En estos tiempos en que instituciones y Estados miembros de la Unión Europea andan enzarzados en cuentas acerca de cómo sobrellevar los devastadores efectos económicos de la pandemia COVID tal vez no esté de más recordar que puede que lo que esté en juego sea, ni más ni menos, que la democracia europea. En realidad el debate acerca del déficit democrático de la UE es de vieja data, remontándonos al menos a la época del Tratado de Maastricht, aunque es cierto que en época más reciente veníamos acusando un tipo diferente de enfermedad democrática en la Unión Europea, con especial incidencia en alguno de sus Estados miembros, manifestado en la propagación en su seno de tendencias populistas y autoritarias.

Estas tendencias se han nutrido, conviene no olvidarlo, del descontento generalizado de gran parte de la población ante los efectos inequitativos de las políticas neoliberales y medidas de austeridad propugnadas por la ortodoxia comunitaria y ante la falta de solidaridad para dar respuesta compartida a algunos de los retos más acuciantes como la presión migratoria en las fronteras sur del espacio europeo. Este constituye el contexto en el que hay que situar el actual debate y valorar los posibles efectos integradores o desintegradores de las políticas europeas post-COVID, políticas que se van a adoptar en un contexto geopolítico también en cambio. Desglosemos cada elemento.

El debate acerca del déficit democrático del proyecto europeo cobra pujanza a la sazón del Tratado de Maastricht en 1992, con la creación formal de una unión económica, monetaria y política para el UE. Porque a pesar de las distintas reformas de índole democrática, a pesar de contar con elecciones directas, un Parlamento Europeo, representantes elegidos democráticamente en el Consejo de Ministros, un Tribunal de Justicia y varias instancias y mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos, el núcleo de la crítica sigue vivo. La Unión sigue sin contar con una arquitectura que le permita responder de forma directa a las preferencias de sus ciudadanos. Contamos efectivamente con un parlamento que los ciudadanos elegimos directamente pero no hay partidos políticos europeos, y no hay forma de garantizar a los ciudadanos que su voto en las elecciones al Parlamento Europeo se va a traducir en influencia real y suficiente a la hora de la formulación de las principales políticas de la UE.

A eso hay que añadirle que, sin restar importancia al rol del Parlamento Europeo, seguimos teniendo un problema de preponderancia del ejecutivo en la UE a través del predominio de los ejecutivos nacionales. Pues son estos ejecutivos nacionales quienes, aunque indirectamente representativos, a menudo logran evadir el control de los ciudadanos tanto a nivel nacional como de la UE cuando operan juntos a nivel transnacional. Este dominio del ejecutivo se ve a su vez exacerbado por la opacidad del sistema político de la UE y por el funcionamiento tecnocrático y complejo de unas instituciones supranacionales que resultan bastante inaccesibles para los ciudadanos, a lo que sin duda contribuye la falta de una lengua común que les permita seguir directamente el debate.

Como digo, este déficit democrático estructural se ha visto agravado en los últimos años por otros acontecimientos en toda la UE. En primer lugar, la gravedad de la crisis financiera del 2008 y los impopulares recortes sociales que la acompañaron, con el consiguiente aumento de la desigualdad así como otras reformas institucionales que fortalecieron y exacerbaron la preponderancia del ejecutivo ya propia de la UE. La crisis efectivamente otorgó un papel cada vez más central al Banco Central Europeo -como parte de la ‘troika’ junto a la Comisión y el FMI- así como al Consejo Europeo en materia de supervisión económica en relativo detrimento del Parlamento Europeo y de las instituciones democráticas nacionales.

En segundo lugar, en los últimos años se ha visto una rápida expansión del populismo iliberal en toda Europa, así como en otras partes del mundo, reflejado en un fuerte aumento del apoyo a los partidos políticos de extrema derecha y anti-sistema generando una profundización de las divisiones entre estados y sociedades. Basta pensar en Polonia y Hungría para observar cómo gobiernos que abrazaron la democracia liberal constitucional después de 1989 están ahora en plena regresión impulsados por un apoyo mayoritario a formas de autoritarismo electoral. Los movimientos iliberales y xenófobos, así como el populismo anti-establishment mayoritario están también en auge en muchos otros estados miembros de la UE, incluidos Francia, Italia y la Gran Bretaña post- Brexit, aunque no se hayan apropiado aún de las instituciones estatales o estén representados en el Gobierno.

El conjunto de respuestas de la UE ante el giro autoritario y antidemocrático en varios de sus Estados miembros ha sido lento e inadecuado hasta el momento, a pesar de las medias que la Comisión ha emprendido contra Hungría y Polonia, y a pesar de varias decisiones contundentes del Tribunal de Justicia. Políticamente, sin embargo, la UE ha mostrado poca inclinación a la hora de confrontar seriamente a aquellos miembros que están socavando deliberadamente la independencia judicial y sus instituciones democráticas.

Y en general, la UE no ha prestado mucha atención a su déficit democrático en la última década, imbuida como estaba en crisis de naturaleza cuasi-existencial como la Eurocrisis y el Brexit. En este sentido, las instituciones de la UE, pero también, hay que decirlo, la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros, han sido claramente ambivalentes de cara a muchas de las propuestas innovadoras que se han planteado para involucrar a la sociedad civil en la gobernanza europea y para profundizar en la capacidad de respuesta democrática de la UE. Ni la iniciativa ciudadana europea, ni el mecanismo de las peticiones al Parlamento Europeo, ni las consultas públicas han conducido a una profundización democrática de la UE, como muchos de sus defensores y artífices en su día esperaron.

Sobra decir que la crisis de la democracia y la erosión de la confianza en las instituciones políticas en general, la disminución de la participación ciudadana en la política convencional, la ampliación de los extremos del espectro político, especialmente el de la extrema derecha, y la creciente desconfianza pública y alienación de los partidos y procesos políticos tradicionales son fenómenos globales. Desde la elección de Trump y el referéndum del Brexit en 2016 son cada vez más las voces que alertan sobre el aparente declive del apoyo a la democracia como sistema político, particularmente entre los jóvenes.

Es evidente que la democracia constitucional, y en especial los elementos de la democracia que sirven para limitar el poder político, como las instituciones independientes, el sistema de controles y equilibrios, la libertad de expresión y de asociación y la libertad de los medios de comunicación, están en crisis en muchas partes del mundo, incluso en muchos países que llevan décadas en democracia. También es evidente que el autoritarismo se convierte en opción deseable para aquellos ciudadanos que ya no creen que los sistemas democráticos pueden satisfacer sus necesidades y que los líderes populistas autoritarios y demagógicos están de moda. La percepción de que la democracia ha servido a los intereses de unos pocos, que ha respaldado un capitalismo entre compinches y enriquecido a las élites a expensas de la mayoría de la población, se ha traducido en un fuerte desencanto con la democracia electoral tradicional y las instituciones políticas de la democracia representativa.

Proliferan en el mundo entero no solo personas como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Rodrigo Duterte y Matteo Salvini sino también auténticos desconocidos en el mundo político, como los venidos del mundo de la comedia y del espectáculo que en los últimos años han accedido al poder en lugares muy dispares de la geografía. En este contexto, son muchos los que han abandonado las estructuras partidistas tradicionales para volcarse en la participación de base, como nos recuerdan Occupy o los movimientos de la primavera árabe, o en el activismo, muchas veces liderado por jóvenes, en torno a temas específicos como el ecologismo o el feminismo.

Y en estas estábamos cuando llegó la pandemia con sus retos sin precedentes cercanos en términos de gobernanza coordinada para afrontar no sólo la crisis sanitaria sino también sus previsibles efectos económicos en un contexto en el que todos los Estados se verán afectados aunque unos más que a otros, no sólo por el diferente impacto de la pandemia sino por su diferente capacidad de respuesta, condicionada a su vez por la fortaleza o debilidad de sus arcas públicas. El posible fracaso a la hora de dar una respuesta compartida a la crisis y sus efectos puede traducirse en un riesgo real de desafección de gran parte de la ciudadanía europea y eso, a su vez, en desafección democrática. Si ante una crisis de carácter más o menos fortuito y que afecta a la seguridad de sus vidas las instituciones supranacionales son incapaces de articular una respuesta sólida y común, se entiende la dificultad de generar un sentimiento de lealtad o apego sobre todo entre los que ya vivían en la decepción.

El reto es importante porque en realidad tampoco es suficiente que haya una respuesta común, en el sentido de consensuada. Es necesario que la respuesta sea una que no agrave aún más los males que ya afectaban a la ciudadanía europea y que están en la base del resurgir de los populismos autoritarios. Preocupa en concreto la posibilidad de un crecimiento de la desigualdad, como el que siguió a la crisis económico-financiera de 2008. Preocupa que para muchos la salida de la crisis acabe traduciéndose en grados de endeudamiento que sólo sean afrontables a través de recortes en salarios y servicios que minen aún más las condiciones de vida de los ciudadanos.

Preocupa también la especial desafección que puede venir por parte de las mujeres europeas, que de momento están sobrellevando desproporcionadamente alguno de los costes de la pandemia en términos de claro incremento de las tareas de cuidado asociado a la familiarización del mismo especialmente en situaciones de confinamiento, si sienten que en vez de seguir avanzando hacia la igualdad (se esperaban propuestas legislativas inminentes en materias de transparencia salarial) sus preocupaciones son marginadas y el aumento global del desempleo acaba traduciéndose en una ulterior precarización de su empleo o en una regresión a la división tradicional de roles, división que por cierto preconizan también los autoritarismos iliberales, muchos de los cuales están aprovechando la pandemia para reforzar sus agendas «antigénero».

En definitiva, la posibilidad de que la pandemia se salde en una mayor fracturación en el interior de la UE de acuerdo con distintos ejes (Norte/Sur, Este/Oeste) al mismo tiempo que en una mayor división de la ciudadanía dentro de cada uno de los Estados, pone en riesgo la democracia europea si se piensa que este puede ser el caldo de cultivo de nuevos líderes visionarios a la Erdogan o a la Putin, con promesas de soluciones definitivas a los grandes problemas que ni los partidos tradicionales ni las instituciones y élites han sabido proporcionar. No podemos olvidar que nos movemos en un nuevo orden multipolar, en el que las principales potencias en contienda (pensemos por supuesto en China pero también en el EEUU de Trump) no representan la defensa de valores democráticos y el compromiso con los derechos humanos, y, menos aún, la mejor síntesis entre liberalismo, economía de mercado y justicia social que el modelo Europeo planteaba. Este nuevo contexto global inestable y multipolar requiere mecanismos de gobernanza multilateral más fuertes para prevenir la tentación de una nueva era de nacionalismos étnicos y religiosos y de autoritarismos populistas y necesita a una Europa unida no sólo frente a China y EEUU (para frenar sus tendencias neo-bipolares) sino también frente a compañías multinacionales cada vez más fuertes y hegemónicas. Porque la gobernanza multinivel siempre tendrá más visos de ser democrática si se asienta en procesos de gobernanza regional que si se pretende descansar únicamente en la creación de organismos internacionales que no dejan de ser burocracias ejecutivas.

En estas semanas de confinamiento hemos visto, y es de celebrar, la proliferación de manifiestos y peticiones procedentes de la sociedad civil y articuladas de forma transnacional. Se trata de peticiones que reclaman, en nombre de la ciudadanía europea, liderazgo, solidaridad y coordinación de acción a las instituciones europeas. Se trata de un fenómeno que facilitan los mecanismos digitales tan al alcance de todos, y que de forma tan fácil permiten boicotear los filtros nacionales, partidistas e institucionales del poder establecido. Está por ver si los líderes europeos serán capaces de mirar no solo a sus electorados nacionales sino también a esa creciente opinión pública europea, a la hora de decidir cuál quiere que sea su legado en una coyuntura histórica como la actual en la que la democracia se juega mucho dentro y fuera de las fronteras europeas.