El poder es una hidra de Lerna, un dragón con varias cabezas. Una parte de este se concreta en instituciones formales, pero existen centros de poder cuya fortaleza radica precisamente en su carácter informal. La división de poderes de Montesquieu, que constituye el esquema de equilibrios y control que predomina en las cada vez más desgastadas democracias modernas, no abarca, ni mucho menos, todos los ámbitos de influencia y decisión que intervienen en la economía, la política o la sociedad. Aunque en el mundo libre, abierto y democrático tendamos a pensar en la preeminencia de lo político, lo cierto es que este ámbito, pese a su tendencia a sobreactuar, en realidad convierte sus excesos verbales en una demostración de debilidad e impotencia. El poder, cuando es real y auténtico, suele ser poco ruidoso y moverse en una cierta clandestinidad. Cuando la opacidad supera a lo evidente, nos encontramos ante una sociedad que ha perdido el valor de la transparencia y donde impera el reino del ocultamiento. Las organizaciones políticas y sus líderes pierden toda credibilidad en la medida en que ostentan el Gobierno, pero gobiernan entre poco y muy poco, ya sea por incapacidad propia o por el bloqueo ejercido por la oposición, que puede manifestarse políticamente de forma estridente, pero también venir acompañada de un poder judicial empoderado, de sectores económicos que reclaman políticas más favorables o de unos medios de comunicación mayoritariamente contrarios a quienes ostentan formalmente el Gobierno.
En España, decir que Pedro Sánchez ostenta el poder sería una falacia. Ha tomado decisiones sociales y económicas muy valientes, pero no puede aprobar presupuestos y sus teóricos aliados en el Parlamento hacen fracasar las grandes iniciativas legislativas, mientras los órganos del poder judicial le demuestran día tras día quién manda realmente. Los grandes poderes económicos se expresan desde el palco del Bernabéu o desde los periódicos reclamando rebajas de impuestos y una mayor liberalización económica, especialmente de los servicios públicos. Mientras tanto, los obispos censuran a la izquierda gobernante desde el púlpito y los pseudomedios llenan el espacio comunicativo de descalificaciones, mentiras y medias verdades. El electorado de izquierdas que no cae en el relato ficcionado del antisanchismo sabe que está en modo «resistencia» y que sus políticas son bloqueadas mientras recibe el ataque despiadado de una justicia que ya es cualquier cosa menos justa. Quien gobierna no detenta el poder, no dispone de la hegemonía en el sentido gramsciano; es un administrador al que se pretende desahuciar, ya sea por la vía civil o por la penal.
En Cataluña, aunque con muchos matices, la realidad no es tan diferente. No existe el nivel de agresividad y polarización de la política española ni los niveles e intereses de poder son tan intensos, pero el actual Gobierno parece más reinar que gobernar. Mayoritariamente, al menos de momento, una gran parte de la sociedad catalana ha asumido y comparte el apaciguamiento de los ardores guerreros del independentismo y un modelo de gestión tranquila. Hay indicios, sin embargo, para pensar que no estamos en el posprocés, sino en una retracción temporal mientras el discurso y las fuerzas se reorientan hacia la extrema derecha. Nos encontramos en una especie de «paisaje después de la batalla», mientras se intuyen futuras contiendas aún más sórdidas.
Mientras tanto, el independentismo, moderado o no tanto, sigue dominando el relato y preserva su hegemonía de forma muy intensa en los medios de comunicación, especialmente en los públicos, y en la política cultural. En Cataluña, el Gobierno no sufre bloqueo parlamentario y logra aprobar presupuestos, aunque a cambio de que, especialmente Esquerra, pero también Junts, continúen marcando muchas de las grandes políticas y de que estos últimos ejerzan el papel de portavoces de los intereses empresariales. Hasta hoy no se ha conseguido crear un relato político diferenciado ni establecer la primacía de unos objetivos políticos claramente transformadores. Parece evidente que quienes votaron al PSC y a los Comunes querían un gobierno no nacionalista y políticas sociales que revirtieran los años en que el poder dejó deteriorarse gravemente los servicios sociales y las infraestructuras básicas. Eran votantes que deseaban más vivienda, menos turismo y un mayor predominio de lo público, además de abandonar la rancia cultura política del pospujolismo y los discursos tribales.
No existe mayoría parlamentaria y, lógicamente, hay que hacer concesiones, pero el peso de lo antiguo sigue siendo tan grande que el peligro es que parezca que no ha cambiado nada. En general, al electorado progresista no le gusta que los suyos ocupen simplemente el Gobierno sin transformar la realidad, sin mejorar la vida de todos. Cuando eso ocurre —y en la casa socialista existen precedentes suficientes para saberlo— la gente pierde la esperanza y la motivación. La salida suele ser quedarse en casa. Existe un sarcasmo muy extendido en la izquierda que reprocha a la socialdemocracia que llegue al Gobierno con la izquierda y que acostumbre a ejercerlo con la mano derecha. También se dice, recordando la época de Maragall que, en Cataluña, se sea o no nacionalista, cuando se gobierna se hace nacionalismo. La izquierda siempre padece, afortunadamente, la exigencia de la coherencia. Habría que evitar dar la impresión de que lo que debía ser una alternativa acabe convirtiéndose en una mera alternancia.
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Este artículo fue publicado el 02-08-2026 en el Diari ARA. Se publica en esta WEB con autorización del autor.
