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 La vivienda en el documento “ESPAÑA 2050”

El documento de prospectiva “España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, publicado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, no contiene un capítulo específico sobre vivienda. Sin embargo el problema de la vivienda  es objeto  de tratamiento  en varios apartados del documento citado. Por una parte la vivienda se incluye entre las actuaciones  destinadas a lograr un desarrollo territorial equilibrado. Por otro lado se la considera como un instrumento que puede reducir las desigualdades existentes en la población española, desigualdades reforzadas por  la crisis  financiera iniciada en 2008 y por la recesión provocada por la pandemia de Covid 19 en 2020.

  En el sexto de los “Desafíos de Futuro”, “Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible”,  el documento  subraya los inconvenientes de la continuidad de los procesos de turistificación y gentrificación sufridos  en las últimas décadas en numerosas ciudades españolas. Tales procesos han acrecentado el número de pisos de alquiler vacacional (viviendas turísticas) y de establecimientos hoteleros. En los centros urbanos afectados por dichos procesos los antiguos vecinos de los barrios céntricos  han sido desplazados  a  viviendas de alquiler situadas en los barrios periféricos o en las ciudades del extrarradio. Dichos barrios son ocupados por viviendas turísticas, nuevos establecimientos hoteleros y por hogares con elevado poder adquisitivo.

   El desarrollo territorial podría resultar más equilibrado si los nuevos hogares pudiesen acceder a la vivienda con un esfuerzo razonable. Se considera que el número de hogares crecerá en España en 1.100.000 entre 2021 y 2035. El  aumento será mayor en las zonas turísticas, destacando los  previstos en las autonomías de Baleares, Canarias, Murcia, Madrid y Andalucía. En 2030, según el documento, la demanda potencial de viviendas sociales se duplicará en España, alcanzando  los 2,6 millones (el documento  no explica cómo se obtiene esta última estimación de la demanda potencial de vivienda social). Sin embargo se indica que serán numerosas las personas que solo podrán acceder a una vivienda digna y adecuada con el apoyo del Estado.

 Sin una corrección significativa de las actuales tendencias demográficas y territoriales  en las ciudades van a  destacar dos estratos sociales profundamente desiguales en cuanto a niveles de renta y de riqueza. Por una parte estarían los hogares propietarios de viviendas, con amplia capacidad de ahorro,  y por otro lado estarían los hogares  que residirían en viviendas de alquiler o en pisos compartidos.

  El documento considera que los denominados “objetivos  32 a 36” permitirían avanzar hacia un mayor equilibrio territorial. El  objetivo 32  consiste en reducir progresivamente la proporción de hogares que realizan en España un sobreesfuerzo para acceder a la vivienda. La sobrecarga más elevada corresponde a la población  que vive de alquiler.

  En el periodo 2015-19 un 9,5% de la población de España ha realizado   un importante sobreesfuerzo para acceder a la vivienda (no se indica como se ha obtenido dicha proporción),  por encima del 9,2% del conjunto de los 27 países de la  Unión Europea. El alquiler tiene un peso elevado como forma de tenencia entre los hogares jóvenes (Grafico 1). La política de vivienda que el documento considera necesaria podría reducir gradualmente  la proporción de población que sufre tal sobreesfuerzo hasta el 4,5% en 2050.

  En esa línea el documento recomienda, en primer lugar, incrementar la disponibilidad de vivienda pública y social. Esto se conseguiría  por medio de la compra de viviendas en edificios ya consolidados,  así como  también por medio de la rehabilitación y la construcción de nuevas viviendas, procurando evitar nuevos procesos de segregación socioespacial.

 Un segundo grupo de instrumentos destacados incluiría actuaciones tales como el fomento del alquiler de la vivienda vacía, la creación de un marco fiscal favorable al aumento de la oferta de vivienda en alquiler  a precios asequibles y el establecimiento de mecanismos de protección del patrimonio público de vivienda. La rehabilitación de las viviendas seria la pieza más importante de la estrategia nacional de  regeneración urbana integral.

 En el octavo de los “Desafíos de futuro”, “Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social”, uno de las principales vías es la mejora de las dinámicas del mercado inmobiliario. El documento insiste en que la gran fractura está entre las familias que pueden acceder a una vivienda en propiedad (el 76% de los habitantes) y las  que no lo consiguen, el 20%, que viven de alquiler en unos casos  a precio de mercado y en otros a precios inferiores a los del mercado. El 43% de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza vive en alquiler. La mayor parte de los desahucios  judiciales corresponden a familias que no han podido pagar  el alquiler mensual.

 En los hogares que residen en viviendas en propiedad existe también una fuerte diferencia entre quienes han accedido a una vivienda a través de una herencia y los que han requerido de un préstamo hipotecario para adquirir la vivienda (Grafico 2). Según el documento, las herencias determinan casi el 70% de la desigualdad de la riqueza en España, proporción superior a la del entorno europeo. Los cambios en los precios de las viviendas acentúan las desigualdades, como sucedió en la crisis de 2008.

 La desigual distribución de las herencias afecta a  la equidad entre las generaciones jóvenes. El documento propone la creación de una “herencia publica universal”, que sería una  dotación económica que todos los jóvenes recibirían alcanzada una cierta edad y  que podría valer, entre otras cosas,  para adquirir la primera vivienda. Se considera que este mecanismo  podría paliar las fuertes diferencias existentes en cuanto aniveles de ingresos.

  El documento  asocia la vivienda de alquiler con los hogares con menos ingresos. Los recursos destinados  a crear una  herencia pública universal podrían servir mejor para  movilizar la construcción de un amplio parque de viviendas de alquiler. A pesar de la importancia que se  le concede a la vivienda, el documento no aporta detalles sobre como actuaria  el instrumento de más alcance, que es el de  del necesario incremento en la disponibilidad de vivienda pública y social. Aunque la vivienda es tratada extensamente en el documento analizado, la vivienda no es tanto un instrumento para conseguir otros objetivos sino que se trata de un bien de primera necesidad, que constituye un fin en sí mismo.

About Julio Rodríguez Lopez

Doctor en Ciencias Económicas, Estadístico Facultativo y Miembro de Economistas Frente a la Crisis, es Vocal del Consejo Superior de Estadística. Ha sido Vocal, hasta su desaparición, del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada.

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