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Los límites de la hora liberal: El problema de la vivienda

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El estado actual de las economías capitalistas es un vástago de un interjuego hasta cierto punto caótico entre las tendencias del laissez-faire y de la acción gubernamental (Kalecki, 1970).

Este escrito de Kalecki, trascripción de una conferencia suya en Cambridge tras la traumática experiencia vivida con la invasión de Checoeslovaquia y el golpe de Gomulka en Polonia, es índice de la tremenda lucidez del principal representante de la izquierda keynesiana, que veía venir la crisis de 1973 producto para él de la guerra de Viet-nam, que precipitaría la crisis del dólar. La capacidad para centrarse en lo esencial del autor que fue keynesiano antes que Keynes y formuló la teoría de la ocupación, y la del ciclo capitalista en 1933, a partir del concepto de la demanda efectiva de su compatriota, marxista como él, Rosa Luxemburgo. Un tópico,  la solvencia de la demanda, que los economistas preocupados por las cuestiones sociales sabemos está detrás del problema de la vivienda, en realidad es sinónimo del mismo.

Es bueno recurrir a la historia económica cuando el tema es controvertido

Durante los últimos años de la autarquía española, previos al gran auge de la construcción entre 1955 y 1968; el mercado de viviendas de lujo y de clase media había comenzado su despegue, estimulado por las inversiones franquista en hogares para sus funcionarios y cuadros militares y sindicales y por los bajos salarios en la construcción. La demanda de esa categoría de inmuebles animaba el precio de los solares y más tarde, cuando se edificaron los primeros polígonos del extrarradio, revalorizaba el suelo urbano periférico. El crédito oficial para clase media favorecía el encarecimiento del nuevo suelo, cuyo sobreprecio expulsaba a los inquilinos y compradores pobres. [i] El aumento de la población agravó el problema, pues incrementaba el déficit entre la demanda efectiva y la necesidad, la cual encarece el suelo urbano, pero no estimula la construcción de viviendas modestas. Los españoles expulsados del campo con sus familias, se vieron obligados al subarriendo y las chabolas. Un problema que tardó más de 20 años encontrar una solución parcial, que Vicente Mortes, director y ministro de vivienda franquista, entrevió en 1958, cuando apeló a las Cajas de ahorro y banqueros, para encontrar la fórmula de que los ahorros futuros pagaran la obra del momento[ii]; una solución que se libró de ser una burbuja más, gracias a las divisas aportadas por los emigrantes,  los turistas y el capital extranjero, generado por el auge europeo de posguerra.  Los jóvenes de 2019 no huyen del campo con sus familias, simplemente no pueden salir de casa de sus padres porque, si con suerte tienen trabajo, no hay viviendas a su alcance, ni de alquiler ni de compra. Los precios especulativos lo impiden.

Como dice Joan Róbinson, la historia económica enseña que “solo la conciencia social, que carga sobre los rentistas el coste de construir casas para los trabajadores permite romper el círculo vicioso de la especulación”[iii]. Justo lo que ocurrió en la Viena de los años veinte, con el gobierno municipal socialdemócrata y, sobre todo, en las Islas Británicas de la II posguerra mundial, con los laboristas, cuya experiencia sirvió de ejemplo para los socialdemócratas y democristianos de los Países Bajos, Escandinavia  y la Alemania Federal. En aquellos años, el suelo fue municipalizado temporalmente y se edificaron millones de viviendas públicas en alquiler. Incluso los arquitectos y técnicos falangistas españoles, se atrevieron a citar la experiencia municipalizadora, y plasmarla en un documento previo al II Plan de la Vivienda franquista[iv]. Ni que decir tiene, que la cita fue eliminada del Plan y no se volvió a hablar de ella.

Pero los autores de esos años eran muy conscientes de que estaban asistiendo a una pugna entre los administradores públicos del urbanismo y el capital inmobiliario emergente, que en Europa quedó en tablas, pero en España ganó la financiarización de la vivienda. El proceso por el cual el hogar humano se convierte en un activo financiero; un hecho que tiene su fundamento en la separación del negocio de compra-venta de viviendas, entre la especulación con el suelo urbano y la construcción de inmuebles, una actividad ésta última industrial, que recibe como tal un beneficio común y corriente, más bien modesto, y una actividad especulativa de explotación de rentas de situación urbanas, con su propio ciclo económico. Europa inició la financiarización de la vivienda social en los años setenta, primero con Giscard D’Estaing en Francia, al cual siguieron Margaret Thatcher  y los demás, que fue mirada con desconfianza por el New Deal, pero España la comenzó en la segunda mitad de los años cincuenta. Porque existía la apuesta deliberada y explícita de los falangistas por la vivienda en propiedad para todos los españoles, derecho reconocido en el Fuero del Trabajo, y  las finanzas públicas eran ridículamente escasas y en proceso de ser intervenidas por el F.M.I. Se crearon enormes cinturones chabolistas en trono a las ciudades, que esperaron veinte años a que los ahorros de los emigrantes y la especulación alojaran en pisos de propiedad a las familias que habían emigrado desde la España rural a los centros industriales; la herencia que nos dejaron fue una oligarquía local, implantada por Falange con el apoyo del ladrillo, que ha mantenido su influencia incluso en gran número de consistorios democráticos.

 

La Financiarización de la Vivienda

Si el lector quiere  comprobar el nivel alcanzado por la vivienda como refugio financiero, no tiene más que acudir al artículo de D. Luis Garicano publicado por El País (21-12-2018). Despreciando la tradición económica, que ha resaltado la repercusión de las rentas ricardianas  sobre el mercado del suelo, al que se debe separar del coste de construcción para comprender el proceso imperfecto del precio de mercado de la vivienda; el economista de Ciudadanos, que nos sermonea sobre las virtudes del laissez-faire, se permite asegurar la primacía de la doctrina liberal sobre la experiencia concreta, que certifica lo contrario, y nos remite a los intentos de Miguel Boyer y Rodrigo Rato, cuyas consecuencias aún deberían seguir vivas en nuestra memoria: el primero no consiguió movilizar los alquileres y el segundo nos metió en la mayor burbuja financiera de la historia del país; el profesor neoliberal termina su clase para párvulos afirmando que la carestía de los hogares está provocada por la falta de diligencia de los servicios municipales y autonómicos en la concesión de licencias de obra y urbanización. Ni tan siquiera se permite la duda de invertir la cuestión: los poderes inmobiliarios han corrompido de tal manera los municipios desde el franquismo, que los controles se multiplican y,  a pesar de  ello, las sentencias condenatorias por fraudes urbanísticos y deconstrucción se multiplican.

La principal virtud del artículo citado, sin embargo, ha sido abrir la polémica, pues ha sido contestado desde todos los ángulos; desde el arquitecto partidario de los urbanitas al militante del PSOE. Solo el arquitecto Eduardo Leira, sin embargo, se ha atrevido a poner en cuestión el paradigma  liberal. Desgraciadamente, como en 1957, podemos levantar acta de que el reconocimiento del problema no implica voluntad política suficiente para resolverlo. Casi todos los autores que contestan al Sr. Garicano se alinean con el liberalismo; todos muestran una mala memoria para las burbujas inmobiliarias, sus síntomas, causas y consecuencias. Los empresarios solicitan fondos públicos para su actividad privada y, para ello, vuelven a utilizar la coartada de la facilidad para crear empleo de la construcción, “el que más crece, con un 22,1 % de puestos de trabajo más que en 2017” (El País, 23-12-18); piden más liberalización y menos detallismo en el análisis de los proyectos, más facilidades de financiación y más suelo a disposición de los promotores. Celebran las subidas permanentes de precio por encima del IPC, como si fueran a beneficio de todos los ciudadanos, tomando como referencia los precios de 2007; olvidan que aquellos fueron calificados precios de “burbuja” y empujaron un endeudamiento que estamos pagando caro en nuestro “bienestar”. Mientras el “efecto riqueza”, provocado por el alza de los precios, eleva peligrosamente el desahorro de las familias, creando condiciones para otra burbuja.

La subida del precio del activo vivienda, se refleja principalmente en su rentabilidad, cercana al 5% de su valor de cotización (El País, 2-9-18). Los inmuebles vuelven a ser el activo financiero más fiable, porque mantiene su rentabilidad en sus términos históricos[v] y sobre los valores de cotización.  Además, la posición de mercado de los propietarios mejora, provocando subidas de alquileres por rentas de situación en Madrid o Barcelona que superan el 40%. La mayoría de los agentes identifican la causa de fondo en la liberalización promovida por el Gobierno de Rajoy en 2013, menos Helena Bauza, secretaria general de vivienda, quien considera que aún hay que recabar datos. Mientras ella y sus asesores discuten si son galgos o podencos, los jóvenes se ven obligados a volver a sus refugios familiares, renunciando a la emancipación que tanto necesita el país entero. ¿Razones? Eduardo Mendiluce y la generalidad de los asesores y empresarios inmobiliarios se precipitan en recordar los efectos de la congelación de alquileres de 1946, olvidando que la citada medida fue una copia de las promulgadas en los años 1920 y 1930, y que aquellas no provocaron la destrucción del mercado de arrendamientos. La razón habría que buscarla, en mi opinión, en la apuesta franquista por la propiedad, que marcó el carácter drástico de la congelación de 1946, totalmente ausente de las propuestas actuales, y a que en los años cuarenta, el IPC anual era de dos dígitos y la Ley no permitía la revisión del alquiler al coste de la vida. Al contrario que entonces, la inflación actual es casi despreciable – sería cero o menos si no fuera por la vivienda- la propuesta de duración para los contratos de alquiler entre particulares  es de cinco años y la mayoría de las familias habitan viviendas de su propiedad. El problema ahora son los jóvenes y el 20 % de familias pobres que no son propietarias.

 

El Mercado de Compra-Venta de Viviendas

La acumulación de stocks de viviendas sin vender en los balances bancarios tras el desplome del mercado financiero de hipotecas en 2007, y su posterior absorción por todos nosotros en forma de banco malo, explica en gran parte la lenta recuperación de la obra nueva; por otro lado, la mala situación geográfico-urbanística de la mayor parte del stock por vender el 2007, permite comprender las subidas del precio de las nuevas promociones en ubicaciones urbanas mucho más competitivas, de propietarios de solares que vieron venir la crisis y se retrajeron, o sobre solares adjudicados a los bancos en pago de deuda. Además, los nuevos compradores potenciales, los jóvenes, carecen de la solvencia hipotecaria exigida en tiempos normales o, habiendo aprendido en cabeza ajena, saben que los empleos y su ubicación en el mapa peninsular e incluso europeo, no son un bien duradero y estable.

La movilidad empuja hacia el alquiler, las nuevas generaciones, además, atrasan la edad de creación de familias, cuando lo desean, que no es siempre, y buscan una nueva sociabilidad, solo viable en un entorno urbano, preferiblemente los barrios tradicionales; como dice Eduardo Leira “crece la presión sobre la ciudad”. El derecho a la vivienda ya no responde para las nuevas generaciones al lema falangista de España país de propietarios. La propiedad, poco a poco, se reconvierte al seguro de vejez, un ahorro que se disfruta cuando el jubilado ya no se ve obligado a pagar un alquiler; desgraciadamente, por la falta de sensibilidad de los sucesivos gobiernos para con los jóvenes, el piso del jubilado es también un refugio para hombres y mujeres, jóvenes a su pesar, que no pueden emanciparse y vuelven a casa de los padres ante la imposibilidad de pagar un alquiler.

 

Regular el mercado de Alquileres

Es evidente que la pregunta de Luis Garicano (El alquiler y la vivienda, ¿Debe ser regulado?), tiene una respuesta afirmativa, si no queremos seguir empantanados con una generación perdida y todas las consecuencias que ello comporta. Razones hay de sobra, y la experiencia de la historia reciente así lo avala, para saber que el mercado no se regula para satisfacer necesidades, sino para dar respuesta a una demanda financieramente solvente. La teoría económica, desde hace casi cien años, nos indica que los factores de monopolio crecen cuando no se los ataja y la práctica de mercado de la vivienda, excepto en circunstancias excepcionales como la Europa de la II posguerra, lleva a que una parte muy importante de la población termine en las “favelas” y otros viviendo de realquilados, en pisos colectivos o en casa de sus padres.

Tenemos un Estado del Bienestar y la práctica democrática de los últimos cuarenta años nos ha ido creando una cultura fiscal, aún muy débil, y regulatoria, que consiguió que el granuja simpático llegara a estar en retroceso; aunque los espectáculos judiciales pueden llegar a convertirlos en personajes de Comedia de L’Arte. Vivimos momentos muy complicados en que los viejos demonios parecen estar relativamente de vuelta. Coger el problema de la vivienda por los cuernos es parte de la terapia democrática que necesitamos. Según las opiniones publicadas, parece haber consenso en torno a dos aspectos: hay que movilizar las viviendas principales cerradas por sus propietarios y el Estado tiene que tomarse en serio la puesta en el mercado de arrendamientos de, al menos dos millones de viviendas sociales, cifra que nos igualaría a los países europeos que hicieron su trabajo cuando tocaba.

La experiencia de la Inspección de Hacienda contra el fraude en las ayudas juveniles al alquiler, nos indica que existen suficientes mecanismos informáticos para detectar la ocupación fiscalmente opaca de viviendas en alquiler; por lo tanto, se puede llegar a la creación de un mapa fiable de viviendas vacías y alquilables. Existen mecanismo fiscales para incentivar su salida al mercado y, caso de que los propietarios prefieran pagar un sobrecoste fiscal, financiar la construcción de viviendas sociales. Mecanismo existen, siempre que no se relajen los controles públicas sobre las finanzas institucionales y que acabemos con años de demagogia anti-impuestos,.

Esto último nos introduce al otro elemento que define el panorama actual de la vivienda: un déficit enorme de viviendas sociales, dos millones según la “Asociación de promotores”.   El coste de cubrir el déficit, según la citada asociación (El País, 16-12-18) sería de 300.000 millones en 12 años.  Un coste excesivo, porque está calculado como un mercado cautivo para ellos que serían los beneficiarios de la movilización del suelo y  gestores del parque con cargo a las finanzas públicas. Sin embargo, el coste sería como mínimo, si se hiciera como empresa pública municipalizada,  de 8.000 millones anuales durante 12 años, de inversiones en nuevos inmuebles, rehabilitación de viviendas en mal estado y acondicionamiento para una población joven de los centros degradados de algunas ciudades. Una inversión que se recuperaría con los alquileres, pero que implicaría un cambio profundo en la composición del endeudamiento público; una negociación con Bruselas, basada en garantías solventes; un gran programa de empleo juvenil y sobre todo, un cambio en la cultura de los españoles en relación con el hábitat y la propiedad. Mientras se avanza en un Plan serio de futuro para la vivienda de las nuevas generaciones, es necesario atajar las urgencias actuales. Detener los abusos de los arrendadores, con una norma que de garantías a los arrendatarios de continuidad en la ocupación de la vivienda y seguridad en el precio del alquiler, durante un tiempo que compense los avatares de los traslados y cambios de residencia y permita organizar la vida familiar.

Una propuesta como ésta, implicaría una movilización de suelo público, como no se hace en España desde hace muchos años, aunque que sí se hizo en los años sesenta, construyendo en los arrabales de viviendas sin barrio ni transportes, donde se alojaron millones de familias, y en los primeros años de la democracia, consolidando servicios de barrio y transporte; parches sobre un urbanismo feroz. Pero, a la vista de la nueva cultura urbanita de los jóvenes, la oferta de vivienda social debería ir acompañada de un replanteamiento del centro y los barrios tradicionales populares de las ciudades, lugar donde tiene sentido la vivienda mínima o el piso compartido, de cara a un nuevo tiempo, donde el automóvil perderá protagonismo, tanto por el precio de la energía, y del mantenimiento del vehículo, como por la necesidad de combatir la polución urbana y el cambio climático. Tampoco sería viable la propuesta sin una nueva Ley del Suelo “ad-hoc”, que utilizara por fin la obligación enunciada en el artículo 47 de la Constitución, de proteger el derecho del ciudadano a la vivienda en conflicto con los propietarios de suelo. La viabilidad de la propuesta implica que los ayuntamientos actúen como agentes urbanizadores al servicio de la vivienda social.  Esta sería la propuesta española a la Unión Europea de contención del populismo. Mi opinión, a la vista de las experiencias históricas que la avalan; a favor y en contra, tanto en nuestro país como en Europa,  es que la proposición de que nuestro país asuma la vivienda social pública en alquiler merece la pena de ser estudiada.

[i] Jose Candela Ochotorena: en www.TESEO y www.RODERIC.UV/JOSECANDELA06-10-2017  LA POLITICA FALANGISTA Y LA CREACIÓN DE UNA CULTURA DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN EL PRIMER FRANQUISMO, 1939-1959,

[ii]  Revista Nacional de Arquitectura, nº 198

[iii]  Robinson, Joan (1960: pp. 284) La Acumulación de Capital.  México, F.C.E.

[iv] Secretaría de Ordenación Económica y Social (1954) Estudios para un Plan Nacional de la Vivienda, Madrid, Presidencia del Gobierno.

[v]  Ver anexo estadístico de rentabilidades del capital en el Siglo XX al trabajo de Piketty Th (2014), El Capital en el Siglo XXI, F.C.E.

About Jose Candela

José Candela Ochotorena, Doctor en Economía y en Historia Contemporánea, es miembro de Economistas Frente a la Crisis.

11 Comments

  1. Jesús Espín el enero 10, 2019 a las 10:56 am

    ¿Y no sería más fácil introducir un impuesto (viá IBI o Patrimonio, o uno específcio,..) que penalice la actividad especulativa?
    Dicho de otro modo: aumentar impuestos a las propiedades(suelo o edificación) no usadas.

    • Jose Candela el enero 10, 2019 a las 5:57 pm

      ES una cuestión secundaria, dejo la via de corrección del mercado a los políticos, pero lo importante, desde mi punto de vista, es establecer que los mercados monopolistas, como el del suelo, no funcionan en base a la «mano invisible».
      Además, hay dos problemas, uno es el precio de los alquileres, que no es más que la consecuencia de la revalorización del «activo» vivienda; en ese caso, incluso la congelación temporal de las rentas puede ser un paliativo. Otro es el déficit de demanda solvente en los nuevos aspirantes a ciudadanos autónomos, lo jóvenes, y en los niveles inferiores de las rentas familiares, además de las bolsas de marginación, a las que habría que dar otro tipo de tratamiento.
      Cada segmento de necesidad necesita una política concreta;

    • Jesús Espín el enero 10, 2019 a las 7:17 pm

      Segmentando el problema podemos atajar atajar a corto plazo pero eso genera otros problemas como la caduciadad de las soluciones, el enmarañamiento de la legislación y reglamentación (Que ya es un problema tal como está la cosa), la invisibilización del problema de global de la especulación con lo que persiste soterrado sólo para aparecer con más fuerza en el futuro…
      Lo que digo es que esos segmentos serían más pequeños si se ataja de raíz el problema que subyace y alimenta esta injustica: Cualquiera puede mantener la propiedad de un inmueble sin uso por poco dinero.
      Lo que pagan en Alemania de IBI ronda según tengo entendido el 6%. Aquí se prohibió subirlo del 2% y pocos ayuntamientos aplican más del 1%. Se que el uno es mucho para una familia con todos sus miembros en paro pero basta con no cobrarles en esos casos. Es más. Se puede desgrabar según el número de habitantes de la vivienda. Tenemos un instrumento infalible para controlarlo (el padrón) y sería un incentivo para registrar los contratos de alquiler (afloramiento de economía sumergida).
      Y no me digas que se lo dejas a los politicos lo de solucionar porque terminas tu artículo haciendo una propuesta muy concreta y en tu respuesta no digamos 😉

      • Jose Candela el enero 24, 2019 a las 1:22 pm

        Aplicar el IBI con discriminación entre ocupantes en propiedad y ocupantes alquilados, es decir como bien de uso privativo y capital, es bastante complicado; aparte de ser un impuesto muy poco equitativo, pues depende de las actualizaciones del catastro, siempre contestadas.
        Otro tipo de impuesto específico para penalizar el «no uso» sería lo más correcto, y cuando el partido de gobierno deje de discutir sobre si «son galgos o podencos», es decir si hay que atender a los propietarios o a los usuarios, distinguiendo entre propietarios especulativos, pequeños o grandes, que buscan la revalorización, entonces es posible que se aprueben medidas eficaces contra la subida de los alquileres por encima del coste de la vida.
        Otro problema es la vivienda social, y ahí las propuestas son claras para cualquiera que no crea en la hechicería de los mercados. Construir bastante, y construir en las ciudades viviendas adecuadas a las nuevas necesidades de los jóvenes y de las familias que no pueden acceder con sus ingresos al parque en oferta al precio actual. Esa iniciativa tiene que ser principalmente pública, como demuestra la historia económica del siglo XX; exige por tanto que la papanatería neoliberal sea desterrada de los equipos de gobierno que pretender hacer política social. Exige además aclarar un tema pendiente en nuestra democracia, cual es el papel municipal y que poder disponen los ayuntamientos para cumplirlo. También, definir la propiedad privada en sus múltiples conflictos con el «bien común», que es un valor público.

  2. Pepe el enero 11, 2019 a las 4:30 pm

    El estado actual de la economía es producto de la intervención de entes estatales como los Bancos Centrales y la permisividad de un coeficiente de caja de los bancos comerciales inferior al 100% (pueden prestar 50 veces más dinero del que disponen para cubrir esos prestamos) Con estas distorsiones hablar de una mano invisible o laissez-faire es una tomadura de pelo. El laissez-faire sólo se aplica si el estado no interviene y si no se les permite a los bancos comerciales hacer malabarismos contables. Lo que tenemos actualmente es un frankenstein incontrolable.

  3. Julio Rodriguez López el enero 14, 2019 a las 1:45 pm

    El articulo de Jose Candela es muy interesante y resulta de utilidad sobre todo por el repaso histórico que efectúa acerca de los inicios del intenso proceso de especulación inmobiliaria que se ha sufrido y sigue sufriéndose en España. También son de interés los comentarios de Jose Espín.
    Ambos comparten una cierta confianza en las medidas fiscales que, en mi opinión , resultan menos trascendentes en el corto y medio plazo.
    El articulo de J. Candela supone una respuesta contundente al conservador articulo de Luis Garicano, autor este que confía al mercado la solución delos elevados precios del alquiler, cuando resulta evidente que en el caso de la vivienda y suelo el mercado funciona mal. Los datos disponibles informan sobre las viviendas compradas y vendidas, pero no dicen nada sobre quienes quedan fuera del mercado por no poder acceder a la vivienda ni en propiedad ni en alquiler. En su libro «Historia de la Economía», J.K. Galbraith comenta que el libre mercado ha hecho bastantes aportaciones al desarrollo económico de la humanidad, pero que hay un espacio en el que funciona mal, y es el relativo al suelo y a la vivienda. Resulta necesario efectuar algún tipo de intervención para que puedan acceder a la vivienda los hogares con recursos medios y bajos. Se debe de procurar que dicha intervención no complique mas las cosas, como ha sucedido históricamente con el instrumento de las VPO, de las que se han construido en España unos seis millones de viviendas entre 1960 y 2017, pero que se han esfumado en poco tiempo, revendidas a precios mas elevados , de forma que no hay en España un parque social de viviendas de alquiler, equivalente a lo que existe en la mayoría de los países de Europa Occidental.
    Echo en falta en el articulo de J. Candela alguna alusión al marco competencial: la política de vivienda es competencia exclusiva de las comunidades autónomas en España, lo que complica la aplicación de las medidas que se proponen en el articulo. El gobierno de España puede influir sobre la situación del mercado, en especial en la creación del citado parque social de viviendas, aportando recursos a un plan efectivo de viviendas, a la vez que procura integrar en dicho plan a los gobiernos autónomos, que son los que después tendrían que aplicar las medidas pactadas. Los gobiernos autónomos tienden a potenciar la construcción de viviendas, en general, no diferenciándose demasiado de los municipios (hay excepciones, en particular en Cataluña y País Vasco), cuyos recursos fiscales se acrecientan con intensidad cuando se trata de que se desarrollen nuevas promociones de viviendas.Las políticas de suelo de los ayuntamientos se diseñan con escasa atención a su incidencia sobre el desarrollo económico, atentos a la construcción de nuevas viviendas , lo que explica la enorme superficie de suelo calificado como urbanizable residencial.
    Comparto sobre todo la critica de J. Candela a la propuesta tópica de la necesidad de «agilizar» la concesión de licencias de obras. No se pueden dejar en manos de los promotores, como de hecho sucede, las decisiones que determinan el desarrollo de una ciudad.

    • Jose Candela el enero 15, 2019 a las 11:09 am

      Gracias Julio por la crítica. Pienso que es importante que el debate salga de los límites técnicos en que lo encierra el conjunto de artículos publicados por el País dominical, muy útiles por otra parte, para entrar en la política de vivienda, que no solo es de alquileres. Como algunos economistas españoles de los años 50 del siglo XX, especialmente Agustín Cotorruelo y Alfredo Cerrolaza razonaron frente a la opinión de los empresarios inmobiliarios, e incluso de la política de su partido FET y JONS, cuando el problema se presenta en forma de una demanda insolvente unida a la emergencia social, el único modo de atajar el problema es con iniciativas públicas, preferentemente de alquiler (Ver diario «Arriba» de los años 1954 a 1056), polémica recogida en mi tesis y en el libro ahora en prensa de PUV sobre el origen de la cultura actual de la vivienda.
      El otro aspecto que querría resaltar, es precisamente la cultura del habitar actualmente en pleno cambio, debido a las exigencias vitales de las nuevas generaciones y a los imperativos del deterioro del medio ambiente urbano y las amenazas del cambio climático. Nuevas formas de concebir la convivencia en los jóvenes, la formación de parejas, el control de la natalidad, la movilidad, impulsan a la concentración urbana y a una nueva sociabilidad que es obligación de los poderes públicos facilitar y, para la cual, no están adecuados los barrios urbanos, menos si tienen que competir con el turismo.
      Uno y otro problema, junto al de garantizarla estabilidad de las familias que se forman y deciden vivir en alquiler, exigen una legislación que cambie el enfoque de las normas sobre vivienda y urbanismo; amén de una Ley del Suelo que tenga continuidad, pero que también facilite la actuación pública sobre los solares urbanos.

  4. E. López el enero 15, 2019 a las 9:57 am

    En el mercado de vivienda de alquiler los poderes públicos deben actuar mediante una normativa que proteja y dé seguridad a los arrendatarios, en especial, en cuanto a la duración y la renta a pagar, sin que los propietarios queden desamparados en sus legítimos derechos. Desde el punto de vista de la oferta, debieran de acometerse:
    1) medidas dirigidas a incrementar la oferta de vivienda en el mercado libre (algunas de estas medidas se apuntan en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2018/06/20/vivienda-en-alquiler-escasez-de-oferta/).
    2) actuaciones encaminadas a constituir un parque de vivienda (de titularidad pública o privada) destinada al alquiler a “precios regulados” con el fin de atender la situación de los grupos sociales sin recursos para acceder al mercado libre.
    En cuanto al segundo punto, la actuación más razonable pasa por ejecutar (o apoyar a la iniciativa privada con ventajas financieras o fiscales) nuevas construcciones de viviendas. Como acción complementaria podría valorarse el introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en las normas reguladoras de las ventas extrajudiciales de viviendas ante notario que traigan su causa en la opción prevista en el art. 129 de la Ley Hipotecaria, un derecho de retracto en relación a la transmisión de inmuebles de uso residencial subastados con ocasión de procedimientos de ejecución dineraria.
    El derecho de retracto se establecería en favor de la CCAA donde se ubicara el inmueble subastado y aquélla, mediante normativa propia, podría delegar su ejercicio en los organismos o empresas públicas con competencia en materia de vivienda. La habilitación legal de este derecho de retracto tendría como efecto colateral beneficioso el de ejercer cierta presión sobre los postores de las subastas en los procedimientos judiciales de ejecución dineraria.

    • pisitófilos creditófagos (capitalistitas) el enero 24, 2019 a las 12:01 am

      La represión fiscal directa es, históricamente, las medidas de estímulo de mercado en situaciones de acaparamiento y racionamiento de bienes básico de consumo obligatorio —como la que se reconoce cuando se cacarea tanto que ‘el pobre casero está retraído por miedo al bicho’—. No se hace todavía porque la banca no está del todo desanegada tras el Pinchazo de la Burbuja. Ahora, con el Repinchazo de la Reburbuja, ya veremos qué pasa, porque no hay más Renta que la crea el Trabajo & Empresa, estamos en Estrangulamiento Financiero Total —de todos los agentes— y Final —los ingresos ordinarios no dan ya para más aumentar el nivel de deuda— y el sistema capitalista está fracasando en proveer del Vivienda a sus trabajadores por el delirio del ‘todos capitalistitas’. || Vid. ‘Transición Estructural Net’.

  5. pisitófilos creditófagos (capitalistitas) el enero 23, 2019 a las 11:47 pm

    En nuestra modesta opinión, EL SISTEMA ESTÁ FRACASANDO EN ALGO TAN SIMPLE Y BARATO COMO ES PROVEER DE VIVIENDA A SUS TRABAJADORES. ¿Por qué asuntos más complejos y caros, como la Sanidad y la Educación universales, sí son provistos eficazmente por el sistema capitalista? Construir un edificio de viviendas no requiere una financiación complicada ni gran tecnología ni mucho más de año y medio de trabajo poco cualificado. || Evidentemente, el sistema sí puede hacerlo. No lo hace porque está secuestrado por eso que llamamos Modelo Popularcapitalista de los 1980. Al principio, fue para administrar el triunfo del antiinflacionismo —la Burbuja—. Ahora, sentenciado de muerte el modelo, por necesidad de desaguar a la banca anegada de basura inmobiliaria —la Reburbuja que vivimos—. || La vivienda básica, desde mediados de los 1980, es abundante o susceptible de serlo sin dificultad y, sin embargo, ha sido y es objeto de acaparamiento y racionamiento porque es «LA VIVIENDA ES EL AHORRO DEL POBRE»: ¡Todos capitalistitas! Así, se ha dejado crear una situación delirante en la que se quiere que la vivienda funcione como si tratara de un activo financiero —nada más hortera y sórdido—, pero la verdad es tozudísima: CONTRATAR UN TRABAJADOR ES ECHARTE SU CASERO A TU ESPALDA, casero en sentido estricto o acreedor hipotecario. || No hay una situación normal de mercado, por lo que está indicado intervenir. La intervención ha de ir directamente a la causa, que, como decimos, es inmoral: el acaparamiento y racionamiento con que se administran las ratios que se usan para engañar y que la gente yerre en su propio perjuicio económico pagando precios muy alejados de lo que valen las cosas. EL MEJOR ESTÍMULO PARA LA MOVILIZACIÓN DEL INMENSO STOCK DE VIVIENDA VACÍA ES LA REPRESIÓN FISCAL DIRECTA. Según los Manuales de Hacienda, es la única solución. || En España, tenemos la suerte de tener un Catastro y un Registro de la Propiedad excelentes.

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