«El pacto que necesita España no es para bajar impuestos: para dar buenas noticias a los ciudadanos no hace falta fraguar consensos»

España se enfrenta al otoño de 2020 con una importante serie de retos económicos y sociales. El impacto del coronavirus, que se preveía concentrado en un trimestre, se está extendiendo a lo largo y ancho de la economía global, y, muy particularmente, en la economía española. Tras una caída inédita en el segundo trimeste -donde España perdió el 18,5% de su producción en términos intertrimestrales- las expectativas de crecimiento en el tercer trimestre se han moderado por el mal verano turístico -era previsible que una parte importante de los turistas prefirieran quedarse en casa- y por lo rebrotes de la pandemia, que, al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, han empeorado los índices de sentimiento económico y, con ellos, amenazas con hacer caer las expectativas de consumo y de inversión en la última parte del año.

En otras palabras: el impacto de la paralización económica -fruto de las medidas de distanciamiento social y el cierre forzado de la actividad comercial para detener la extensión de la pandemia, recordemos- ha sido muy profundo y la recuperación será más lenta de lo previsto inicialmente. Siendo prudentes, es bastante probable que recuperemos los niveles de producción existentes antes de la pandemiaa finales de 2022.

Como sea ese ritmo de recuperación y qué panorama dejará una vez que la crisis sanitaria se haya controlado finalmente -algo para lo que, siendo optimistas, podríamos estar hablando bien entrado el año 2021-dependerá muy mucho de las medidas de política económica y política fiscal que se tomen en los próximos meses. España reaccionó bien en términos económicos, generando un importante impulso fiscal a través de los ERTE y de los apoyos específicos como la provisión de liquidez a las empresas, pero esas medidas de extrema urgencia no se pueden mantener durante dos años sosteniendo a pulso a una parte de la economía que va a tardar en recuperarse. El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, que se pondrá en marcha en 2021, aportará recursos necesarios para acometer reformas económicas e inversiones destinadas a mejorar nuestra capacidad productiva y a incrementar nuestro potencial de crecimiento a largo plazo, pero tenemos que tener en cuenta que es bastante probable que su impacto a corto plazo sea relativamente reducido. En efecto, la iniciativa NextGeneration EU no es, en sentido estricto, un instrumento contracíclico, aunque pueda tener un cierto efecto de estabilización.

En definitiva: entre el set de políticas públicas destinadas a parar la emergencia económica a corto plazo, y el set de reformas e inversiones a largo plazo, hace falta un paquete de medidas para estabilizar la economía y reconstruir y paliar los daños producidos a medio plazo. Los trabajadores que están saliendo de los ERTE y que se enfrentan a una amenaza de despido no pueden esperar a que su situación sea tan mala como para acceder alingreso mínimo vital. Las empresas que paliaron sus pérdidas con la liquidez otorgada por los avales del Instituto de Crédito Oficial no pueden seguir cargando indefinidamente sus pérdidas acumuladas en el balance, por muchas garantías que otorgue el Estado. La crisis de liquidez puede convertirse en una crisis de solvencia y, detrás de ella, el riesgo de perturbaciones financieras se incrementa, y concentrar balances de firmas bancarias cuyo negocio principal está en España servirá de muy poco.

El principal instrumento del que disponemos para hacer frente a esta situación son los Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos que necesariamente deben ser expansivos, pues cualquier intento de consolidación fiscal en 2021 será suicida (algo que probablemente también se podría decir en 2022), y que deben estar, en buena medida, destinados a reorientar los estímulos iniciales, a modularlos y a perfeccionarlos, pero en ningún caso a retirarlos bruscamente. Los instrumentos de solvencia y el apoyo a los esquemas de protección del empleo deberían ser prioritarios, al tiempo que se refuerza la red de protección social, construyendo sobre el importante hito que ha sido el Ingreso Mínimo Vital, pero cuyas limitaciones están quedando patentes. Será también determinante el papel que jugará el ICO en los procesos de reestructuración de la deuda de muchas compañías que, siendo viables, han perdido todo margen de maniobra y se encuentran en estos momentos en la insolvencia.

Negociar estos Presupuestos Generales del Estado será muy difícil: el gobierno no tiene una mayoría para hacerlo y las vías que se abren para la aprobación pasan por pactarlos con partidos con visiones antagónicas del papel que debe jugar el Estado en la resolución de la crisis. Si el gobierno cede en su pretensión inicial de modernizar nuestro sistema impositivo por la necesidad de lograr un acuerdo para 2021, habremos perdido no sólo una oportunidad histórica sino también la autoridad de poder hacerlo más adelante. No porque sea malo para 2021 -de hecho, bajar impuestos es una medida legítima de estímulo fiscal, por mucho que para algunos no sea nuestra opción preferida- sino porque, cuando llegue el año 2022 y haya que comenzar a realizar esfuerzos de consolidación fiscal, irremediablemente esta consolidación tendrá que venir desde el lado del gasto público, un gasto público ya escuálido en algunas partidas, tal y como estamos viendo en la incapacidad de algunas Comunidades Autónomas para gestionar las inversiones que necesitamos en salud y educación. Por decirlo con la brocha gorda: las bajadas de impuestos de hoy son los recortes públicos de mañana y pasado mañana.

El pacto que necesita España no es para bajar impuestos: para dar buenas noticias a los ciudadanos no hace falta fraguar consensos. Los consensos son para acometer decisiones difíciles entre aquellos que saben que se tienen que tomar.

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Este artículo ha sido publicado en El Plural el Lunes, 7 de septiembre de 2020. Se reproduce en esta WEB con la autorización del autor