La Política Económica del Despilfarro
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Jorge Fabra es miembro de Economistas Frente a la Crisis
El problema de fondo de la economía española no es, con una deuda pública por debajo de la media europea, un excesivo endeudamiento público. Tampoco lo es la crisis bancaria, después de haber sido rescatada con los 100.000 millones para su recapitalización. Desde luego no es el miedo a un contagio griego, a pesar de la victoria de los partidarios del Memorandum. El problema de fondo es la recesión: los empresarios no invierten, los ciudadanos no consumen, los bancos no prestan y la política económica no asume su responsabilidad en la movilización de los recursos.
Un reciente estudio publicado por el FMI recoge lo que la intuición económica conocída ya desde hace tiempo: Insistir en la consolidación fiscal cuando todavía no se ha salido de la recesión agrava el coste del ajuste, retrasa la reducción del déficit y de la deuda y empeora el sentimiento de los mercados. Cualquier plan de consolidación fiscal que se aplique en las condiciones actuales deberá implementarse a lo largo del ciclo, concentrándolo cuando la economía empiece a recuperarse. Justo lo contrario de las políticas del Gobierno español, que concentrará más de la mitad de los 65.000 millones de euros de ajuste (en torno al 6% del PIB) en 2012, en el punto más bajo del ciclo. El límite marcado por Bruselas para alcanzar el 3% del déficit en 2014 no sólo es inalcanzable, tampoco es deseable. Retrasar este ajuste hasta 2016 o 2017 contribuiría a reducir sus efectos contractivos. Debería ir además acompañado por políticas de impulso fiscal en aquellas economías europeas que mantengan posiciones fiscales saneadas.
Por supuesto que hay espacio para eliminar duplicidades y racionalizar el gasto. ¿Qué economista podría estar a favor del despilfarro? Pero el verdadero derroche proviene de aquellas políticas que imponen recortes indiscriminados en sectores clave para el crecimiento futuro. Las fuertes reducciones de gasto en educación, I+D+i, sanidad, infraestructuras y tecnologías medioambientalmente sostenibles, no sólo detraen el consumo y la inversión con efectos inmediatos sobre el PIB y el empleo, sino que reducen el crecimiento potencial, nos alejan del necesario camino hacia la convergencia con Europa y ponen en riesgo el futuro de las generaciones venideras. La austeridad forzada tiene un nombre, se llama pobreza.
Las tensiones en los mercados financieros no sólo dificultan el acceso a la financiación del Gobierno Central. La mayoría de las comunidades autónomas tendrán que recurrir a los 18.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica, creado por el Gobierno Central para hacer frente al vencimiento de sus deudas. Es importante resaltar que muchas de las competencias sobre las políticas de redistribución de la riqueza que conforman el Estado del Bienestar están transferidas en España a las Comunidades Autónomas. La condicionalidad que impondrá el Fondo de Liquidez, al igual que el Memorandum europeo, incidirá sobre el modelo de convivencia social que hemos construido entre todos, el estado del bienestar.
Desde luego que son necesarias profundas reformas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas y relancen el crecimiento. Pero éstas no deben confundirse con las que impone la Troika, centradas exclusivamente en una devaluación interna que deprime aun más la demanda interna.
El tiempo se acaba para España, porque insistir en una política que agrava la depresión acabará destruyendo el tejido industrial y la cohesión social, hipotecando por años las posibilidades de recuperación. Y el tiempo se acaba también para Europa, porque aferrarse a políticas que destruyen la solidaridad entre países apunta directamente sobre su base fundacional: el Estado del Bienestar es la propuesta de la Unión Europea para el mundo.
