La ruptura silenciosa del sistema público de pensiones

Borja Suárez Corujo y Antonio González González son miembros de Economistas frente a la Crisis

Un año más uno de los aspectos más destacados de la Actualización del Programa de Estabilidad remitida por el Gobierno español a Bruselas es la proyección sobre el gasto público en pensiones en el largo plazo. Sin alterar las estimaciones principales de ejercicios precedentes, la nueva versión 2017-2020 de este interesante documento incorpora algunos datos novedosos que reflejan la magnitud de los cambios normativos introducidos en 2013, dando pie a un juicio severamente crítico de esas reformas y de la orientación de la política del Gobierno en este ámbito.

Como punto de partida, no hay variación alguna en la estimación del gasto en pensiones en las próximas décadas. Así, el nivel alcanzado en 2013 (11,8% del PIB) se mantendría estable en los próximos cuarenta años, a pesar del incremento en más de seis millones de nuevos pensionistas como consecuencia del cambio demográfico que ha de suponer el fuerte crecimiento de las personas mayores de 64 años a partir de la década de los veinte. De esta forma, la cota máxima prevista para 2050 solo sería ligeramente superior a la actual (12,3%), con una pronunciada caída a partir de esa fecha (11% en 2060), lo cual es ya de por sí un dato expresivo del recorte esperado de las pensiones.

La sorpresa es que en esta ocasión el Gobierno del Partido Popular se explaya, casi con un punto de descaro, sobre la efectividad de las reformas que ha impulsado en esta materia y que apuestan –así se reconoce implícitamente– por el recorte de la cuantía media de las pensiones y por un retraso en la edad efectiva de jubilación como medidas para asegurar la viabilidad del sistema en el largo plazo.

Para empezar, se explicita por primera vez que las reformas de calado –recortes– llevadas a cabo en 2013 fueron, en realidad, dos. Suele olvidarse, primero, que ese año se aprobó un grave endurecimiento del régimen de jubilación anticipada a través de un Decreto-ley (5/2013). Más allá de que esta actuación unilateral, y de dudosa constitucionalidad, rompiese el difícil equilibrio alcanzado en la reforma –esta sí consensuada– de 2011, lo ahora relevante es que el Gobierno reconoce que, en una década, esa modificación supondrá un retraso de casi nueve meses en la edad media de jubilación efectiva en España a pesar de que ya es hoy una de las más altas de la UE (64,1 años).

La segunda reforma, más conocida, es la que modificó el mecanismo de revalorización de las pensiones e introdujo el factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la esperanza de vida. Por vez primera, el Gobierno cuantifica el impacto de la aplicación del citado factor a partir de 2019: una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% acumulativo cada diez años. Es decir que lo que se presenta como una acción de refuerzo de la equidad intergeneracional supone que una trayectoria profesional que hoy da lugar a una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo diez años, y así sucesivamente. Y esto sucederá independientemente de las diferencias en la esperanza de vida de cada colectivo y de forma automática, cualquiera que sea la evolución económica en ese periodo.

Pero aún más sorprendente es que el Gobierno destaque el valioso papel del nuevo índice de revalorización anual de las pensiones a la hora de estabilizar (congelar) el nivel de gasto. Ignora que, como reconocen el Banco de España, la Autoridad Independiente para la Responsabilidad Fiscal o FEDEA, la aplicación de la fórmula introducida en 2013 desvinculada de la evolución de los precios implica que durante muchos años las pensiones se incrementarán un 0,25% anual, muy por debajo de los precios. Lo que es tanto como decir que el novedoso mecanismo condena a los pensionistas a una fuerte pérdida de poder adquisitivo y, por un tanto, a un grave y creciente empobrecimiento a lo largo de su vida. No está de más recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales. En este punto, al Gobierno no parece interesarle, en cambio, cómo queda dañada la equidad intergeneracional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les preceden.

Todo ello refleja el planteamiento que ha inspirado las reformas de 2013 y la inacción del Gobierno ante el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. En él subyace una determinada concepción de la sostenibilidad del sistema público de pensiones; legítima, sí, pero que no responde a imperativos técnicos como habitualmente se nos quiere hacer creer, sino a un posicionamiento ideológico concreto. Dos breves apuntes críticos al respecto.

En primer lugar, se constata que la sostenibilidad que preocupa al Gobierno queda limitada exclusivamente a su dimensión financiera, algo que el mismo documento caracteriza como la capacidad del sistema para autofinanciarse. Así, dado que los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social se mantienen más o menos estables desde hace años en torno al 11% del PIB, considera el Ejecutivo que tal debe ser el tope máximo de gasto, en cualquier caso. Sin embargo, cabe formular cuatro objeciones a este planteamiento. Una, se oculta o ignora que ese nivel de ingresos por cotizaciones es sustancialmente inferior al de otros países de referencia (14% en Alemania, 16,9% en Francia); dos, se presenta como ‘natural’ que las pensiones contributivas solo puedan ser financiadas a través de cotizaciones cuando en otros países (de nuevo, Alemania y Francia) las aportaciones del Estado representan más del 25% del total de gasto en pensiones; tres, se silencia que en la actualidad Estados como Italia, Francia o Austria dedican un porcentaje sustancialmente mayor (alrededor de tres puntos porcentuales más del PIB) al pago de las pensiones públicas sin que aparentemente ello constituya una amenaza seria para estabilidad presupuestaria a ojos de la Comisión Europea; y, cuatro, sorprende que el Gobierno no dé ninguna relevancia a la fuerte caída del gasto que se producirá a partir de 2050 como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.

Y, en segundo lugar, aún más grave resulta que el modelo de pensiones que el Gobierno parece perseguir sacrifica el papel central que el sistema público

representa dentro de nuestro Estado de bienestar. En este sentido, convendría recordar que tan importante como la dimensión financiera de la sostenibilidad es su adecuación (sostenibilidad social) y su proyección en el plano jurídico (sostenibilidad jurídica). Desde esta perspectiva, el mantenimiento de las reformas apuntadas supondrá con el paso del tiempo un recorte de las pensiones de tal magnitud que transformará nuestro actual modelo en uno de pensiones de indigencia y desfigurará la actual configuración del sistema público de pensiones, haciendo imposible su encaje constitucional. Y esto es algo que, antes o después, el Gobierno tendrá que reconocer y rectificar.

Este artículo se publicó en Agenda Pública y se reproduce aquí con el consentimiento de los autores.