Julio Rodríguez López es vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC
El sistema bancario español sufrió una importante sacudida en la segunda semana de junio de 2017. Una vez confirmado que el Banco Popular carecía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio, los acontecimientos se precipitaron en la noche del martes al miércoles citado. El Mecanismo Único de Resolución (Single Resolution Board) actuó de forma contundente tras haber sido informado por el Banco Central Europeo (BCE) de que el Banco Popular corría riesgo de quiebra.
Se amortizaron las acciones, así como toda la deuda subordinada y los bonos convertibles del Banco Popular. La intervención del BCE, realizada a través de citado Mecanismo Único, fue breve, duró solo el tiempo necesario para traspasar el saldo restante del Popular al Banco de Santander, único oferente en firme, a cambio de un euro.
El Banco de Santander informó en la mañana del 7 de junio que durante el mes de julio de 2017 efectuaría una ampliación de capital por importe de 7.000 millones de euros para hacer frente a la absorción del Popular. También avisó a los clientes del Popular que podían seguir operando con dicho banco desde el mismo día 7 de junio.
El último presidente del Popular, Emilio Saracho, había comentado en público que había que volver a estimar el alcance de las provisiones necesarias respecto de los activos problemáticos de dicha entidad (créditos morosos y activos reales del balance). Esta declaración, sin fecha de caducidad, no supuso precisamente un estímulo a posibles compradores bancarios de la entidad. En una semana el valor de las acciones del Popular se redujo en un 50%.
Los días pasaban, la CNMV se abstuvo de intervenir, y el proceso de pérdida de valor de las acciones avanzaba impetuoso. Se intensificó a la vez la retirada de dinero de las cuentas corrientes, operación ahora facilitada por la banca informática. Destaca la actuación de algunas administraciones territoriales, que no se lo pensaron mucho antes de sacar el dinero del banco en cuestión.
En todo caso, sorprendió la velocidad a la que sucedieron los pasos que llevaron a la extinción del Banco Popular y de su simbólica compra por el Santander. La operación descrita ha contribuido a reforzar la concentración existente en el sistema bancario español. Tras los ajustes de 2012-13, quedaron en España unos 13 grupos bancarios: dos de carácter internacional (Santander y BBVA), tres de tamaño intermedio (Popular, Bankinter y Sabadell) y otros siete resultantes del proceso de consolidación de las anteriores cajas de ahorros (Caixabank, Bankia, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN y Liberbank).
Una vez absorbido el Popular por el Santander, cinco grupos bancarios concentran el 76% de los activos (Santander, BVBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell), destacando la cuota del 27% correspondiente al Santander. La operación del Popular se ha presentado como una actuación perfecta, por aquello de no haber supuesto gasto público, lo que viene a ser el único criterio referido para valorar la calidad de la solución a una minicrisis bancaria. Pero la operación realizada ha supuesto la realidad de fuertes pérdidas de capital para un número importante de accionistas y de propietarios de deuda “junior”, por no hablar del destino incierto de los miles de empleados del Popular.
En junio de 2016 el Banco Popular había realizado una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Al realizar dicha operación el Popular debió aportar información a los nuevos suscriptores, contenida en el correspondiente folleto, que no debió ser muy exacta. El auditor había enviado señales de que algo no iba bien, con motivo de las cuentas de 2016.
Por otra parte llama la atención el aviso del Popular de que no disponía de liquidez para abrir las oficinas el miércoles 7 de junio (¿Para qué están los supervisores?). Además, el Popular había superado los últimos “stress-tests”” realizados por la Autoridad Bancaria Europea, lo que pone en cuestión la calidad de tales pruebas. Sorprende que la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Elke König, hubiese advertido públicamente en fechas recientes de la probable resolución del Popular en el caso de no encontrar comprador. Tal aviso no era una invitación a compradores.
Visto lo negativo que para el Banco Popular ha resultado la fuerte concentración de activos reales y de créditos morosos en su balance se puede volver a decir, ahora con más rigor, que no fueron, pues, solo las cajas de ahorros las entidades que cometieron excesos en la etapa de la burbuja. También hubo excesos en la banca, donde el Popular entró en el negocio inmobiliario cuando los restantes bancos huían del mismo.
¿Porque no se empleó a Sareb para limpiar de activos problemáticos el balance del Popular? El relativo sosiego por el que ha atravesado el sistema bancario español después de 2013 ha sufrido un cierto “shock” con la reciente quiebra del Popular.
Es posible que a partir de ahora los accionistas bancarios serán más cautos. Lo sucedido complicó la vida al Liberbank, cuyas acciones habían descendido abruptamente de precio en una semana. Ahora la CNMV ha estado al quite prohibiendo durante un mes las operaciones bajistas con las acciones de dicho banco. Está por ver si el citado Mecanismo Unicode Resolución del BCE aplica el “bail in” (las perdidas las asumen accionistas y bonistas en lugar del rescate o “bail out”, aportado por el contribuyente) con un rigor equivalente con alguna que otra entidad bancaria problemática de las que todavía quedan en Italia y Portugal.
Una versión de este artículo se publicó en la revista El Siglo de Europa, el viernes 16.6.2017
La actuación de la CNMV tras el rumor difundido por Reuters, procedente de la Junta Única de Resolución, debería merecer una severa reconvención por parte del Congreso.
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