Emergencia climática y riesgos geopolíticos

Desde que Putin decidió invadir Ucrania, se ha hablado reiteradamente de los riesgos geopolíticos derivados de esta guerra, y en particular de sus graves consecuencias en términos de seguridad energética y de seguridad alimentaria, primero a escala europea y ahora ya a escala global.

A mi juicio, no se ha explicitado suficientemente la relación entre tales riesgos y la emergencia climática, o mejor dicho, la emergencia ecológica. Y, sin embargo, el punto 46 del “Concepto estratégico” aprobado en la cumbre de la OTAN celebrada hace unos días en Madrid reconoce la amenaza del calentamiento global y enuncia el compromiso de los países miembros de la Alianza para “liderar el conocimiento y la adaptación al impacto del cambio climático sobre la seguridad… contribuyendo a combatir el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando la eficiencia energética, invirtiendo en la transición hacia energías limpias, y promoviendo tecnologías verdes”. Por supuesto, este compromiso no ha ocupado ningún titular, ya que el foco mediático estaba en los anuncios de incremento del gasto militar de los miembros de la Alianza y en su propia ampliación.

La penetración de las energías renovables –las únicas que nos garantizan autonomía energética a un coste cada vez menor– se ha ralentizado, sin ninguna razón objetiva, a causa de las presiones de las grandes compañías petroleras: las mismas que consiguieron que el gobierno de Rajoy eliminase en 2012 los incentivos a las energías renovables y estableciera el inédito “impuesto al sol”…

Y, lamentablemente, el mismo día que se aprobaba este importante documento, el Tribunal Supremo de Estados Unidos –en una nueva inaceptable sentencia– anulaba la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (la EPA, en sus siglas en inglés) para establecer límites a las emisiones contaminantes. Un gravísimo obstáculo para la política climática del presidente Biden, que decidió revertir la decisión de su antecesor y reincorporarse al Acuerdo de París: ahora deberá esforzarse por legislar y para ello, previamente tendrá que convencer a los republicanos, muy poco dispuestos a aceptar que el coste de no actuar frente al calentamiento global es muy superior al coste de actuar.

Al margen de las dificultades para implementar medidas eficaces –cada vez más urgentes a pesar del negacionismo de los partidos de extrema derecha e incluso de partidos conservadores–, sigue predominando en la opinión pública la idea de que el calentamiento global exige sacrificios que quedan relegados a un momento futuro cuando existen otras preocupaciones más acuciantes.

En efecto, estoy segura de que, si se repitiera ahora la pregunta formulada en mayo por el CIS sobre percepción ciudadana en relación con el cambio climático, la preocupación mayoritaria expresada por el 90% de los encuestados se vería drásticamente reducida a causa de la inflación y de las incertidumbres económicas.

Demasiadas personas ignoran hasta qué punto la situación actual –y sus consecuencias sobre los precios de la energía y de los alimentos– sería absolutamente diferente si hubiéramos escuchado antes a la comunidad científica, iniciando hace muchos años la imprescindible transición ecológica de nuestra economía.

Por ejemplo, la penetración de las energías renovables –las únicas que nos garantizan autonomía energética a un coste cada vez menor– se ha ralentizado, sin ninguna razón objetiva, a causa de las presiones de las grandes compañías petroleras: las mismas que ahora están exultantes por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos antes comentada; las mismas que consiguieron que el gobierno de Rajoy eliminase en 2012 los incentivos a las energías renovables y estableciera el inédito “impuesto al sol”…

Y en cuanto a la seguridad alimentaria, hace años que los expertos de la FAO advierten de que la pérdida de biodiversidad terrestre y marina, unida a la decreciente calidad de los suelos, causada por el exceso de productos químicos, y a los efectos del cambio climático, comporta un creciente riesgo de hambrunas en los países más pobres, así como de desabastecimiento y de acusada subida de los precios en los mercados internacionales.

La dieta predominante tiene en efecto una notable huella ecológica: la alta ingesta de proteínas animales supone un elevadísimo consumo de agua, una progresiva reducción de los espacios forestales que desaparecen para transformarse en pastos, así como un incremento de las emisiones de metano (uno de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático), que se producen en la digestión del ganado. A pesar de estas evidencias, apenas se ha avanzado en la transición del actual modelo agroalimentario, que penaliza a muchos países en desarrollo, muy dependientes de las estrategias de las grandes compañías del sector.

Todo ello se ha agravado evidentemente como consecuencia de la contracción en la oferta de alimentos derivada de la guerra en Ucrania, poniendo de manifiesto la dificultad de garantizar, a escala global, un derecho básico para la vida.

Por lo tanto, cuando se señalan los riesgos geopolíticos que comprometen la seguridad energética y la seguridad alimentaria, deberíamos ampliar el foco para analizar de forma integrada los procesos que explican la situación actual.

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Publicado en el el Siglo de Europa el 7 de julio 2022. Se reproduce en esta WEB con autorización de la autora.

About Cristina Narbona

Economista. Ministra de Medio Ambiente (2004-2008). Embajadora ante la OCDE (2008-2011). Presidenta del PSOE. Vicepresidenta primera del Senado. Miembro de Economistas Frente a la Crisis

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