencias Económicas y Experto-Demógrafo por la Universidad de París. Ha sido Profesor de las Universidades de Argel y de Montreal e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que fue Director del Instituto de Demografía. Ha ejercido también como Director de Estudios y Estadísticas del Ayuntamiento de Madrid y Director del Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía. Ha sido miembro, como experto independiente del Grupo de Expertos sobre demografía y familia de la Comisión Europea y miembro del Consejo Científico del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

11 Comments

  1. Demetrio Vert Benavent el noviembre 18, 2020 a las 12:54 pm

    Una de las características que tienen los análisis de los expertos es que se pierden por las ramas y no ven el bosque. Unos, como en este caso, con la clara intención de defender una sociedad más justa y solidaria, y otros, como a los que cita el articulista, con una intención diametralmente opuesta. A los que somos legos nos gustan las cuentas de la abuela: Si hay un pollo para dos y solo se lo come uno de ellos, el experto dirá que estadísticamente se han comido medio pollo cada uno, pero la abuela dirá que uno se lo ha zampado y el otro ha ayunado.
    Hace cien años, cuando empezaron a plantearse las primeras aseguranzas para los obreros, la mayoría de la patronal dijo que las empresas fabriles no lo podrían soportar. No solo lo soportaron sino que, curiosamente, el primer salto cuantitativo de aporte a una Seguridad Social lo dio Franco, acuciado el régimen por modernizar algo la economía, y hoy la parte de la producción que se lleva la protección social (pensiones y otros) es infinitamente superior a la de hace cien años. Sin embargo, el capital, sigue con el mismo discurso. para él no ha habido progreso productivo, las cosas cuestan el mismo trabajo producirlas que antaño. Obviamente es mentira. La productividad sube sin cesar, y no he oído a nadie introducir este parámetro en el tema de las pensiones.
    Las preguntas son:
    1. ¿El sistema económico financiero actual será siempre el mismo? La misma pandemia nos demuestra que fiarlo todo a una estabilidad como la anterior es ficción pura.
    2. ¿Habrá trabajo para todos? Si no se reduce el tiempo de trabajo para producir la misma riqueza, o más, lo dudo.
    3.Podrá una persona(haya trabajado más tiempo o menos) tener acceso a lo indispensable para una vida digna. Si lo fiamos todo al valor de unos ahorros que no sabemos cual será su capacidad de compra, lo dudo. ¿Qué podremos comprar dentro de treinta años con lo que nos ofrezcan las pensiones públicas y el dinero ahorrado? ¡Quí lo sá!
    Por lo tanto, lo único cierto es que en el futuro habrá una gente que produzca la riqueza social (¿qué tipo de riqueza? Nadie lo sabe. Comida, ropa y techo, seguro; ¿pero qué más? A saber. Y por ello, y viendo el bosque, lo único cierto es que nos tendremos que repartir el trabajo y la riqueza; no hay otra.
    Y esos deberían ser los dos mandamientos sobre los que trabajasen los expertos: cómo repartir la riqueza y el trabajo. Lo más justo posible, sí, pero sin atender exclusivamente a cuánto ha aportado cada uno con anterioridad, porque hay mucha gente que quiere trabajar y no puede, y al final no se le puede tirar al mar.

    • Luis Lopez Freire el noviembre 19, 2020 a las 6:12 am

      Olvidó, intencionadamente ?? que la izquierda, léase PSOE de los gobiernos de Felipe González, echó mano del gran fondo que mantenía la Seguridad Social para las ensiones para enjugar los deficits de las cuentas del Estado bajo el pretexto de que no tenía sentido aumentar tal déficit teniendo el colchon de las pensiones de la SS y así estamos ahora….

      • Juan Antonio Fernández Cordón el noviembre 19, 2020 a las 10:47 am

        A Luís López Freire. Se trataba de una práctica común entonces, que ya no se practica. Las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo lo tiene en cuenta como una de las justificaciones de la aportación del Estado a las cuentas de la SS. Esa circunstancia, que he recordado en sus términos en escritos anteriores que puede encontrar en esta web (donde podrá además encontrar un artículo de Fernando de Miguel dedicado exclusivamente a estimar la suma de los superávits dedicados a otros fines) no guarda relación directa con el objeto de este artículo, así que sí, su omisión es, naturalmente, intencionada.

        • juan el noviembre 19, 2020 a las 10:14 pm

          podría haber usos dudosos de los superàvits (como las políticas activas de empleo) pero en el artículo de Fernado de Miguel hay trampas como considerar el gasto sanitario como un uso impropio en un momento en el que no había IRPF y la sanidad (su derecho) estaba ligado a la cotización.

    • Juan Antonio Fernández Cordón el noviembre 19, 2020 a las 10:38 am

      A Demetrio Vert. Comparto absolutamente lo que comenta. Cualquiera que sea el sistema por el que se genera la pensión (ahorro privado o reparto) todo sale de la producción. Por lo tanto, la cuestión es como se reparte el producto en cada momento. O mejor dicho, como y con que fuerza se considera el derecho de los que no trabajan a una parte del PIB. En cuanto al reparto del trabajo, es claro que el objetivo de que todos puedan vivir del trabajo tiende hoy a difuminarse si no a olvidarse. Históricamente, el aumento de la productividad se ha traducido por una disminución de la duración de la jornada de trabajo. Pero esa tendencia parece haberse roto e incluso invertido. Replantearla, en un contexto de globalización, es a la vez necesario y difícil.

  2. Joan el noviembre 19, 2020 a las 8:50 am

    Toda la razon , reparto equitativo , de los derechos y de los deberes

    • Juan Antonio Fernández Cordón el noviembre 19, 2020 a las 10:51 am

      A Joan. No sé a qué derechos y deberes se refiere, pero lo que dice parece razonable.

      • Joan el noviembre 19, 2020 a las 3:34 pm

        El derecho al trabajo , el derecho a la familia ,al estado del bienestar a la educacion a la sanidad a la dignidad .
        El poder cumplir con el deber de las aportaciones para que esto sea asi , formando parte del colectivo social que lo trabaja sin animos de especulacion , como piezas necesarias para el correcto funcionamiento de un sistema gestionado para todos sus miembros

        • Juan Antonio Fernández Cordón el noviembre 19, 2020 a las 6:11 pm

          A Joan. Perfectamente de acuerdo. Y de acuerdo tambi’en sobre que hay que decirlo y defenderlo con claridad.

  3. Enrique LOPEZ el noviembre 22, 2020 a las 12:04 pm

    Desde 2012 las cotizaciones sociales no son suficientes para financiar las prestaciones contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
    En principio, esto no es un problema puesto que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya dispone que «las Administraciones de Seguridad Social …. excepcionalmente podrán incurrir en un déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social», es decir, que se admite el déficit estructural para financiar las prestaciones contributivas (breve referencia en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2020/01/18/fondo-de-reserva-de-la-seguridad-social/).
    En mi opinión, el problema surge en la exigencia que se anuda a la posibilidad de déficit comentada y que se concreta en que la Administración Central debe minorar su déficit estructural máximo admitido (a día de hoy, el límite es el equilibrio estructural) en la cuantía equivalente al déficit de la Seguridad Social.
    Si el Estado incumple su compromiso legal en materia de déficit (como así ocurre) mal puede hacer factible la norma antes comentada y la consecuencia es que el sistema de reparto, que fundamenta nuestro modelo público de pensiones, pierde su virtualidad, ya que no sólo las generaciones actualmente en activo sufragan, entre otras, la pensiones de quienes por su edad han dejado el mundo laboral, sino que -vía deuda pública- también se compromete en el esfuerzo a las generaciones venideras.

  4. Envejecer activos el noviembre 25, 2020 a las 11:32 pm

    Solidaridad entre generaciones. He ahí un concepto clave al hablar del sistema de pensiones. La especie humana ha sobrevivido hasta ahora gracias a ella. Se tiene constancia del cuidado de los más débiles incluso antes del nacimiento del homo sapiens. Y en pleno siglo XXI, con un nivel de desarrollo económico sin precedentes en la historia, hay tendencias ideológicas que al parecer quieren olvidarse de ella. Mientras, otros estamos por mantenerla.

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