Mónica Melle Hernández es miembro de ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS
Casos como el de Bankia y los de algunas otras entidades bancarias españolas, han puesto una vez más de actualidad el debate social sobre el gobierno corporativo.
En nuestro modelo económico de mercado, la separación entre propiedad y gestión de las grandes empresas financieras e industriales permite en principio que inversores y directivos asuman las funciones que mejor se adaptan a sus preferencias y habilidades, buscando el objetivo de contribuir eficazmente a la creación sostenida de riqueza. Pero esta especialización conlleva un riesgo: que quien controla los recursos financieros invertidos (el directivo) aproveche en beneficio propio los fondos recibidos, actuando así en contra, incluso, de los intereses de los propietarios (shareholders) y, cómo no, en perjuicio de los demás grupos de interés (stakeholders). Actuación que se apoya en que el riesgo natural del negocio es muy difícil de separar del riesgo de tomar decisiones intencionadamente contrarias al interés de los inversores y de los restantes grupos de partícipes en las empresas.
Es esos casos es cuando se presentan los conocidos y siempre graves problemas de agencia, que son una de las principales causas que están en la base de la crisis actual de nuestro sistema financiero, y que será preciso resolver de forma eficaz para que las sucesivas ayudas públicas a la banca, incluido el próximo rescate europeo, no caigan en saco roto.
Los directivos de las entidades bancarias han tenido demasiadas veces comportamientos cortoplacistas ineficientes que han dado lugar a resultados insostenibles para las empresas y para la economía del país. Comportamientos como la asunción de riesgos excesivos en el sector inmobiliario y en proyectos empresariales que no generaban valor económico, como la financiación de parques temáticos o de aeropuertos “peatonales”. Además de otras decisiones de los directivos que han buscado su propio interés y no el incremento del valor de las entidades que dirigían, como la aprobación de retribuciones, “bonus”, planes de “stock options” y planes de pensiones para ellos mismos, que son obscenos tanto por su misma existencia como por sus desaforadas cuantías. Y mientras la precariedad laboral ha ido creciendo, la desigualdad salarial ha ido aumentando, la cohesión social se ha ido debilitando y se ha ido agravando el deterioro medioambiental del planeta. Con el resultado de que estamos asistiendo no sólo a una crisis financiera y económica sino también a una crisis social y ética.
Ante los problemas de agencia, el gobierno corporativo proporciona un conjunto de mecanismos, internos y externos a las propias empresas, establecidos para proteger a los inversores del riesgo de abuso de los directivos una vez pierden el control sobre los recursos financieros que invierten. A la vez, permite aumentar la confianza de los inversores en conseguir una rentabilidad satisfactoria, compatible con la gestión profesional de las empresas. Y protege, aunque sea de forma indirecta, los intereses de los demás grupos de interés presentes en las empresas, al fomentar la sostenibilidad de sus actividades.
En las entidades bancarias en general, y especialmente y en particular en las cajas de ahorros, los mecanismos internos de gobierno corporativo, como son las juntas de accionistas o las asambleas de depositantes y los consejos de administración, se han mostrado ineficientes para cumplir su función de control. Y la teoría nos dice que cuando esto ocurre, es preciso acudir a mecanismos de gobierno corporativo externos a las entidades, entre los que además del correcto y eficaz funcionamiento de los mercados de capitales, de trabajo y de productos y servicios, se encuentra la regulación pública.
Los fallos del gobierno corporativo se magnifican en un sector como el financiero, cuyo buen funcionamiento es vital parala economía. Elsistema financiero desarrolla un servicio de interés general. Su papel de canalizador de fondos prestables al sistema real, clave para el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar de los ciudadanos, justifica sobradamente la necesidad de una estricta regulación de los servicios financieros, y un papel más activo de las autoridades supervisoras sobre las entidades de depósito, verificando sus posiciones de riesgo y las dotaciones para provisionarlas. Todo lo cual constituye, de hecho, una salvaguarda efectiva de los intereses de los accionistas, de los depositantes y del sistema financiero, en general; y una garantía de que dicho sistema cumple su función prioritaria: canalizar el ahorro a la inversión, en definitiva, que fluya el crédito a la economía real.
Sin embargo, hemos vivido un proceso de liberalización y desregulación del sistema financiero, que en la práctica funciona como un oligopolio, lo que unido a los problemas de agencia y a las ineficiencias de los mecanismos internos de gobierno corporativo, han producido un crecimiento desmesurado del sistema financiero global que ha aumentado su capacidad especulativa y lo ha convertido en un parásito de la economía real.
Lo ocurrido en Europa con la crisis financiera actual demuestra la necesidad de establecer una supervisión bancaria a escala europea, ya que los Bancos operan ya de forma transnacional e inducen efectos sistémicos, que afectan a las economías en su conjunto. Y lo ocurrido en España es un caso clamoroso de fallo de la supervisión bancaria por parte del Banco de España y de las Comunidades Autónomas en lo que a las Cajas de Ahorro se refiere.
La regulación de los órganos de gobierno de las cajas, asumida progresivamente por las Comunidades Autónomas, condujo a una «balcanización» de las estructuras decisorias que, en general, acabó otorgando un peso dominante a las relaciones de agencia existentes entre las Administraciones Públicas y la dirección de las entidades. Ya en 1999, en un trabajo de investigación(Melle, 1999) se detectaron relaciones causa-efecto entre el mayor peso decisorio de las Administraciones Públicas en los órganos de gobierno de las cajas y determinadas variables representativas de su negocio financiero. De hecho, se contrastó una relación altamente significativa entre la proporción de representantes de las Administraciones Públicas en las asambleas generales de las cajas y el crédito concedido a las mismas respecto del crédito total, así como con la retribución media por empleado en ellas. También se pudo verificar que llevar a cabo políticas de créditos/depósitos que beneficiaban a las Administraciones Públicas frente a los otros sectores residentes perjudicaba la rentabilidad de los activos de las entidades que las practicaban.
Parece evidente, ante hechos como los descritos, que la resolución de la actual crisis de nuestro sistema financiero reclama algo más que la intervención del Fondo de Rescate Europeo (ESM por sus siglas en inglés) para facilitar la recapitalización de la banca española. No sólo hay que poner condiciones a esa ayuda para que no redunde en más sacrificios de gasto público y para que se transforme, más pronto que tarde, en créditos hacia las familias y las empresas, sino también en la exigencia de un buen gobierno corporativo en las entidades beneficiarias que evite los oportunismos de antaño por parte de sus directivos. Es preciso además ampliar ese gobierno corporativo hacia la responsabilidad social corporativa, reivindicando empresas financieras y no financieras que reconozcan las aportaciones de todos los interesados (stakeholders) que intervienen en la acción colectiva de las empresas: accionistas sí, pero también acreedores, clientes, trabajadores y sociedad en general.
El objetivo fundamental del momento presente es la salida de la crisis, poniendo las bases para evitar caer en la siguiente, mejorando el gobierno corporativo a través de una regulación y un papel del Estado más activo en el sistema financiero. Sin olvidar que hay que reponer el sistema financiero al servicio de la sociedad y que para ello debe jugar también el mecanismo externo del gobierno corporativo de la mayor competencia en el sistema. Generando una competencia efectiva al sistema financiero privado, mediante la potenciación del sistema de crédito oficial a través de una agencia financiera del Estado, que deberá ser desarrollada con la dimensión y la especialización suficientes para apoyar la actividad y la innovación del sistema económico.
