La autogestión en lo público

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Se suele admitir, de forma acrítica, que el papel del sector público en la economía es subsidiario del mercado, cuando éste es incapaz o ineficaz para lograr la prestación eficiente de los bienes y servicios que las personas necesitan para satisfacer sus necesidades, contribuir a una distribución equitativa de la renta y de la riqueza, y colaborar al logro de una senda de crecimiento estable de la economía.

Y ese papel se acepta que se desempeñe a través de la regulación o el establecimiento de un marco legal que afecte al comportamiento de los agentes económicos, a través del sistema tributario, con subsidios e impuestos progresivos, empleando los estabilizadores automáticos y mediante actuaciones discrecionales de ingresos y gastos públicos; pero se discute cuando se base en la provisión directa de servicios públicos o en la creación de empresas públicas.

Pero la realidad de la reciente crisis económica, nos resalta que en España el sector público debería haber contribuido al crecimiento estable de una economía fuertemente deprimida (25 por ciento de tasa de paro) y con un nivel de endeudamiento total del orden de tres veces el valor del PIB, del que la mitad era endeudamiento exterior. De hecho, la teoría keynesiana nos aconsejaría mantener una política activa de inversión pública, una reducción del desahorro público (que no es lo mismo que el déficit) y obtener de la UEM mayores plazos para reducir déficit y deuda a la vez que mayores facilidades de financiación.

Sin embargo, durante la reciente crisis económica la corriente neoliberal en boga ha mitificado las políticas de austeridad, reduciendo la importancia cuantitativa de la economía del sector público y rebanando nuestro Estado del Bienestar. Lo cual no ha sido óbice para que ya en 2003 un país como Alemania se saltase el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo para salir de su recesión económica, superando el umbral de déficit que el propio país había instalado para el conjunto de países europeos.

La dimensión del sector público, representa en torno al 35-50 por ciento del PIB según los países. Es un tema de elección social que, en democracia, depende de la voluntad de los electores que revalidan con su voto los diferentes programas políticos y del límite tolerable de los ingresos públicos necesarios para su financiación (especialmente la presión fiscal).

Ese sector público debe constituir un elemento esencial que fomente la innovación tecnológica y dinamice la economía. Ante iniciativas privadas recelosas de la inversión en intangibles como la formación y la innovación, el sector público no sólo debe ser subsidiario, sino que ha de asumir riesgos y dirigir el desarrollo de las principales tecnologías actuales. Cuestión que, paradójicamente, siempre se ha entendido en los EEUU, paladín del liberalismo, con un sector público que ha sido el verdadero emprendedor, innovador y desarrollador de alguna de las principales tecnologías actuales, en concreto las de la información. Así como en la industria farmacéutica y las energías renovables, fundamentalmente en Alemania y China.

Pero el pensamiento neoliberal insiste en que el sector público no es buen empresario, y que la gestión privada es más estricta en la vigilancia del coste y más eficiente en la exigencia de responsabilidades. Si bien ocultando que la subsiguiente tendencia privatizadora de lo público (limpieza, transporte, sanidad, educación, …) tiene el elevado coste de la degradación continua de las condiciones de vida de los trabajadores, y en la mercantilización del bienestar social.

Se olvida, además, que entre la gestión pública y la privada de los servicios públicos existe la alternativa de la gestión cooperativa y autogestionada de lo público por parte de los trabajadores organizados o de los ciudadanos.

En el llamado sector de la economía social, las cooperativas son una parte importante de las empresas europeas y están presentes en casi todos los sectores: banca, seguros, agricultura, artesanía, servicios comerciales varios, salud, servicios sociales, y tantos otros. Existen alrededor de 250.000 empresas cooperativas en la UE, propiedad de 163 millones de ciudadanos (uno de cada 3 ciudadanos de la UE) y emplean a 5,4 millones de personas.

Deben darse pasos para extrapolar este modelo de gestión empresarial al sector público, ya que fortalece la solidaridad y la cohesión social, al no tener como principal objetivo la rentabilidad económica del capital. Se crea por y para satisfacer necesidades colectivas, comparte riesgos entre los partícipes, rinde cuentas públicas a los interesados en la gestión, y funciona bajo el principio de la solidaridad.

La cuestión es que existen iniciativas autogestionadas recientes en nuestro entorno, como las que desarrolló Syriza en Grecia para diseñar determinados servicios públicos, sanitarios y de los medios de comunicación que, a raíz de aplicar las recomendaciones de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) quedaron sin cobertura. Sanitarios y otros profesionales de manera voluntaria se organizaron para ofrecer a cualquier persona sin medios la cobertura médica. Y cuando el gobierno cerró la televisión pública ERT y despidió a todo su personal, los periodistas decidieron continuar en forma de Web TV.

Ante los riesgos del despilfarro y la presencia de comportamientos expansivos en la realización de las funciones públicas, la autogestión por parte de los trabajadores organizados o por los ciudadanos es garantía de buen gobierno. Son los grupos de interés que mejor defenderán los servicios públicos, buscando la mejor adecuación de los mismos a los deseos de los ciudadanos, mejorando la eficiencia y el control, y al propio tiempo las condiciones laborales de los propios trabajadores mediante un reparto equitativo de rentas.

About Monica Melle Hernandez

Mónica Melle Hernández es Profesora Titular de Economía Financiera de la UCM y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

3 Comments

  1. sebastian fernandez el septiembre 19, 2019 a las 3:08 pm

    Está por demostrar que el sector privado sea más eficiente que el sector público. Es un mantra que hay que descalificar por completo ¿Es que no nos acordamos de la debacle que supuso la caída del sector bancario (privado naturalmente) en la crisis financiera de 2008?; debacle que aún seguimos sufriendo, cuando tras la caída de Lehman Brothers, nada más y nada menos que más de 400 bancos estadounidenses quebraron. Habrá que recordar también al personal, que tampoco está demostrada la eficacia del sector privado sobre el sector público, cuando por poner otro ejemplo emblemático, la privatización de los ferrocarriles británicos en 1996 (de lo que se está hablando que se pretende hacer, ahora aquí en España), que tras los terribles accidentes de los años 1998 y 2000 el gobierno británico se vio obligado a su renacionalización en 2002, con un coste de 37600 millones de euros. Al final, simplemente añadir, que al formar parte las privatizaciones del ideario neoliberal capitalista, los gobiernos de turno ponen a sus ínclitos amigos a gestionar muchos servicios públicos y los llevan a la quiebra, prevaricando y de forma corrupta , para después decir que hay que privatizar el servicio y favorecer a las empresas privadas de sus amiguetes. Y privatizar es, ante todo, una falacia: enajenar, vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad, en este caso, creado con el esfuerzo de miles de personas y, por tanto, propiedad pública, ponerla en manos de una minoría de capitalistas que, se aprovechan de ese esfuerzo de la sociedad impunemente.

  2. E. López el septiembre 21, 2019 a las 1:54 pm

    Es indiscutible, y más en nuestro país, la importancia del sector público en los ámbitos de la “formación” y la “innovación”. Por otro lado, es una propuesta interesante la de la gestión cooperativa y autogestionada de lo público por parte de los trabajadores organizados o de los ciudadanos sobre lo que se podría realizar algún tipo de experiencia piloto.
    Sin embargo, se me hace llamativa la alusión a que debiera obtenerse de la UEM mayores plazos para reducir déficit (situación en la que España lleva instalada desde 2011 incluido y que, a corto plazo, no veo que vaya a resolverse) y deuda (donde la evolución ha sido la contraria, es decir, que la deuda de las AAPP ha venido aumentando desde 2007, aunque en los últimos años haya tenido un leve descenso) a la vez que mayores facilidades de financiación (no entiendo a qué se refiere, ya que el BCE tiene en su balance cerca de un 25% de la deuda del Reino de España).
    Más bien, la clase política habría de ponerse manos a la obra para ver cómo cumplir las exigencias de los ciudadanos plasmadas en la LOEPSF y la Constitución (en este sentido https://elgorgojorojo.wordpress.com/2019/05/30/entrada-en-vigor-en-2020-de-los-limites-de-deficit/).

  3. Juan Antonio del Castillo el septiembre 22, 2019 a las 5:23 pm

    Completamente de acuerdo, Mónica; la cooperativa me parece la mejor opción, incluso como complemento alternativo al desempleo en el sector privado; pero tal vez las primeras organizaciones a aceptar esta solución, aun en tiempos ajenos a las crisis, son las organizaciones sindicales, especialmente en el sector público.

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