Las tareas inmediatas del nuevo gobierno

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El fracaso en la investidura de Nuñez Feijoo abre la puerta a un nuevo proceso de negociación, que culmine con un gobierno renovado en los próximos meses, puede que semanas. Es posible que el cambio de ciclo de la economía y la desaceleración económica que afectan a la Unión Europea inviten a una reconsideración de la política económica, que deberá adaptarse a la nueva situación. Más allá de los elementos de continuidad y cambio propios de los cambios electorales, existen ya suficientes aspectos que merecen la atención inmediata del gabinete que surja de las negociaciones entre los grupos parlamentarios para conformar una mayoría estable.

El primer elemento es la consolidación fiscal. España sigue por encima de los límites establecidos en el pacto de estabilidad y, si no se actúa rápidamente, podemos encontrarnos con que en 2024 estaríamos de nuevo en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea, algo que no conviene en absoluto dada la alta deuda pública que todavía acumulamos. Esta consolidación fiscal debería llevarnos a presentar unos Presupuestos Generales del Estado lo suficientemente ambiciosos como para que en 2024 nuestro déficit público se sitúe en el entorno del 3%, aprovechando el mayor crecimiento económico previsto para el año 2023, y que las reformas fiscales se prevean para más adelante. El actual sistema tributario puede sostener esta reducción de déficit si no se provocan nuevas partidas de gasto público y si no se cede a la tentación de realizar recortes impositivos inmediatos. Si España presenta unos presupuestos generales ajustados, con una reducción del gasto cíclico y un mantenimiento de los ingresos, estaremos en mejor disposición a la hora de acometer la consolidación fiscal estructural que necesitamos.

El segundo elemento son los fondos europeos. El Plan de Recuperación y la Adenda ofrecen un marco lo suficientemente sólido como para no detenerse en reformas extemporáneas del programa y acelerar su gestión, de manera que aprovechemos todo el impulso que todavía pueden ofrecer para la transformación de nuestra economía. Recordemos que las inversiones vinculadas a los fondos europeos acaban en 2026, es decir, a la vuelta de la esquina, y que sería conveniente no enredarse ahora en modificaciones del mismo. Además, España debe arrancar con decisión la ejecución de los fondos estructurales, que apenas acaban de despegar, para ofrecer todavía más recursos para inversiones en personas, empresas e infraestructuras.

El tercer elemento, la Presidencia Española de la Unión Europea. La mayoría de la misma se está desarrollando y se va a desarrollar con un gobierno en funciones, pero España debe aprovechar para fijar su posición en materias clave como la reforma energética y la reforma de las reglas fiscales. España ha logrado mantener un alto perfil en los últimos años en la Unión Europea, con un importante prestigio acumulado, defendiendo intereses de estado y que convendría mantener en el corto plazo. Asegurar una presidencia española sin volantazos de último momento sería muy conveniente para nuestra reputación como país, algo que hemos logrado en las últimas décadas.

Por último el nuevo gobierno debe asumir un nuevo programa de reformas estructurales, que están todavía pendientes: nuestro sistema de innovación, la independencia de las instituciones como la CNMC o la CNMV, la renovación de los mandatos del Banco de España, etc. deben ser motivo de un acuerdo entre los grandes bloques políticos que, tras el dramático desencuentro de los últimos años, ha sido prácticamente imposible. Así, la puesta en marcha de una agenda de grandes pactos de estado que garantice la continuidad del impulso reformista en materia de innovación, digitalización o transición energética, sería muy relevante. España no se puede permitir giros en los que se comprometan políticas estructurales de largo plazo, por lo que buscar los acuerdos debería ser una verdadera prioridad.

En definitiva, esperemos que esta nueva etapa permita eliminar y limitar la polarización que ha destruido cualquier opción de una agenda bipartidista de las reformas. Así, entendiendo que cada partido político debe mantener su propio programa, sería bueno para nuestro país que tanto la izquierda como la derecha buscaran, en el gobierno y en la oposición, los acuerdos básicos para sacar adelante el futuro de nuestro país, y actuasen, desde ese momento, en consecuencia. Ojalá lo veamos y podamos disfrutar de la ventana de oportunidad que nos ofrece este 2023, tanto para avanzar en los aspectos que tienen un componente evidentemente de país -los señalados en este artículo- como aquellos que con bastante probabilidad permitirán fortalecer un crecimiento económico consolidado con cohesión social y perspectivas de futuro.

About José Moisés Martín Carretero

Economista y consultor internacional. Dirige una firma de consultoría especializada en políticas públicas y desarrollo económico y social. Autor del libro: "España 2030: Gobernar el futuro". Miembro de Economistas Frente a la Crisis

1 Comments

  1. Enrique López Felipe el octubre 6, 2023 a las 6:21 pm

    Para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024, por imperativo legal, el Gobierno debiera establecer un “objetivo de estabilidad presupuestaria” para ese año (supongo que sería de un déficit del 3%, como ya quedó expuesto en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026).

    La fijación del objetivo citado ha de realizarse el primer semestre del año por acuerdo del Consejo de Ministros que ha de remitirse a la Cortes Generales en donde el Congreso y el Senado, en forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, proceden a su aprobación o rechazo.

    Sorprende la inacción del Gobierno en esta cuestión, en especial en el periodo anterior a disolución de las Cortes Generales el pasado 30 de mayo, máxime considerando el hecho de que la conclusión natural de la XIV Legislatura se habría producido el próximo 10 de noviembre y que el Gobierno contaba con mayoría en las dos Cámaras legislativas.

    Contrasta esta parsimonia con, por ejemplo, la celeridad con la que se establecieron los objetivos de estabilidad presupuestaria para proceder a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, frustrados después por la declaración de la pandemia de Covid-19. En esa ocasión, tras las elecciones celebradas el 10 de noviembre de 2019, la investidura del Presidente del Gobierno se consiguió el 7 de enero de 2020, el nombramiento de los ministros tuvo lugar el 12 de enero de 2020 y el acuerdo del Consejo de Ministros fijando los objetivos de estabilidad presupuestaria se adoptó el 11 de febrero de 2020.

    Una posible explicación de lo anterior podría estar en que la apreciación por el Congreso de la concurrencia de una situación de emergencia extraordinaria, que ampara que el Estado incurra en 2023 en déficit estructural, dio lugar a la obligación de elaborar un “plan de reequilibrio”, en el plazo de un mes desde el 22 de septiembre de 2022, que debiera ser aprobado por el mismo procedimiento que los “objetivos de estabilidad presupuestaria”. Es decir, para abordar el tema de los PGE, previamente, habría de contarse con un plan de reequilibrio donde debe recogerse la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria.

    Como ya ha apuntado en alguna ocasión la Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), lo que habría que acometer de manera urgente es una reforma de las normas de gobernanza fiscal (LOEPSF) que, a día de hoy, están derogadas de facto en su mayor parte y establecer un elenco de sanciones para evitar sus incumplimientos.

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