La Seguridad Social y Cataluña: ¿Problema o solución?

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La Seguridad Social es la institución central de nuestro Estado de bienestar y, como tal, una pieza esencial de nuestra democracia. Es lógico por ello que la viabilidad de una Seguridad Social catalana se haya convertido en una de las materias más controvertidas del procès. El exceso de visceralidad que preside el debate sobre esta cuestión no ayuda a resolver el colosal problema político al que nos enfrentamos, y en buena medida distorsiona el tratamiento de un asunto de la máxima importancia y expuesto a grandes desafíos. Lo cierto es que haciendo un esfuerzo de racionalización de los argumentos constatamos que existe un margen apreciable para lograr un entendimiento beneficioso para todos: Cataluña, España y el sistema de Seguridad Social.

I. El planteamiento de los independentistas catalanes parte del convencimiento de que una Cataluña independiente tendría una Seguridad Social más sólida que la actualmente existente en España en términos de sostenibilidad financiera y de adecuación social de sus prestaciones, en particular de las pensiones. Como diré enseguida, es probable que tengan razón; pero hay dos aspectos muy llamativos que parecen pasar por alto o, al menos, minimizar. Uno son los costes de transición que implicaría el paso de un sistema común a todo el territorio español a dos sistemas distintos. Solo desde la más generosa, casi irresponsable, disposición de las autoridades españolas podría llevarse a cabo esta separación sin un grave riesgo de desprotección para los pensionistas catalanes. En este sentido, la incertidumbre generada por un posible conflicto jurídico sobre la responsabilidad del pago de las pensiones en Cataluña constituye un poderoso instrumento en manos del Gobierno español para frenar la independencia, algo en cierto modo equivalente al veto de ingreso en la Unión Europea.

Pero aun más grave me parece lo que representa la independencia desde la perspectiva de la Seguridad Social. Si algo encarna la solidaridad, el ejercicio más noble de redistribución de la riqueza, es precisamente un sistema de compromiso intergeneracional, interpersonal e interterritorial para la atención de las situaciones de necesidad. Su ruptura, consustancial a la independencia, supone la quiebra de un instrumento clave para la cohesión social y el progreso. La posición de quienes defienden la independencia es respetable, pero resulta indiscutible que la condena de un instrumento de solidaridad tan potente y valioso es una gran pérdida colectiva. Y cuesta entender que las muchas personas sensibles al papel de las instituciones sociales que integran, sin duda, el movimiento independentista no muestren incomodidad ante un retroceso, en términos simbólicos y reales, de esta magnitud.

 

II. Por su parte, la posición defendida por el Gobierno español no ha ayudado a poner de manifiesto estas contradicciones y debilidades, incurriendo en cierta caricaturización del planteamiento independentista. Me limitaré a señalar los dos aspectos más relevantes. El punto de partida es el desequilibrio actualmente existente entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en prestaciones que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social cifra en 5.700 millones de euros. Tal desfase se presenta como la prueba irrefutable de que un sistema de pensiones catalán sería insostenible. Sin embargo, éste no es un buen criterio para valorar la sostenibilidad de las pensiones públicas, porque los recursos para financiar su pago pueden provenir también de los impuestos generales, como sucede en otros países de referencia y en menor medida también en España. Más bien, la pregunta que debería formularse es si una Cataluña independiente tendría capacidad para dedicar un 12-13% de su PIB al pago de las pensiones. Evidentemente la respuesta es positiva. En abstracto, incluso es razonable pensar que la generosidad de las pensiones podría ser mayor que la actual en el conjunto de España, por la sencilla razón de que se trata de una economía más rica que la media del país.

Además, es un error no reconocer que las consecuencias derivadas de la independencia de Cataluña para la Seguridad Social española serían nefastas. Perderíamos de un plumazo 3,3 millones de cotizantes (un 19% del total) cuyas bases de cotización se sitúan por encima de la media española, con la consiguiente repercusión negativa para las arcas del sistema. Y, al mismo tiempo, se abriría el intrincado conflicto ya mencionado sobre el pago de las pensiones de quienes han generado unos derechos a lo largo de su vida laboral y ahora residen en Cataluña. Un problema mayúsculo.

III. Llegados a este punto, parece que un planteamiento más sutil pasaría por valorar en qué medida una materia tan sensible para todos como la Seguridad Social podría resultar útil para favorecer el encaje de Cataluña dentro de España a través de cambios que implicaran una mayor participación de las Comunidades Autónomas en esta esfera.

Con carácter general, hay que ser conscientes de que los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema de Seguridad Social (envejecimiento demográfico, revolución tecnológica) van a exigir una respuesta adecuada, de envergadura, por parte de los poderes públicos con el fin de preservar su papel como institución central para la convivencia. Pues bien, hay razones para pensar que los países descentralizados tendrán una mayor capacidad de adaptación a este nuevo entorno si logran ofrecer soluciones bien articuladas desde una perspectiva de protección multinivel. De ahí que sea capital intensificar la involucración de las Comunidades Autónomas en la Seguridad Social, algo que ni siquiera requeriría una modificación constitucional, si atendemos al tenor del artículo 149.1.17ª CE e incluso a la interpretación de este precepto defendida por el Tribunal Constitucional en alguna sentencia reciente (STC 128/2016).

De una parte, esto podría pasar por atribuir a las Comunidades Autónomas un papel relevante en la gestión de las prestaciones del sistema, algo similar a lo que sucede con las mutuas colaboradoras que cada año manejan 13.000 millones de euros pertenecientes al patrimonio de la Seguridad Social. Y, de otra, también sería necesario eliminar los obstáculos que actualmente dificultan las iniciativas autonómicas dirigidas a complementar las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social estatal. En conjunto, estas medidas podrían ofrecer un camino para involucrar a los poderes autonómicos, junto al Estado, en la consecución de unas fuentes de financiación más sólidas, al tiempo que se garantizaría un nivel de prestaciones más adecuado. Una contribución decisiva para la preservación de nuestro Estado de bienestar en el que la Seguridad Social estatal seguiría desarrollando una tarea clave de homogeneización y garantía de la cohesión territorial.

Evidentemente un replanteamiento de la estructura del sistema de Seguridad Social de estas características no está exenta de riesgos. Pero en un momento crítico como el que vivimos se necesitan soluciones audaces. Y esta podría servir para reforzar el componente social de nuestro Estado descentralizado. Todos, catalanes y resto de españoles, saldríamos ganando.

 

*Este artículo se publicó originalmente en Agenda Pública y se reproduce aquí con la autorización del autor.

 

About Borja Suárez Corujo

Borja Suárez Corujo es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid en la que desarrolla su actividad docente e investigadora como Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es autor de más de un centenar de publicaciones en materia laboral y de Seguridad Social (https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=81643), entre las que destacan las monografías “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad”, “La protección social en el Estado de las Autonomías”, y “La reforma de los sistemas de pensiones en Europa: los sistemas de pensiones de Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Italia, Francia y Alemania vistos desde España”. @BorjaSuarezC

4 Comments

  1. Demetrio Vert benavent el febrero 12, 2018 a las 10:42 am

    No estoy en absoluto de acuerdo con el señor Suarez. En primer lugar no todas las ideas son respetables. Por poner ejemplos maximalistas, la ablación, la discriminación, etc. Por lo tanto la idea hoy en día de sentirse diferente, personalmente no me parece respetable. Otra cosa es que si llegara a producirse la actaría con dolor pero con toda la lealtad posible a la voluntad de quién no quiere nada conmigo porque simplemente se cree diferente, haciendo desdén no solo de la declaración de que todos somos iguales ante la ley sino de lo que ello significa en cuanto a sentimientos de hermandad y solidaridad. Querer deconstruir lo que ya se tiene me parece un retraso de siglos. Hay que ampliar fuerzas pues el capital no conoce fronteras.

    Dicho esto, el planteamiento del señor Suarez me parece viciado y maniqueo. Parte de buscar soluciones tecnicistas dentro del sistema económica cuando el mayor peligro para la protección social de los ciudadanos es el sistema mismo (cómo ejemplo las declaraciones llenas de desfachatez de los últimos días de miembros del PP y del Presidente del Gobierno: ahorren -nadie sabe cómo- para la vejez y para los estudios de sus hijos. Parece que tienen como modelo de sociedad la de los años cincuenta. Pobreza generalizada y caridad para paliarla mínimamente y suplir al estado). Y justamente no es ese estado el que marca la tan traida interesadamente Constitución Española. No solo el preámbulo establece que el Reino de España se constituye en un estado democrático y SOCIAL, sino que el artículo 50 de la CE determina claramente la protección social de todos y cada uno de los ciudadanos. Son los poderes públicos, el Gobierno, quienes tienen la obligación de grantizar dicha protección.

    Sin embargo, el señor Suarez, doctor enDerecho y Licenciado en Ciencias Políticas, afirma que son los paises descentralizados los que parecen (“hay razones para pensar”, afirma) mas preparados para afrontar los problemas de la protección social, y ello sin argumentación alguna, argumentos que debe conocer si los hay dada su cualificación profesional. Pues bien, no creo que dividiendo en pequeñas partes la solidaridad ganemos en fuerza contra quién no la quiere. La solidaridad es como un seguro: hoy por tí, mañana por mí. Cuanto más fuerte y extenso sea este seguro, mas estable será.

    Comenta el doctor Suarez dos aspectos que condicionarán las pensiones, la demografía y el avance tecnológico, y a ambos los califica de problemas. En absoluto son problemas. La demografía (desde dentro del sistema económico actual) sería facilmente solucionada por la inmigración, pero ni siquiera esto sería un problema, ya que el avance tecnológico hace que cada vez se necesiten menos horas de trabajo humano para producir lo mismo; es decir menos gente produciría igual o más que ahora. para comprobar ello solo hace falta ver la historia del último siglo. Se produce infinitamenente más com muchas menos horas de trabajo. Por lo tanto, y si nuetro sistema de protección social es el de reparto de la riqueza producida, no veo por qué las máquinas van a condenar a la inanición a nadie. es más, debemos aplaudir que nos liberen de parte del trabajo humano. Solo hay que repartir renta y trabajo.
    Lo que sí parece un problema grave, gravísimo, es que un país en solitario como España (no digamos ya partes de ella) pueda enfrentarse en competición con paises que producen en régimen de semiesclavitud, o sin un modelo social de protección del ciudadano como aquí lo tenemos. Y eso es lo que está haciendo la libertad de movimientos de capitales. Hacer que diversos estados (cuanto más pequeños mejor) compitan deleznablemente entre ellos rebajando el bienestar social bajo la amenaza de dejarles sin fondos. Esto es loq ue produciría una segregación de un estado ya consolidado, sea cataluña o Andalucía. En lugar de tender hacia órdenes sociales capaces de enfrentarse al capital especulativo, parece que alguien se cree un David que derribara al Goliat.

    Todo lo que se está debatiendo sobre el mantenimiento del sistema de pensiones no son más que tecnicismos para marear la perdiz, pues la esencia del mismo no es el ahorro individual, sino el reparto de la producción de cada momento. Y puede que en un momento dado histórico se produzca menos. Entonces, si el gobierno cumple su obligación y recauda lo que tiene que recaudar y a quién tiene que recaudar, y aún con ello no se llega, nos apretaremos el cinturón todos, empezando por las rentas del capital.

    Como no soy esxperto, acompaño el vínculo de abajo donde se exponen algunos puntos más técnicos sobre la total pervivencia de nuestro sistema de pensiones y de protección social.
    http://diario 16.com/la-falsedad-la-crisis-del-sistema-pensiones/

    Atentamente.

    Demetrio Vert (Jubilado y pensionista)

  2. Luis Andres Osorio Gullon el febrero 12, 2018 a las 11:12 am

    La participación en la gestion de la Seguridad Social (iINSS) se está desarrollando desde hace años, no siempre con la colaboración efectiva de las CCAA.

  3. M. Serna el febrero 13, 2018 a las 1:54 pm

    El principio de caja única no está en la Constitución, sino que es una construcción jurisprudencial. Existen sentencias del Tribunal Constitucional que avalan que la gestión de las prestaciones se puedan hacer por las Comunidades Autónomas

  4. juan el febrero 13, 2018 a las 2:32 pm

    Realmente el sistema ya está roto en el momento en que el estado presta a la seguridad social para subsanar temporalmente el déficit de la Seguridad Social y en la parte de los pensionistas de Euskadi también hay déficit. Es decir, los contribuyentes de las CCAAs de régimen de régimen común acabaremos repagando la deuda para cubrir un déficit temporal que también sufren, pero no repagarán vía impuestos, los ciudadanos de Euskadi y Navarra.

    Por tanto sería interesante extender el modelo del cupo a todo, y que los cálculos de cada cupo deberían incluir lo necesario para completar las obligaciones de pago de la seguridad social con los pensionistas.

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