La clave de un Gobierno del Cambio es la derogación de las reformas laborales

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Por Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO, y Bruno Estrada, adjunto al Secretario General de CCOO y miembro de Economistas Frente a la Crisis

No, no es una frase retórica. La reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012 es, en palabras de los catedráticos de Derecho del Trabajo Miguel Rodriguez-Piñero, María Emilia Casas (ambos expresidentes del Tribunal Constitucional) y Fernando Valdés, un intento de “reinstalar en nuestro sistema jurídico la concepción de la empresa como un territorio de exclusiva gestión de los empresarios, rescatando del baúl de la memoria (…) la figura del empresario como el Señor de su casa, figura ésta ligada a concepciones autoritarias de los sistemas de relaciones laborales”.

El modelo de negociación colectiva que se había desarrollado desde la transición democrática quedó hecho pedazos con el RDL 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. El Partido Popular dinamitó uno de los pilares de la transición democrática que dice defender: un marco de negociación colectiva que había sido fruto de un amplio consenso político y social.

Ello está teniendo graves consecuencias en el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en nuestro país. El desempleo, el incremento de la precariedad laboral y la menor capacidad de los trabajadores de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo han tenido como resultado que, según el Informe FOEESSA, la tasa de pobreza se situara en 2014 en el 22,2% de la población española. Alrededor de 12,7 millones de personas en España están en situación de pobreza y exclusión social según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). De ese total hay más de un millón de trabajadores asalariados, con contratos temporales (570.000) o de jornada parcial (450.000). Asimismo, hay 665.000 trabajadores autónomos que tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

En la negociación colectiva, en la disputa del salario, es donde se distribuye la mayor parte de la riqueza generada en una sociedad y es, por tanto, determinante de su grado de igualdad o desigualdad. Las políticas públicas de redistribución de la renta son menos efectivas cuanto mayor es el grado de desigualdad en la distribución primaria de la renta.

El modelo de negociación colectiva impuesto por la reforma laboral del PP en 2012, ignorando el acuerdo alcanzado semanas antes por los interlocutores sociales en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, es un reflejo autoritario que puso en cuestión la autonomía de los agentes sociales en la negociación colectiva, genera una sociedad más desigual, al ser menos efectivo en la defensa de los derechos laborales y de las condiciones de trabajo de los trabajadores que menos poder de negociación tienen.

Las políticas públicas de redistribución de la renta son menos efectivas cuanto mayor es el grado de desigualdad en la distribución primaria de la renta.

No obstante, como dice el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos “el proceso de reformas del mercado de trabajo se inició en España a partir de mayo de 2010, aún con gobierno socialista” es más correcto referirse a las reformas laborales de 2010 y 2012 ya que ambas, aunque en diferente grado, tenían como objetivos: 1) que se recuperaran los beneficios empresariales, 2) a costa de facilitar el despido, reducir los salarios y condiciones de trabajo, y 3) propiciar que, cuando se iniciara la recuperación económica, la mayor parte del nuevo empleo generado se hiciera en condiciones contractuales mucho más precarias, con menores salarios, y con mucha menor protección que antes.

LAS REFORMAS LABORALES NO AYUDAN A CREAR EMPLEO

En ningún caso las reformas laborales han ayudado a crear empleo. Merece la pena recordar que se perdió tanto empleo en los dos años anteriores a la primera reforma laboral (entre el primer trimestre de 2008 y el tercero de 2010), un millón ochocientos mil puestos de trabajo, como en los tres años y medio siguientes (entre el tercer trimestre de 2010 y el primero de 2014), un millón ochocientos sesenta y nueve mil.

En concreto, la reforma laboral de 2012 sustrajo a la negociación colectiva gran parte de sus anteriores contenidos, y dejó la determinación de gran parte de la regulación del trabajo en la decisión unilateral del empresario. Asimismo prosiguió el camino de la reforma de 2010, abaratando y la descausalizando el despido individual y colectivo, de forma que el despido en nuestro país ha pasado a ser libre, ya que es definitivo aunque una sentencia judicial reconozca que ha sido ilegitimo.

Fruto de ello, la evolución del reparto del PIB entre rentas del trabajo y rentas del capital durante los últimos cuatro años, según datos de Contabilidad Nacional del INE, muestra una clara pérdida de peso de la remuneración de los asalariados, que cae tres puntos, pasando de representar en 2009 el 55% del PIB a precios de mercado (descontados los impuestos netos sobre producción e importaciones) al 52% en 2014. Mientras que los beneficios empresariales que en 2009 suponían el 45% del PIB, cinco años después suponían el 48% de la riqueza nacional. Objetivo cumplido por parte de las reformas laborales.

Asimismo, la moderación salarial no se ha aplicado de igual manera a los salarios más elevados y a los más bajos, aumentando las desigualdades entre aquellos trabajadores con mayor poder de negociación individual de sus condiciones de trabajo y los que carecen de esa capacidad, cuyas condiciones de trabajo y salarios se defienden en la negociación colectiva.

Cuadro. Evolución salario bruto mensual medio

(del empleo principal) por decilas de salarios. 2010-2014

Euros nominales201020142010-2014
Decil 1482411-15%
Decil 2893820-8%
Decil 311421101-4%
Decil 4131613150%
Decil 5147815032%
Decil 6166717153%
Decil 7191719974%
Decil 8229123864%
Decil 9284229474%
Decil 10435746176%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA y del Análisis de los deciles salariales de Manuel Lago (Cuadernos de Acción sindical de la CS de CCOO. Diciembre 2015).

Dichas reformas laborales esconden, detrás de una retórica vacía sobre los insiders y outsiders, un incremento de la desigualdad laboral y un empobrecimiento de los trabajadores más desprotegidos, con menor cualificación y capacidad de defensa colectiva de sus salarios. En los últimos cuatro años el incremento nominal del salario medio del 10% de los trabajadores que más ganan ha sido 260 euros. Esa cantidad representa un 64% del total del salario medio del 10% de los trabajadores que menos ganan, que está en 411 euros.

Como puede observarse en el Cuadro anexo, las tres decilas con salarios más bajos han visto reducirse sus salarios brutos mensuales en una relación inversa a su cuantía. En el decil de menor salario medio, 482 euros brutos mensuales en 2010, en cuatro años el salario se ha reducido en un 15%, hasta los 411 euros. El decil inmediatamente superior, con un salario medio de 893 € en 2010, ha visto reducir su salario en un 8%, hasta los 820 €. El siguiente decil en un 3%, de 1.142 euros en 2010 a 1.101 en 2014. El cuarto decil apenas ha visto modificar su salario medio durante esos años. A partir del quinto decil el salario medio se ha venido incrementando, en mayor cuantía para los salarios más altos, llegando hasta un 6% en el decil más alto, alcanzando un salario medio de 4.617 en 2014.

Las reformas laborales de 2010 y 2012 esconden un incremento de la desigualdad laboral y un empobrecimiento de los trabajadores más desprotegidos, con menor cualificación y capacidad de defensa colectiva de sus salarios.

Como consecuencia de ello, en España se ha extendido la figura del trabajador pobre, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya supone un 12,5% del total de trabajadores en nuestro país. Lo que supone un flagrante incumplimiento del artículo 35 de la Constitución Española que dice: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

Teniendo en cuenta la profunda regresión que ha sufrido el mercado laboral en nuestro país y la creciente fractura social que ello ha generado, sorprende que el acuerdo de gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos renuncie a la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Tal vez sean los apartados en los que se regula la negociación colectiva, el despido y las modalidades de contratación los más decepcionantes de dicho documento, ya que dejan en vigor los elementos sustanciales de ambas reformas: la prioridad aplicativa del convenio de empresa en todas las materias (excepto jornada y salario base), así como la potestad unilateral del empresario para modificar las condiciones de trabajo recogidas en convenio. Asimismo, el “nuevo contrato único estable” propuesto en el acuerdo, que parece que vendría a sustituir al conjunto de diferentes modalidades de contratos temporales, supone la eliminación de la causalidad de la contratación temporal, es decir, legalizar de facto el enorme fraude que se está cometiendo en la utilización de contratos temporales para cubrir puestos de trabajo indefinidos. Tampoco se ofrece en el acuerdo una alternativa fiable a la actual regulación de la ultra actividad de los convenios, esto es, la vigencia de los mismos mientras se renegocian.

En estos, y otros relevantes aspectos, las medidas contenidas en dicho acuerdo son absolutamente insuficientes para afrontar la modernización de la negociación colectiva que requiere nuestro país en los mismos términos en los que se ha desarrollado en los países más ricos e inclusivos del planeta: mayor corresponsabilidad y participación de los trabajadores en las decisiones que afectan a sus salarios y condiciones de trabajo, así como en la decisiones estratégicas de las empresas que determinan los incrementos de productividad.

Para que la democracia no siga deteniéndose a las puertas del lugar de trabajo, la clave de un Gobierno del Cambio debe ser la derogación las dos últimas reformas laborales.

Nota 1: La razón de la fuerte reducción del salario medio en los grupos más desfavorecidos no es solo porque haya habido una reducción de los salarios pactados, que también, sino en gran medida porque los salarios de entrada están disminuyendo debido a la creciente desregulación laboral y de la negociación colectiva, que ha afectado más a estos colectivos.

Nota 2: La comparación no es entre asalariados a tiempo completo, ya que los trabajadores que tienen menos salarios tienen menor poder de negociación, lo que a menudo les obliga a aceptar jornadas de trabajo parciales.

 

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Asociación Economistas Frente a la Crisis

5 Comments

  1. Alfonso Prieto el marzo 18, 2016 a las 4:38 pm

    Y, mientras, los economistas neoliberales de Fedea tergiversan los datos para «demostrar» que no ha habido un empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora como consecuencia de la reforma de 2012. Una estafa propia de quien usa sus conocimientos para engañar a los ciudadanos.
    Enhorabuena por el artículo, que desmonta las falsedades de la derecha.

    • XH el marzo 19, 2016 a las 11:32 pm

      Pero como no va a haber un empobrecimiento de la clase trabajadora si a causa de la explosión de la burbuja inmobiliaria, desparece, directamente o indirectamente casi un 20% del PIB y un % aún mayor de la Oferta Laboral?

      Lo que estaría bien demostrar es que política hay que hacer para tapar ese agujero sin «empobrecer» a la población trabajadora, pq a mi no se me ocurre ninguna.

      Otro tema es pq aquí nadie dijo nada cuando se pusieron todos los huevos del cesto en un modelo productivo que se basaba en mucha mano de obra poco cualificada.

      Que eso era pan para hoy y hambre para la mañana lo sabía todo el mundo. Pq nadie hizo nada, desde la derecha, el centro o la izquierda, es otro tema.

  2. IVR el marzo 31, 2016 a las 3:37 pm

    Es cierto que los convenios de empresa han supuesto una reducción de los salarios, al menos del personal que se ha incorporado recientemente. Pero hay que tener en cuenta que hay sectores, como la limpieza -en el cual se han firmado muchos convenios de empresa- en el cual las empresas, más que competir entre sí, están compitiendo contra la economía sumergida. Los salarios bajos permiten unos precios de venta lo suficientemente atractivos para que el cliente no se decante por contratar personal «en negro». Si los convenios de empresa desaparecen y se obiga a pagar salarios de convenio provincial, se obligará a las empresas a subir precios, lo que provocará en muchos cliente clientes o bien una reduccón de servicios (reducción de horas de trabajo) o bien acudir a la economía sumergida (ahí si que hay verdadera precariedad laboral)

  3. […] EFC y desde hace años, hemos venido explicando (aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, entre otros muchos […]

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