El Futuro es Renovable

Natalia Fabra, Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, es miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

Mikel González-Eguino es Profesor de Investigación en BC3 y en la Universidad del País Vasco

El sector eléctrico es la piedra angular de la transición energética. Liberar de emisiones a la generación eléctrica hará posible – a través de la electrificación – liberar también de emisiones al resto de sectores de la economía. Pero, ¿cuál es la vía más eficaz para lograrlo?

A esta pregunta han respondido, a petición del Gobierno, un grupo de expertos propuestos por los partidos políticos y los sindicatos. Su informe, recientemente publicado, es el resultado de muchas reuniones y medio año de trabajo. Si bien los expertos aportan elementos de interés  y destacan la necesidad de invertir en renovables, ponen en cuestión el cierre de las nucleares porque “supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año” y duplicaría las emisiones. ¿Quiere esto decir que España no se puede permitir un cierre ordenado del parque nuclear una vez que los reactores hayan alcanzado los 40 años de explotación para los que fueron diseñados? La respuesta es negativa. La interpretación de los escenarios analizados por los expertos requiere matizaciones.

Los expertos analizan el cierre nuclear de forma estática: es decir, sus escenarios prescinden de las nucleares pero no incorporan una inversión sustitutiva en otras tecnologías. Por ello, la energía nuclear es sustituida casi por completo por la producción en las centrales de gas existentes, cuyos costes de generación y tasas de emisión son elevados. Sin embargo, bajo un escenario en el que el cierre nuclear hubiera ido acompañado – como cabría esperar – de una mayor inversión en energías renovables cuyos costes de generación son casi nulos, el análisis hubiera permitido concluir que el cierre nuclear se puede producir con un aumento en los costes de generación y en las emisiones de una magnitud muy inferior a la reportada.

Además, si bien el informe destaca el impacto del cierre nuclear sobre los costes del suministro, el impacto sobre los costes que soporta el consumidor sería de una cuantía muy inferior. De hecho, con datos del informe, el cierre nuclear implicaría un aumento en el precio del mercado mayorista de electricidad de 2 a 3€/MWh (aproximadamente, un 5%), traduciéndose en un aumento en el coste para los consumidores de entre 650 y 950M€ al año. Para un hogar medio, esto supondría incrementos en su factura anual de 8 a 11€; esto es, de un 2-3% (porcentaje muy alejado del 25% reportado por el Ministro Nadal). La diferencia entre los 650-950M€ – el impacto sobre los costes para el consumidor – y los 2.000-3.200M€ destacados por los expertos – el impacto sobre los costes para las empresas – refleja los beneficios que obtendrían las empresas eléctricas por cada año de prórroga de las licencias de sus reactores más allá de los 40 años. De nuevo con datos del informe, la diferencia entre los precios del mercado que perciben las nucleares (32-52€/MWh) y sus costes variables (14€/MWh) implicaría para sus propietarios unos beneficios de entre 950 y 1.900M€ anuales antes de impuestos.   De dichos beneficios – así como del impacto sobre los costes del cierre nuclear – habría que detraer los costes de reforzar la seguridad nuclear, entre 135 y 760M€ anuales, que los expertos no incluyen en su cómputo pero que son fundamentales para hacer un correcto análisis de los costes del cierre frente a la continuidad de las nucleares.

La necesidad de contener y reducir el precio de la electricidad – preocupación también compartida por los expertos – debiera ser una prioridad porque es crucial para facilitar la transición energética . Un precio elevado de la electricidad merma la renta disponible de las familias, especialmente de los hogares más vulnerables, y perjudica la competitividad de las empresas, especialmente de la industria. Para ello, el debate sobre la conveniencia de extender o no la explotación de las nucleares debiera ir acompañado de una seria reflexión sobre el diseño del modelo regulatorio en el sector eléctrico. Dicho modelo debiera permitir que los consumidores pagaran – ni más, ni menos – el coste de la electricidad más una tasa normal de beneficios para las empresas, aportando certidumbre para los inversores.

Descartado el futuro del carbón por sus elevadas emisiones, la alternativa a prolongar la explotación de las nucleares es aumentar la ambición en materia de renovables. No sólo permiten producir electricidad sin emisiones, riesgos ni residuos, lo hacen también ya con costes menores. Según la Agencia Internacional de la Energía Renovable, los mejores proyectos de renovables adjudicados para 2019 permitirán generar electricidad a 24€/MWh, un precio similar al coste variable de una nuclear que ya ha recuperado y amortizado sus costes fijos. La empresa de inversiones Lazard llega incluso a afirmar que no es rentable operar algunas nucleares existentes porque sus costes variables son ya superiores a los de las renovables más modernas.

En España, la energía de las centrales de carbón y gas ya está siendo sustituida por nuevas renovables sin presionar al alza los precios. Y, cuanto mayor sea la penetración de las renovables, menores serán los costes para el consumidor porque éstas contribuyen a reducir el precio de la electricidad. Un mejor diseño de las subastas de renovables en España – que fijaran de forma competitiva un precio estable a la energía producida por las renovables – permitiría mayores ahorros al reducir las primas de riesgo y favorecer la competencia entre un mayor número de inversores.

Pero además de la energía limpia y barata que aportan las renovables, el sistema también tiene que cubrir la demanda en situaciones de baja hidraulicidad, sol o viento. España cuenta con 25.000 MW en ciclos combinados infrautilizados, que facilitarían la sustitución de los 17.000 MW conjuntos de carbón y nucleares. Si bien el crecimiento de la demanda futura podría hacer necesaria nueva potencia de respaldo, habría antes que agotar la contribución de una participación más activa de la demanda así como de una gestión de los mecanismos de flexibilidad del sistema más acorde con los intereses generales. La gestión de la interrumpibilidad, de la hidroelectricidad, del bombeo y de las interconexiones internacionales por parte del Operador del Sistema sería el mejor complemento para responder a la intermitencia de las renovables. En cualquier caso, la rápida reducción de costes de los sistemas de almacenamiento aportará nuevas herramientas que facilitarán la transición energética.

Durante la próxima década, España puede prescindir de forma progresiva y ordenada de las centrales nucleares y del carbón con importantes retornos sociales, económicos y medioambientales. Corresponde en cualquier caso a la sociedad, y no sólo a los expertos o al Gobierno o a las empresas implicadas, el deliberar sobre el modelo energético que queremos, sobre los costes y sobre los riesgos que como sociedad estamos dispuestos – o no – a aceptar, que es lo mismo que decidir sobre los beneficios a los que no estamos dispuestos a renunciar.

Una versión de este artículo fue publicada en el diario EL PAÍS el 11 de Abril de 2018